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Con voz propia

¿Un violador de derechos humanos a la Suprema Corte de Justicia?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México podría ser contaminada con la trayectoria violatoria de derechos humanos de Eduardo Medina Mora

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Embajador Eduardo Medina Mora. Foto: red

Embajador Eduardo Medina Mora. Foto: red

Amador Rodríguez Lozano

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del país. Es la institución que dice la última palabra respecto a lo que estipula la Constitución, resuelve los conflictos entre la federación y los municipios del país. Es también quien evita los excesos del poder y obliga a las autoridades a respetar sus derechos humanos de los habitantes de México. No hay un solo acto jurídico, salvo lo electoral, que no esté sujeto a su revisión, de ahí la importancia de que sus miembros, no solo sean juristas distinguidos, sino hombres y mujeres de Estado con gran calidad moral, honestidad acrisolada, independencia e imparcialidad, conscientes de su alta responsabilidad ante la nación.

De ahí que Eduardo Medina Mora no deba ser electo ministro de la Suprema Corte de la Nación. Éstas son mis razones: Primero, no reúne todos los requisitos que exige la Constitución, no importa que la Comisión de Justicia del Senado, sin mayor estudio, lo haya considerado elegible. Ciertamente los requisitos formales señalados en la fracción I, II y III del artículo 95 de la Constitución, sí los cumple: es ciudadano mexicano con plenos derechos, tiene título de abogado con más de 10 años de antigüedad y tiene más de 35 años de edad. Los problemas empiezan con el párrafo IV «gozar de buena reputación» ¿Tiene Eduardo Medina Mora buena reputación? No, y lo voy a demostrar. El diccionario jurídico mexicano se refiere a la buena reputación cuando trata del requisito para ser ministerio público, este requisito debe tener mayor relevancia para la elección de un ministro de nuestra Corte Constitucional, «la reputación, señala el diccionario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tiene que ver con la fama y el prestigio de una persona que le reconocen los demás, por los comportamientos que ha demostrado a lo largo de su vida, la cual siendo honrada y decente es reconocida como tal. Comportamientos que se traducen en un compromiso real, no aparente, con la excelencia personal, comprendida ésta, como aquella práctica reiterada de las virtudes cívicas, en las que se identifica principalmente el humanismo, es decir el reconocimiento de que toda persona humana esta investida de una alta dignidad y como tal debe ser tratada», hasta aquí la cita del diccionario jurídico.

Me pregunto si Medina, como director del CISEN, institución que realiza labores de espionaje, responsable, entre otras tareas, de la vigilancia telefónica ilegal de los políticos, grupos sociales y en general de los opositores al gobierno, ¿respetó la Constitución? ¿Medina Mora respetó las garantías de las personas? ¿Las trató con dignidad y respeto? Claro que no, Medina Mora fue un instrumento del gobierno de Vicente Fox para espiar ilegalmente a todos los opositores de su gobierno, violando flagrantemente sus garantías de seguridad y privacidad. Como Secretario de Seguridad Pública Federal y procurador general del país, tuvo acciones similares, de reiterada violación de los derechos humanos y de las garantías jurídicas en general.

Describo algunos casos. En el ejemplo de Atenco, pueblo del Estado de México, cuyos pobladores se opusieron a que le quitaran sus tierras para construir un aeropuerto, Medina Mora como secretario de Seguridad pública federal, permitió primero las atrocidades cometidas contra este pueblo, siendo Peña gobernador, lo que tal vez le esté valiendo estar en la terna del Presidente. Más tarde como procurador, les negó la posibilidad de investigar tales hechos y les dio carpetazo. Rechazó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Durante este operativo 26 mujeres denunciaron violaciones sexuales. Este caso sigue en investigación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En 2008, no aceptó una recomendación de la CNDH, sobre la violación de derechos humanos en el caso de la explosión de la mina Pasta de Conchos, lo que motivó que fuera finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que obligara al gobierno mexicano a reconocer dicha violación. Violó los derechos humanos de Jacinta, Teresa y Alberta, tres indígenas otomíes a las que acusó falsamente de haber secuestrado a seis agentes de la ya desaparecida Agencia Federal de Investigación. Amnistía internacional las consideró presas de conciencia y la Suprema Corte les otorgó amparo, revocó la sentencia y las declaró inocentes.

