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Con voz propia

Una voz tóxica en el grupo ‘Jornada para la libertad de los presos políticos de la OCSS’

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Por Guadalupe Lizárraga

En el grupo de WhatsApp Jornada para la Libertad de los presos políticos, administrado por la activista Norma Mesino Mesino para promover la libertad de cuatro personas inocentes, miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), existe una voz tóxica que juega con doble agenda y amenaza con campañas de “desprestigio” a quien le muestra una opinión contraria a la suya porque dice “saber mucho”.

Los falsos culpables de la OCSS son Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Orlando Ávila Mesino y Gerónimo Hernández Refugio. Y la voz tóxica es la de Patricia Barba Ávila, que los llama “compañeros” y se dice “comunista”, asumiendo el control de la información que circula en el grupo.

En la lucha por la libertad de los falsos culpables y presos políticos, sin duda, hay un cúmulo de emociones negativas que arrastramos quienes levantamos el puño y la voz contra la enorme injusticia de este gobierno, y del de hace veinte años, por mantener privados de la libertad, de la salud y del derecho a una vida digna, a quienes no cometieron ningún delito, y más aún por haber sido brutalmente torturados para que se declararan culpables y justificar el encierro. Pero el respeto a las diferencias ideológicas es parte implícita de esta lucha, de estas emociones, porque no se trata de aborregarnos y aplaudir todo del gobierno en turno con la esperanza de que quite los candados de las celdas que fueron puestos contra derecho.

La dignidad y la crítica ética han sido prácticas que los propios presos políticos nos han enseñado en el camino de esta lucha, y hablo especialmente por Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de tortura a manos de Eduardo Gallo y Tello, en 2001. Con 108 pruebas a su favor, Antonio sigue entrampado en un proceso con graves irregularidades, por la consigna de quien ha sido uno de los donadores económicos de la asociación En Vero, dirigida por David Bertet, con la que convive Patricia Barba, al lado del ex CISEN Ricardo Raphael, todos, parte del club de calumniadores intentando sacar ventaja del caso Wallace.

En un grupo que trabaja para promover la libertad de los presos políticos, se asume que sus integrantes tienen derecho a expresar sus opiniones sobre el gobierno o sobre cualquier otro tema de interés sin ser reprendidos por los demás miembros. Éste es el ejercicio de orden liberal, es decir, de las libertades individuales que ejercemos en las redes sociales y que implica el respeto a las diferencias ideológicas. Los miembros de la OCSS no pudieron ejercer este derecho en 1995, y fueron masacrados. Entre éstos, dos sobrevivientes que han estado presos con falsos delitos –Antonio Barragán y Gilberto Aguirre Bahena– durante cuatro gobiernos y, que el actual, el de López Obrador, tan solo por congruencia con sus promesas públicas, debería de haberlos puesto ya en libertad y reparar el daño que les ha hecho el Estado mexicano.

Sin embargo, no sólo no han liberado a los falsos culpables, sino que además se siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos cada día, como las recientes ejecuciones extrajudiciales en la comunidad indígena de Coyomeapan, bajo el membrete Morena y con la manipulación de los hechos, llamando “enfrentamiento” cuando los indígenas no traían armas.

Pero señalar éstas y otras violaciones del actual gobierno mexicano es suficiente para despertar la ira de Patricia Barba Ávila, integrante de este grupo Jornada para la Libertad, que con incontinencia verbal descalifica e insulta. Esta vez lo hizo con los miembros de la Red Solidaria Década contra la Impunidad. Organización que ha liderado el litigio ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) para que el Ejército rinda cuentas sobre la masacre de El Charco, perpetrada en 1998.

Recientemente, la organización Red Solidaria pidió a Los Ángeles Press apoyo en la difusión de un comunicado ahora sobre la integración y presentación del caso de detenciones arbitrarias e ilegales del Ejército contra indígenas nahuas en 2006, como fue el caso de Tzompaxtle Tecpile, ante la CIDH. Información que Antonio Barragán amablemente compartió en el grupo Jornada por la Libertad de los presos políticos.

 

Los comentarios de Patricia Barba sobre la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad redundaron en calificaciones de “tramposos”, “facciosos”, y dudó de la legitimidad de la defensa por parte de los miembros de la Red usando el adverbio “dizque”, además de ubicarlos como “seguidores de la línea USA Corporation, elite criminal…”.

