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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Universidad Autónoma de Baja California despide a maestro de Derecho por “crítico”

Daniel Solorio Ramírez, maestro de Derecho de la UABC, despedido por no “alinearse” a las decisiones de los directivos a quienes llamó “la mafia de la UABC”.

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El despido de Daniel Solorio Ramírez

Por Jesús Francisco Galaz Fontes*/LAISUM

El Maestro en Derecho Daniel Solorio Ramírez fue despedido de su trabajo como profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Sucedió el martes 13 de marzo pasado, luego de 37 años de servicio en la institución. ¿Es éste un despido apegado a la ley y a los reglamentos laborales respectivos? ¿Es un despido que respeta el principio del debido proceso al que todos tenemos derecho? ¿Es un despido que respeta los principios académicos de libertad de cátedra e investigación, y el derecho ciudadano de expresarse libremente?

Antecedentes

Durante la reciente sucesión rectoral que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Baja California durante el último trimestre de 2010, se presentó el inédito hecho de que la Junta de Gobierno no logró ponerse de acuerdo para designar al sucesor del Dr. Gabriel Estrella Valenzuela (2006-2010), quien sucedió, a su vez, al Dr. Alejandro Mungaray Lagarda (2002-2006), integrante de dicha junta desde el 22 de octubre de 2008, a menos de dos años de haber dejado la rectoría, y actualmente secretario de Desarrollo Económico en el gobierno panista de Baja California. Esta crisis de autoridad orilló a que el secretario general en funciones, el Dr. Felipe Cuamea Velázquez, asumiera el cargo de encargado del despacho de rectoría, al mismo tiempo que mantuvo su calidad de aspirante a ocupar la rectoría en forma definitiva. Semanas después, estando la Junta de Gobierno en sesión permanente, las autoridades universitarias conspiraron para que el Dr. Leonel Cota Araiza, no alineado a los intereses del Dr. Mungaray Lagarda en cuanto a designar como rector al Dr. Cuamea Velázquez, dejara la Junta de Gobierno y su lugar fuera ocupado por la Dra. Edna Luna Serrano, afín a tales intereses. Una vez hecho el cambio, la Junta de Gobierno designó al Dr. Cuamea Velázquez como rector de la universidad.

Durante el proceso de sucesión rectoral hubo voces que cuestionaron dicho proceso de una manera abierta, directa y sistemática. Una de ellas fue la del Mtro. Daniel Solorio Ramírez. En diarios locales, y muy particularmente en elObservatorio Académico Universitario, el Mtro. Solorio Ramírez publicó columnas críticas de los procesos que se siguen en la universidad para, entre otras cosas, realizar el nombramiento de las autoridades universitarias. Los títulos de algunos de los artículos publicado por él son: UABC: La Junta de Gobierno en su laberinto; Ese silencio terrible de la Junta de Gobierno (o la padillización de la UABC); ¿Por qué no quieren a Cuamea?; ¿Existe el mungayarismo…?

Pero además de asumir una postura abiertamente crítica frente al proceso de designación rectoral, el Mtro. Solorio Ramírez coordinó los esfuerzos legales para que el proceso fuese declarado ilegal por el poder judicial, defendiendo el amparo promovido por el Dr. Cota Araiza, por habérsele substituido durante el proceso de designación rectoral. Apenas hace poco más de un mes, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito sobreseyó en forma definitiva, y sin recurso ulterior alguno, este juicio de amparo iniciado en enero de 2011 (La defensa del caso Leonel Cota Araiza informa).

Conocedor de las dinámicas internas del gobierno universitario, por haber sido abogado general de la universidad, director de la Facultad de Derecho-Mexicali y aspirante a rector en varias ocasiones, el Mtro. Solorio Ramírez ha continuado reflexionando sobre el tema de manera pública y directa. Sus tres últimas notas en el Observatorio, referidas todas ellas al proceso de reemplazo de dos miembros de la Junta de Gobierno, hablan por sí mismas: Renovando en “fast track” a la Junta de Gobierno (o perpetuando a don Perpetuo); UABC: El caso Edna Luna “reloaded” pero al doble; ¿Y qué es la Junta de Gobierno, cuya renovación parcial ya viene?