Permitió la violación del territorio nacional, al hacerse de la vista gorda, de la famosa operación «Rápido y furioso» que introdujo armas ilegalmente desde Estados Unidos de América como parte de una operación encubierta fallida. Además mintió a México como procurador y, ahora, al Senado, diciendo que no sabía de tal operación. Hay documentos públicos estadounidenses, que demuestran que sí estaba informado (documentación comprobatoria #230, al informe del Congreso de USA, titulado: R&F, la anatomía de una operación fallida, hecha pública el 31 de Julio del 2012).

Como procurador llevó el proceso tan famoso de Florence Cassez, el cual al final, la Corte declaró ilegal, con todas las repercusiones internacionales, que nos llevaron casi a la ruptura de relaciones diplomáticas con Francia. Medina Mora también fue acusado en España de violar los derechos de una ciudadana española Cristina Valls, por actos de tortura, acusación que si bien fue desechada, seguramente por una gran actividad diplomática del gobierno de Calderón, fue una querella que al final fue analizado por el Tribunal constitucional de aquel país. Todos los anteriores hechos nos demuestran fehacientemente que Eduardo Medina Mora, no tiene buena reputación, sino todo lo contrario. Por lo que no reúne el requisito de la fracción IV Del artículo 95.

En la fracción V, la Constitución establece que debe haber residido en el territorio nacional los últimos dos años antes de su designación. A todas luces no reúne este requisito, pues ha estado residiendo en la ciudad de Washington, D.C., como le corresponde como embajador de México ante el gobierno de USA. Antes de eso, fue embajador en Londres. Querer realizar una interpretación política de la Constitución es inaceptable, en el sentido de que la embajada mexicana en Washington es territorio nacional. Esto es una total falacia, primero, pues el derecho internacional no reconoce a los lugares de las embajadas como territorio de los países que establecen tal sede diplomática en su capital, es tan sólo un hecho de reciprocidad internacional, donde se respetan las los territorios donde se asientan las embajadas extranjeras, para que se respeten en dichos países las propias. Así lo considera la Convención de Viena sobre Derecho diplomático vigente, pero además, independientemente de lo anterior una cosa es el status de la embajada y otra la residencia del embajador.

Ahora bien, ¿cuál es el bien jurídicamente tutelado de esta disposición respecto a la residencia en territorio nacional? Que el que vaya a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia tenga arraigo y esté totalmente familiarizado con los asuntos cotidianos del país, sobre el particular, los de carácter jurídico. El Tribunal Electoral Federal, al referirse a la residencia en materia electoral, ha señalado que: la vecindad y la residencia no se prueban sólo con la existencia de domicilio, ya que también se deben acreditar el tiempo y la efectividad de las mismas, ya que el concepto de vecindad implica elementos de fijeza y permanencia que consiste en mantener casa, familia e intereses en una comunidad social determinada… Tampoco cabe excepción alguna; porque si la hubiera, la tendría que expresar la propia Constitución y no lo hace.

En sentido contrario, en 1994, como senador me tocó eliminar una excepción a tal disposición, en el sentido que se podía conservar hasta seis meses la residencia cuando se estaba en un servicio público. Tampoco le son aplicables los conceptos que pretende en el documento, en el cual el presidente Peña lo postula, alegando que la ley del Servicio exterior y el Código civil les permite mantener a los diplomáticos su domicilio. Erran terriblemente los asesores que le hicieron este documento a presidente Peña, pues primero, domicilio es algo totalmente distinto a residencia, una persona puede tener varios domicilios: el de trabajo, el fiscal, el conyugal, etcétera, pero sólo una residencia. Y, segundo, no es válida jurídicamente tal argumentación, porque aun siendo cierta, la jerarquía de la norma constitucional sobre las leyes secundarias, hace inaplicables estas últimas. Por lo tanto, el actual embajador no llena tampoco el espíritu ni la letra de la norma. Medina Mora tampoco cumple el requisito de residencia que establece la Constitución.

