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Narcotráfico

Tribunal revoca sentencia que absuelve al Güero Palma

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El magistrado del Cuarto Tribunal Unitario de Zapopán, Jalisco, José Luis González, revocó la sentencia que absolvió al narcotraficante Héctor Luis “El Güero” Palma Salazar por el delito de delincuencia organizada y ordenó reponer el procedimiento para que busque a dos testigos protegidos.

El juez federal emitió el fallo luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la sentencia absolutoria dictada por el juez Víctor Francisco Chávez Romero, quien realizó las labores de juez del Segundo Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales.

Por ello, el narcotraficante fue reingresado al penal de máxima seguridad federal del Altiplano, Estado de México, pues los testigos declararon contra Palma Salazar y lo señalaron de estar detrás de un cargamento de 3 mil 228 kilógramos de cocaína que fueron asegurados el 19 de julio de 1999 en Tecomán, Colima.

Los testigos acusaron al Güero Palma de cometer diferentes ilícitos cuando formó parte del Cártel de Sinaloa, por lo que traficó droga de manera permanente en México para ser enviada hacia Estados Unidos y que ésta fuera procesada y vendida en el mercado interno norteamericano.

La FGR acusó al narcotraficante de incurrir en diferentes ilícitos, por lo que pidió la reposición del proceso penal en el que fue absuelto por el anterior juez, y por ello solicitó que enfrente los cargos que se le imputan por parte de las autoridades federales mexicanas.

El Güero Palma es señalado como uno de los narcotraficantes más poderosos del Cártel de Sinaloa, por su cercanía con Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, pero que fue acusado por las autoridades mexicanas y norteamericanas por el trasiego de drogas.

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Investigaciones

Sierra Negra de Puebla azotada por caciques y crimen organizado

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Por Claudia Martínez Sánchez

El viento en Coyomeapan huele a café, tabaco y miedo. En su verde espesura color esmeralda los cerros abrazan los espíritus y las almas de los indígenas en la región de la sierra negra, en un lugar cercano a los caprichosos colores azules de la naturaleza. Solo ellos son bendecidos en el buen vivir de la madre tierra: tan cerca del cielo, las nubes, la lluvia… y tan lejos de la justicia.

La madrugada del 6 de junio, el miedo y el espanto se escuchó desde las montañas de Coyomeapan: hombres encapuchados de procedencia nayarita y veracruzana con armas largas en mano comenzaron a azotar de terror las alfombras doradas de luciérnagas que incendian la oscuridad para amarse entre los bosques; todos en la sierra los identifican como “Los Celestinos”, los caciques del pueblo, autores de la inseguridad y la violencia en estas tierras.

Las familias indígenas que se internan en la sierra, son las que viven de lo que la tierra les da. Estas familias, que viven en chozas de tejamaní y madera, han sido las más acechadas desde hace 11 años, cuando llegaron “Los Celestinos”. Pero el 6 de junio, los abusos de “Los Celestinos” fueron desmedidos: hogares fueron irrumpidos durante la madrugada por este grupo delincuencial para obligarlos, a mano armada, a votar por el candidato que forma parte de esta mafia, Rodolfo García López, de origen nayarita –esposo de la recién electa diputada federal, Araceli Celestino Rosas–. A los que mejor les fue, fueron a aquéllos a los que les llegaron a ofrecer de mil a dos mil pesos por el voto y a aquellos a los que les arrebataron su credencial para votar.

Alcaldesa de Coyomeapan, por MORENA, Araceli Celestino Rosas.

Con el primer rayo de sol que iluminó el pino y el encino de los bosques en esa mañana luminosa del 6 de junio, el pueblo entero salió a votar. La indignación y el coraje rebasó el miedo del pueblo, su voto era a favor del partido que fuera, en su mayoría al Partido Revolucionario Institucional (PRI), no por su confianza al tricolor, sino porque el candidato es indígena como ellos y, para el pueblo, es el candidato que los representa, mas no el esposo de la diputada Araceli Rosas Celestino.

Los habitantes detectaron que, en muchas de las casillas, a temprana hora, ya habían hombres nunca vistos en Coyomeapan y ni el náhuatl sabían pronunciar. “Son gente ajena al pueblo, llegaron con credencial para votar –dijo Don Telésforo–, por allá por los cerros, ahí debió ver la fila de encapuchados armados que subieron a amedrentar a los más humildes, los que apenas viven de la tierra y tienen sus chocitas de madera. Eso no se vale que le hagan a nuestra gente, ya es mucho lo que nos hacen, ya es mucho”, recordó, secándose las lágrimas.

