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Mexico Violento

Tuzobús: el transporte público del saqueo en Hidalgo

El Tuzobús en el Estado de Hidalgo es un proyecto implementado para depredar a los usuarios en beneficio de sus promotores

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tuzobus.hidalgo.gob.mx

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Por Emmanuel Ameth

El negocio perfecto

El gobierno de Hidalgo, opera el Tuzobús a través del SITMAH, quien a su vez subcontrata para ello a los transportistas que previamente se encargaban de brindar este servicio concesionado.  La infraestructura, que representa la mayor parte de la inversión, fue construida a través de un apoyo federalizado de 857 millones de pesos no recuperables, es decir, regalados.

Al gobierno de Hidalgo tampoco le costaron las unidades que se encargarán de trasladar los pasajeros, pues para ello los transportistas recurrieron a un financiamiento de 200 millones de pesos; bueno, ni el mantenimiento fuera de las estaciones les representará un gasto toda vez que para ello también reciben fondos específicos además de los metropolitanos.

El único ‘gasto’ en que incurrió el gobierno de Francisco Olvera para la implementación del Tuzobús fue en la realización de estudios, pero hasta en ello reflejaron su naturaleza avariciosa: mientras Banobras financió estudios completos, cuyo monto máximo ascendió a 6.4 millones de pesos, para BRTs que ya operan actualmente, el gobierno de Hidalgo en contraparte erogó más de 136 millones de pesos…, solamente por los estudios de impacto ambiental del Tuzobús.

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Dada la opacidad con la que se conducen las autoridades locales –y cómo no hacerlo con semejante negocio-, antes de determinar o saber siquiera si había rangos de ganancia, tuvo que determinarse la operación óptima del sistema con algunos de los datos filtrados a cuentagotas en fuentes secundarias, principalmente medios de comunicación.

Conociendo el número de unidades, la frecuencia deseada en el sistema troncal, los horarios, el número de estaciones y el recorrido de todas las rutas, incluyendo las alimentadoras, es posible modelar la operación de todo el sistema en su conjunto, teniendo en cuenta además que dichas unidades no rebasarán los 45 km/h en sus carriles confinados y que dentro de las unidades habitacionales la velocidad es promediada en 30 Km/h.

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Independientemente del número de pasajeros que se transporten o no por el sistema, de si existen retrasos o bien, si algún imprevisto impide parcialmente la operación del sistema, los transportistas recibirán como pago una cuota fija por cada kilómetro recorrido en funcionamiento óptimo, esto es, que para 24 mil kilómetros diarios que recorren diariamente, les es entregada la cantidad de 667 mil 200 pesos, con los cuales ellos deben encargarse de todos los gastos operativos y de manutención de sus unidades de transporte, la dirección de la empresa, el financiamiento requerido y todos aquellos otros gastos no mencionados que tienen que ver con su actividad.

Ello significa que bajo las estimaciones más bajas, con 120 mil pasajeros y pagando una sola cuota, Tuzobús recauda 960 mil pesos, es decir, que solamente gobierno del Estado obtiene beneficios por 292 mil 800 pesos diarios como mínimo y un máximo de 832 mil 800 pesos con 150 mil pasajeros pagando su tarifa integrada.

Los tiempos de transporte, aún en niveles óptimos, son un timo

Para que el transporte masivo pueda estimular la actividad económica, no solamente debe ser accesible –que no lo es- sino también rápido y el Tuzobús no cumple con estas características. Incluso, su servicio de mayor rapidez, a saber las 4 rutas exprés, tienen un tiempo promedio de traslado de 24 minutos aún y cuando los trayectos son más cortos que los de la troncal y hacen menos paradas. Como se puede apreciar además, la frecuencia promedio que hay que esperarlos en las estaciones es superior a los diez minutos, esto es, que en la mayor parte de los casos para los usuarios es más conveniente tomar la troncal que pase primero.

A lo anterior hay que agregar que las rutas alimentadoras les llevan a la troncal en un promedio de 21 minutos y deben esperar para ello un promedio de 13 minutos antes de siquiera subirse al transporte. Así, el tiempo que pasa entre esperar la ruta alimentadora y posteriormente abordar la troncal para llegar al centro, por ejemplo, es superior a una hora de trayecto en la mayor parte de los casos -equivalente a un viaje a la Ciudad de México-, cuando anteriormente el rango de mayor representatividad se encontraba entre los 15 minutos y la media hora.

