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Justicia pendiente

UIF denuncia a Peña Nieto por operaciones de recursos de procedencia ilícita

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El titular de la Unidad de Inteligencia Física (UIF), Pablo Gómez Àlvarez, informó que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, con recursos de procedencia ilícita.

El funcionario federal dijo que la UIF inició una investigación el pasadon 20 de octubre de 2021, cuando se detectaron las operaciones financieras del ex mandatario federal, por lo que se realizaron los análisis financieros sobre actividades vulnerables.

De acuerdo con el responsable de la UIF, Peña Nieto recibió 26 millones mil 29 pesos en transferencias internacionales por medio de un esquema de beneficios económicos desde una cuenta de México a España por parte de un familiar de consanguineidad.

De la misma manera, indicó que Alejandra Lagunes, ex funcionaria del gobierno de Peña Nieto, recibió dos millones de pesos por parte de desvíos que se dieron en la Procuraduría General de la República Dominicana en la llamada Operación Medusa.

Asimismo, indicó que el ex presidente de México es accionista de dos empresas con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados y se tratan de sociedades mercantiles de la familia desde antes de que fuera mandatario federal.

Gómez Álvarez sostuvo que hay una relación simbiótica con una persona moral de carácter internacional que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración de Peña Nieto.

Esa empresa obtuvo contratos millonarios en 2013 por 714 millones de pesos, 2014, mil 126 millones de pesos, en 2015 cinco mil 505 millones de pesos, en 2016 948 millones de pesos, en 2017 fueron 991 millones de pesos y en 2018 con mil 246 millones de pesos, por lo que en total fueron 10 mil 533 millones 499 mil pesos en la gestión del priísta.

 

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Ayotzinapa fue un crimen de Estado y la verdad histórica fue fabricada: Encinas

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Ayotzinapa fue un crimen de Estado y la verdad histórica fue fabricada: Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, reconoció que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, aunado a que la denominada “verdad histórica” fue fabricada.

Encinas explicó que hubo vinculación de todos los órdenes de las autoridades con el crimen organizado, específicamente con el grupo conocido como “Guerreros Unidos”, por lo cual la acción la “verdad histórica” que dio a conocer el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue una acción concertada desde los más altos niveles del país.

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De acuerdo con el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa no fueron incineradas en el basurero de Cocula como originalmente dio a conocer el gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que también hubo omisión por parte del Ejército con la desaparición de los jóvenes.

De la misma manera, dijo que no hay indicios de que ninguno de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa esté vivo, por lo que incluso se identificó el código genético de tres jóvenes que fueron quemados.

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Asimismo, expuso que la Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones contra 35 funcionarios de alto nivel que estuvieron implicados en fabricar la versión falsa del paradero de los jóvenes, aunque rechazó que entre ellos se encuentre el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Además, Encinas recordó que Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos era militar activo, pero el Ejército mexicano no hizo nada para buscarlo, pese a que estaba como infiltrado para conocer los movimientos de los estudiantes.

 

 

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‘Youtuber’ Meme Yamel reconoce ignorar a víctimas de Isabel Miranda de Wallace por sentirse «saturada»

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Meme Yamel reconoce ignorar a víctimas de Isabel Miranda de Wallace por sentirse "saturada"

Por Guadalupe Lizárraga

En una serie de tuits, la youtuber Meme Yamel respondió a la periodista Guadalupe Lizárraga sobre la revelación que hizo Alma Nelly Flores, esposa de César Freyre Morales, a Los Ángeles Press, el haber sido ignorada cuando le solicitó ayuda en julio de 2021 para darle mayor visibilidad a las violaciones de derechos humanos sufridas por su esposo, César Freyre, a lo largo de 16 años de encarcelamiento injusto, con un protocolo de Estambul positivo en tortura. Mientras que en el caso de Brenda Quevedo Cruz, promovido por Defensoría pública, todos los medios, incluyendo los youtuberos y a ella misma, han hecho suyos los boletines de prensa de la institución.

Justificó la youtubera que era un ser humano y estaba «saturada», por lo que podrían olvidársele algunas cosas y pidió disculpas.

«Soy un ser humano, me saturo. Hay cosas que se me pueden llegar a olvidar y me disculpo, pero ¿de ahí a decir que sigo la línea de la defensoría y que por eso no voltee a ver a los demás? Wow.»

Tras leer la nota de César Freyre, Elena Uscanga, la madre de Jael Malagón Uscanga, mencionó que a ellos también les había hecho lo mismo. Después de que Meme Yamel se presentara a la conferencia matutina con el caso de Brenda Quevedo, también recurrieron a ella para que mostrara los otros casos de las víctimas de la fabricación. Sin embargo, no hubo respuesta de parte de la youtubera.

Meme Yamel acusó a la periodista de quererse «colgar» de su persona para «sacar un nota». A lo que Lizárraga le recordó que la denuncia había sido de la familiar de la víctima, y cuestionó el por qué habría de «colgarse» de una mala réplica de su trabajo.

