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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Universidad Autónoma de Baja California despide a maestro de Derecho por “crítico”

Daniel Solorio Ramírez, maestro de Derecho de la UABC, despedido por no “alinearse” a las decisiones de los directivos a quienes llamó “la mafia de la UABC”.

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El despido de Daniel Solorio Ramírez

Por Jesús Francisco Galaz Fontes*/LAISUM

El Maestro en Derecho Daniel Solorio Ramírez fue despedido de su trabajo como profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Sucedió el martes 13 de marzo pasado, luego de 37 años de servicio en la institución. ¿Es éste un despido apegado a la ley y a los reglamentos laborales respectivos? ¿Es un despido que respeta el principio del debido proceso al que todos tenemos derecho? ¿Es un despido que respeta los principios académicos de libertad de cátedra e investigación, y el derecho ciudadano de expresarse libremente?

Antecedentes

Durante la reciente sucesión rectoral que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Baja California durante el último trimestre de 2010, se presentó el inédito hecho de que la Junta de Gobierno no logró ponerse de acuerdo para designar al sucesor del Dr. Gabriel Estrella Valenzuela (2006-2010), quien sucedió, a su vez, al Dr. Alejandro Mungaray Lagarda (2002-2006), integrante de dicha junta desde el 22 de octubre de 2008, a menos de dos años de haber dejado la rectoría, y actualmente secretario de Desarrollo Económico en el gobierno panista de Baja California. Esta crisis de autoridad orilló a que el secretario general en funciones, el Dr. Felipe Cuamea Velázquez, asumiera el cargo de encargado del despacho de rectoría, al mismo tiempo que mantuvo su calidad de aspirante a ocupar la rectoría en forma definitiva. Semanas después, estando la Junta de Gobierno en sesión permanente, las autoridades universitarias conspiraron para que el Dr. Leonel Cota Araiza, no alineado a los intereses del Dr. Mungaray Lagarda en cuanto a designar como rector al Dr. Cuamea Velázquez, dejara la Junta de Gobierno y su lugar fuera ocupado por la Dra. Edna Luna Serrano, afín a tales intereses. Una vez hecho el cambio, la Junta de Gobierno designó al Dr. Cuamea Velázquez como rector de la universidad.

Durante el proceso de sucesión rectoral hubo voces que cuestionaron dicho proceso de una manera abierta, directa y sistemática. Una de ellas fue la del Mtro. Daniel Solorio Ramírez. En diarios locales, y muy particularmente en elObservatorio Académico Universitario, el Mtro. Solorio Ramírez publicó columnas críticas de los procesos que se siguen en la universidad para, entre otras cosas, realizar el nombramiento de las autoridades universitarias. Los títulos de algunos de los artículos publicado por él son: UABC: La Junta de Gobierno en su laberinto; Ese silencio terrible de la Junta de Gobierno (o la padillización de la UABC); ¿Por qué no quieren a Cuamea?; ¿Existe el mungayarismo…?

Pero además de asumir una postura abiertamente crítica frente al proceso de designación rectoral, el Mtro. Solorio Ramírez coordinó los esfuerzos legales para que el proceso fuese declarado ilegal por el poder judicial, defendiendo el amparo promovido por el Dr. Cota Araiza, por habérsele substituido durante el proceso de designación rectoral. Apenas hace poco más de un mes, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito sobreseyó en forma definitiva, y sin recurso ulterior alguno, este juicio de amparo iniciado en enero de 2011 (La defensa del caso Leonel Cota Araiza informa).

Conocedor de las dinámicas internas del gobierno universitario, por haber sido abogado general de la universidad, director de la Facultad de Derecho-Mexicali y aspirante a rector en varias ocasiones, el Mtro. Solorio Ramírez ha continuado reflexionando sobre el tema de manera pública y directa. Sus tres últimas notas en el Observatorio, referidas todas ellas al proceso de reemplazo de dos miembros de la Junta de Gobierno, hablan por sí mismas: Renovando en “fast track” a la Junta de Gobierno (o perpetuando a don Perpetuo); UABC: El caso Edna Luna “reloaded” pero al doble; ¿Y qué es la Junta de Gobierno, cuya renovación parcial ya viene?

