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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Universidad Autónoma de Baja California despide a maestro de Derecho por “crítico”

Daniel Solorio Ramírez, maestro de Derecho de la UABC, despedido por no “alinearse” a las decisiones de los directivos a quienes llamó “la mafia de la UABC”.

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El despido de Daniel Solorio Ramírez

Por Jesús Francisco Galaz Fontes*/LAISUM

El Maestro en Derecho Daniel Solorio Ramírez fue despedido de su trabajo como profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Sucedió el martes 13 de marzo pasado, luego de 37 años de servicio en la institución. ¿Es éste un despido apegado a la ley y a los reglamentos laborales respectivos? ¿Es un despido que respeta el principio del debido proceso al que todos tenemos derecho? ¿Es un despido que respeta los principios académicos de libertad de cátedra e investigación, y el derecho ciudadano de expresarse libremente?

Antecedentes

Durante la reciente sucesión rectoral que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Baja California durante el último trimestre de 2010, se presentó el inédito hecho de que la Junta de Gobierno no logró ponerse de acuerdo para designar al sucesor del Dr. Gabriel Estrella Valenzuela (2006-2010), quien sucedió, a su vez, al Dr. Alejandro Mungaray Lagarda (2002-2006), integrante de dicha junta desde el 22 de octubre de 2008, a menos de dos años de haber dejado la rectoría, y actualmente secretario de Desarrollo Económico en el gobierno panista de Baja California. Esta crisis de autoridad orilló a que el secretario general en funciones, el Dr. Felipe Cuamea Velázquez, asumiera el cargo de encargado del despacho de rectoría, al mismo tiempo que mantuvo su calidad de aspirante a ocupar la rectoría en forma definitiva. Semanas después, estando la Junta de Gobierno en sesión permanente, las autoridades universitarias conspiraron para que el Dr. Leonel Cota Araiza, no alineado a los intereses del Dr. Mungaray Lagarda en cuanto a designar como rector al Dr. Cuamea Velázquez, dejara la Junta de Gobierno y su lugar fuera ocupado por la Dra. Edna Luna Serrano, afín a tales intereses. Una vez hecho el cambio, la Junta de Gobierno designó al Dr. Cuamea Velázquez como rector de la universidad.

Durante el proceso de sucesión rectoral hubo voces que cuestionaron dicho proceso de una manera abierta, directa y sistemática. Una de ellas fue la del Mtro. Daniel Solorio Ramírez. En diarios locales, y muy particularmente en elObservatorio Académico Universitario, el Mtro. Solorio Ramírez publicó columnas críticas de los procesos que se siguen en la universidad para, entre otras cosas, realizar el nombramiento de las autoridades universitarias. Los títulos de algunos de los artículos publicado por él son: UABC: La Junta de Gobierno en su laberinto; Ese silencio terrible de la Junta de Gobierno (o la padillización de la UABC); ¿Por qué no quieren a Cuamea?; ¿Existe el mungayarismo…?

Pero además de asumir una postura abiertamente crítica frente al proceso de designación rectoral, el Mtro. Solorio Ramírez coordinó los esfuerzos legales para que el proceso fuese declarado ilegal por el poder judicial, defendiendo el amparo promovido por el Dr. Cota Araiza, por habérsele substituido durante el proceso de designación rectoral. Apenas hace poco más de un mes, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito sobreseyó en forma definitiva, y sin recurso ulterior alguno, este juicio de amparo iniciado en enero de 2011 (La defensa del caso Leonel Cota Araiza informa).

Conocedor de las dinámicas internas del gobierno universitario, por haber sido abogado general de la universidad, director de la Facultad de Derecho-Mexicali y aspirante a rector en varias ocasiones, el Mtro. Solorio Ramírez ha continuado reflexionando sobre el tema de manera pública y directa. Sus tres últimas notas en el Observatorio, referidas todas ellas al proceso de reemplazo de dos miembros de la Junta de Gobierno, hablan por sí mismas: Renovando en “fast track” a la Junta de Gobierno (o perpetuando a don Perpetuo); UABC: El caso Edna Luna “reloaded” pero al doble; ¿Y qué es la Junta de Gobierno, cuya renovación parcial ya viene?

