La senadora Antares Vázquez Alatorre gestiona operaciones simuladas desde 2019 y es investigada por probable delito fiscal.

Por Rosario Martínez De la Vega

La Senadora por Guanajuato Antares Vázquez Alatorre renta las oficinas de su casa de gestión localizada en Av. Guanajuato 144, Colonia Jardines del Moral, en León, Guanajuato, a la empresa Torbex S.A. de C.V., empresa que se encuentra dentro de la ‘lista negra’ del Servicio de Administración Tributaria, órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La empresa Torbex S.A de C.V.  fue constituida con 50 mil pesos, y fue inscrita en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía en 2019. Sus dueños son María Gabriela Ortíz Mares y Luis Felipe López Ortíz, los cuales no aparecen en ningún otro registro de contratistas de la administración pública local, estatal o federal.

Según la documentación que se obtuvo a través de la Solicitud de Transparencia 330030322000837, el contrato por el arrendamiento de la Casa de gestión de la senadora fue suscrito a nombre de la empresa Torbex S.A. de C.V., la cual fue declarada durante el año pasado por el Sistema de Administración Tributaria como ‘EFOS’ (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas). Además, la senadora no presentó las facturas concernientes y testó información que por ley debe ser pública en el contrato de arrendamiento, como lo son el domicilio y la firma del contratista.

Vázquez Alatorre no ha reportado ninguno de sus gastos ante la Plataforma Nacional de Transparencia, desde que adquirió el cargo como senadora plurinominal por el partido MORENA, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública -LGTAIP-.

La legisladora morenista gesta operaciones simuladas con cargo al Senado de la República desde septiembre de 2019, fecha desde la cual arrienda su casa de gestión a la facturera identificada por el SAT.  El desfalco detectado al erario ascendería a 740 mil pesos hasta la fecha.

Ante las anomalías fiscales, Antares Vázquez Alatorre ya es investigada, pues cuenta con una denuncia ante al SAT, bajo el folio 113287, ya que podría ser indiciada por el posible delito de lavado de dinero y/o defraudación y evasión fiscal, lo cual se castiga con hasta 9 años de prisión.

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Estando Omar Fayad Meneses al frente del gobierno de Hidalgo (Méx), se instauró una red de prestanombres y empresas fachada donde se “lavaron y plancharon” contratos de obra pública, estando involucrados al menos 6 personajes de su gabinete así como otros de sus cercanos. Ésta es la primera parte de la serie de investigaciones denominada «Lavanderías de contratos en Hidalgo»

Por Emmanuel Ameth

Millones de pesos fueron “lavados y planchados” durante la administración del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, mediante contratos de obra pública y de adquisición de bienes a través de adjudicaciones directas ilegales, pero también mediante la simulación de competencia en los procesos de licitación, operando de forma sistemática para beneficiar a unos cuántos.

Tras ser analizados cientos de contratos se encontraron dispersiones de recursos hacia obras malhechas, adquisiciones a sobreprecio e incluso para servicios que nunca se efectuaron, habiendo tres momentos cruciales para ello: cuando iniciaron con el esquema -que es cuando más errores cometieron-, cuando llegaron recursos extraordinarios para mitigar el impacto del COVID, y finalmente en el corto lapso comprendido entre la derrota en las urnas y los últimos suspiros en el poder por parte del gabinete.

La clave de los hallazgos se dio cuando fueron identificados una serie de domicilios o “lavanderías” donde diversas empresas que participaban en una misma licitación compartían desde la dirección hasta los datos de contacto; incluso compartieron representantes legales, lo que llevó a descubrir una red de proveedores que se comieron todo el pastel, participando también el Sindicato de Salud así como presidentes municipales.

Ésta es la primera parte de la investigación que identifica el amañamiento de contratos que en conjunto -sumando todas las investigaciones-, alcanzan la cifra de mil millones de pesos.