Independientemente del número de pasajeros que se transporten o no por el sistema, de si existen retrasos o bien, si algún imprevisto impide parcialmente la operación del sistema, los transportistas recibirán como pago una cuota fija por cada kilómetro recorrido en funcionamiento óptimo, esto es, que para 24 mil kilómetros diarios que recorren diariamente, les es entregada la cantidad de 667 mil 200 pesos, con los cuales ellos deben encargarse de todos los gastos operativos y de manutención de sus unidades de transporte, la dirección de la empresa, el financiamiento requerido y todos aquellos otros gastos no mencionados que tienen que ver con su actividad.

Ello significa que bajo las estimaciones más bajas, con 120 mil pasajeros y pagando una sola cuota, Tuzobús recauda 960 mil pesos, es decir, que solamente gobierno del Estado obtiene beneficios por 292 mil 800 pesos diarios como mínimo y un máximo de 832 mil 800 pesos con 150 mil pasajeros pagando su tarifa integrada.

Los tiempos de transporte, aún en niveles óptimos, son un timo

Para que el transporte masivo pueda estimular la actividad económica, no solamente debe ser accesible –que no lo es- sino también rápido y el Tuzobús no cumple con estas características. Incluso, su servicio de mayor rapidez, a saber las 4 rutas exprés, tienen un tiempo promedio de traslado de 24 minutos aún y cuando los trayectos son más cortos que los de la troncal y hacen menos paradas. Como se puede apreciar además, la frecuencia promedio que hay que esperarlos en las estaciones es superior a los diez minutos, esto es, que en la mayor parte de los casos para los usuarios es más conveniente tomar la troncal que pase primero.

A lo anterior hay que agregar que las rutas alimentadoras les llevan a la troncal en un promedio de 21 minutos y deben esperar para ello un promedio de 13 minutos antes de siquiera subirse al transporte. Así, el tiempo que pasa entre esperar la ruta alimentadora y posteriormente abordar la troncal para llegar al centro, por ejemplo, es superior a una hora de trayecto en la mayor parte de los casos -equivalente a un viaje a la Ciudad de México-, cuando anteriormente el rango de mayor representatividad se encontraba entre los 15 minutos y la media hora.

Además de su lentitud, Pachuca es una zona con salarios bajos

Aunado a la lentitud de este transporte –que ya modelamos en el cuadro anterior incluso en operación óptima-, suponiendo que incrementaran el número de unidades para resolver este problema y poder dar un servicio digno, la tarifa que cobra el Tuzobús es excesiva.

Recuérdese que Pachuca es la capital de la octava entidad más pobre del país y que teniendo el tercer ingreso más bajo en donde han sido implementados BRTs, su tarifa es la segunda más alta para sistemas de este tipo. Tampoco olvidar que el proyecto que les fue autorizado financiar con recursos federales contemplaba una tarifa de 7 pesos integrada y que, por capricho –porque no hay estudios que fundamenten esta decisión unilateral-, la tarifa integrada se elevó a 10 pesos.

¿Puede costearse el transporte en 5 pesos, como demanda un amplio sector ciudadano?

Siempre que la afluencia de usuarios promedie los 133 mil 440 usuarios diarios, el sistema es costeable con una tarifa integrada de 5 pesos. Cabe señalar que la proyección original se hizo en 150.4 mil pasajeros, lo que quiere decir que, incluso, la demanda esperada es de 300.8 mil tarifas. Con dicha cantidad de ingresos, no sólo es posible sostener una tarifa integrada de 5 pesos para los primeros dos viajes –con cinco pesos adicionales para un hipotético tercer viaje, sino que incrementar el número de vehículos que ofrecen el transporte entre un 50 y 100% -dependiendo de los nuevos costos de mantenimiento, que no se incrementarían de forma lineal como otros conceptos.

Además, con dichos ingresos y de sostener la demanda señalada en el párrafo anterior, también es posible mantener tarifas diferenciadas para sectores vulnerables de la población como personas con discapacidad, adultos mayores e incluso estudiantes.

