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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

UIF congela cuentas de ex mando de la Policía Federal vinculado a Genaro García Luna

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló tres cuentas bancarias del ex mando de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, por sus nexos con el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna.

De acuerdo con los fiscales norteamericanos, Luis Cárdenas Palomino también recibió sobornos del Cártel de Sinaloa durante la gestión de García Luna al frente de la Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón.

Sin embargo, el ex funcionario federal reclamó el congelamiento de sus cuentas bancarias que tiene en los bancos Santander, Banamex y Banco Azteca, por lo que formó parte dela red de corrupción entre los altos mandos de Seguridad Pública con el crimen organizado.

Las autoridades norteamericanas investigan a los principales colaboradores de García Luna, quienes habrían participado en los hechos de corrupción que se les acusan en Estados Unidos durante el sexenio de Felipe Calderón, que representó también el crecimiento del Cártel de Sinaloa.

Además de Luis Cárdenas Palomino, también las autoridades estadounidenses investigan al ex jefe de Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, por también ser otro de los personajes que habría recibido protección del Cártel de Sinaloa.

Genaro García Luna es procesado en Estados Unidos por enriquecimiento ilícito y haber recibido sobornos millonarios del crimen organizado para permitir su operación durante los seis años en los que estuvo al frente de la SSP.

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Mexico Violento

Deficiente pavimentación en caminos rurales a municipios de Oaxaca, por corrupción de autoridades locales

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Por Miguel Montesinos León

El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en diversas presentaciones públicas, ha manifestado que el programa que su gobierno está implementando para la pavimentación de caminos rurales, en el estado de Oaxaca, beneficia el tiempo de recorrido entre una comunidad a otra, además de generar empleo a los habitantes de las comunidades beneficiadas. Incluso ha dicho que las mujeres tienen más sensibilidad para escoger las piedras, y también ha inaugurado algunos caminos y señalado que algunas autoridades han devuelto recursos a su gobierno por la buena administración y honestidad de quienes las están ejecutando.

Sin embargo, aunque el presidente ha mostrado su buena intención para beneficiar a las comunidades rurales y a sus habitantes, en la región Mixteca, y específicamente en las comunidades pertenecientes al Distrito de Nochixtlán, Oaxaca, el cemento, de marca Tolteca de Cemex, empleado para las obras de pavimentación es aplicado de manera deficiente y los recursos públicos son saboteados para beneficio personal.

En un recorrido de este periodista, se pudo constatar a simple vista que el pavimento es de pésima calidad, al igual que los acabados.

En el tramo perteneciente a la agencia municipal del Fortín Chicahua, donde todavía se encuentra en etapa de construcción, claramente, sin ser experto en la materia se percibe que la proporción de cemento es mínima. Esto significa que le están aplicando más arena y grava de lo que técnicamente debe agregarse a la proporción de cemento.

Todavía no se concluye la obra de pavimentación y ya presenta enormes grietas y baches, también la capa final del pavimento se está levantando.

En el tramo en construcción del camino que comunica de Santa María Apazco a Nochixtlán se percibe a simple vista la deficiencia en la aplicación de cemento.

También este camino en proceso de construcción y al no tener alternativa de transitar a la comunidad sin haber concluido la obra ni mucho menos ser inaugurado, los vehículos ya circulan en el nuevo pavimento.

Ambos tramos en mención ya presentan desperfectos, por lo que se consultó a expertos en construcción y manifestaron que los encargados de ejecutar estas obras están aplicando mayor cantidad de arena y grava al cemento con la finalidad que el material les rinda más metros.

Aunado a la elevada cantidad de arena y grava, también consultando con los lugareños, señalan que la presidenta municipal de San Miguel Chicahua, Ester Guzmán Jiménez, ha asignado las obras de pavimentación del camino que comunica a su comunidad con la cabecera Distrital, Nochixtlán, a personas como Olegario López, originario de la comunidad del Fortin Chicahua, a Manuel Gómez de San Miguel Chicahua, infringiendo con esto lo mandatado por el presidente de la república, que la obra debe ejecutarla un comité, y hombres y mujeres de la comunidad beneficiada, sin privilegios.

En el caso de Santa María Apazco, a pregunta expresa de este reportero al presidente municipal, Omar Bautista Rodríguez, sobre quién está ejecutando la obra de pavimentación en su municipio, enfático, señaló que la misma autoridad municipal encabezada por él.