Para leer más del autor: Exgobernador Omar Fayad Meneses, entre nombres de ‘Niños Héroes’ en calles de Tepeapulco, Hidalgo

La sucursal Velasco 52

Una casa de interés social que presumiera con orgullo una lona para apoyar al entonces candidato Enrique Peña Nieto se encuentra ubicada en la calle Velasco #52, Parque de Poblamiento, 2da sección, en la capital hidalguense. Pese a no contar con una superficie especialmente extensa, ha sido “fraccionada” para ser habitada por dos familias y contar además con un local.

Durante la visita que realizó este medio se documentó que actualmente se encuentra vacía la parte del local y que el resto de los inquilinos no se encontraban o no abrieron la puerta, respondiendo los vecinos que nunca hubo mucha actividad en la vivienda. Alguno de ellos se refirió a los habitantes como “Los oaxaqueños”.

Y es que ese es el domicilio fiscal dado por los “constructores” Raquel García Montes y Aarón López Hernández, así como por las empresas Bali Arquitectura y Construcción y la Constructora Coscacuauhtli, mismas que en conjunto obtuvieron 39 millones 432 mil 504.65 pesos en contratos.

Las empresas señaladas recibieron todas las facilidades por parte del oficial mayor Martiniano Vega, de los secretarios de Salud Marco Escamilla y Efraín Benítez, de la secretaria de Finanzas Jessica Blancas, del secretario de Obras Públicas José Meneses Arrieta, así como de los contralores Citlalli Jaramillo y César Román Mora para llevarse los contratos mediante procedimientos turbios. Todos los mencionados fueron funcionarios y gente de confianza de Fayad Meneses.

También están embarrados los ayuntamientos de Chilcuautla (Isidro Alvarado Ramos), Ixmiquilpan (Enrique Simón Romero), Tolcayuca (Humberto Mérida de la Cruz), Villa de Tezontepec (Luis Castañeda Muñoz), Zapotlán de Juárez (Erick Edgardo Islas Cruz) y la propia gerencia regional de la CFE en Oaxaca (Arturo Lavariega Domínguez).

Del lado de Bali Arquitectura y Construcción destaca que celebraron 26 contratos con el Gobierno de Hidalgo, uno más con el ayuntamiento de Chilcuautla y otro más con el de Ixmiquilpan.

Con el Gobierno de Hidalgo, en 5 de las licitaciones que participaron, pese a lo atractivo de los montos y a que su área de especialidad puede ser cubierta por diversas entidades, sus propuestas fueron únicas, siendo estos los contratos SSH-RE19-LE-052-2019, LO-913055954-E48-2019, LO-913055954-E38-2019, SSH-FEIEF-LE-047-2020 y LO-913055954-E62-2019.

En otros 10 de los casos se entregó mediante una adjudicación directa. Aquí señalar que en 8 de los casos habría sido ilegal, por otorgarse mediante dictamen de justificación y solamente en 2 se hizo de forma correcta al anexar una excepción a la convocatoria. Los referidos fueron los contratos SSH-ASE20-AE-018-2020, SSH-ASE20-AE-020-2020, SSH-FASSA21-AE-009-2021, SSH-FASSA21-AE-019-2021, SSH-FASSA20-AE-007-2020, SSH-RE20-AE-051-2020, SSH-FASSA21-AE-023-2021, SSH-FASSA20-AE-054-2020, SSH-ASE20-AE-016-2020 y SSH-ASE20-AE-032-2020.

Cuando no fue propuesta única ni adjudicación directa (justificada o no), simularon competencia entre los interesados, pues en las propuestas contempladas, la mayoría o hasta en la totalidad de los “participantes” en realidad tenían vínculos, es decir, que detrás de ellos se encontraban las mismas personas que representaron las mismas empresas en diferentes procesos. Los 8 casos corresponden a los contratos SSH-ASEE21-LE-017-2021, SSH-PU013-AF-029-2020, SSH-FASSA20-AE-003-2020, SSH-FASSA20-AE-004-2020, SSH-FASSA20-AE-002-2020, SSH-ASE20-AE-027-2020, SSH-ASE20-AE-008-2020 y SSH-FASSA21-AE-001-2021.