El despido

En el contexto de los antecedentes expuestos, el martes 13 de marzo pasado, la Coordinación de Recursos Humanos de la UABC, a través del Oficio 3640/2012-1 y sin ninguna otra comunicación de por medio, rescindió el contrato del Mtro. Solorio Ramírez con la universidad, después de casi cuatro décadas de servicio en la Facultad de Derecho. La rescisión se realizó días después de que el Semanario Zeta encabezara su portada con la leyenda la Mafia de la UABC, con una fotografía del Dr. Mungaray Lagarda, y que en interiores se presentara el reportaje La “mafia” universitaria (Sergio Haro Cordero), donde se retomó la nota La letra A de la UABC, así como la columna “Carro” completo en la Junta de Gobierno de la UABC(Eduardo Backhoff Escudero).

En una mezcla de hechos, medias verdades y francas mentiras, el Mtro. Solorio Ramírez fue separado de su trabajo. Sin embargo, el Mtro. Solorio Ramírez es un maestro apreciado por la gran mayoría de sus estudiantes, y ellos saben que es falsa la razón de mayor peso que la autoridad universitaria está esgrimiendo para rescindirle el contrato: el haber acumulado, en un periodo de 30 días, diez faltas sin permiso ni causa justificada. A ellos les consta que su maestro asistió a su trabajo, ya que además de ser testigos, tienen sus notas de clase y, alguno de ellos, las grabaciones que acostumbran hacer para estudiar con base a ellas.

El Mtro. Solorio Ramírez ha sido catedrático de la Facultad de Derecho-Mexicali desde 1975 y sus ex-alumnos, muchos de ellos hoy abogados en activo, lo conocen como un maestro con vocación. Sus colegas, algunos de ellos también ex-alumnos, lo conocen bien como abogado litigante. Es apreciado y reconocido por la gran mayoría (y también por algunos sectores externos a la universidad por su activismo político en el estado). El oficio referido, sin embargo, afirma que detrás de dicha rescisión hay faltas de probidad y honradez. Quienes lo conocen desde hace tiempo y sus estudiantes de hoy opinan lo contrario: ¿acaso han vivido engañados todo este tiempo? Son muchos como para creer la versión oficial.

Libertad de expresión vs. autoritarismo

El que un integrante distinguido de una comunidad académica ejerza sistemáticamente su derecho a la libertad de expresión puede ser un “mal ejemplo” y, en determinado momento, puede llevar a que dicha comunidad se de cuenta que, en efecto, el derecho a la libertad de expresión puede ejercerse. Una comunidad académica que pregunta, que cuestiona, que propone, que investiga al gobierno universitario, no es necesariamente fácil de gobernar; es menos sumisa que los grupos de académicos que no lo hacen. Una comunidad académica que practica la libertad de expresión es, por decir lo menos, incómoda.

El despido del Mtro. Solorio Ramírez es visto por la gran mayoría de los académicos que han expresado su parecer, como injustificado y como un hecho que atenta directamente contra la libertad de expresión, uno de los valores centrales de la vida académica en las instituciones universitarias, y uno de los derechos humanos fundamentales en una sociedad democrática. Es particularmente grave que sean las opiniones críticas hacia la administración universitaria las que, todo parece indicar, han hecho que la autoridad universitaria tome la decisión de despedir al Mtro. Solorio Ramírez de esta manera. ¿Será que se busca poner orden; expulsar a un “mal ejemplo” y, por otro lado, mandar un mensaje a otros académicos, particularmente a aquellos que sostenemos el Observatorio Académico Universitario, que nadie está seguro en su trabajo si, al mismo tiempo, tiene la iniciativa de estar criticando a la administración? ¿Qué nos quiere decir la autoridad universitaria con eso?:“Los académicos a la docencia y a la investigación, y si son miembros del Sistema Nacional de Investigadores a publicar. Del gobierno universitario nos encargamos nosotros.”