El despido

En el contexto de los antecedentes expuestos, el martes 13 de marzo pasado, la Coordinación de Recursos Humanos de la UABC, a través del Oficio 3640/2012-1 y sin ninguna otra comunicación de por medio, rescindió el contrato del Mtro. Solorio Ramírez con la universidad, después de casi cuatro décadas de servicio en la Facultad de Derecho. La rescisión se realizó días después de que el Semanario Zeta encabezara su portada con la leyenda la Mafia de la UABC, con una fotografía del Dr. Mungaray Lagarda, y que en interiores se presentara el reportaje La “mafia” universitaria (Sergio Haro Cordero), donde se retomó la nota La letra A de la UABC, así como la columna “Carro” completo en la Junta de Gobierno de la UABC(Eduardo Backhoff Escudero).

En una mezcla de hechos, medias verdades y francas mentiras, el Mtro. Solorio Ramírez fue separado de su trabajo. Sin embargo, el Mtro. Solorio Ramírez es un maestro apreciado por la gran mayoría de sus estudiantes, y ellos saben que es falsa la razón de mayor peso que la autoridad universitaria está esgrimiendo para rescindirle el contrato: el haber acumulado, en un periodo de 30 días, diez faltas sin permiso ni causa justificada. A ellos les consta que su maestro asistió a su trabajo, ya que además de ser testigos, tienen sus notas de clase y, alguno de ellos, las grabaciones que acostumbran hacer para estudiar con base a ellas.

El Mtro. Solorio Ramírez ha sido catedrático de la Facultad de Derecho-Mexicali desde 1975 y sus ex-alumnos, muchos de ellos hoy abogados en activo, lo conocen como un maestro con vocación. Sus colegas, algunos de ellos también ex-alumnos, lo conocen bien como abogado litigante. Es apreciado y reconocido por la gran mayoría (y también por algunos sectores externos a la universidad por su activismo político en el estado). El oficio referido, sin embargo, afirma que detrás de dicha rescisión hay faltas de probidad y honradez. Quienes lo conocen desde hace tiempo y sus estudiantes de hoy opinan lo contrario: ¿acaso han vivido engañados todo este tiempo? Son muchos como para creer la versión oficial.

Libertad de expresión vs. autoritarismo

El que un integrante distinguido de una comunidad académica ejerza sistemáticamente su derecho a la libertad de expresión puede ser un “mal ejemplo” y, en determinado momento, puede llevar a que dicha comunidad se de cuenta que, en efecto, el derecho a la libertad de expresión puede ejercerse. Una comunidad académica que pregunta, que cuestiona, que propone, que investiga al gobierno universitario, no es necesariamente fácil de gobernar; es menos sumisa que los grupos de académicos que no lo hacen. Una comunidad académica que practica la libertad de expresión es, por decir lo menos, incómoda.

El despido del Mtro. Solorio Ramírez es visto por la gran mayoría de los académicos que han expresado su parecer, como injustificado y como un hecho que atenta directamente contra la libertad de expresión, uno de los valores centrales de la vida académica en las instituciones universitarias, y uno de los derechos humanos fundamentales en una sociedad democrática. Es particularmente grave que sean las opiniones críticas hacia la administración universitaria las que, todo parece indicar, han hecho que la autoridad universitaria tome la decisión de despedir al Mtro. Solorio Ramírez de esta manera. ¿Será que se busca poner orden; expulsar a un “mal ejemplo” y, por otro lado, mandar un mensaje a otros académicos, particularmente a aquellos que sostenemos el Observatorio Académico Universitario, que nadie está seguro en su trabajo si, al mismo tiempo, tiene la iniciativa de estar criticando a la administración? ¿Qué nos quiere decir la autoridad universitaria con eso?:“Los académicos a la docencia y a la investigación, y si son miembros del Sistema Nacional de Investigadores a publicar. Del gobierno universitario nos encargamos nosotros.”