Si bien es cierto que la sierra negra es tierra de olvido, indiferencia, marginación, desigualdad y discriminación, también es cierto que nunca antes había sido azotada por grupos criminales como “Los Celestinos”, hasta que llegó la presencia de la minera Autlán a la región con el proyecto hidroeléctrico.

Desde hace 11 años, “Los Celestinos” han aplicado la ley del revolver: aquel que no se arrodille a su ley, o lo meten a la cárcel o los desaparecen o los matan. Los indígenas en esta zona de la Sierra Negra, enclavada en la región de Dios y del olvido de las autoridades, habían venido denunciando desde hace un par de años el despojo de grandes hectáreas de sus tierras para la construcción de cabañas y algunas otras hectáreas para disfrazar la exploración de la tierra con barrenos para el proyecto hidroeléctrico que pretende devastar toda la sierra negra.

Los medios de comunicación difícilmente entran a realizar, a conciencia, una radiografía periodística de los escenarios de marginación, pobreza y terror que en 11 años han sufrido los indígenas de Coyomeapan. Pocos son los que entran e investigan a fondo la corrupción que existe en la sierra negra en contubernio con la empresa hidroeléctrica de minera Autlán.

La Celestina y sus caciques

La Celestina es una novela literaria que bien le hace honor al juego de palabras con el que se le apodan “Los Celestinos” en la Sierra Negra de Puebla. La Celestina es una bruja meretriz, mañosa, alcahueta que practica la hechicería para lograr sus más siniestros y oscuros propósitos. En Puebla, Araceli Celestino Rosas, diputada federal electa, parece salida de la obra de Fernando de Rojas, pero en los tiempos actuales del narcotráfico y la simulación gubernamental. Araceli encaja en el estilo de “jefa de plaza” de la Sierra Negra por su operación al servicio de las empresas mineras y la organización de grupos criminales para someter y aterrorizar a todo el municipio. Actualmente hay más de 20 denuncias en contra de esta funcionaria pública por amenazas, persecución, despojo de tierras y diversas violaciones a los derechos humanos de los indígenas de Coyomeapan.

El origen de Los Celestinos

La historia de “Los Celestinos” comienza en 2010 con la llegada de David Celestino, un médico que no es originario de la sierra, pero que se fue ganando la confianza de las comunidades; es así que llegó a ser el presidente municipal de Coyomeapan, a base de mentiras, haciendo creer al pueblo que era generoso y buena persona; sin embargo, en el periodo municipal de David Celestino, comenzaron las balaceras, los actos de intimidación y la discriminación a los indígenas; desde entonces, los indígenas son obligados a hablar correctamente el español cuando llegan a las dependencias locales: son regañados por las autoridades municipales por hablar náhuatl, son objeto de burla y maltrato en el menor de los casos.

En 2014, David Celestino le cedió el cargo como presidenta municipal a su hermana Araceli Celestino Rosas, electa de igual manera, a base de compra de votos, intimidación y amenazas. Ahora, la señora ocupará un cargo federal como diputada; esta mujer ha manifestado a los habitantes de Coyomeapan, sin pudor y empacho alguno, que su emporio se lo debe a su compadre, el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Sicarios en la nómina del Ayuntamiento

Así pues, a los caciques “Los Celestinos” se les adhieren hasta los hijos de expresidentes municipales, los que cobran en la nómina del Ayuntamiento; después de terminar con su trabajo de servidores públicos, se ocupan como sicarios, gatilleros y golpeadores, como es el caso de los hijos del ex presidente municipal Marco Antonio Rojas Mendoza: Alfredo Rojas Arrollo y Sergio Rojas Arrollo, principales operadores de “la maña” en esta región.

Otros hijos de exalcaldes al servicio de “Los Celestinos”, que lavan los trapos sucios al interior de la administración celestina son: Omar Aguilar Bonilla, hijo del expresidente municipal Erasto Aguilar González, desde hace 11 años, cobra en la nómina del ayuntamiento con el cargo de secretario particular de David Celestino, Araceli Celestino Rosas, actualmente aparece en la planilla de Rodolfo García López como presidente municipal suplente.