Al entrevistar a ciudadanos de estas comunidades, señalaron que se sabe que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Delegación Oaxaca, no acuden a supervisar las obras de pavimentación y exigen su respectiva compensación (moche o cuchupo), por lo que quienes están ejecutando estas obras se ven obligados a aplicar más arena y grava y menos cemento.

Según el presidente López Obrador, la vida útil del pavimento de estos caminos es de aproximadamente 14 años. Lo que vemos será difícil de cumplir ya que todavía no se concluyen los caminos, ni tampoco se han inaugurado y ya presentan desperfectos.

Los expertos hablan

Los expertos en la materia señalaron a Los Ángeles Press que si el personal de la SCT quisiera supervisar las obras y ver que se cumpla con los estándares de calidad y proporción adecuada de los materiales, sobre todo en la cantidad de cemento, existen técnicas avanzadas para corroborarlo.

Desafortunadamente en estas comunidades se siguen aplicando los malos vicios de antaño, donde las obras se le asignan a amigos y compadres, pero además no les importa la calidad de las obras, sino ver de qué manera se obtienen ventajas particulares de los recursos públicos, señaló el ingeniero Miguel Ángel Hernández.

Mencionó que era vergonzoso darse cuenta cómo se evidencian quienes están ejecutando estas obras, ya que está a la luz del público la deficiencia del material empleado.

Un claro ejemplo de que los empleados de la SCT Oaxaca no están cumpliendo a cabalidad con la supervisión de la obra es el que desde sus oficinas dan el visto bueno, a través de firmas de documentos sin importar que millones de pesos estén quedando en los bolsillos de las autoridades municipales y en sus familiares y amigos a los que les asignan las obras.

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Mexico Violento

Periodista de Los Ángeles Press amenazada por denunciar corrupción y represión del gobernador de Puebla

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Por Guadalupe Lizárraga

Claudia Martínez Sánchez, corresponsal de Los Ángeles Press en Puebla y activista de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, denunció acoso y amenazas por parte del gobierno de Luis Miguel Gerónimo Huerta, tras publicar reportajes que revelaron corrupción de familiares del gobernador y otros funcionarios vinculados a gestiones sindicales del magisterio, así como las violaciones de derechos humanos contra comunidades indígenas de la región.

La periodista denunció que tras sus publicaciones en el digital internacional para el que colabora, Carlos Roberto Martínez Peláez, director del Bachillerato Oficial Héroes de la Reforma, donde ella también labora como docente, levantó un acta administrativa en su contra por las notas adversas al gobernador Barbosa Huerta.

Por lo que la periodista fue citada a principios de la semana pasada por Martínez Peláez para observarle que su conflicto se podría terminar si ella deja de publicar notas periodísticas contra Barbosa.

El director le dijo que autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) le mostraron el material publicado, y le pidieron que la periodista “dejara de escribir ese tipo de contenido”.

El funcionario además le advirtió que, de persistir, Claudia Martínez ponía en juego su plaza de docente y los 21 años de servicio que lleva, pero también ponía en riesgo tanto su vida como la de su familia.

Además, le informó que el viernes 15 de octubre se presentaría ante el jurídico para revisar el caso, y que ya estaban listos tanto su defensa como los testigos, propuestos por Jaime García Roque, secretario general de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Claudia Martínez narró que el director del Bachillerato le pidió que en el encuentro se sometiera, diciendo que sí a todo lo que le preguntaran en la audiencia y admitiera que si bien difundió notas periodísticas en contra del gobernador Barbosa y las compartió en el grupo de WhatsApp “Delegación-D-II-235” del SNTE, no lo volvería a hacer.

Sin embargo, el día de la audiencia, Martínez Sánchez debía estar en Coyomeapan para la visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante el conflicto postelectoral al que ha dado cobertura internacionalmente por el acoso gubernamental a los líderes de la comunidad, Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzalo Martínez, y Anastacio González Sanguinez, a quienes les fabricaron delitos y los encarcelaron.

Adicionalmente, en el acta administrativa levantada en contra de la periodista señala que, además de difundir las notas referidas, se ausentaba de su labor como docente e incurrió en seis faltas injustificadas los días 7, 13, 10 y 21 de septiembre y el 4 y 5 de octubre de este año, “lo que afectó el desarrollo de la comunidad escolar a su cargo”.