Los requisitos de la fracción VI son meramente formales y se refieren a no tener ciertos cargos en la administración pública federal o ser diputado federal, senador, gobernador de algún estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Aparentemente, el embajador los reúne, porque no ha tenido recientemente ninguno de estos cargos, pero el interés jurídicamente tutelado es la imparcialidad frente al poder ejecutivo y estos requisitos no los llena Medina Mora, primero porque el propio presidente Peña lo evidenció al expresar que mandó una terna con Eduardo Medina Mora.

No, señor presidente, la terna es de tres y no de uno. Además se corre el rumor en el Senado, que personal del Ejecutivo está tratando de comprar votos en su favor. No sé si sea cierto, pero cuando el río suena es que agua lleva; además, tal como lo señala el senador Javier Corral, el expresidente de la Corte Mariano Azuela, íntimo amigo del ex presidente Salinas, principal impulsor de Medina Mora, estuvo en el Senado, tratando de convencer a los senadores que aprobaran a Medina Mora. ¿Por qué tanto interés?

Pero, además, no hay tal imparcialidad en el actual embajador en Washington, sirve a los intereses del Ejecutivo en turno. En Atenco, ayudó a Fox y al entonces gobernador Peña; en Michoacán, detuvo ilegalmente –en una acción sin precedentes– en la historia política reciente, espectacular y televisada, a 38 presidentes municipales de Michoacán, sin cumplir el requisito de desafuero que la Ley establece, los detuvo sin pruebas, para intentar que el PAN de Calderón ganara las elecciones michoacanas. Todos los presidentes municipales salieron libres por falta de pruebas. Lo mismo se puede decir del caso de la mina Pasta de Conchos, privilegió las instrucciones presidenciales de proteger a los intereses de los propietarios de las minas. Finalmente, sirvió a los intereses presidenciales al solicitar la acción de inconstitucionalidad en contra de la legislación del aborto en el Distrito Federal, acción que por cierto perdió. Entonces, ¿dónde está la imparcialidad e independencia frente al Poder que debe caracterizar al titular del Ministerio Público Federal? Los ejemplos nos demuestran que de aprobarse su nombramiento como ministro sería un lacayo jurídico del presidente en turno y de los intereses más regresivos del país.

Por último, el párrafo final del articulo 95 mandata que se debe preferir a personas que se hayan destacado por su eficacia, capacidad y probidad en la procuración de justicia, cualidades que con lo arriba expresado se demuestra que Eduardo Medina Mora ni es eficaz, ni tiene capacidad ni eficiencia, pues según datos de México, el índice delictivo en 2007 fue del 97%, y la impunidad en ese mismo año fue del 98.76%.

En febrero del 2008, México Único en contra de la Delincuencia y consulta Mitofsky encontraron, en una encuesta nacional, que el 41% de los mexicanos sostenía que era mucha la corrupción en el Ministerio público. Según el CIDE, del 2005 al 2008, (Medina fue procurador del 2006 al 2009), de acuerdo con las víctimas, calificaron con un 4,1 de escala de uno al 10, la eficacia del Ministerio público. Podríamos seguir dando cifras, pero el resultado es el mismo, como secretario de Seguridad pública federal y como procurador general de la República, ni fue eficaz ni tuvo la capacidad para combatir con éxito la delincuencia. Si se tuviera más tiempo y los senadores fueran más responsables, y además analizaran las consignaciones bajo su encargo, se demostraría que la mayoría de los procesados salieron libres.

Una última reflexión: el fortalecimiento del Poder Judicial Federal y de la Corte Constitucional no puede quedar en entredicho con la aprobación de un sujeto como Medina Mora. ¿Por qué poner en riesgo el poco pero bien ganado prestigio que goza actualmente la Suprema Corte de Justicia? ¿Que no habrá argumentos jurídicos suficientes y adecuados para que el Ejecutivo federal defienda sus casos que se lleguen a ventilar en la Corte sin tener un incondicional? ¿Es necesario un personaje tan desprestigiado como el actual embajador para garantizar la presencia de una persona cercana al Ejecutivo en el debate de los asuntos jurídico- constitucionales más relevantes de la Nación? Yo no lo creo, ojalá que coincidan conmigo los senadores. Me preocupa que haya 12 suplentes en el Senado sin experiencia legislativa, que serán, espero que no, fácilmente influenciables por la seductora voz presidencial.