Las elecciones federales están a unos cuantos meses de distancia y, un año después, Baja California tendrá elecciones para designar a un nuevo gobernador, el cual ha sido panista desde finales de 1989. Este contexto hace todavía más importante resolver lo que a todas luces constituye un atropello a la libertad de expresión. Disentir y expresar ese hecho abiertamente no debe conducir a actos de autoridad de esta naturaleza. Muy al contrario, la confrontación abierta de ideas debe generar aprendizajes para todos los involucrados. Pero si ocurre que la autoridad universitaria responde represivamente a la expresión pública de críticas y cuestionamientos respecto a su proceder, entonces la comunidad académica tiene la obligación moral de defender la libertad de expresión, puesto que no es solamente el derecho de un colega el que está siendo violentado, sino el de todos los universitarios.

Los amigos, compañeros y alumnos del Mtro. Solorio Ramírez están convocando a una manifestación a realizarse frente al edificio de Rectoría este próximo martes 20 de marzo. Están pidiendo su reinstalación inmediata. La situación no es de ninguna manera sencilla. La actual administración, presidida por el Dr. Cuamea Velázquez y asociada estrechamente con el Dr. Mungaray Lagarda, tendrá que decidir cómo enfrentar esta situación. ¿Más represión a la libertad de expresión? ¿Ley y orden? ¿Reconocimiento de una “ofuscación” y reinstalación inmediata? ¿Paciente silencio? Seguramente los próximos días serán muy informativos al respecto.

*Jesús Francisco Galaz Fontes (galazfontes@gmail.com), Universidad Autónoma de Baja California,

Enlace original Observatorio Académico Universitario

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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Mexico Violento

En Chihuahua, cuestionan a Mario Delgado falta de ética en la selección del candidato de MORENA

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CHIHUAHUA, Chih.- El fundador del partido MORENA de Chihuahua, Víctor Manuel Quintana Silveyra, envió una carta pública al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Delgado, para expresar su inconformidad ante la exclusión en las encuestas como precandidato al gobierno del estado y señaló la falta de ética y congruencia de la dirigencia del partido.

En la misiva, Quintana expone las excusas “metodológicas” que Mario Delgado usó para excluirlo, además del maltrato político que alega haber ha sufrido en este proceso de selección del candidato de MORENA para Chihuahua. En sus redes sociales, el luchador social y exdiputado federal promovió su inconformidad y aludió a la Guía Ética de la Cuarta Transformación:

Las leyes pueden acatarse o burlarse, pero la Guía Ética de la Cuarta Transformación es para seguirse, aunque no haya tribunales que vigilen su cumplimiento. #LasCausasNosUnen

Entre otros estados donde los miembros de MORENA hicieron públicas sus inconformidades por la parcialidad e influencias de Mario Delgado en los procesos de selección y encuestas de candidatos se encuentra Guerrero, Coahuila, y Nuevo León.

Mario Delgado
Presidente del C.E.N. de MORENA
P r e s e n t e.

Estimado Presidente:

Me dirijo a usted con todo respeto para expresarle mi inconformidad y mi extrañeza por la forma como fui tratado por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA a lo largo del proceso de registro de candidaturas del partido a la gubernatura del estado de Chihuahua.