Tras estos comentarios de Barba, la abogada María Elena Hernández, de AMAP-Guerrero, hizo un respetuoso llamado de atención por el tono descalificador, que en mi caso la secundé porque claramente Barba ignora la trayectoria de la organización al insistir en que las críticas deben ser a los otros gobiernos del pasado y no a éste. Pero la reacción de Barba fue dirigir su odio hacia mi persona y lanzarme amenazas con “desprestigiarme porque sabe mucho de mí”, dice, además me ordena que me calle. La compañera comunista de los presos políticos no tolera la crítica a este gobierno, pero además se adjudica el derecho a callar a los demás y de amenazarlos. Lo cual es una grave falta de respeto no sólo para la receptora de las amenazas, sino para todo el grupo.

No dudo que Barba sepa mucho de mí, incluso sabe mi domicilio en California, porque vivió en él, aún en mi ausencia. Se dijo perseguida por sus comentarios sobre Isabel Miranda de Wallace, y salió huyendo de Tijuana pidiendo mi ayuda. Mi familia le abrió las puertas de mi casa, mientras yo trabajaba de maestra bilingüe en Nuevo México, en 2015. Después de un tiempo en California, la llevé en mi auto a Nuevo México para que trabajara y siguiera protegida. Sin embargo, nunca buscó trabajo, y los gastos de su existencia durante ese tiempo corrieron por mi cuenta, hasta que decidió regresar a México. En un par de ocasiones, me pidió prestado para sobrevivir, así me lo dijo, y para comprar un uniforme para el trabajo. Y sin dudar le volví a dar la mano.

Mi trabajo periodístico sobre el falso caso Wallace que ha generado tantas discordias, también impactó los ánimos de Barba, sobre todo tras mis denuncias contra Ricardo Raphael por su plagio, y quien ahora simula verse amenazado también por Isabel Miranda, aunque se dirige a ella todavía como “activista” a sabiendas de sus torturas. En otro momento de 2019, Barba intentó entrar a la conferencia matutina del presidente en mi nombre, sin estar acreditada para ello, y sin haberme informado previamente. Situaciones que han intensificado su encono hacia mi persona y mi trabajo por haber denunciado ese abuso de confianza.

Hoy, su amenaza de desprestigiarme, es algo que ya hizo el mismo gobierno de López Obrador desde que denuncié en la mañanera a Isabel Miranda y a la exdiputada federal María de los Ángeles Huerta del Río en 2019. Y quien se encargó de hacer ese primer trabajo de calumnias y mentiras fue Sanjuana Martínez, con dinero público y la estructura de la agencia Notimex. Una campaña de odio en mi contra, y en contra de otras siete periodistas, que aún no han termina. Lo mismo ha hecho el coordinador de comunicación de presidencia Jesús Ramírez Cuevas, quien censuró mis denuncias en la misma mañanera.

Y hasta el presidente López Obrador cuando le informé las agresiones de Sanjuana Martínez, su respuesta fue que no lo creía, porque ella era muy profesional. Luego ante mi insistencia por las víctimas de fabricación de culpables, el presidente dijo haciendo aspavientos con las manos: “ya no quiero escuchar esto, quiero que se resuelva”. Sin embargo, la forma de resolverlo para sus subordinados no es poner en libertad a las víctimas, pese a haber demostrado su inocencia, sino la disposición de recursos para implementar ataques a mi persona, campañas de desprestigio, espionaje de sus empresarios allegados y manipulación de la información que he dado a conocer sobre el falso caso Wallace y otros casos sensibles. Hasta narcomantas y amenazas a mi familia. Todo esto, insisto, con el sello Morena.

De tal suerte que, las amenazas de desprestigio de la compañera Patricia Barba Ávila me resultan pueriles, como sus calumnias. En su afán, alude a un pago no hecho de una traducción del libro de Brenda Quevedo Cruz, una contribución que hizo por su propia voluntad. Pero por mero sentido común pregunto: ¿por qué yo tendría que pagar la traducción del libro de Brenda? ¿Qué responsabilidad tengo yo en ello? En carta pública, promovida por Ricardo Raphael, la misma madre me pidió que dejara el caso de su hija. Y eso hice.