Al servicio de “Los Celestinos”, también aparecen otros nombres de hijos de exalcaldes esperanzados en ser los próximos en la silla municipal: Giovanni Aguilar, Rodolfo Bolaños, Federico Avendaño, Everardo Arguelles, Édgar Nuño. Todos ellos con la fe ciega de la falsa promesa de Araceli Celestino: al que le eche ganas, lo harán presidente municipal en las próximas elecciones.

Para “Los Celestinos”, perder Coyomeapan es sinónimo de pérdidas millonarias entre la minera Autlán y sus operadores, que hacen exactamente lo mismo que en otras regiones del país, donde se pretenden instalar empresas eólicas, mineras e hidroeléctricas. Su operación principal es el resquebrajamiento social, el desplazamiento de las familias indígenas mediante la inseguridad y la violencia, la persecución, amenazas y encarcelamiento de indígenas.

Antonio Sandoval, encarcelado y acusado como autor intelectual y material de la desaparición del defensor de la tierra Sergio Rivera Hernández, en las elecciones de 2018 en Zoquitlán, Puebla, fue contratado hace unas semanas como guardaespaldas, y es uno de los gatilleros al servicio de “Los Celestinos”, tal como lo fue con Fermín González León, el exalcalde de Zoquitlán, también operador de la minera Autlán, acusado y encarcelado de igual manera, por la desaparición de Rivera Hernández.

Este último, González León, en estas elecciones también operó para la empresa minera; para nadie es ajeno que, a mano armada con un grupo de hombres, la madrugada del 6 de junio ingresó violentamente en los hogares de las comunidades indígenas en Zoquitlán; pero, ¿quién arma a estos exalcaldes mañosos? ¿Quién les patrocina armas largas? ¿De dónde sale tanto dinero para comprarlas?  ¿Quiénes son los autores de esta nueva oleada de caciques modernos a la copia fantoche y barata de narcos series? La respuesta es: Minera Autlán. ¿Quiénes son los más fáciles de corromper?: Las autoridades municipales, por eso González León y “Los Celestinos”, así como los hermanos Hernández Hernández en Eloxochitlán, pelean porque nadie les arrebate el hueso.

A la minera Autlán no le conviene volver a hacer labor de convencimiento ni a volver a comprar conciencias con nuevas administraciones y menos con nuevos alcaldes; por eso Antonio Sandoval, el gatillero de Fermín González, es tan cercano a “Los Celestinos”, porque todos persiguen el mismo fin: cumplir pactos con la empresa minera: someter a los pueblos, despojar a los campesinos de sus tierras, lograr el desplazamiento de familias para abrir el paso a la hidroeléctrica a costa de la devastación de bosques, ríos y de la vida de los habitantes de Coyomeapan, Zoquitlán y Eloxochitlán.

El Estado se combate a sí mismo: la simulación contra el narcotráfico

Si bien es cierto que Luis Miguel Barbosa Huerta reconoce abiertamente que existe la presencia de grupos delincuenciales en la Sierra Negra como Zapotitlán Salinas, Tlacotepec de Porfirio Díaz, Zoquitlán, Altepexi y Coyomeapan, también es verdad que se ha protegido a estos alcaldes caciques al descartar investigaciones, pese a que se cuentan con suficientes denuncias en instancias federales y estatales; Barbosa Huerta ha descartado que estos alcaldes tengan nexos con bandas delincuenciales dedicadas al robo de hidrocarburo y narcomenudeo u otras actividades ilícitas.

Sin embargo, en el caso del municipio de Ajalpan, con el expresidente Ignacio Salvador, prófugo de la justicia, no le ha quedado más remedio que aceptar que sí hay alcaldes vinculados al crimen organizado en esta región del estado de Puebla:

“Sabemos quiénes son las bandas, y estamos encima de ellos, pero trabajamos junto con la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, para darle garantía a la ciudadanía”.

Para el investigador,  antropólogo y escritor de la casa editorial Grijalbo, el Dr. Edgar Morín, autor de La Maña, Crímenes de Cuello Blanco,Tinta y Carne, “quienes explotan los recursos naturales en estas comunidades son poderes fácticos. Cuando te hablo de usos y costumbres, lo manifiesto en un tono irónico porque ese es el pretexto para que el estado no llegue; una parte de la historia de México es también un historia de una serie de intermediarios parasitarios, y los caciques entran en esta categoría casi sociológica, son intermediarios parasitarios entre el estado mexicano –que está ausente totalmente en esas comunidades–, y cuando digo ausentes lo digo en términos históricos, porque cuando han estado, es sólo para saquear y explotar, y ese es el mecanismo histórico que se ha reproducido, justo como ocurrió en la relación entre el estado y los estudiantes  con la presencia de los porros en los movimientos estudiantiles.