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El colmo de las facilidades concedidas a Bali Arquitectura y Construcción fue que cuando no pudieron implementar ninguno de los esquemas mencionados y se presentó alguna empresa ajena a la red de “lavanderías”, descalificaron a sus competidores ilegalmente, pues pese a no contar con observaciones a la hora de presentar propuestas y tener proyectos de costo más bajo, de un plumazo decidieron otorgarlos a sus consentidos. Así sucedió con los contratos SSH-ASEL22-LE-003-2022 y SSH-ASEL22-LE-007-2022.

Finalmente con Chilcuautla e Ixmiquilpan los concejos interinos adjudicaron de manera ilegal al no justificar el criterio de excepción y superar el monto las leyes vigentes en la materia, lo que se aprecia en los contratos 2021/FAISM030019 y 2020/FEIEF019001. Es así que solamente en uno de los 28 contratos celebrados, la empresa habría ganado la licitación sin trampa alguna de por medio.

Bali Arquitectura y Construcciones ha sido representada por la referida Raquel García Montes,  pero también por Josué Azibadam Gallardo Dorantes, Reyna Ruth García Montes y por Irving David Mayen Castillo.

Del lado de Constructora Coscacuauhtli aparentemente es representada por Ricardo Cervantes López, sin embargo, como los anteriores, también comparte domicilio con Aarón López Hernández, lo mismo que teléfonos y correos, es decir, que los 4 mencionados son, en esencia, un mismo grupo de personas, y por lo tanto, se observaron las mismas prácticas por parte de los ayuntamientos para otorgarles ”facilidades”.

La doble documentación oficial del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, aún sin respuesta. https://t.co/1NYBxTHv10

— Los Ángeles Press (@losangelespress) January 29, 2019

De sus 7 contratos se observa que en al menos 5 recibieron una adjudicación directa de manera ilegal, pues el monto rebasó lo que la Ley estipula en la materia y no hubo un dictamen del comité de adquisiciones que justificara la excepción, lo que sucedió en Villa de Tezontepec con los contratos FAISM/2017-006, FOFYR/2017/001, MTO-COP-075/2017-05, FGP/2017/001 y FAISM/2017-009. Incluso en ese mismo ayuntamiento celebraron el contrato PMVTREPOOP2017002 del que no se puede hacer una evaluación sobre la legalidad o no del proceso al no encontrarse disponible en ninguna plataforma, es decir, que fue escondido.

La misma constructora realizó un contrato con CFE foliado con el número LO-018TOQ078-N48-2015 donde ganaron el contrato no sin que antes rechazaran a dos de sus competidores. Quien autorizó el fallo fue Arturo Lavariega Domínguez, mismo que no prestó atención en el domicilio fiscal allí presentado por la constructora, pues la Av. Hidalguense 229, en Parque de Poblamiento, no fue encontrado en dicho asentamiento por no haber nomenclatura de tal número en la calle referida, anuncio ni números consecutivos o sucesivos que permitieran dar con dicho domicilio.

Por último, Aarón López Hernández, como persona física, también fue beneficiado por una adjudicación directa ilegal del ayuntamiento de Zapotlán de Juárez que puede consultarse con el folio PMZ/FAISM-018/082-003.

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La sucursal Moctezuma 205

La sucursal de las “lavanderías” ubicada en Moctezuma 205 en el centro de Pachuca se considera sumo importante para esta investigación. Y no es porque actualmente haya un comercio que se dedica a poner tatuajes -la empresa huyó hace meses-, ni porque sea relativamente pequeña ni porque sea una de las direcciones dadas por Bali Arquitectura y Construcciones.