Esta historia es contada, porque para defender la libertad, nuestra o la de los demás, se necesitan ciertos principios éticos y valores, como bien lo saben los defensores de derechos humanos. La congruencia, por un lado, y la valentía para mirar de frente después de un error, por otro, son bastones para cualquier camino borrascoso en nuestras luchas; pero la dignidad y el respeto, indispensables. Porque la violencia en todas sus expresiones, incluso en las más sutiles formas de los diferentes rostros del gobierno, cansa, y es inaceptable para la experiencia que hemos acumulado en tantos años de estar defendiéndonos que una voz tóxica todavía nos dé la orden de callarnos.

Con voz propia

Las urgencias de Andrés Manuel

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TRAS BAMBALINAS

Por Jorge Octavio Ochoa.

El tiempo de la unidad y reconciliación se terminó. A dos años del término de su mandato, él decidió dejar de ser el presidente de los mexicanos y se convirtió en sujeto activo de una de las partes que contenderá por el poder.

A la luz de los desastres financieros, económicos, sociales y ecológicos que se avecinan al término de este sexenio, a Andrés Manuel le urge: 1) Consolidar a su partido, 2) Dejar en el poder a uno de sus fieles y 3) Consumar la militarización que mantenga el statu quo.

De no lograrlo, será el primer presidente de la república que pise la cárcel. Y es que el tamaño del desastre que se vislumbra en las obras estelares como el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto AIFA es descomunal. Dejará al erario al borde del colapso, con una inflación galopante y un compromiso social mayúsculo.

Por eso su dramático “cambio de opinión” y la entrega indiscriminada de obras y funciones al Ejército y Marina. Gane quien gane, nadie se atreverá a pedirle cuentas a las Fuerzas Armadas. Se mantendrán bajo reserva por más de un lustro, los datos del desastre.

Están documentados, en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pagos indebidos en el Tren Maya y Dos Bocas; pagos de pensiones y becas a gente no inscrita en los padrones de adultos mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro. Tan sólo el gobierno federal acumula irregularidades por 11 mil 848 millones de pesos.

Otros 37 mil 917 millones corresponden a anomalías detectadas en las cuentas de estados y municipios. Ha sido, pues, un desfalco descomunal que se ha gestado en la actual administración y hoy tenemos padrones de 10 millones de pensiones y 11 millones de becas que no sabemos cómo vamos a mantener.

A esto debemos sumar desvíos por más de 2 mil millones de pesos por irregularidades en contratos de compra en el sector salud para el presunto combate al Covid19 pero que no se cumplieron, como fue el caso de los famosos ventiladores que nunca se entregaron.

El Tren Maya es el ejemplo más claro y monumental de los abusos y falta de planeación en que ha incurrido el régimen lobradorista, pasando por encima de la Constitución, de las leyes secundarias, de las comunidades y ejidos; de las reservas históricas y ecológicas.

Costará alrededor de 20 mil millones de dólares, tres veces más de la estimación inicial; cruzará la selva maya; mutilará miles de árboles y quedará asentado sobre cuevas de piedra caliza, que no garantizan seguridad para los pesados trenes que pasarán por ahí.

Bajo el eufemismo de “Seguridad Nacional”, toda la información de trazos, costos y daño ambiental se mantendrá bajo reserva por 5 años o más. AMLO dobló a los jueces, a la Suprema Corte, impuso su voluntad, y dejará en manos de los militares la protección, administración y usufructo financiero de la obra.

Tan sólo el caso SEGALMEX sería suficiente para fincar responsabilidades a varios del gabinete en la presente administración. En la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó posibles irregularidades en Segalmex y sus empresas Liconsa y Diconsa, superiores a los ocho mil 600 millones de pesos.

Es una trama parecida a la ocurrida en Conasupo, antecesora de Segalmex, pero a la “N” potencia. AMLO la ha tratado de mantener en el silencio. Apenas en abril pasado, Leonel Cota Montaño fue designado nuevo director general del organismo descentralizado en sustitución de Ignacio Ovalle Fernández.

López Obrador mantiene protegido a este último, ahora como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed). Por eso el mandatario hace olas y tsunamis distractores, como la marcha del 27 de noviembre, con la que se siente renacido, fortalecido.