    1. Yo manifesté mi aspiración a ser candidato de MORENA a la gubernatura y así lo comenté al Delegado del CEN en Chihuahua, Senador José Ramón Enríquez desde el mes de noviembre. Cuando se emitió la convocatoria respectiva, el 26 del mismo mes, vi que era posible registrarme en calidad de simpatizante del partido (aunque aparezco en el padrón que obra en el INE hay un litigio pendiente con la Comisión de Honestidad y Justicia, misma que no me ha respondido ni siquiera ha acusado recibo de los oficios que le he enviado desde el mes de agosto del presente año).
    2. El propio Delegado, el Senador Enríquez, me animó a que reuniera la documentación requerida y acudiera a registrarme como candidato en la fecha señalada para ello, el sábado 5 de diciembre próximo pasado. En todo momento el Senador me mostró comedimiento y atención. Entregué mi documentación, no se me firmó de recibido ni se me expidió ninguna constancia al respecto, quiero pensar que se obró igual con todas las personas que buscamos una precandidatura.
    3. Aunque la convocatoria establecía que de las personas registradas para la candidatura sólo se encuestaría a cuatro, el Delegado Enríquez estuvo insistiendo que él solicitaba que fuéramos encuestadas la ocho personas que entregamos documentación y supuestamente fuimos registradas.
    4. El sábado 19 de diciembre el Delegado Enríquez me llamó por teléfono para comunicarme que a los precandidatos y precandidatas nos citaban a las 11 de la mañana del domingo 20 en el local ubicado en la calle Chihuahua 216 en la Colonia Roma, de la Ciudad de México pues se nos iba a dar a conocer la persona que resultó triunfadora en las encuestas. A pesar de la premura del tiempo pude conseguir un vuelo para estar a tiempo en la cita.
    5. Mi primer extrañamiento fue que al intentar ingresar al citado local, la guardia no me dejaba pues no tenían registrado mi nombre. Tuvo que intervenir de nuevo el Delegado Enríquez para que me dejaran entrar.
    6. Lo demás es ya historia conocida por usted. Cuando se terminaron de dar a conocer los resultados de la encuesta, yo le pregunté directa y respetuosamente a usted por qué mi persona no había sido incluida en dicha encuesta y las otras siete personas sí, a lo que usted respondió “Por razones metodológicas”. Tanto la formación académica suya como la que yo tengo nos permiten apreciar que es una respuesta carente de fundamento, opaca y ofensiva.
    7. En todo caso, ¿por qué se encuestó a siete personas si la convocatoria señalaba que sólo se encuestaría a cuatro? ¿Por qué no se me dijo con toda claridad y transparencia la razón por la que fui excluido?
    8. Con estos elementos y otros más pudiera haber acudido yo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar el proceso. No lo hice por la siguiente razón: a pesar de este y otros agravios estoy con MORENA, entregué a la construcción  del partido varios años de mi vida y fui su primer presidente estatal en Chihuahua. Por respeto al Partido y a las y los  militantes que me han apoyado a lo largo de este proceso, no voy a propiciar otra intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la vida interna de MORENA, pues ya bastante mal se le ha hecho.
    9. Sin embargo, si bien no voy a proceder jurídicamente, sí quiero apelar a la ética que debe orientar todas las acciones de MORENA. Las leyes pueden acatase o burlarse, pero la Guía Ética de la Cuarta Transformación es para seguirse, aunque no haya tribunales que vigilen su cumplimiento.
    10. Es con base en esa Guía que quiero expresar mi inconformidad y mi protesta porque en la forma en que se me ha tratado se transgreden las siguientes divisas consignadas en ella:
    • “No se debe humillar a nadie”.
    • “El amor al prójimo es la esencia del humanismo”
    • “El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe”
    • “No se debe enfrentar el mal con el mal”.
    • “No mentir…” El argumento que se me dio de “las razones metodológicas”, es evidentemente una simulación.
    • “Todo por la razón y por el derecho”

Con fundamento en este código ético es que me dirijo a usted. Está visto que las decisiones de los tribunales pueden perjudicar al partido, pero la observancia de los principios y valores siempre le dará vida.

Se debe una explicación no sólo a mi persona, sino a toda la militancia que me ha apoyado en este proceso y a la ciudadanía que espera que los partidos, que son instituciones de interés público que funcionan gracias a los impuestos que todos pagamos, operen con honestidad, transparencia y ética pública.

Respetuosamente,

Víctor M. Quintana S.