No hay que olvidar que en Puebla históricamente han figurado cacicazgos terribles como el de Maximino Ávila Camacho o el más reciente en su intento de hacer un cacicazgo autoritario, poco democrático, bastante violento y corrupto, como el de Rafael Moreno Valle.

Desde su percepción en torno a los nuevos caciques modernos, el proceso de simulación no ha terminado, y menciona: “hay una simulación en lo hechos sobre distintos problemas que tiene el estado: delincuencia, corrupción, espionaje político, crimen organizado, el huachicol, y en esto de las mineras se tiene que investigar la relación de corrupción con figuras del poder, sin embargo, la ciudadanía no tiene confianza en las autoridades porque las autoridades no se han ganado la confianza de la ciudadanía, con estas relaciones perversas entre el crimen organizado, el poder político y el poder económico”.

No son pocos los testimonios que dan cuenta de los problemas públicos de la comunidad:

“Tenemos el fenómeno de colusión y omisión, es decir, se traduce en que el crimen organizado le hace el trabajo sucio a funcionarios de mineras para eliminar a opositores, defensores de derechos humanos, ecologistas, defensores de la tierra ecologistas y me parece que allí hay un problema muy importante que se traduce en que el estado mexicano lo atiende, es decir, pareciera que el estado mexicano sí atiende este tema de manera simulada”.

“Donde vemos este tipo de explotación hay una violencia importante contra los opositores a estos proyectos llámese defensa de la tierra mineras, hidroeléctricas y esto se ve en todo el país.

“El fenómeno no se esta combatiendo con eficacia, esa es la realidad porque la relación entre políticos y células de grupos criminales y caciques sigue vigente; mientras el estado no intervenga de verdad, el fenómeno seguirá creciendo.

“El gobierno de Miguel Barbosa también sigue simulando, lo que tendríamos que entender es que la corrupción y el crimen no se acaba por decreto, el estado que combate al crimen, se combate así mismo; Falcone lo decía: cuando el estado combate al crimen organizado, se combate así mismo.

“Lo que la ciudadanía poblana tendría que analizar es si el estado poblano se está combatiendo así mismo o si simula combatirse así mismo, o si utiliza la justicia y la ley para arreglar las cuentas en otras direcciones, porque, ¿dónde quedan todas las denuncias? Esto será la retorica y la simulación, los hechos nos muestran que no ha pasado de las buenas intenciones y en un estado con estas características como Puebla se trata de omisiones y simulaciones”.

La ley de Herodes: Eloxochitlán

Hablar de Eloxochitlán es hablar de pobreza, desigualdad y marginación. Este municipio se encuentra atrapado en el tiempo. Es el municipio más pobre del estado de Puebla; en 1999 ocupó el primer lugar a nivel nacional. Aquí los 14 mil habitantes hablan la lengua materna: el náhuatl. Las 29 inspectorías y la única junta auxiliar se encuentran en el abandono. Los usos y costumbres se violentan cada día más a partir de la llegada de los nuevos caciques: los hermanos Hernández, dos en el poder y 12 que operan parte del terror en estas tierras del olvido.

Los servicios de drenaje y agua potable no existen; la luz es apenas un suspiro para los pocos que cuentan con este privilegio que enciende y apaga como un breve relámpago. El rezago en la educación es alarmante y en materia de salud el abandono es infame, todos estos factores han coadyuvado a los señores Herodes, los Hernández.

En 2014, Delfino Hernández Hernández entró con la bandera del PRI. Se ganó la empatía del pueblo con el discurso repetido del progreso: luz, drenaje y agua –derecho humano universal que en este municipio no existe–. Desde hace 7 años, el pueblo de Eloxochitlán vive bajo la amenaza de Honor Hernández Hernández –actual presidente municipal– y Delfino Hernández Hernández –exalcalde, ahora por segunda ocasión presidente electo por el PT y PSI–.

