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Justicia pendiente

UIF investiga a Luis Videgaray por corrupción

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Por Ignacio García

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación al ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, por presunta corrupción durante su gestión en el gobierno federal.

Luego de las acusaciones del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, sobre la presunta responsabilidad del exfuncionario federal en los actos de corrupción con la empresa Odebrecht, así como el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

La UIF, encabezada por Santiago Nieto, investiga las presuntas responsabilidades de Videgaray como principal orquestador de la triangulación de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en las que participó Rosario Robles, y quien ha manifestado su intención de colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR).

La unidad financiera busca determinar las irregularidades en las cuentas de Luis Videgaray, ya que ha sido señalado como uno de los principales responsables de los actos de corrupción cometidos en la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que la FGR integra una indagatoria correspondiente.

La UIF realiza indagatorias de los manejos financieros de Luis Videgaray desde hace diez años, periodo en el que el exfuncionario federal formaba parte de la administración de Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México para posteriormente situarse como uno de los personajes más cercanos a la gestión federal.

Luis Videgaray es uno de los personajes más cercanos a Enrique Peña Nieto y quien presuntamente fue el que ordenó sobornar a los legisladores federales para aprobar la reforma energética en 2013, para permitir el ingreso la empresa brasileña Odebrecht.

 

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Justicia pendiente

Alfredo Castillo es inhabilitado por la SFP por 10 años

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Por Ignacio García

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años al ex titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Alfredo Castillo, para ejercer cualquier cargo en la administración pública por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.

La dependencia federal detalló que el también ex comisionado para la Seguridad y Desarrollo en Michoacán durante la administración de Enrique Peña Nieto omitió realizar declaraciones ante la SFP por el falto a la verdad entre 2014 y 2016.

De acuerdo con la institución federal, omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge en las que tenía más de 18 millones 300 mil pesos, por lo que constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que establecía la obligatoriedad de presentar la oportunidad y veracidad de las declaraciones de la situación patrimonial del ex servidor público.

Al respecto, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, celebró la inhabilitación que se aplicó contra el ex funcionario federal, quien fue uno de los colaboradores más cercanos de Peña Nieto, acusado de distintos actos de corrupción en el país.

Alfredo Castillo fue procurador de Justicia del Estado de México involucrado en el caso de la desaparición de la niña Paulette en Huixquilucan en 2010 en la gestión de Peña Nieto y en el gobierno federal fue comisionado de Seguridad para la Paz, acusado de haber desarmado a las Autodefensas para beneficiar a los grupos del crimen organizado y posteriormente fue titular de la Conade, señalado de no apoyar a los atletas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.

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Justicia pendiente

Sandoval reconoce que Salvador Cienfuegos es asesor de la Sedena

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el ex responsable de esa dependencia federal, Salvador Cienfuegos, forma parte del equipo de asesores del Ejército mexicano.

El general dijo que las normativas del Ejército establecen que los ex titulares de la Sedena forman parte del equipo de asesores del secretario en turno, sin embargo, aseguró que Cienfuegos no es tomado en cuenta por la actual administración federal.

De acuerdo con Sandoval, únicamente cuando el secretario en turno desee consultar algún tema o situación en particular con los ex secretarios es cuando son considerados, por lo que en la actualidad el equipo de asesores está conformado por tres o cuatro ex secretarios de la Defensa Nacional.

Indicó que los ex secretarios forman parte del equipo de asesores hasta que fallecen, por lo que son los únicos integrantes de la milicia, quienes después de retirarse perciben el mismo sueldo que cuando estaban en activo, por lo que es una normativa que deben respetar.

Enfatizó que en la actualidad Salvador Cienfuegos no ha sido consultado para abordar algún tema relacionado con la Sedena, por lo que se encuentra en el mismo nivel que los otros ex secretarios de la Defensa Nacional que están retirados.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto, pero el gobierno de Estados Unidos lo acusó de estar vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva desde la administración de Felipe Calderón, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desistió de una orden penal en su contra al presuntamente no encontrar elementos suficientes contra el general.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Agencia Anti Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó el caso contra Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en la Unión Americana, pero que fue liberado tras su extradición a México.

 

 

 

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

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