El despido

En el contexto de los antecedentes expuestos, el martes 13 de marzo pasado, la Coordinación de Recursos Humanos de la UABC, a través del Oficio 3640/2012-1 y sin ninguna otra comunicación de por medio, rescindió el contrato del Mtro. Solorio Ramírez con la universidad, después de casi cuatro décadas de servicio en la Facultad de Derecho. La rescisión se realizó días después de que el Semanario Zeta encabezara su portada con la leyenda la Mafia de la UABC, con una fotografía del Dr. Mungaray Lagarda, y que en interiores se presentara el reportaje La “mafia” universitaria (Sergio Haro Cordero), donde se retomó la nota La letra A de la UABC, así como la columna “Carro” completo en la Junta de Gobierno de la UABC(Eduardo Backhoff Escudero).

En una mezcla de hechos, medias verdades y francas mentiras, el Mtro. Solorio Ramírez fue separado de su trabajo. Sin embargo, el Mtro. Solorio Ramírez es un maestro apreciado por la gran mayoría de sus estudiantes, y ellos saben que es falsa la razón de mayor peso que la autoridad universitaria está esgrimiendo para rescindirle el contrato: el haber acumulado, en un periodo de 30 días, diez faltas sin permiso ni causa justificada. A ellos les consta que su maestro asistió a su trabajo, ya que además de ser testigos, tienen sus notas de clase y, alguno de ellos, las grabaciones que acostumbran hacer para estudiar con base a ellas.

El Mtro. Solorio Ramírez ha sido catedrático de la Facultad de Derecho-Mexicali desde 1975 y sus ex-alumnos, muchos de ellos hoy abogados en activo, lo conocen como un maestro con vocación. Sus colegas, algunos de ellos también ex-alumnos, lo conocen bien como abogado litigante. Es apreciado y reconocido por la gran mayoría (y también por algunos sectores externos a la universidad por su activismo político en el estado). El oficio referido, sin embargo, afirma que detrás de dicha rescisión hay faltas de probidad y honradez. Quienes lo conocen desde hace tiempo y sus estudiantes de hoy opinan lo contrario: ¿acaso han vivido engañados todo este tiempo? Son muchos como para creer la versión oficial.

Libertad de expresión vs. autoritarismo

El que un integrante distinguido de una comunidad académica ejerza sistemáticamente su derecho a la libertad de expresión puede ser un “mal ejemplo” y, en determinado momento, puede llevar a que dicha comunidad se de cuenta que, en efecto, el derecho a la libertad de expresión puede ejercerse. Una comunidad académica que pregunta, que cuestiona, que propone, que investiga al gobierno universitario, no es necesariamente fácil de gobernar; es menos sumisa que los grupos de académicos que no lo hacen. Una comunidad académica que practica la libertad de expresión es, por decir lo menos, incómoda.

El despido del Mtro. Solorio Ramírez es visto por la gran mayoría de los académicos que han expresado su parecer, como injustificado y como un hecho que atenta directamente contra la libertad de expresión, uno de los valores centrales de la vida académica en las instituciones universitarias, y uno de los derechos humanos fundamentales en una sociedad democrática. Es particularmente grave que sean las opiniones críticas hacia la administración universitaria las que, todo parece indicar, han hecho que la autoridad universitaria tome la decisión de despedir al Mtro. Solorio Ramírez de esta manera. ¿Será que se busca poner orden; expulsar a un “mal ejemplo” y, por otro lado, mandar un mensaje a otros académicos, particularmente a aquellos que sostenemos el Observatorio Académico Universitario, que nadie está seguro en su trabajo si, al mismo tiempo, tiene la iniciativa de estar criticando a la administración? ¿Qué nos quiere decir la autoridad universitaria con eso?:“Los académicos a la docencia y a la investigación, y si son miembros del Sistema Nacional de Investigadores a publicar. Del gobierno universitario nos encargamos nosotros.”