Fuente: Blog del autor

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Radicalismos, contra miembros de MORENA

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TRAS BAMBALINAS

Por Jorge Octavio Ochoa 

No fue necesario esperar mucho para confirmar lo dicho: el 2022 será más violento y aciago que los dos años anteriores, y así será para el resto del sexenio. 

En tan sólo dos semanas transcurridas, van más de 600 asesinatos violentos a manos de dos cárteles sanguinarios, que deja cadáveres ante oficinas de gobierno, sin que el Estado los pueda confrontar.  

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa, van por el territorio esparciendo muerte. El “Culiacanazo” ya suena más como alianza, que como pretexto. Por si esto no fuera suficiente, y la pandemia no hubiera hecho ya su labor con más de 650 mil muertes en exceso, nos tendremos que soplar la pugnacidad que se ha desatado por la sucesión presidencial. 

Y es el mismísimo presidente de la república, quien nos habla de una próxima “radicalización”, como si el país no tuviera ya suficiente intranquilidad y pocos resultados del actual régimen. Sin embargo, el término “radicalización”, esta vez parece más una advertencia para los fieles de MORENA, que para la población en general. Todo, a resultas de una entrevista que fue sacada de contexto. 

Ricardo Monreal le puede caer a usted bien o mal. Puede estar de acuerdo o no con sus planteamientos políticos, pero hay un hecho incontrastable, innegable. Es el único, dentro del nuevo aparato de Estado que se llama Morena, en atreverse a decir NO al presidente de la república, y eso, en estos tiempos, es digno de reconocerse, sobre todo por las reacciones amenazantes que ya se ven. 

La primera advertencia, vino con la detención en Veracruz, de un alto funcionario de la Cámara de Senadores, a quien se le imputa la autoría intelectual de un asesinato en el que, paradójicamente, no hay prueba alguna. La detención fue poco después de que Monreal planteó la necesidad de abrir la elección interna de MORENA para elegir candidato en el 2024, más allá de las encuestas, que sólo han dejado una cauda de sospechas sobre manipulación. 

Ya para entonces, López Obrador andaba bastante enojado por el tema de la Reforma Eléctrica, pues si bien en la Cámara de Diputados tenía mayoría aplastante para plancharla con puntos y comas, en el Senado no. 

Y no era sólo un asunto de mayorías. La actitud de Monreal, de “conciliar” antes que imponer, no le gustó al señor de Palacio, como se vio después con el tema de la UNAM y el CIDE. De hecho, está pendiente la comparecencia de la señora Buylla. 

Descontextualizar, mentir y crear culpables 

Pero, al margen de esto, nos concentraremos en la entrevista que el zacatecano dio a Reforma, y que fue motivo de la violenta respuesta del presidente, que hoy se erige como el más radical de los radicales. 

El senador fue muy claro: “Los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan, allá ellos. Se equivocan, porque no va a quedar país para nadie, el aniquilamiento sólo deja destrucción”. 

Luego declaró que fue un error adelantar la sucesión presidencial en MORENA, y dijo que “los radicales” quieren aniquilarlo políticamente. Roberto Zamarripa le preguntó: ¿Esta sucesión es depuración? “Pugna y purga, a nadie le conviene”, contestó aquel. 

Después insistió en que esta sucesión adelantada “ha provocado una guerra temprana y, lamentablemente, si no hay reglas claras y compromisos políticos internos, se va a agudizar”. 

“No se requiere ser tan sabio para prever que esto puede terminar mal”, sentenció tajante,  

“Ni reclamo patrocinio ni que se incrusten en el gobierno personajes que simpaticen conmigo; lo único que quiero es que se democratice la decisión del partido en el momento de tomarla”. 