¿Y los transportistas?

Para los transportistas también es un negocio rentable. Suponiendo que eroguen sueldos mensuales de 10 mil –más todas las prestaciones de ley- a sus 400 operadores además de otros 100 con salarios de 15 mil mensuales –para diversa funciones además de las directivas- , el costo sería de 12.3 pesos por kilómetro recorrido.

Dado que el 71.5 por ciento de su recorrido total es efectuado por unidades Gran Viale (4km/l) y que la proporción restante entre Boxer (5Km/l) y Sprinter (8Km/l) es similar entre ambas, el costo del combustible es de 3.25 pesos por kilómetro en promedio. Incluso con altos costos de mantenimiento, estos apenas llegarían a 17 pesos por litro.

Teniendo en cuenta que el financiamiento de 200 millones de pesos fuese contratado a una tasa del 10% anual –no preferencial- a cinco años, el pago por kilómetro sería de 5.9 pesos. Los primeros cinco años los transportistas observarían ganancias de por lo menos 3.9 pesos por kilómetro los primeros 5 años para posteriormente observar ganancias de por lo menos 9.8 pesos por kilómetro durante 10 años…

El Tuzobús no sólo puede sino que debe bajar su tarifa a 5 pesos por cuota integrada (abordaje y un transbordo). Si de acuerdo con el IMCO Pachuca ya era contemplada como la 4ta ciudad más propensa al tráfico vehicular del país y la número 63 de 77 zonas metropolitanas en infraestructura física, es algo que puede resolverse con decisiones inteligentes. Lo que no puede suceder es que el Tuzobús siga operando con las altas tarifas que hoy sostiene y que siga siendo tardío e insuficiente.

De la reducción en su tarifa y de la mejora de su servicio depende el éxito o fracaso de este ambicioso proyecto. Tal vez, por primera ocasión en la historia de esta administración, debe tomarse una decisión que de verdad beneficie a los habitantes y no solamente a los bolsillos de sus promotores.

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Mexico Violento

Grupo armado libera a 9 reos del penal de Tula; objetivo prioritario era líder de “Pueblos Unidos”

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Esta madrugada un grupo armado irrumpió en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula, en donde liberaron a nueve reos, entre ellos José Artemio Maldonado, conocido como “El Michoacano”, líder de la agrupación criminal “Pueblos Unidos” que apenas fue detenido el viernes pasado en el Estado de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH), los hechos ocurrieron cerca de las 04:00 horas, cuando sujetos irrumpieron en el penal y liberaron al “Michoacano”, por lo que colocaron como distractores dos vehículos incendiados para distraer al personal.

Durante la persecución, dos elementos de la policía estatal fueron lesionados por los presuntos delincuentes, por lo que fueron trasladados al Hospital Regional de Tula, donde se reportan como estables.

Al respecto, el titular de la SSPH, Mauricio Delmar Saavedra, dijo que el objetivo principal del comando era la liberación del líder de la agrupación delictiva, por lo que se desplegó un operativo con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y la policía investigadora para dar con los responsables.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) abrió tres carpetas de investigación para deslindar responsabilidades por evasión, daños a propiedades y lesiones, aunado a que los reos fugados eran procesados por delitos como homicidio y secuestro.

El Michoacano es considerado como el líder de la agrupación “Pueblos Unidos”, grupo criminal que está vinculado con otras organizaciones delictivas como “Los Emes” y “Hades” que se encargan del robo de hidrocarburo en la zona sur de la entidad, así como al tráfico de droga y secuestro.

Apenas este día se llevaría a cabo su audiencia inicial para determinar su situación jurídica, después de su aprehensión el viernes pasado en un operativo conjunto de la PGJEH y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo (FGJEDOMEX).

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Justicia pendiente

CNDH pide a gobiernos de Puebla, Jalisco y Guerrero respeto a libertad de expresión

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Redacción

Autoridades de las tres entidades federativas han incurrido en conductas contrarias al libre ejercicio periodístico y al derecho de acceso a la información

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a autoridades de los estados de Jalisco, Puebla y Guerrero que respeten la actividad periodística y se asegure el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información.