Las elecciones federales están a unos cuantos meses de distancia y, un año después, Baja California tendrá elecciones para designar a un nuevo gobernador, el cual ha sido panista desde finales de 1989. Este contexto hace todavía más importante resolver lo que a todas luces constituye un atropello a la libertad de expresión. Disentir y expresar ese hecho abiertamente no debe conducir a actos de autoridad de esta naturaleza. Muy al contrario, la confrontación abierta de ideas debe generar aprendizajes para todos los involucrados. Pero si ocurre que la autoridad universitaria responde represivamente a la expresión pública de críticas y cuestionamientos respecto a su proceder, entonces la comunidad académica tiene la obligación moral de defender la libertad de expresión, puesto que no es solamente el derecho de un colega el que está siendo violentado, sino el de todos los universitarios.

Los amigos, compañeros y alumnos del Mtro. Solorio Ramírez están convocando a una manifestación a realizarse frente al edificio de Rectoría este próximo martes 20 de marzo. Están pidiendo su reinstalación inmediata. La situación no es de ninguna manera sencilla. La actual administración, presidida por el Dr. Cuamea Velázquez y asociada estrechamente con el Dr. Mungaray Lagarda, tendrá que decidir cómo enfrentar esta situación. ¿Más represión a la libertad de expresión? ¿Ley y orden? ¿Reconocimiento de una “ofuscación” y reinstalación inmediata? ¿Paciente silencio? Seguramente los próximos días serán muy informativos al respecto.

*Jesús Francisco Galaz Fontes (galazfontes@gmail.com), Universidad Autónoma de Baja California,

Enlace original Observatorio Académico Universitario

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

El colombiano, operador político del gobernador de Quintana Roo, con vínculos al narcotráfico

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Los Ángeles Press/CDMX Press

Gerardo Ortega Otero, conocido como “El Colombiano” es uno de los mejores amigos y asesores del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien también se ha desempeñado como uno de los operadores políticos más cercanos al mandatario estatal, ha sido señalado reiteradamente de estar coludido con el crimen organizado.

El Colombiano comenzó su carrera como vendedor de comida a unas cuadras del palacio de Solidaridad, donde se relacionó con el ahora gobernador de Quintana Roo, quien fue postulado como candidato a alcalde de esa demarcación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En esa campaña electoral, Gerardo Ortega inició su trayectoria como operador político y desempeñó diferentes cargos como asistente, coordinador de logística, y recolector de las “aportaciones” voluntarias de los empresarios locales, quienes enfocaron sus intereses en la campaña de Carlos Manuel Joaquín.

Debido a que el hoy mandatario estatal posee la Playa del Carmen, el destino turístico más importante del sur del país, los empresarios apoyaron su campaña, mientras que el Colombiano adquirió distintas propiedades, aunque no correspondían con sus ingresos económicos como funcionario municipal.

El ex servidor público por medio de influencias y del apoyo del entonces alcalde pedía contribuciones económicas a comerciantes, empresas y grupos de la delincuencia organizada para establecerse en la región.

Como candidato de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el Colombiano buscó recaudadores de su campaña a la gubernatura de Quintana Roo, por lo que al acceder al Poder Ejecutivo estatal impuso a su esposa Samaria Angulo Sala como regidora del municipio de Solidaridad.

Entre Estados Unidos y Colombia

Gerardo Ortega es también operador financiero de las avionetas del gobernador Joaquín González. Por lo menos realiza cinco viajes por mes a Colombia o a Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, también ha permitido el arribo de los grupos de la delincuencia organizada en la entidad al ser el encargado de repartir los territorios entre los cuatro cárteles que tienen presencia en el estado, por lo que posee varias residencias que funcionan como casas de seguridad.

