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Justicia pendiente

UIF vuelve a interponer otra denuncia contra Emilio Lozoya

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por lo que en total suman denuncias contra el ex funcionario federal.

El organismo federal identificó un esquema de lavado de dinero de Pemex durante el periodo 2012 y 2016 a través de distintos contratos otorgados a 34 compañías relacionadas con la empresa brasileña Odebrecht por operaciones millonarias que se concretaron para favorecer a ex servidores públicos y financiar campañas políticas.

De acuerdo con la UIF, en el primer nivel de operaciones las empresas que fueron receptoras de los recursos públicos fueron erogados por Pemex, así como por los organismos gubernamentales de forma injustificada.

De la misma manera, las compañías tenían una relación directa con Odebrecht por medio de distintos vínculos corporativos, financieros y comerciales, por lo que una de las transferencias se realizó entre 2014 y 2016 por más de 3 mil millones de pesos por el pago por la prestación del servicio de la construcción.

Al respecto, el titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que con estas investigaciones se determinó la responsabilidad del ex titular de Pemex, por lo que esperarán a que la FGR realice las indagatorias correspondientes, contra Emilio Lozoya.

Emilio Lozoya se encuentra en prisión domiciliaria después de ser acusado de hechos de corrupción con la empresa Odebrecht, cuando estuvo al frente de Pemex, durante los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, y que le permitieron a la empresa brasileña seguir operando.

 

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Justicia pendiente

INE sanciona con más de mil 210 millones de pesos a partidos políticos por elecciones

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar con mil 210 millones de pesos a partidos políticos por distintas irregularidades durante el pasado proceso electoral en el que se renovó la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 30 congresos locales.

El organismo electoral determinó aplicar sanciones por 210 millones de pesos por irregularidades en el proceso electoral federal y 993 millones de pesos para los procesos locales del país.

Después de revisar las operaciones económicas de los partidos políticos por 11 mil 346 millones de pesos, de las cuales 5 mil 644 millones de pesos fueron por ingresos y 5 mil 702 millones de pesos de egresos de partidos políticos y candidatos.

Del total de las sanciones impuestas, el 91 por ciento corresponden a partidos políticos nacionales, el 8 por ciento a partidos políticos locales y el 0.5 por ciento a candidatos independientes.

De acuerdo con el INE, el 6 por ciento de los recursos económicos que recibieron los partidos políticos no fueron informados a las autoridades electorales, por lo que sumaron 268 millones de pesos en esta condición.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el partido más sancionado con 373.1 millones de pesos, Fuerza Por México con 102.9 millones de pesos, Redes Sociales Progresistas con 100.9 millones de pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 89.3 millones de pesos, el Partido Acción Nacional (PAN) con 88.4 millones de pesos, el Partido del Trabajo (PT) con 85.9 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 84.5 millones de pesos, Movimiento Ciudadano (MC) con 73.1 millones de pesos, el Partido Encuentro Social (PES) con 55 millones de pesos y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 42.8 millones de pesos.

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Justicia pendiente

Ex defensor público desmiente al ministro Zaldívar en temas de discriminación y defensa para pobres

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Por Ignacio García

El ex defensor público Alejandro Garduño Real desmintió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldìvar, y al director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Netzaí Sandoval Ballesteros, que aseguran en sus redes sociales que constantemente están preocupados en la defensa de los pobres y de atender la discriminación.

Por medio de una misiva, el ex servidor público refirió que cuando fue cesado como defensor público, siendo abogado de Jacobo Tagle, víctima del caso Wallace, el director del IFDP no consideró que se trató de una persona con discapacidad física y tenía que trasladarse a distintos puntos para ser notificado por la causa de su salida de la institución.

Mientras Zaldívar y Sandoval presumieron en sus respectivas redes sociales sobre su preocupación a los derechos humanos y la defensa de los pobres, el abogado Alejandro Garduño les recordó que siendo una persona en silla de ruedas tuvo que trasladarse a distintos espacios públicos ante la falta de respuesta de las autoridades.

También expresó que fue cesado cuando tomó los casos de defensoría pública de Jacobo Tagle Dobin en el “caso Wallace” y Francisco García Medel en el “caso Nelson Vargas”, debido a que durante su trayectoria como defensor público no había recibido ninguna amonestación, pero fue sustituido por personas allegadas al hermano de la ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Sandoval, quienes no cuentan con experiencia e ingresaron sin preparación previa.

Agregó que desde que decidió tomar los casos, Isabel Miranda de Wallace actuó en su contra para dejarlo fuera del caso como sucedió con otros abogados, mientras que durante su trabajo en el IFDP recibió constantes agresiones e incluso atentados con armas de fuego.

Los Ángeles Press documentó que el ex defensor público fue cesado después de tomar los casos de los acusados de Isabel Miranda, además de que el director del IFDP reemplazó a discreción en la nómina a trabajadores con antigüedad en la institución para incorporar a personas cercanas a su círculo.

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Justicia pendiente

FGR y ASF pretenden que Rosario Robles siga en prisión

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La Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pretenden que la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, siga en prisión y no se le conceda la prisión domiciliaria.

Ambas instituciones federales impugnaron el fallo del juzgado tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal que ordenara la imposición de brindarle la medida cautelar para que se revise su condición jurídica.

Tanto la FGR como la ASF interpusieron recursos de inconformidad y por ello el expediente será analizado por un tribunal, para que Rosario Robles se mantenga en prisión en el penal de Santa Martha Acatitla.

Las dos instituciones federales acusaron a la ex funcionaria federal de ejercicio indebido del servicio público, por lo que causó un daño al erario en más de cinco mil millones de pesos al haber participado en la denominada “Estafa Maestra”, esquema de corrupción que permitió la triangulación de recursos públicos por parte de la Sedesol.

Rosario Robles fue detenida el 13 de agosto de 2019 por elementos de la FGR que la acusaron de haber sido una de las impulsoras del desvío sistemático de recursos públicos, y aunque ha tratado de lograr un acuerdo con las autoridades federales no se consolidaron.

Robles fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aunque militó durante la mayor parte de su vida en la izquierda se unió al gobierno de Enrique Peña Nieto, sexenio en el que estuvo al frente de la Sedesol y posteriormente de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).

 

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