Pero es de escándalo el dispendio de recursos públicos; el uso y abuso de los puestos y recursos de la administración federal. René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas, de Segalmex fue acusado penalmente en 2019 por este tipo de abusos.

En julio de 2019, Gavira fue acusado por trabajadores de Segalmex y de sus empresas Diconsa y Liconsa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por irregularidades como:

  • Contratar a parientes cercanos
  • Incrementar injustificadamente el número de plazas de altos funcionarios
  • Pagar a un guardaespaldas con recursos públicos.
  • Realizar despidos injustificados.

Está vinculado a proceso por las acusaciones de utilizar 100 millones de pesos de Segalmex para “invertir” en la bolsa, según informó la Fiscalía General de la República (FGR), es una figura central de la red de corrupción que ha lastrado a ese organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Además. es señalado de ser responsable de ​​la adjudicación directa de siete contratos por cerca de 800 millones de pesos a empresas cuyos propietarios han sido señalados por la ASF de participar en un esquema de contratación ilegal.

Los abusos y el encubrimiento  

El uso y abuso es notorio. Así se vio con el desfile de más de 200 camiones para trasladar gente a la marcha del 27 de noviembre; la colocación de propaganda en espacios públicos y del Sistema de Transporte Colectivo. Todo, para demostrar que es un presidente adorado por más de 30 millones de mexicanos.

Pero nada de esto es nuevo. Desde el inicio de su mandato ha hecho todo lo legal e ilegal para blindar sus acciones y mantenerlas en la opacidad. Así, está reservada por 5 años o más toda la información referente a:

  • Planes de factibilidad de Santa Lucía y el AIFA
  • Contratos de la compra de vacunas para Covid19
  • Estudios clave del Fonatur sobre el Tren Maya.
  • Detalles sobre coberturas petroleras realizada por Hacienda
  • Informe del caso Tlahuelilpan y daños por ordeña de ductos de Pemex
  • Información del Culiacanazo y liberación de Ovidio Guzmán
  • Investigaciones sobre el general Cienfuegos hasta 2028
  • Venta del avión presidencial
  • Venta de acero proveniente del fallido aeropuerto de Texcoco

 

Pueblo dócil  

Por todo esto, resulta preocupante la docilidad con la que el pueblo mexicano va al matadero. López Obrador sabe que constitucionalmente no puede modificar ya el tamaño de las Cámaras de Diputados y Senadores, ni del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, no está claro si legalmente el gobierno federal puede adjudicarse el control del padrón electoral y del listado nominal, como lo tenía antes el PRI. Tampoco se sabe si puede cambiar de nombre al INE, para incluir entre sus funciones las consultas populares.

Ese pequeñísimo cambio es fundamental, pues implica una modificación jurídico-administrativa que implicaría sustituir la credencial de elector actual, lo que permitiría al régimen controlar el listado electoral y el principal documento con los datos completos de los ciudadanos. Así empezó la dictadura de Venezuela.

El caso de Venezuela nos parece tan ajeno y distante, que ni en nuestros peores sueños podemos imaginarnos tan cerca de una dictadura de ese tamaño, pero la reforma electoral que se avecina nos puede colocar en esa situación. Por eso la radicalización del discurso de AMLO.

Andrés Manuel se ha quedado ya sin posibilidad de reconciliación o de tregua. La polarización es su único camino porque, en medio de la calma, sus detractores lo harán pedazos y lloverán las demandas penales en su contra. De ahí esos nuevos intentos de victimización: “todos nos atacan, es una campaña brutal

Sí, la del 27N fue una especie de tsunami, pero el que se avecina para fines de sexenio puede ser descomunal. Dios nos agarre confesados.

El presidente miente todos los días. No hay mejora. Al 53% de los mexicanos no le alcanza para cubrir el consumo de la canasta básica; el Producto Interno Bruto per cápita es de los más bajos del mundo y casi el 55% de la Población Económicamente Activa (PEA) vive de la informalidad.

¿De qué demonios sirve, en esas circunstancias, decretar un salario mínimo que no llegará a todos y que sólo sirve para tasar costos y pagos de impuestos? El príncipe de las mareas, el amo de las manifestaciones y la protesta, hoy se queja de los reclamos de la oposición.