“Estas cargadas previas y aceleradas van a generar un problema serio”. Estamos a tiempo, dijo, de evitar que la característica principal de la etapa moderna de Morena sea la pugna y la purga, y no el diálogo y la conciliación”. 

Finalmente, se pronunció en contra de la radicalización y dijo que el corrimiento hacia el centro es lo que permitió “la contundencia” del triunfo de López Obrador en el 2018. 

Pero López Obrador descontextualizó la entrevista y centro la discusión en la palabra “radicalización”. Dijo ser radical, porque busca arrancar de raíz la corrupción, al régimen corrupto, de injusticias y privilegios. 

Y de ahí, hilvanó nuevamente un mensaje a los militantes: “nada se logra con las medias tintas, con el centrismo, la moderación”. De lo contrario, no podría hacer la “Cuarta Transformación”; no llegué al poder para engañar y simular. 

El detalle es que, en términos reales, el líder del Senado nunca dijo estar en contra de esos ideales. Sólo centró sus críticas en las actitudes que impiden la participación de los militantes, debido a decisiones verticales.  

El problema es que, al estar inspirado en una figura hegemónica, en los códigos no escritos de Morena, aspirar está prohibido; no se puede ir contra de las decisiones del partido, ni mucho menos del presidente de la República.  

Así se ve a la luz del caso Susana Harp, donde las encuestas sólo fueron una artimaña para validar una decisión que ya estaba tomada. Esto, dicho por la propia artista, curiosamente hija de uno de los primeros dueños de Banamex. 

Pero las fricciones vienen de más lejos, cuando Monreal quiso ser candidato a la Jefatura de Gobierno, y López Obrador impuso a Sheinbaum como candidata. Monreal estuvo a punto de salir del llamado “movimiento”. 

A la larga, la oferta que le hicieron fue exponencialmente mejor. De hecho, no tuvo que cargar con la derrota electoral más desastrosa que ha sufrido Morena en su corta historia de vida, precisamente en la capital de la república. 

Así, desde el Senado, Monreal ha podido mediar en varios conflictos, concitar el acuerdo con PRI-PAN-PRD, frenar temas escabrosos y enfrentar el embate que encabeza aparentemente el gobernador de Veracruz.  

La farsa de la radicalización 

Así pues, la radicalización de la que habla López Obrador es una farsa. No va siquiera contra los que alguna vez llamó “La Mafia del Poder”. Simplemente, tres de ellos, la semana pasada fueron nominados para quedarse con Banamex. 

Los que podrían “nacionalizarlo”, según López Obrador, son Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y Carlos Hank. Libres y ufanos, ahí andan los dos tocayos de nombre y apellido de Carlos Salinas. 

Del otro, existen versiones públicas de haber sido quien lavó dinero para los Beltrán Leyva, en Tijuana. Todo, como si el tiempo y los hechos se hubieran borrado mágicamente.  

Tampoco va contra los principales líderes del narcotráfico en México, que son quienes han desatado el salvajismo y las ejecuciones en los últimos dos años. 

Las mentiras, como heces fecales, flotan 

Gota a gota, las mentiras, como las heces fecales, flotan. Y recomendar a unos para recortar sus gastos, pero no decir nada por la erogación de 850 millones para promocionar una imagen, es poco menos que cínico. Sheinbaum sabe de eso. 

Peor aún: guardar silencio por el desvío de 4.5 millones de pesos con la retención del 10% de salario a 550 empleados durante 5 años del gobierno municipal de Texcoco, es algo más que escandaloso. Son exactamente igual que los de antes.  

Delfina Gómez Álvarez quizá aspira a ser la nueva Elba Esther, por el grado de cinismo que encierra este acto. Hasta el momento, la Presidencia de la República, ni el presidente López Obrador han dicho nada al respecto. 

Pero ahí viene la revocación. Tengan cuidado con lo que piden, porque se les puede cumplir. Bueno, para eso está el rancho. 