A la llegada de Delfino Hernández, la presencia de grupos armados, la venta de drogas y el consumo de cristal ha sido escandaloso. Hace año y medio Joel Cortés, contralor de este municipio, fue detenido por elementos de la policía estatal con un cargamento de cristal, sin embargo, la mano de Honor Hernández intervino con una fuerte cantidad de dinero para que fuera puesto en libertad antes de ser trasladarlo a los separos. El municipio lo sabe y fue un escándalo a voces silenciadas, porque además fue a la vista de muchos testigos, testigos que también fueron amenazados.

El desplazamiento forzado de familias indígenas por el arrebato de tierras bajo amenazas es de igual manera pavoroso, la intimidación y el hostigamiento es el pan de cada día en este municipio. Obligan a los campesinos a malbaratar sus tierras. Su eslogan: construyendo el rumbo. Y así construyen su rumbo: sometiendo a su pueblo.

Eloxochitlán nuevamente vivirá bajo el miedo y la incertidumbre, los Hernández seguirán violentando los derechos humanos de los indígenas. No hay autoridad federal ni estatal que entre a auditar a esta familia y a constatar toda la sarta de atrocidades que aquí ocurren. Las familias han denunciado, pero no hay respuesta de las autoridades.

Los Hernández Hernández fueron de cuna muy pobre, los padres nunca tuvieron riquezas y menos vehículos, hasta hace 7 años los hermanos Hernández vivían en una de las comunidades más humildes, en Atexcapa, al igual que sus padres tampoco tenían propiedades y menos vehículos; en 7 años su riqueza ha crecido de manera descomunal: compra de carros de volteo, maquinaria de trascabos, y pipas; la construcción de tres casas en Atexcapa, una tienda tipo bodega de abarrotes que la administra el padre de los Hernández en esta comunidad, y una tienda más de abarrotes en la cabecera municipal, además de un negocio de utensilios de cocina y una farmacia donde mandan a todas las familias indígenas que solicitan ayuda médica al municipio, allí pagan consulta, pagan medicamentos y también se les condiciona el servicio bajo empeños y prendas o propiedades, depende de la gravedad de la enfermedad. No puede faltar la empresa constructora y bloquera, misma que se autocompra para la construcción de pequeñas obras del ayuntamiento.

De acuerdo con los trabajadores cercanos a su administración municipal, en estos siete años han comprado residencias en Tehuacán, una en Puebla y un departamento en la zona de Angelópolis, más tres casas en la cabecera del municipio. Los trabajadores de este ayuntamiento han manifestado a este medio que viven y trabajan con miedo: “En qué andarán metidos, porque ni Andrés Manuel López Obrador anda con tantos hombres armados, aquí tienen en su poder cuatro vehículos tipo Chevrolet con blindaje del 7. A qué y a quiénes le tienen miedo, debería de ver cuántos guaruras andan resguardando a los dos hermanos y ni son guaruras, son sus matones, todos son foráneos, no son de la sierra. La familia de los Hernández es numerosa. Son catorce hermanos y los 12 hermanos restantes se dedican a administrar una flota de taxis piratas en toda la sierra negra, como en Tehuacán”, son taxis que operan como halcones.

Justo en el mes de enero el secretario particular de Honor Hernández, de nombre Carlos Aguas Balderrama, perdió la vida en un accidente por circular a alta velocidad, el vehículo salió de carretera, pero a abordo iba acompañado de un elemento del Ejército del estado de Veracruz, compañeros del militar llegaron al rescate y llevaron al gendarme a un hospital en la ciudad de Puebla. Los testigos manifiestan que dentro del vehículo llegaron a sacar maletas de dinero y armas, mismas que fueron a parar al domicilio particular de los Hernández.

El 6 de junio, fueron evidenciadas dos casas de seguridad donde se tenían acumuladas credenciales para votar, una de esas casas le pertenece al suegro del candidato electo Delfino Hernández Hernández, y de acuerdo a declaraciones de los habitantes, estas credenciales fueron acumuladas mediante engaños. En cada trámite que se gestiona en el ayuntamiento –como actas de nacimiento, constancias de vivienda y demás gestiones–, las autoridades municipales a base de mentiras les retenían las credenciales, de esa manera, antes de las elecciones se les fue a condicionar hasta el domicilio de cada persona la devolución del plástico siempre y cuando comprobaran que el voto iba a ser para Delfino Hernández, la Fiscalía tiene acumuladas varias denuncias por este delito electoral.