“Andanada brutal”, “Acción concertada”, le llama a la inconformidad de la sociedad. Van más de 140 mil asesinatos violentos en el país y matan por igual a ciudadanos que a jueces.

Vivimos un caso parecido al de la selección de futbol mexicana: la gente sabe que no da para más, pero mantiene la esperanza, la fe, aunque no existan posibilidades.

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Con voz propia

Estafa Siniestra en Hidalgo se fraguó incluso sin la intermediación de alcaldes

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En la Estafa Siniestra se detectó que el gobierno de Omar Fayat, incluido el otorgamiento de contratos a empresas fachada

Incluso sin la intermediación de alcaldes, la administración de Omar Fayad usó empresas fachada para desviar recursos. Es el caso de Aktaion Digital, una empresa que realiza páginas web que recibió un contrato por 7.2 MDD para recuperar datos hackeados, o eso afirmaron. Ésta es la tercera entrega de la serie Lavandería de contratos en Hidalgo

Por Emmanuel Ameth

El esquema de desvío de recursos mediante simulación de obras y servicios a través de empresas fachada denominado Estafa Siniestra, mismo que tiene en la cárcel a 3 alcaldes hidalguenses, 2 prófugos y 8 más investigados, no necesitó de los ayuntamientos para desviar recursos ni fueron ellos los únicos responsables: todo operó desde las entrañas de la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses. En esta tercera entrega de la Lavandería de contratos en Hidalgo se analizan 220 millones de pesos otorgados a Aktaion Digital, entre los que se encuentra un contrato de 144 millones de pesos que tuvo un proceso turbio.

A los 220 millones de pesos que en esta investigación se demuestra fueron otorgados mediante irregularidades, se suman los 228 millones de la segunda parte de esta serie y los 40 millones de la primera, los que en conjunto prácticamente igualan los 500 millones por los que se investiga a 13 alcaldes… y la presente no es la última entrega.

 

El contrato millonario que se celebró en lo oscurito

El departamento 5 del piso 14 en el edificio ubicado en la calle Coyoacán 1878, Acacias, en el ayuntamiento de Benito Juárez, alberga una cantidad considerable de presuntas empresas fachada que han sido beneficiadas por decenas de millones de pesos en procesos de licitación cuestionables a lo largo de los años. Sus ganancias sin embargo, llegaron a un nuevo nivel cuando el gobierno de Hidalgo se prestó a hacer operaciones con ellos, pues de 22 millones obtenidos a través de distintas instituciones, con el Gobierno de Omar Fayad pasaron a facturar 220 millones de pesos, es decir, 10 veces más.

Para saber más del tema: El Gobierno de Hidalgo gastó 228 millones para estudio de Salud con una institución cuestionable

Y es que habiendo sido exhibidos por cobrar cuantiosas sumas por la realización de estudios que nunca existieron y que fueron ordenados por Movimiento Ciudadano y el PRI, las personas detrás de Aktaion Digital, Tecnologías del Comercio Descentralizado y Humanity Asesores en Dirección, entre otras, encontraron en Hidalgo un oasis para seguir operando de la forma que más les agrada: recibir jugosos contratos, todos a sobreprecio y en procesos amañados. Incluso, el más costoso fue escondido del escrutinio público, lo cual no impidió que se tuviera acceso al mismo.

Fue el pasado 31 de marzo que el Instituto Hidalguense de Educación representado por Pablo Moreno Calva, subordinado del entonces secretario Atilano Rodríguez Pérez, celebró un contrato con Aktaion Digital bajo la figura de Tania Edith Ayala Trejo.

El concepto fue por “Servicios especializados en recuperación de datos e información de diversas máquinas virtuales (VMWare, Sphere, Hypere, HyperV y VCenter) y recuperación de datos en sistemas basados en VM. Impresoras para oficina y Recuperación de discos duros virtuales de sistemas RAID fallidos para reconstrucción de máquinas virtuales”.

El monto del contrato fue por 144 millones de pesos y los archivos se solicitaron en almacenamientos físicos para el 7 de abril además de reactivarse el servicio.