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Con voz propia

El 16 de enero, entre la utopía, el atentado a Joel Ramírez y los cien años de Luis Echeverría

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Camilo Valenzuela

Sin memoria no sabríamos ni hablar.
Luis Cardoza y Aragón

46 años marcan este día como un momento histórico. Ni los apuros que la pandemia y la crisis económica que la acompaña nos provocan amnesia, ni los cambios ideológicos que el neoliberalismo impuso, ni la desmemoria que traen dilatados tiempos, ni las omisiones fingidas, pueden hacernos olvidar el 16 de enero de 1974. Eran tiempos de acumulación de riquezas en los campos hortícolas y de miserias entre sus jornaleros. Había sonado la hora de una vanguardia estudiantil que, con diferentes experiencias regionales en movimientos universitarios, acercamientos con precaristas solicitantes de tierras en el campo y pobres sin vivienda en la ciudad, organizaron una huelga general entre los trabajadores agrícolas del Valle de Culiacán.

El saldo oficial de aquella aciaga jornada fue la paralización de la actividad económica en el emporio de hortalizas, la pérdida de 8 vidas, cuatro de ellas de los jóvenes activistas de ese día y cuatro de las fuerzas policiales, una ofensiva policial y militar que no paró hasta el mes de marzo y detuvo a decenas de militantes de la organización responsable de promover la huelga general: la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Unos años atrás, en 1968 y 1971, los jóvenes habíamos salido a la calle demandando diálogo y democracia en México, la respuesta fue el rechazo a los planteamientos y la represión, como lo probó la noche de Tlatelolco aquel 2 de octubre y el trágico Jueves de Corpus (10 de junio). Y como no hay democracia sin pan, jóvenes de Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y otros estados, fundadores de la Liga, consideraron importante realizar lo que llamaron El asalto al Cielo: la Huelga General de obreros agrícolas.

El balance obligado a la distancia de casi medio siglo es que a consecuencia de aquellas acciones aparecieron programas de gobierno atendiendo la seguridad social, algunos problemas de vivienda, de educación y otros. No resolvían la columna vertebral de los problemas, desde luego. Eran los paliativos que el sistema ofrecía, buscando evitar un nuevo 16 de enero. También hay que mencionar que se desplegaron esfuerzos por organizar en sindicatos a los obreros agrícolas, en los que destacan afanes de la CIOACS y de la Corriente Socialista.

Y tenemos que reconocer que algunas de las infamias que ya tenían arraigo en 1974, como el trabajo infantil en los surcos de los campos agrícolas aún subsiste, como la ausencia de una seguridad social plena y la orfandad en la aplicación de las leyes que los protegen, pues basta revisar el número de inspectores del trabajo que deben vigilar la enorme cantidad de empresas, superficie sembrada y trabajadores, para observar que los jornaleros no son prioridad en las políticas públicas estatales y federales.

Por otra parte, la entrañable fecha del 16 de enero evoca al día que le sigue: el 17. Porque si la vida y el tiempo tienen continuidad, también la lucha la posee. Y cuando hablamos de esa lucha que no pierde de vista la utopía por más sinuoso que esté el camino y aunque haya que desandar algunos pasos, nos referimos a la lucha urbana que se desplegó por los pobres que arribaron a la ciudad sin recursos, demandando empleos, educación para sus hijos y lotes para construir viviendas.

Los años setenta, ochenta y noventa del siglo pasado, fueron testigos de infinitas acciones de invasión de latifundios urbanos con el fin de satisfacer esa ingente necesidad. En esa lucha destacó el hombre de teatro, cantor y activista Joel Ramírez Montes “el Chuco”. No estaba solo, era parte de la Coordinadora Nacional de Movimientos Urbanos, pero los dueños de las reservas territoriales de las ciudades no sólo son poderosos, tienen el respaldo de autoridades y no se detienen ante nada en la protección de sus propiedades. Las reservas debieran ser patrimonio de los ayuntamientos, pero son privados. Las amenazas contra Joel Ramírez Montes culminaron con el grave atentado contra su vida el día 17 de enero de 1996. Joel es el símbolo de esas familias pobres que llegaron a las ciudades expulsadas de sus pueblos rurales, por la violencia, por la ruina económica y por la contrarreforma agraria salinista.