Salud privada y falsa educación sin límites, negocio redondo

Educación sin límites para todos los niños de Eloxochitlán es una más de las mentiras de estos caciques. La instalación de dos antenas para el servicio de internet gratuito sirvió para el uso personal de la gente de los Hernández Hernández, hasta el momento los estudiantes siguen esperando el servicio gratuito de internet para tomar clases a distancia. Los aparatos móviles que se entregaron en septiembre del año pasado fueron aparatos de desecho que sirvieron para ser tirados a la basura casi al mes, sin embargo, educación sin límites ha servido para desviar recursos.

Al no haber hospitales ni clínicas en este municipio, se instaló una farmacia municipal con equipamiento y presupuesto público; sin embargo, las consultas, así como el medicamento, se les cobra a las familias indígenas. Los servicios médicos para los caciques ha sido un negocio redondo en esta pandemia.

Y sí, también la empresa minera Autlán tiene presencia en esta parte de la sierra negra de Puebla. Justo en este punto es donde convergen los tres ríos más importantes que pretende entubar el proyecto hidroeléctrico, justo aquí inicia el río Tonto, que podría ser entubado en cualquier momento. La sierra negra peligra y las familias indígenas también.

Persecución política y amenazas de Los Celestinos

De acuerdo con el Censo del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, las amenazas a familias de Coyomeapan se potencializaron con el despojo de tierras desde hace dos años; a la fecha, suman 4 mil familias amenazadas y 50 defensores perseguidos y otros encarcelados.

Estos casos ya los atiende la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración, a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, en conjunto con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México; dichas dependencias elaboran acciones para intervenir y velar por los derechos humanos de las comunidades indígenas en Coyomeapan.

De igual manera, la Fiscalía Estatal de Derechos Humanos fue inmediata en su atención y en la salvaguarda de los defensores amenazados con las medidas de protección. Un número considerable del personal de esta dependencia se trasladó hasta la Casa de Justicia en el municipio de Tehuacán para levantar las denuncias de los defensores, esto derivado de la desconfianza de los indígenas en las autoridades de la región. Lo cierto es que el miedo y el terror prevalece en los defensores y muchos de ellos decidieron denunciar en instancias federales y otra parte en la Fiscalía Estatal en materia de derechos humanos.

En esta región algunos defensores que encabezaron luchas ejemplares, han mandado mensajes a los que lideran la defensa de la tierra en el sentido de que se deben alinear porque los van a matar, advierten mensajes catastróficos. “Hay vidas de por medio”, y es que algunos de estos defensores en tiempos de campaña recibieron canonjías de Araceli Celestino Rosas, por eso es que se escudan y lanzan advertencias en el intento de controlar a los defensores de estos pueblos, incluso se ha comenzado a hacer una campaña negra en contra de los que en este momento están trabajando en favor de las comunidades indígenas de la sierra negra. Mensajes como “ los van a matar”, son avisos que finalmente son amenazas. Lo terrible es que los mismos defensores se presten a ser portavoces o mensajeros de “Los Celestinos”, Araceli Celestino se encargó de amarrar también las luchas de defensores a través de compadrazgos.

De Coyomeapan a Palacio Nacional

Era domingo seis de la tarde, habitantes de las comunidades indígenas bajaron a pie para llegar en punto de las diez de la noche a Coyomeapan, hora marcada para la salida a la Ciudad de México con dirección a Palacio Nacional y arribar a las 5:30 am. La Urvan blanca cargaba en el techo las lonas con consignas en contra de los caciques de Coyomeapan. Todos apretujados y abordo, tomaron camino por la sinuosa carretera de la sierra.

Con la oscuridad que aún no ve el clarear del alba, llegaron a Palacio Nacional, la esperanza de ver al presidente Andrés Manuel López Obrador los despertó en cuanto pusieron el primer pie en la capital. Inseguros, tímidos y con mucha pena comenzaron a colocarse frente a Palacio Nacional, estirando sus lonas; por fin alguien se animó y comenzó a gritar: “¡Fuera los caciques de Coyomeapan! Y la gente se pregunta, y esos quiénes son: somos campesinos defendiendo la nación. Y la gente se pregunta y esos quiénes son: ¡somos campesinos exigiendo solución! ¡Obrador, escucha a tu pueblo!”.