                                           Chihuahua, Chih. 29 de diciembre de 2020

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Con voz propia

Nueva denuncia ante AMLO de la corrupción en el gobierno de Quintana Roo

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Columna política

Por Ariel Velázquez

PALACIO NACIONAL, CDMX.- Los diputados locales que pretendían aprobar un crédito para “obras” en año electoral del 2021 para el gobernador Carlos Joaquín González por 820 millones de pesos, quedaron desarmados al salir a relucir ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que suscribió contratos por 254 millones de pesos asignados de manera directa a empresas sin ninguna experiencia y recién dadas de alta en el Padrón de Proveedores del Gobierno de Quintana Roo a sus “prestanombres”.

El colega Esteban Durán, del medio Expresión México, denunció en #LaMañanera, que existen muchas anomalías y que uno de esos “prestanombres” es un venezolano conocido ampliamente en Tulum, lo mismo que su esposa, y quien por ciento, el extranjero, hace unos días sufrió un atentado en Cancún, ya que según trascendió, defraudó a la mafia local con la promesa de millonarios negocios además de protección.

Más allá de eso, está el hecho que de aprobarse el crédito extraordinario de 820 millones de pesos, solo de intereses se pagarían más de 300 millones de pesos que tendría que pagar la próxima administración estatal, pero en los hechos sería el pueblo de Quintana Roo.

Del lado del gobernador se asegura que gracias a un tecnicismo de la SHCP, es que se puede endeudar aún más el estado que rebasa la suma de 20 mil millones de pesos, además de que prácticamente la mitad de las participaciones federales ya están comprometidas para los próximos 20 años por deudas contraídas anteriormente.

Testimonio en “La Mañanera”

Es así que Esteban Durán expuso que: “Se hace mención de José Luis Brizuela Guevara, quien presume su cercanía con Carlos Joaquín, y es es operador, asesor, prestanombres o guardaespaldas del gobernador; fue el que llevó de Guadalajara a la empresa Lafer, con la que obtuvo el contrato por 44 millones de pesos por carpas Covid en Chetumal. Su asignación de contrato fue del 15 de julio y registró a la empresa en el Padrón de Proveedores de la entidad el 4 de septiembre”.

Puntualizó que la esposa de Brizuela Guevara, Vanesa Lizette Flores Vargas, se registró en el Padrón de Proveedores el 31 de marzo de 2020 y días después, a partir del abril, empezó a recibir contratos, seis en total, por un monto de 209 millones de pesos. “Todo esto no se sabía, presidente, debido, se dio a conocer, debido a que no se ha pagado a empresas quintanarroenses subcontratos en las cuales se filtraron correos con los que se dieron a conocer estas denuncias que se realizaron para exigir estos pagos, presidente”.

Los contratos son: CesCovid 025-2020 por 17 millones; CesCovid 031-2020 por 3 millones de pesos; CesCovid 023-2020 por 127 millones de pesos (238 carpas Covid en Cancún);CesCovid 008-2020 por 2 millones de pesos; CesCovid 055-2020 por 2 millones de pesos; CesCovid 095-2020 por 58 millones de pesos.

Manifestó que Brizuela Guevara, alias “El Venezolano”, acusó a las empresas denunciantes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de amenazas en su contra, la cual desestimó las denuncias y aceptó que se les debe dinero.

“No sé qué se pueda hacer en este sentido, presidente, para evitar que funcionarios, repito, continúen lucrando con la tragedia de millones de afectados”, expuso el periodista.

El Presidente López Obrador contestó que ya se presentó la denuncia pública en La Mañanera y lo segundo, que se presente la denuncia en la Fiscalía General de la República y que el gobierno de Quintana Roo responda, ejerciendo su derecho de réplica. Por eso cabe este refrán : “A río revuelto ganancia de pescadores”.

El gobernador Carlos Joaquín González con El Venezolano.

 

Fuente original: Denuncian ante AMLO a gobernador de QRoo

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