Así, según las mismas condiciones del documento, la empresa se hizo beneficiaria del contrato apenas 3 días antes de iniciar las campañas por la gubernatura y recibió 20.57 millones cada día que prestó sus servicios, siendo liberado el pago el 7 de mayo.

Al respecto Natividad Castrejón Valdez, titular de Educación Pública en la entidad (SEPH), precisó que actualmente la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo realiza indagatorias sobre diversos contratos, teniendo este la particularidad de que previamente existió el “secuestro” de datos sensibles y que se pidió un rescate ellos, condición que no se aceptó.

Lo raro del asunto, aseguró el funcionario, es que los supuestos “hackers” no se hicieron de información sobre la nómina, habiendo una presunta colusión para no afectar a trabajadores de la SEPH.

Pero aunado a lo expresado por Castrejón, quien se reservó datos para no entorpecer las investigaciones que actualmente se encuentran en curso, existieron otras irregularidades con el contrato.

Lee más: El escándalo de corrupción de las Lavanderías de contratos en Hidalgo

Primero, no hubo convocatoria alguna para concursar el contrato ni tampoco existió asamblea alguna y/o sesión por un comité de adquisiciones para adjudicar de manera directa. En segundo lugar, el monto de 144 millones fue exagerado, especialmente para un “servicio” que se realizó en apenas una semana. Por si hacía falta, el domicilio de la empresa tiene las características de ser una empresa fachada, además de cambiar de representantes legales según el proceso, característica que comparte con las demás Lavanderías de contratos e incluso con La Estafa siniestra.

 

La empresa fachada donde se lavaron los contratos

Según la información recabada en el padrón de proveedores, para el PRI en el Estado de México, Aktaion Digital realiza servicios de estrategias de comunicación, publicidad y asesoría de contenidos en plataformas digitales, además de producción audiovisual y hasta venta de mobiliario: para Movimiento Ciudadano, realizan estudios académicos además de la elaboración de monitoreos de medios, siendo también proveedores de papelería; para el INE son contratistas de trabajos de construcción, mientras que para el gobierno de Hidalgo, se trata de proveedores especializados de servicios y de equipos de informática.

Lo cierto es que su única especialidad sería la de confabularse con funcionarios para realizar jugosos contratos en los que ambos se vean beneficiados, o al menos eso se puede concluir de un análisis rápido sobre su información.

Y es que si vamos a su página web, Aktaion Digital describe como únicas áreas de especialidad las del diseño de páginas y de posicionamiento SEO. Pese a ello, incluso para su propia web contrataron a una empresa externa y sólo habrían invertido mil pesos anuales para la misma, adquiriendo la más económica del portafolio del proveedor.

Aunado a ello, Aktaion Digital se encuentra domiciliada en el departamento 1405 de Coyoacán 1878 en la Col. Acacias, un edificio habitacional donde los condominios son rentados como oficinas.

Como empresas ligadas a ese domicilio o bien vinculadas a los representantes legales de las entidades que allí se ubican, la Plataforma Nacional de Transparencia destaca a las entidades Ciprom Medical (CME181003C76), Consumer Consulting and Research (CCR020625BW3) -y Comercializadora Construmax-, Comercializadora Lorgies (CLO170208MM6), Tecmoin (TEC141027882), GSAU Pachuca (GPA190731J66) -y Grupo Susuki-, Ecopro Evaluación y Coordinación de Proyectos (EST1502265N6) -y Grupo Constructor Barocsa, Ackme Inc., Meridiano RL Consultorías y Estrategias, Estrem, Highway Signs de México, A.R. Consultores en Ingeniería Estructural, MT Instalaciones y Servicios, Promotora y verificadora de la Construcción-, Immanem (IMM1911255P3), Grupo Comercial Textilero Montes (GCT160804CK7) -e Inmobiliaria de Bienes y Raíces Orald-, Tony Gon Promocionales (TGP111213f78) -y RaMexico Consultores-, Corporb (COR180509Q32), Rocher Ingeniería (ARS160920CP0) -y All Risk Supervisión y Construcción, Servicios Interdisciplinarios para Inversiones y Proyectos, Euro Estudios, Precisa Industrial, Proyección y Construcción en Sistemas Inteligentes Jili, Desarrollo M70, Consultores y Constructores Escalante-, DivyMax México (DME1902141N6), Vortex Bussines (VBU171020520) -y Grupo de Limpieza y Mantenimiento Integral-, Grubiem (GRU190719HK5), e Inmobiliaria de Bienes y Raíces Orald (IBR160822G4A) -y Oaxaca manos de Ayuda AC-.