Las elecciones federales están a unos cuantos meses de distancia y, un año después, Baja California tendrá elecciones para designar a un nuevo gobernador, el cual ha sido panista desde finales de 1989. Este contexto hace todavía más importante resolver lo que a todas luces constituye un atropello a la libertad de expresión. Disentir y expresar ese hecho abiertamente no debe conducir a actos de autoridad de esta naturaleza. Muy al contrario, la confrontación abierta de ideas debe generar aprendizajes para todos los involucrados. Pero si ocurre que la autoridad universitaria responde represivamente a la expresión pública de críticas y cuestionamientos respecto a su proceder, entonces la comunidad académica tiene la obligación moral de defender la libertad de expresión, puesto que no es solamente el derecho de un colega el que está siendo violentado, sino el de todos los universitarios.

Los amigos, compañeros y alumnos del Mtro. Solorio Ramírez están convocando a una manifestación a realizarse frente al edificio de Rectoría este próximo martes 20 de marzo. Están pidiendo su reinstalación inmediata. La situación no es de ninguna manera sencilla. La actual administración, presidida por el Dr. Cuamea Velázquez y asociada estrechamente con el Dr. Mungaray Lagarda, tendrá que decidir cómo enfrentar esta situación. ¿Más represión a la libertad de expresión? ¿Ley y orden? ¿Reconocimiento de una “ofuscación” y reinstalación inmediata? ¿Paciente silencio? Seguramente los próximos días serán muy informativos al respecto.

*Jesús Francisco Galaz Fontes (galazfontes@gmail.com), Universidad Autónoma de Baja California,

Enlace original Observatorio Académico Universitario

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Mexico Violento

Organización de Presos de México exige cese inmediato del director del Cefereso 17 por torturas y extorsión

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Por Guadalupe Lizárraga

La Organización de Lucha por la Dignidad, Justicia y Libertad de los Presos de México lanzaron un comunicado público en solidaridad con George Khoury Layón, preso político, quien por segunda vez fue torturado dentro del Cefereso #17, en Buenavista Michoacán, por custodios bajo órdenes del director del penal Julio César Pérez Ramírez.

El documento lo firman los dirigentes de la organización Antonio Barragán Carrasco y Cleofas Hernández Reyes, privados de su libertad en Atlacholoaya, Morelos, desde donde demandan el cese inmediato del director del penal de Michoacán por torturas y extorsión a los internos, y específicamente en este caso a Khoury Layón, quien además tiene reconocimiento de inocencia por parte de la Secretaría de Gobernación, desde noviembre de 2019, y la opinión de libertad inmediata de la Naciones Unidas desde el 18 de septiembre de 2017.

Khoury Layón ha liderado un amparo colectivo de 400 internos que piden la destitución del director del Cefereso y del titular de Seguridad pública por los tratos denigrantes y crueles, extorsiones y falta de atención médica, por lo que las torturas son para que se desista de los amparos concedidos por los jueces Quinto y Sexto de Distrito del estado de Michoacán y del estado de Sinaloa.

La primera tortura a Khoury en el Cefereso número 17 fue el 18 de julio de 2020, por promover los amparos contra los malos tratos. Esta segunda tortura fue el 29 de marzo de 2021 para que se desistiera de esos amparos concedidos. Además, denunció la extorsión del director del penal quien le exigía 500 mil pesos (26,315 dólares aprox) para dejar de golpearlo.

La Organización de Lucha por la Dignidad, Justicia y Libertad de los Presos de México, fundada el 22 de febrero de 2021, por Barragán Carrasco y Hernández Reyes, surgió con el objetivo de detener el maltrato y las violaciones de derechos humanos a la población carcelaria. Asimismo, tiene como objetivo la denuncia sobre el abandono jurídico y la indefensión en el que se encuentran miles de presos, con enfermedades crónico-degenerativas sin atención médica y la negación de beneficios de ley como las preliberaciones.

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Mexico Violento

Gobernador de Tamaulipas nombra como vocero para su defensa al exsenador del PAN denunciado por lavado de dinero

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El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, nombró a Javier Lozano Alarcón, exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), como su vocero para enfrentar el proceso de desafuero.