Un siguiente tuit de la youtuber señala que «nadie la obligó o presionó para reconocer a periodistas que investigaron el caso». Sin embargo, la investigación que reveló los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda, iniciada en 2014 por Guadalupe Lizárraga, demostró que en 2018 todavía la supuesta víctima estaba activa en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tenía un número de seguro social, contaba con tres actas de nacimientos y dos actas de defunción y había siete testigos que interactuaron con él años después de la supuesta fecha de muerte que alega Isabel Miranda de Wallace como el 11 de julio de 2005.

Incluso, en 2006, dos de los testigos denunciaron ante la Procuraduría General de la República, hoy FGR, y en el programa de Ciro Gómez Leyva, a quienes posteriormente Isabel Miranda de Wallace los acusó de intento de extorsión.

Para Meme Yamel, «el problema de la periodista, dice, es que ella quiere ser la protagonista de la historia y los protagonistas son las víctimas». No obstante, a la única víctima que le da cobertura, con imprecisiones y falta de rigor periodístico señalado por Guadalupe Lizárraga, es a Brenda Quevedo Cruz, de quien emprendió campaña el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, y promovió en medios, youtubers y periodistas para que le dieran cobertura «viral» a su boletín de prensa posterior a la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas de emitir una opinión de libertad por la larga prisión preventiva que sufría Brenda.

Las víctimas que siguen bajo consigna

El caso Wallace implica a ocho víctimas de detención arbitraria, tortura y encarcelamiento injusto, algunas por más de 16 años. De las seis víctimas acusadas directamente son Juana Hilda González Lomelí, caso recién atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con amparo interpuesto por Isabel Miranda de Wallace, y que los medios han dado cobertura desde el empuje de Defensoría pública.

Otras víctimas son los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, a quienes les negaron aplicar el protocolo de Estambul bajo el falso argumento de que ya estaban sentenciados, y que la madre de ellos solicitó el apoyo mediático para visibilizar sus casos.

Jacobo Tagle Dobín, sin sentencia con tres protocolos de Estambul positivos en tortura, uno de éstos aplicado por el Consejo de la Judicatura de la Federación, y César Freyre Morales, sentenciado a 131 años de cárcel con protocolo positivo en tortura.

Las otras dos víctimas relacionadas de manera indirecta para justificar una «banda de secuestradores» son George Khoury Layón, con reconocimiento de inocencia y opinión de libertad de Naciones Unidas, que vivió su tortura más reciente el 12 de junio de 2022, y Jael Malagón Uscanga, con registro de tortura en 2010, de la que quedó parcialmente ciego dentro del Cefereso #1, El Altiplano, Estado de México, y de la que le dijeron sus atacantes que no era nada personal, sino órdenes de Isabel Miranda de Wallace.

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En la serie de tuits de Meme Yamel en respuesta a la periodista Guadalupe Lizárraga también asevera que respecto a las otras víctimas del caso Wallace dio lectura a una carta de Jacobo Tagle. No obstante, Los Ángeles Press, ha publicado y dado lectura a varias cartas de todas las víctimas, a excepción de Tony Castillo. En el caso de César Freyre se publicó en este medio, en 2019, una carta de 17 páginas y 25 puntos en donde narra la tortura a detalle y da nombres de sus agresores que sigue siendo ignorada por los medios, por Meme Yamel y los demás operadores de las redes sociales en favor del gobierno de López Obrador.

Para enterarte más: Represalias en penales a víctimas del Caso Wallace por exigir justicia – Los Ángeles Press

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Fiscalía de Campeche pide desafuero de Alejandro ‘Alito’ Moreno por presunto enriquecimiento ilícito

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Fiscalía de Campeche pide desafuero de Alejandro 'Alito' Moreno por presunto enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de Justicia de Campeche (FGE Campeche) solicitó a la Cámara de Diputados federal que desafueren al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como ‘Alito‘, por ser responsable de presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal estatal de Campeche, Renato Sales, solicitó a los legisladores federales que inicien el procedimiento de desafuero contra el legislador federal para que se pueda desarrollar el proceso penal en contra del líder del tricolor.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que recibieron la petición de la fiscalía estatal de Campeche para que puede continuar la investigación que se inició en su contra, por lo que deberán dar seguimiento de ley correspondiente.

De acuerdo con el fiscal estatal, la investigación contra Alito Moreno no tiene relación con los audios que recientemente ha publicado la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, pues aseguró que los ingresos económicos que percibió como servidor público no corresponden a las propiedades y bienes que ha obtenido.

Recordó que una de las propiedades de “Alito” tiene un valor de 130 millones de pesos, aunado a que el contenido de la misma tiene un costo de más de 50 millones de pesos, por lo que consideró que debe demostrar que todos estos bienes los ha adquirido de forma legal.

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Por su parte, el dirigente nacional del PRI acusó que hay una persecución política en su contra, debido a que es una de las figuras más visibles de la oposición contra el gobierno federal, y por ello aseveró que el gobierno de Campeche pretende fabricarle delitos para afectar su imagen.

 

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