 

Es así que al menos 15 empresas se encuentran domiciliadas en Coyoacán 1878 Depto. 1405 de las que derivan otras 21 a dichos representantes legales. Cabe señalar que el área de alrededor de 70 m2 es fraccionada hasta en 5 cubículos por los que cada uno paga una renta promedio de 5 mil pesos pese a que el departamento completo no suele rebasar los 15 mil mensuales y supuestamente no se puede subarrendar.

*NOTA Para evitar la investigación de otros cientos de contratos vinculados a las 36 entidades referidas y sus representantes legales en el domicilio antes referido, que a la autoridad corresponderá investigar con los recursos suficientes para ello, nos enfocaremos específicamente a Aktaion Digital y sus representantes legales.

 

Una mina de oro el gobierno de Hidalgo para Aktaion Digital

Aktaion Digital ha sido representado por Tania Edith Ayala Tejo (EA-913003989-N019-2021, 7-03-2022/PRI, EA-913003989-N18-2021, AT-2021-140), Vianey Yadira Mora Marín (C-020-21, IA-913009982-E5-2020, EA-913003989-N386-2020), Edith Martínez Martínez (EA-913003989-N283-2021, EA-913003989-N197-2021), Alejandro Ríos Ortega (EA-9130039898-N436-2021) y María de los Ángeles Martínez Castillo (EA-913003989-N191-2022).

A su vez, Vianey Yadira Mora Marín representa a Tecnologías del Comercio Descentralizado, siendo también socia a partes iguales de Miguel Ángel Velázquez Argüello en Humanity Asesores en Dirección.

Con el PRI del Estado de México, Movimiento Ciudadano, la alcaldía de Tlalpan y el INE, Aktaion Digital, Tecnologías del Comercio Descentralizado y Humanity Asesores en Dirección suman 22 contratos por un total de 20 millones 832 mil 304.10 pesos. Como particularidad, 16 de estos contratos los firmaron con Movimiento Ciudadano el mismo día y en conjunto sumaron 10.2 millones de pesos, todos ellos por supuestos “estudios” que como reveló el periodista Álvaro Delgado de Sin Embargo, no se tiene certeza alguna de que efectivamente hayan sido realizados.

Con el Gobierno de Hidalgo sin embargo, vivieron su verdadera bonanza, pues de los contratos disponibles en transparencia, bastaron 8 de ellos para obtener 75 millones 448 mil 202.78 pesos, que sumado al de 144 millones firmado “en lo oscurito” nos da 219.5 millones de pesos, prácticamente 10 veces más que los obtenidos con otras instituciones.

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Aktaion Digital y “La Estafa Siniestra”

Elías S. S., alcalde de Yahualica, es uno de los tres presidentes municipales que se encuentran en prisión por su probable responsabilidad en el desvío de 29 millones 224 mil 736 pesos por el esquema de saqueo denominado La Estafa Siniestra.

Según lo rescatado por versiones periodísticas, funcionarios a nivel Secretario del Gobierno de Hidalgo contactaron presidentes municipales para ofrecerles un negocio mediante recursos extraordinarios de la Federación, el cual consistía en simular obras o servicios, quedarse con el 30% de la asignación y regresar el 70% mediante depósitos a empresas fachada, entre las que presuntamente se encontraban Aktaion Digital, Grupo Constructor Integral Cardavi y Team Xao.

Para el caso de Aktaion, en Yahualica, en su manual de registro de gastos se menciona como ejemplo la captura de una supuesta factura por 7.5 millones de pesos que le habrían sido transferidos por servicios informáticos.

 

 

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Con voz propia

La persecución del periodismo independiente en México: Seminario Kapuscinski en Chihuahua

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La violencia contra el periodismo independiente y quienes lo ejercen se mostró en el Seminario Kapuscinski

 

Por Miguel Montesinos León

El fin de semana fue muy intenso en la vida política nacional, sin embargo, los medios masivos de información no hicieron eco del asesinato del periodista Pedro Pablo Kumul en Veracruz.