Lozano Alarcón, quien también fue secretario del Trabajo durante la administración de Felipe Calderón, ha sido denunciado por lavado de dinero y operaciones financieras para el Cartel de Sinaloa por el capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, en prisión desde 2010 y torturado por la Policía Judicial Militar.

En su primer mensaje a favor de Cabeza de Vaca, Lozano Alarcón señaló a Mario Delgado Carrillo, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de ’mal amigo’ por supuestamente haberle dado la espalda al Gobernador de Tamaulipas después de que éste le pidió ayuda.

En 2018, luego de renunciar al Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón se convirtió en el vicecoordinador de mensaje de la precampaña de José Antonio Meade Kuribreña. Ahí protagonizó algunos debates sin éxito. Su candidato, el del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llegó fuerza política a la contienda presidencial y quedó atrás de Ricardo Anaya Cortés, y muy atrás de Andrés Manuel López Obrador.

El 28 de abril de 2020, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), después de una campaña nacional manifestada en redes sociales, decidió retirar la responsabilidad como vocero especial que su entonces presidente, Gustavo De Hoyos Walther, le había entregado a Lozano unas horas antes, y en comunicado público Coparmex señaló que sería solo uno más entre sus miembros. Al día siguiente, Lozano acusó a Gustavo de Hoyos de mostrar ’poco carácter’ y reconoció que la ’presión interna’ en ese sindicato patronal lo mandó, en menos de 8 horas, al desempleo.

La defensa de Lozano a Cabeza de Vaca

“Este mensaje es en respuesta a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, por el infame video que grabó en contra del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y digo infame porque, Mario, tú sabes que mientes. No tienes una sola prueba, ningún elemento para poder afirmar que el gobernador está involucrado en redes de delincuencia organizada o narcotráfico. Mucho menos tienes elementos para decir que la DEA respalda tus acusaciones”, dijo Lozano en su primera defensa del gobernador Cabeza de Vaca.

“Lo que sí tenemos son elementos probatorios de que el 3 de octubre pasado, tú me pediste a mí el contacto del entonces ‘amigo’, como decías del gobernador García Cabeza de Vaca, porque ibas a ir a Reynosa a reunirte con tus huestes de Morena en búsqueda de la dirigencia nacional del partido. Temías que se te armara un desmadre y pediste la intervención del gobernador para que toda la situación política de la entidad pudiera transcurrir en calma y en orden. Hoy le das la espalda. Eso es una cobardía”, agregó.

El proceso contra el gobernador

La Cámara de Diputados notificó a principios de marzo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca sobre el arranque del proceso de desafuero en su contra.

Antes, funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) ratificaron ante la Cámara de Diputados, la solicitud de desafuero contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Los funcionarios de la FGR llegaron a San Lázaro, donde dejaron seis cajas de cartón, con 27 tomos del expediente completo de las imputaciones contra el gobernador militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien ha sido imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La declaratoria de procedencia es un procedimiento que popularmente se conoce como desafuero, por el cual la Cámara de Diputados tiene que dar permiso para juzgar a altos funcionarios del Gobierno, con el objeto de evitar que se haga un mal uso político de la acción penal.

Fue el 23 de febrero cuando la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del Gobernador del norteño estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para poder acusarlo de corrupción.

De acuerdo con lo reportado por la prensa local, en meses pasados se presentó una denuncia contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito por un valor de 46 millones de dólares. A raíz de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente del Gobierno Federal, habría acreditado triangulaciones financieras mediante una empresa fantasma que reportaron al gobernador ingresos por unos 2 millones de dólares.

Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN), pidió en agosto de 2020 a la Fiscalía General de la República que le informara si existía alguna investigación en su contra. En aquel momento, quien empezara su mandato en el fronterizo estado de Tamaulipas en 2016, aseguró en un escrito estar a disposición ’de cualquier autoridad local o federal’.

El gobernador, cuyo periodo al frente de Tamaulipas termina en 2022, es uno de los señalados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de corrupción, Emilio Lozoya, como uno de los políticos que habrían recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética en 2013.

Con información de EFE.

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Mexico Violento

Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

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Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

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