Es porque se trata de una dirección que se encuentra al lado de una de las oficinas de la Secretaría de Finanzas, donde precisamente se almacenan contratos que tienen que ver con las licitaciones. Así lo confirmaron trabajadoras de dicha dependencia que estaban “nerviosas” al ser cuestionados sobre si sabían del paradero de las empresas en cuestión. Las entrevistadas incluso dijeron en un principio que ese era el número que correspondía a su área de trabajo, saliendo posteriormente un “encargado” que dijo que ellos eran el 203, no el 205.

Es mediante dicho domicilio que se explicaría la forma en que diversos documentos fueron firmados por los supuestos concursantes de licitaciones con muy poco tiempo de diferencia y que existía una coordinación para que aquellos representantes legales de las mismas empresas se fueran “turnando” para que en un mismo proceso no firmaran en más de un espacio para distintas entidades.

Por Enrique Domínguez Gutiérrez

El Instituto Nacional Electoral (INE) en México fue creado el 3 de abril de 2014, y surgió en sustitución del Instituto Federal Electoral, creado en 1990, que generó un retroceso a pesar de no estar “vinculado” al gobierno federal. Anteriormente había otro organismo que administraba las elecciones, la Comisión Federal Electoral, creada en 1973 y que operó hasta 1990 como dependencia de la Secretaría de Gobernación. Ése fue el periodo más marcado por fraudes electorales. En todos los casos, la labor de institutos, comisiones y vigilantes no han estado ajenas a escándalos, opacidad, omisiones y chantajes.

Nadie en su sano juicio lucharía por desaparecer a un órgano electoral que garantice la limpieza en los sufragios y la efectividad de los procesos. No obstante, el INE como tal, no ha sido garante de transparencia, imparcialidad y prudencia. Su gestión ha destacado por controversias, declaraciones y protagonismos ajenos a un «bajo perfil» como funcionarios públicos para un arbitraje eficaz.

El INE no es la democracia per se, es sólo un organismo -que por su gestión pública especializada- la posibilita. También promueve la cultura de un sistema político, basado en principios acordes a prácticas democráticas, así como una plena participación en todos los aspectos que corresponden a la vida electoral del país.

En México, se han registrado fraudes electorales desde los tiempos de la Independencia, periodos dictatoriales, cacicazgos, herencias nobiliarias y nepotismo mediante operaciones truculentas, mafiosas, pendencieras, actos viles, mapachería, coacción, y un largo etcétera. No obstante, con esta tradición de trampa, difícil es que el ciudadano común tenga confianza en los organizamos encargados de administrar los votos del gobernante que tendrán los próximos seis años. Y ése es el problema que ha arrastrado tantas décadas el organismo electoral. La democracia de un país se mide por el grado de incertidumbre previo a las elecciones. En México se conocía con antelación quién iba a gobernar y estas «fallas del sistema» y parcialidades refieren directamente al órgano administrador. Hoy, el INE no se ha sacudido estas prácticas, y la desconfianza persiste.

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Los vicios del INE y su antecesor el IFE