Durante los cuatro años de este gobierno, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos se acrecentó a tal grado que para la sociedad es normal la persecución, la fabricación de carpetas de investigación en contra de periodistas qué sufren persecución, encarcelamientos injustos o son asesinados por decir la verdad.

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En el X Seminario Internacional Ryszard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras, fundado por la Universidad Miguel Hernández, de Elche España, y que ahora se realizó en Chihuahua por primera vez, del 16 al 18 de noviembre, donde periodistas de diversos países expusieron los peligros y desafíos de la prensa, específicamente de medios y periodistas independientes que manifestaron su preocupación por la ola de violencia en contra del gremio periodístico en México. Un seminario qué cruzo el Atlántico para darle vida al periodismo, que en palabras de los conferencistas de talla internacional se encuentra postrado al poder político de México.

Marco Lara Klahr, en su ponencia destacó la importancia del periodismo en su magistral participación denominada Acoso, desprestigio y criminalización de periodistas, en la que destacó que el periodismo no es un oficio, porque no se basa en prácticas reiterativas. El periodismo es una función crecientemente compleja, el periodismo es una profesión. El periodismo se ejerce en el marco de un derecho humano qué es la libertad de expresión, en un segundo nivel al ser un derecho humano es un mecanismo de información, especificó el ponente.

El periodismo mexicano, en efecto, está postrado al poder político porque muchísimos periodistas que ejercían de contrapeso democrático ahora son voceros del gobierno en turno. Periodistas como voceros oficiosos que antes ejercían el saludable contrapeso democrático en la sociedad mexicana. Pero el periodismo está de luto en ese sentido, y en ese sentido el periodismo ha dejado de ser el cuarto poder.

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Hoy en la boca de populistas como López Obrador o Bukele el cuarto poder es algo denigrante. Sin embargo, cuando el periodismo ejerce la función de cuarto poder en un sentido de contrapeso de los otros tres poderes, se vuelve un poder necesario, indispensable para la salud democrática, porque sin periodismo profesional, que sirva de contrapeso, no hay salud democracia.

¿Dónde dice qué la libertad de expresión es un derecho humano y tiene contraprestaciones?, pregunta Lara Klahr ante la audiencia del seminario.

Está en los tratados internacionales, específicamente está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, en el Artículo 19, y está en el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y también está en el artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos y en el artículo sexto de la Constitución Mexicana donde se establece el derecho a la libertad de expresión como un derecho humano.

No obstante, el periodismo está postrado hoy en México, y tiene que recapitalizarse.

¿Quién es el sujeto obligado, quién está obligado a garantizar el derecho humano a la libertad de expresión? De acuerdo con los tratados internacionales y la Constitución mexicana la obligación de garantizar la libertad de expresión es del Estado, y en consecuencia quienes ejercen el poder público. Ese sujeto obligado de acuerdo con los tratados internacionales y la Constitución está obligado a respetarla, está obligado a protegerla, pero ahora en México tenemos un presidente qué es el redactor en jefe, es el que arma las primeras planas a la luz de los Guacamaya Leaks.

En esta magistral conferencia el maestro Marco Lara dejó en claro que los medios están postrados al poder público ya que dependen del presupuesto público y por ende no pueden morder la mano de quien les da de comer. Es de suma importancia que los periodistas profesionales sean independientes, pero eso en México se traduce en persecución política, fabricación de carpetas penales o incluso en asesinato.

El caso del periodista Héctor Valdez, quien acudió a Palacio Nacional y le pidió la protección y apoyo al presidente de México lleva dos años preso en el penal de Santa Martha Acatitla, caso que fue expuesto en Chihuahua en el marco del seminario, al igual que las agresiones, amenazas de muerte y persecución al periodista Alfredo Griz.

El periodismo en México tiene que empoderarse, tener aliados, crear redes internacionales, volver a inyectarle la dignidad para ser un pilar en la democracia. De lo contrario, será más de lo mismo, cárcel, muerte o exilio, fueron parte de las conclusiones del evento en los salones de Palacio Nacional del gobierno del estado de Chihuahua, donde se habló sin tapujos de los problemas del ejercicio de la libertad de expresión.

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