Quien presenta las pruebas en su contra es Ana Isabel Coriche Ramírez, funcionaria sindical y de la SEP, quien es hija de Jorge Luis Coriche Avilés, ex diputado federal, dueño de una mina a cielo abierto en Zacatlán, que entregó varias tierras a transnacionales y sería uno de los primeros beneficiados, de concretarse la presa hidroeléctrica en Coyomeapan y Zoquitlán.

El despojo de estas tierras de la comunidad indígena ha sido parte de las revelaciones periodísticas de Claudia Martínez Sánchez, incluyendo testimonios y evidencias de las agresiones de las autoridades después de protestar por la presencia de grupos delictivos tolerados por el gobierno de Barbosa Huerta.

Además, un reportaje de Claudia Martínez Sánchez desmintió acusaciones del presidente municipal electo David Celestino contra los indígenas de Coyomeapan de haber incendiado inmuebles y robado patrullas. El trabajo de la periodista demostró que los inmuebles estaban intactos y las patrullas bajo resguardo de las mismas autoridades, sin embargo, los líderes indígenas que fueron acusados por esos supuestos delitos siguen encarcelados.

Otros casos de acoso

No es la primera denuncia por represión del gobierno de Miguel Barbosa Huerta. Otro maestro, del que nos reservamos su identidad, quien había denunciado a «aviadores» en su escuela, personas que cobraban sueldo sin trabajar, fue reprimido con el uso de la fuerza pública y cesado de su plaza laboral. Él mismo señala que «no paran hasta destruirte», y que es una característica del actual gobierno de Puebla.

Preocupado por las amenazas contra la periodista Claudia Martínez Sánchez, le envía un audio para prevenirla de agresiones mayores.

Por otra parte, la exalcaldesa de Puebla Claudia Rivera Vivanco también denunció el acoso del que fue víctima durante su gestión pública, directamente por el gobernador Miguel Barbosa. Incluso, el gobernador intentaba imponerle personajes cercanos al ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, para puestos de seguridad en el municipio, y la instaba a atacar a la exgobernadora del PAN Martha Erika Alonso.

Una denuncia adicional ha sido también la de la diputada federal Inés Parra Juárez, quien ha dado varias conferencias de prensa para denunciar los agravios a los indígenas de Coyomeapan, Puebla, y quien ha señalado reiteradamente de represor y cacique al gobernador Barbosa, por lo que ha sufrido también campañas de odio y violencia de género.

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Investigaciones

Los papeles de Pandora exponen tratos financieros secretos de políticos, multimillonarios, líderes y otras elites

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Una gran filtración coordinada de casi doce millones de documentos secretos ha revelado información sin precedentes sobre tratos financieros encubiertos de cientos de políticos, multimillonarios, líderes religiosos, narcotraficantes y celebridades del espectáculo.

Treinta y cinco líderes y exlíderes mundiales aparecen en los documentos, conocidos como “los papeles de Pandora”. Uno de ellos es el rey Abdalá II de Jordania, que tiene un fondo secreto de millones de dólares en paraísos fiscales en el extranjero y ha gastado parte de su fortuna en viviendas de lujo en todo el mundo.

Entre las celebridades del espectáculo se mencionó a Shakira, Julio Iglesias, Miguel Bosé y Elton John. Celebridades expuestas por la investigación que saca a la luz casos de evasión fiscal en el mundo.

Los documentos también implican a los actuales presidentes Uhuru Kenyatta de Kenia y Guillermo Lasso de Ecuador, al ex primer ministro británico Tony Blair y a exsocios del primer ministro paquistaní Imran Khan y del presidente ruso Vladimir Putin.

Más de 600 periodistas contribuyeron a los informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que se compilaron durante dos años. El contenido proviene de 14 empresas de servicios financieros globales y se remonta a la década de 1970, aunque la mayoría de la información pertenece a los últimos 25 años.

Mexicanos en la lista

Entre la lista de los Pandora Papers se encuentra el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, como uno de los millonarios de la 4T. También se menciona al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, entre otros.

Al respecto, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán exigió una investigación seria, profesional y objetiva que dé certeza a los mexicanos sobre quiénes manejan las finanzas públicas en México, luego de darse a conocer este trabajo de investigación periodística mundial, que devela presuntos delitos financieros como lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción de funcionarios de la 4T.

“Es urgente y necesaria la intervención de las autoridades mexicanas para esclarecer estos hechos. La Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT deben analizar, investigar e informar a los ciudadanos sobre los políticos que están involucrados en estos delitos y saber si son o no unos delincuentes”, añadió.

Con información de Democracy Now!

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