• Lorenzo Córdova impulsa la reelección de Edmundo Jacobo Molina hasta el 2026.
• De cumplirse el periodo de Edmundo Jacobo Molina como funcionario del INE sumará 18 años en el INE con un sueldo actual de: 166 mil 758.88 pesos. Un seguro de separación individualizado por 25 mil 709.33 pesos, y una compensación garantizada por 141 mil 034.50 pesos.
• El INE en la actualidad mantiene a 262 asesores cuyos sueldos oscilan entre los 36 mil y 106 mil pesos mensuales.
• Lorenzo Córdova cuenta con 11 asesores que juntos representan un sueldo de 955 mil 749 pesos, anualmente una erogación de: 11 millones 468 mil 988 pesos netos.
• En el 2000, el IFE guardó silencio ante la evidencia de recursos ilícitos que recibió Vicente Fox a través del grupo “Amigos de Fox”, para financiar su campaña.
• En 2006, el PAN y el PRI -con la ayuda de Elba Esther Gordillo y su maquinaria sindical- hicieron un fraude estrepitoso cuyo gestor fue Heriberto Zavala (cuñado de Felipe Calderón), director del software Hildebrando, con el que manipuló los resultados preliminares de elección.
• Consejeros del IFE y cómplices del PRI y del PAN avalaron el fraude y entre «los abajo firmantes» estuvo Ciro Murayama, actual consejero del INE.
• En 2012, el PRI pagó 160 millones de pesos para la compra de votos a través de 100 mil tarjetas de la banca Monex e intentaron hacer un fraude a una televisora por 56 millones de dólares, para la promoción de Enrique Peña Nieto. El INE también ignoró el caso y no revocó candidatura alguna.
• Nula actuación ante el financiamiento a través de Odebrecht y OHL, cuyo gestor fue el hoy detenido Emilio Lozoya para financiar las campañas de Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo.
• Eliminaron candidaturas en 2021 con el pretexto de no haber entregado informes de gastos en precampaña.
• El Órgano Interno de Control (OIC) del INE identificó que de 2018 a 2021, 1500 millones de pesos fueron depositados a un fideicomiso que el Gobierno federal había calificado como ilegal al no haberse reintegrado a la Tesorería de la Federación.

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De acuerdo con el Artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que: “Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este artículo”.

De acuerdo con el periódico La Jornada con fecha de 16 de abril de 2022, se señala que: “Se detectaron inconsistencias financieras en los fideicomisos, pues las cifras presentadas en sus estados financieros no coincidieron con las reportadas en el estado del ejercicio del presupuesto. Y se recomendó fortalecer los mecanismos de control y supervisión, pues, aunque se recibieron ingresos excedentes, no se realizó la adecuación presupuestal correspondiente, además de que se constató que el fideicomiso de pasivo laboral realizó pagos duplicados a cuando menos dos personas que no contaban con la documentación necesaria para obtenerlos, lo que generó un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal”.

Se detectaron 11 adjudicaciones directas más que no fueron dictaminadas por el Comité de Obras públicas y Servicios y “se detectaron órdenes de pago a proveedores que no contaban con la justificación documental requerida, y se comprobó que el INE recibió obras sin contar con las actas de entrega y de finiquito de los contratos”.

Los gastos del INE

Conforme al estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos y su clasificación del 1 de enero al 31 de diciembre:

Por concepto de arrendamiento:

• 1619 millones 629 mil 600 pesos
• 32201 arrendamiento de edificios y locales: 629,722,981.00
• 32301 arrendamiento de equipo y bienes informáticos: 238,691,916.00
• 32302 arrendamiento de mobiliario: 59,622,674.00
• 32303 arrendamiento de equipo de telecomunicaciones: 2,075,773.00
• 32502 arrendamiento de vehículos para servicios públicos y operación de programas públicos: 158,069,890.00
• 32503 arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos: 183,725,856.00
• 32505 arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos: 8,215,641.00
• 32601 arrendamiento de maquinaria y equipo: 35,646,522.00
• 32701 patentes, regalías y otros: 225,953,670.00
• 32903 otros Arrendamientos: 76,247,496.00

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

• 1,113,922,360.0

Servicios de traslado y viáticos

• 994,605,572.00

Aportaciones a fideicomisos públicos

• 942,261,155.04

Mobiliario y equipo de administración

• 318,031,353.00

Prerrogativas a partidos políticos

• 6,973,729,642.25

Sólo por citar los casos más emblemáticos de asignación de recursos según lo presupuestado y ejercido en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Enlace.