Construcción de muelles

Entre las excentricidades, el operador del gobernador de Quintana Roo, ha construido muelles en lugares estratégicos de Playa del Carmen. Sin embargo, los mismos trabajadores de la construcción se quejaron que no les pagó sus honorarios y fueron amenazados.

Gerardo Ortega tiene una influencia directa en las decisiones del gobierno estatal, pues funge como organizador de las fiestas privadas del gobernador, por lo que incluso la revista Forbes señaló que Quintana Roo se ha convertido en un paraíso perdido que está al borde del colapso.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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Investigaciones

Sobreprecio millonario en dólares de la Línea 12 del Metro, autorización de Mario Delgado en 2009

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  • Adjudicación directa, con un sobreprecio de 378 % del costo original
  • El prófugo Jesús Orta Martínez, involucrado en el proyecto

Por Guadalupe Lizárraga

Con oficio fechado el 17 de diciembre de 2009, Mario Delgado Carrillo, entonces titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, autorizó más de 1, 588 millones de dólares para el arrendamiento de 30 trenes que darían servicio a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Sin embargo, el contrato de la empresa española CAF, dos meses antes, especificaba en el desglose de precios, que el costo total sería de 420 millones de dólares.

De acuerdo con la información entregada a Los Ángeles Press, el hoy candidato a dirigir el partido de MORENA, Mario Delgado, intervino en aquella gestión y pidió que CAF rentara en dólares –y no pesos– el lote de los 30 trenes, y operó el contrato junto con Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, quien se encuentra prófugo de las autoridades federales por desvío de 2 mil 500 millones de pesos, y fue también responsable del sobreprecio en la renta de 1855 patrullas de la Ciudad de México.

En el caso de los trenes de la Línea 12 del Metro, antes de que hubiera una licitación oficial, Mario Delgado Carrillo había autorizado una comisión de dos ingenieros, uno de ellos el director del personal de Mantenimiento del Material Rodante, Carlos Daniel Martínez López, para que visitaran fabricantes chinos, del 7 al 18 de febrero de 2009. Inició la negociación con la empresa Norinco, y se imprimió folletería. No obstante, ante la denuncia de este hecho ante Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo, bajo el oficio 000215, con fecha del 13 de marzo de 2009, se revirtió el contrato.

 

Pese a las denuncias y auditorías, Delgado no tuvo impedimento para adjudicar directamente el contrato a la empresa española con representación en México, CAF México, S.A de C.V. en un periodo de gestión de manera extraordinaria, entre el 12 de octubre y el 22 de diciembre de 2009.

  1. El 12 de octubre de 2009, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) solicitó con el oficio SGAF/50000/0224/09 una propuesta de la “Prestación del Servicio de Largo Plazo (PPS)” con un lote de 30 trenes.
  2. El 14 de diciembre de 2009, el STC Metro solicitó una propuesta técnica y económica “para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa para la Prestación del Servicio de Largo Plazo”.
  3. El 16 de diciembre de 2009, CAF México, S.A. de C.V. presentó la propuesta al STC Metro.
  4. El 22 de diciembre de 2009, SCT Metro informó la asignación directa del contrato a CAF México, S.A. de C.V. con el oficio SGAF/50000/229/09.
  5. El 17 de mayo de 2010, CAF México y Provetren celebraron convenio de consorcio para formalizar su participación en el proyecto.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló en el análisis de costo-beneficio del proyecto Tren Interurbano México-Toluca, presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si el sobrecosto de la obra era mayor al 25% del costo original, el proyecto dejaría de ser socialmente rentable. Sin embargo, el proyecto de la Línea 12 del Metro, se realizó con el 378 por ciento de sobrecosto, de 420 millones de dólares, del costo original, a 1, 588, 152, 500 millones de dólares.

En la descripción del Proyecto de prestación de servicios para otorgar el contrato a CAF México, SA de CV se estipula que el Sistema de Transporte Colectivo Metro se hacía cargo de la calidad del servicio especificando que el prestador del servicio recibiría un pago mensual “cuyo monto estará sujeto al cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato”. Pero entre las justificaciones financieras, se alude a un “presupuesto insuficiente”.