Pero el 16 de enero este año nos refresca la memoria recordando los saldos dolorosos que nos dejaron el 2 de octubre del 68 y el 10 de junio de 1971. ¿Por qué lo decimos? Porque este lunes 17 cumple cien años el expresidente Luis Echeverría, un nefasto personaje central de aquellas fechas. Y si el Macondo de García Márquez vivió Cien años de Soledad, la sociedad mexicana podrá lamentar este lunes próximo que, en esos dilatados cien años de Echeverría, al menos hay más de 50 en la impunidad.

Hay una gigante deuda con los jornaleros agrícolas, con los héroes que buscaron un cambio social y murieron en la lucha en esos sacrificados años y en los siguientes. La deuda no es menor con Joel Ramírez y todos los activistas urbanos que cayeron en la lucha o padecieron la infaltable represión. Lo mismo reiteramos para las víctimas de 1968 y de 1971.

¡Viva el 16 de enero! ¡Viva Joel Ramírez! ¡Viva el 2 de octubre! ¡Viva el 10 de junio!

Ciudad Heroica de Culiacán Rosales, Sinaloa, a 16 de enero de 2022.

MOVIMIENTO DE UNIDAD SOCIALISTA-SINALOA (MUS-SIN)

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Arteleaks

Mario Vargas Llosa, persona non grata

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Por Alberto Farfán

Abordar al escritor peruano-español Mario Vargas Llosa (1936) desde una perspectiva literaria no presenta problema alguno, debido a que es un autor a carta cabal que ha escrito grandes obras, pero si lo hacemos desde un punto de vista político-ideológico emergerán una serie de aristas que lo situarán en el atroz fascismo de las ultraderechas de nuestro continente.

Y sin embargo, nos guste o no, todo indica que hay que separar ambos aspectos cuando uno ejerce la crítica literaria por simple ética. Un ejemplo de ello sería cuando a un personaje de renombre se le otorga algún galardón propio de su ámbito. Y al peruano le concedieron en 2010 el Premio Nobel de Literatura, entre una docena más de distinciones, evidentemente por su obra literaria, sin tomar en cuenta sus opiniones políticas.

De ahí que llame gratamente la atención la oposición de un grupo de académicos e intelectuales a que Vargas Llosa pase a formar parte de la Academia Francesa de la lengua, al ser elegido el 25 de noviembre de 2021 como miembro de la misma, cuyo nombramiento oficial se efectuará de manera formal por alrededor de un año o más a manos del presidente de la República.

Y si bien es cierto que lo primero que esgrimió este grupo opositor fue el respaldo público del peruano-español al candidato ultraderechista a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, declarándose éste abiertamente seguidor del legado del dictador Augusto Pinochet, quien al final de las elecciones realizadas el 21 de noviembre de 2021 resultó perdedor frente al izquierdista Gabriel Boric Font. También evocaron el apoyo hacia el autoritario y represor presidente colombiano Iván Duque, a la candidata presidencial ultraderechista Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto Fujimori, y su llamado en 1995 a que los argentinos deberían “enterrar el pasado”, aludiendo a que olvidaran los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura cívico-militar.

No obstante, también existen argumentos no políticos que deberían anular la acreditación del novelista. En el plano formal, uno de ellos es la edad; se puede ingresar a la Academia a los 75 años y Vargas Llosa tiene 85. En el orden implícito, el primer requisito es escribir en Francés y él sólo ha escrito su obra en español. Otro más es si piensa radicar en Francia con el objeto de asistir a las reuniones semanales de la institución. Luego está el de si va a naturalizarse francés, que aunque no es obligatorio este requisito sí es relevante para la Academia.

Ahora bien, si el objetivo fundamental de la Academia Francesa es salvaguardar la calidad y desarrollo de la lengua y de editar el Diccionario oficial de la Academia, me pregunto: un hombre que no cumple con el requisito de la edad y que nunca ha desarrollado su obra literaria en el idioma francés, aunque lo habla fluidamente, ¿qué oportunidad deberá tener de ser ratificado? Ninguna, sin lugar a dudas. Al contrario, debería ser declarado persona non grata por arribista y falto de ética.

 

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