Así lo hizo saber en un comunicado público este organismo nacional, y manifiestó su preocupación ante la reciente declaración realizada por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien señaló que los medios de comunicación locales deben limitar la información y dejar de hacer publicaciones sobre los delitos de alto impacto porque lastiman el turismo en Puerto Vallarta, circunstancia que no abona al libre desempeño periodístico.

Por otro lado, luego de que los medios “E-Consulta” y “El Popular”, acusaran al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, de realizar un proceso de hostigamiento administrativo en su contra, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la CNDH llama a las autoridades estatales a salvaguardar la libertad de expresión.

Barbosa Hurtado ha sido denunciado reiteradamente por el hostigamiento contra los periodistas de la entidad, además de promover acciones de hostilidad contra las comunidades indígenas que han revelado fraude electoral y presencia de grupos delictivos.

Asimismo, la CNDH manifiestó su indignación por los hechos ocurridos en días pasados en Guerrero, donde organizaciones civiles y medios de comunicación presentaron una queja ante la CNDH y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, ante la violación a sus derechos por parte de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, a quien acusaron de hacer declaraciones de odio en contra del gremio, incluso responsabilizándolos de la violencia que se vive localmente.

Ante la persistencia de agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios, la CNDH enfatizó la urgencia de que todas las autoridades federales, estatales y municipales tomen las medidas necesarias, a fin de que la labor informativa no se vea afectada de manera directa o indirecta y eviten expresiones que coarten los derechos fundamentales de las y los periodistas.

En el comunicado, este organismo público, especificó que esto no significa coartar el derecho a la verdad que tiene la sociedad mexicana, y hay que diferenciar el debate sano y el contraste de ideas con manifestaciones que van más allá de esto y ponen en riesgo o coartan con hechos la libertad de expresión.

Para la CNDH es de suma importancia que ante el contexto de violencia que las y los comunicadores continúan enfrentando en el país, se reconozca, respete y difunda la relevancia de la labor que realizan en beneficio de la sociedad, fortaleciendo con ello una cultura de respeto a sus derechos humanos.

Esta Comisión Nacional considera pertinente seguir revisando el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y crear un frente común entre autoridades federales y locales y los propios comunicadores, para apoyar y defender a quienes inclusive, a riesgo de su propia vida, ejercen su libertad de expresión para comunicar, difundir y denunciar públicamente temas que nos atañen a todos y cuyo fin último es asegurar la participación consciente e informada de la ciudadanía.

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Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a ex jefe de Gabinete de Mancera por enriquecimiento ilícito

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El Juez de Control de la Ciudad de México vinculó a proceso al ex jefe del Gabinete del gobierno de la capital del país durante la administración de Miguel Ángel Mancera, Julio César Serna Chávez, por el delito de enriquecimiento ilícito.

El juzgador consideró que existieron pruebas suficientes para proceder contra el ex funcionario capitalino y por ello también determinó la inmovilización de las cuentas financieras del ex servidor público, considerado como uno de los principales operadores políticos de Mancera.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el ex servidor público es acusado de enriquecimiento ilícito durante la administración de Miguel Ángel Mancera beneficiándose de su cargo como servidor público para intereses personales.

De acuerdo con la fiscalía capitalina, después de revisar las declaraciones patrimoniales de Serna no corresponden los ingresos económicos que percibió como funcionario público y el patrimonio que ostentó, por lo que parte de sus ingresos económicos provinieron del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aportado por trabajadores de la administración pública de la Ciudad de México.

La fiscalía capitalina identificó un total de 14 propiedades que no están contempladas en las declaraciones de intereses, aunado a que existe un registro de razón social que no fue señalada en su declaración patrimonial, por lo que se dedujo que hubo irregularidades.

En diciembre de 2019 la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México inhabilitó por diez años a Julio César Serna para ejercer un cargo como funcionario público por las diferentes irregularidades detectadas en su actuación como coordinador general de la Central de Abastos de la capital del país entre 2015 y 2017.

Al respecto, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, pidió que se lleve a cabo un proceso legal conforme a lo establecido por la Ley, y que no se politice el caso por haber sido uno de sus colaboradores más cercanos.

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