Auditorías encubridoras

La Auditoría Superior de la Federación, a través del director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, Celerino Cruz García, en referencia al oficio DGCNCP/1545/2011, con fecha del 13 de junio de 2011, para la revisión de la Cuenta Pública de 2009, dirigió un oficio en respuesta al director general de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a cargo de Marco Antonio Alvarado Sánchez.

En este documento dejó asentado bajo el número de oficio DGAIFF-K-1525/2011, con fecha del 3 de noviembre de 2011, que en respuesta a la auditoría número 554, de “inversiones físicas” de la Línea 12 del Metro, se cumplía con la evidencia documental que soportaba la autorización del pago.

Cruz García emitió un siguiente oficio, con el número de oficio DGAIFF-K-1524/2011 y fecha, en el que afirmó que con la documentación técnica aportada se sustentaba también la necesidad de modificaciones en el trazo especificado en el convenio, y que se había aclarado que “con los nuevos cadenamientos topográficos para la ubicación de las estaciones y tramos se incrementó la longitud de operación y la longitud de construcción de los tramos”, sin que el monto del contrato se hubiera modificado.

Con otro oficio número DGAIFF-K-1522/2011, fechado el 15 de noviembre de 2011, también Cruz García dio fe con su firma que debido a la “situación financiera internacional que acusaba sus efectos en el país”, la inversión programada no se podía cumplir y se tuvieron que reprogramar los montos e incrementar anticipos a fin de asegurar los costos de la obra.

El oficio DGAIFF-K-1539/2011, bajo la misma firma de Cruz García, y con fecha del 7 de noviembre de 2011, derivado de la misma auditoría, especificó que al cierre del ejercicio presupuestal de 2009, “la contratista cumplió con el programa establecido en el convenio formalizado, razón por la cual la Dirección General del Órgano Desconcentrado del Proyecto Metro le devolvió las retenciones observadas por un importe de 10,004.0 miles de pesos”.

Con el oficio número DGAIFF-K-1520/2011, del 15 de noviembre de 2011, Cruz García asienta “que la contratista cumplió en términos absolutos con el importe programado (…) y comprobó la correcta inversión de los anticipos concedidos no amortizados”, señalando que resultaba además improcedente un cargo mensual del 2.0 %”.

La Auditoría Superior de la Federación había reportado daños por 5,130 millones de pesos en la Línea 12, pero después de la auditoría, en cinco hojas de la Auditoría de Inversiones Físicas Federales, desaparecieron los daños.

 

Polémicas por averías y corrupción en 2014

Marcelo Ebrard, quien se desempeñaba como jefe del gobierno de la Ciudad de México, durante la construcción de la Línea 12, fue cuestionado por legisladores por supuestos desvíos de recursos de 627 millones de pesos.  No obstante, en tuit del 10 de septiembre de 2014, el actual secretario de Relaciones Exteriores, negó las imputaciones.

Miguel Ángel Mancera, por su parte, el 8 de julio de 2013, ya como jefe de Gobierno, dijo que recibía la Línea 12 del Metro “como segura y operable”. Al año siguiente, cuando surgió la polémica de la corrupción y negligencia técnica, Ebrard reclamó a través de los medios por qué Mancera había recibido el proyecto de manera “legal y formal”, como operable.

De acuerdo con reportes de prensa, según el director general del Sistema de Transporte colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, en su diagnóstico presentado en 2017, declaró que la Línea 12 del Metro tuvo fallas de construcción, y en marzo de 2014, en su tramo de Tláhuac a Atlalilco, se suspendió el servicio.

Los trenes volvieron a operar en su totalidad para finales de 2015, pero el funcionario hizo énfasis en que los errores cometidos en la construcción eran permanentes, y requería un mantenimiento de alto costo por el desgaste ondulatorio de las vías.

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