Las prestaciones del INE

• Vehículo del año para cada consejero con chofer particular
• Pago de Seguro, gasolina, reparaciones y mantenimiento del vehículo
• 4 mil pesos mensuales para gastos de telefonía, 3 mil 200 para el nivel jerárquico 2
• 14 mil pesos mensuales para gastos de alimentación
• Seguro de gastos médicos mayores por 295 salarios mínimos generales vigentes
• 262 mil 634 pesos de sueldo bruto mensual a cada consejero
• 123 servidores públicos del INE ganan más que el presidente
• Ayuda para Servicio psicológico en casos de Post-covid
• Gratificación de fin de año por 449 mil 636 pesos.
• Prima vacacional de 16 mil 345 pesos.
• Aguinaldo equivalente a 40 días de sueldo.
• Seguro para el retiro de 10 mil a 25 mil pesos.

Encuestas escondidas del INE

Entre el 9 y 10 de septiembre el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, ordenó el levantamiento de una encuesta, cuyas personas fueron cuestionadas en base a una muestra representativa con un margen de error de +/- 5% con una confianza efectiva del 95%, los resultados no fueron los esperados, el grueso de la población aprueba la reforma como se muestra a continuación:

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula el consejero, Jaime Rivera Velázquez señaló: «Me parece que esas preguntas están formuladas, he sido especialistas en encuestas, en un contexto de propaganda gubernamental muy intensa y adversa; no fue una pregunta formulada de la manera más apropiada. Puedo decirlo con todo respeto para quienes lo hicieron» … «La pregunta de cómo se deben elegir a los consejeros electorales debió haberse comparado también con la pregunta de ‘actualmente los consejeros electorales son elegidos por una mayoría calificada de dos tercios de la Cámara de Diputados»… «Una encuesta como ésta, telefónica, con una muestra de 400 casos no es del todo comparable con las encuestas más formales que encarga el INE. Las encuestas telefónicas tienen un marco muestral todavía muy imperfecto».

El actor del mismo organismo descalificando su propia encuesta.

La Reforma Electoral

Al hablar de una reforma electoral no se trata de la desaparición de un órgano que vigile las elecciones, tampoco es la extinción de los poderes, y mucho menos la dependencia del Ejecutivo, se trata de los siguientes puntos:

• Reducción del número de diputados y senadores plurinominales.
• Reducción del financiamiento a los partidos políticos.
• Reducción del costo de las elecciones.
• Implementación del voto electrónico dentro y fuera del país.

El proceso electoral que se desarrolla ahora en México es uno de los más caros del mundo. La democracia ideal consiste en minimizar los gastos y no justificarla con la frase: “La democracia cuesta”, sin embargo, ante los antecedentes este modelo de reforma pretende dar al país un sistema electoral seguro, que respete el voto y garantice la honradez y la legalidad.

Se trata de estar en contra de la compra del voto, la nueva reforma pretende que ningún gobierno, empresa y ningún poder económico puedan comprar sufragios, así como el uso de instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular.

La reacción

Se prendieron las alarmas, el escaparate de lo insulso, de la impunidad y la trampa ahora veían vejada la posibilidad de manipulación a un órgano electoral ante la ruina de sus personales intereses, amén de complicidades y prebendas. Ahora el líder moral de los empresarios, odiadores e histéricos han tratado de formar un grupo cuyo enojo obedece a la merma de privilegios y canonjías creando más logotipos que personas, más asociaciones civiles que integrantes, eso sí, muy colorido, muy visual, tentador y exteriorizando de manera impecable la falta de idea, de sentido y de generar un buen argumento.

Hasta el momento Claudio X González no ha presentado plan de gobierno, hace un año quedó de entregarlo y seguimos en ascuas, hasta para ser líder se necesita estar activo y no de haragán, sin duda alguna Claudio encajaría en esa etiqueta impuesta por José Narro que sin miramientos restregó a los jóvenes vulnerables llamándolos “Ninis”, si el adjetivo pudiera ser empleado, Claudio es un auténtico “Nini”.