Los paisanos que allí trabajan, al ver en redes sociales que había gente de su pueblo a las afueras de la mañanera, dejó todo a un lado para unirse a las protestas; muchos de ellos pidieron permiso en sus trabajos, otros llegaron con enormes ollas de café y pan para su gente. Habían trascurrido tres horas y media y sus consignas no cesaban: “¡abusados, allí viene la prensa!, que escuchen como se grita justicia en Coyomeapan: ¡justicia, justicia, justicia! ¡Fuera Los celestinos”!

La agenda programada marcaba una rueda de prensa a las once de la mañana para los habitantes de la sierra, al unísono se sumó Los Ángeles Press para ceder el uso de la palabra en su evento que se relacionaba con las víctimas de tortura: “son muchas familias las amenazadas, son campesinos muy humildes a los que les han arrebatado sus tierras, se han aprovechado de la ignorancia de las familias, han encarcelado a algunos, nosotros estamos amenazados”, dijeron en entrevista, “lo único que queremos es que se nos haga justicia y que se vayan ‘Los Celestinos’, le han hecho mucho daño a nuestro pueblo. Nuestra gente es de paz, no queremos violencia”.

 INE y los indígenas de Coyomeapan 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, abrió su agenda para escuchar a la comunidad indígena. Allí en la mesa de diálogo, se expusieron las anomalías: la problemática con cuatro casillas, la constancia que el IEE le había otorgado al candidato de “Los Celestinos” y la toma de las instalaciones del consejo municipal del IEE por el pueblo, así como otras incoherencias en las que incurrió el IEE. Los habitantes sabían de antemano que el INE les diría que no era de su competencia por tratarse de un tema local, pero escucharon lo que necesitaban saber para tomar el camino indicado en torno a sus demandas en el tribunal electoral. De inmediato, Lorenzo Córdova tomó su teléfono para poner a los indígenas en manos de la defensoría de los pueblos indígenas del instituto electoral.

Casi con el corazón de fuera y los ojos cercenados sin dormir, hombres y mujeres permanecieron de pie en espera de la respuesta de la comisión que había entrado con Lorenzo Córdova. A las tres de la tarde, con una sonrisa alentadora resumida en buenas noticias para el pueblo, la comisión se encontró con un nuevo grupo solidario de paisanos que llegaron a sumarse allí afuera del INE, igual de adheridos y con residencia en la Ciudad de México, habían llevado cajas enormes de alimentos y refrescos para que la gente pudiera almorzar y comer.

A las seis de la tarde, la Secretaría de Gobernación abrió las puertas para los coyomeapeños afectados, particularmente a las víctimas de amenazas de muerte y persecución. El cansancio vencía a algunos, pero en cuanto tuvieron a las autoridades frente a sus ojos, un impulso de voluntad y resistencia los volvía a poner en pie; expusieron sobre la mesa todas las injusticias y su preocupación por que las cosas se fueran a salir de control, el miedo se sentía a flor de piel y sus emociones también, algunos fueron vencidos por el sentimiento: la voz se les quebraba y en seguida las lágrimas de sus ojos humedecían sus rostros.

Al salir de la Secretaría de Gobernación, las porras y las palabras reconfortantes para todos los que esperaban afuera se desbordaron en llanto; por fin alguien los había escuchado, por fin las autoridades intervendrían para que la paz nuevamente arropara a los indígenas de la sierra negra. “Pero no hay que confiarnos, falta que cumplan las autoridades, tenemos que darles el voto de confianza, pero también de desconfianza, esperemos que de verdad este gobierno no nos falle”.

Radios disfrazadas de comunitarias al servicio de la minera

Una nueva estrategia para dividir a los pueblos es justamente a través de las radios en poder de los caciques para romper con las verdaderas radios comunitarias de la sierra negra que pertenecen a la RED de Radios Comunitarias de Puebla, Oaxaca y Veracruz. Mientras las radios comunitarias mantienen una programación cultural y educativa, pero también de resistencia en contra de los proyectos de muerte, “Los Celestinos” como el presidente actual de Zoquitlán, Claudio Hernández Cabanzo, y Fermín González, exalcalde de Zoquitlán como los caciques de Eloxochitlán, los Hernández Hernández, le han apostado a la programación radiofónica de la narco-cultura, con corridos y bandas, además de la desinformación para posicionar la entrada del proyecto Hidroeléctrico, Atzalan-Coyomeapan del Grupo Ferrominero Mexicano; estas estaciones tienen la finalidad de golpear a los defensores de la tierra, la división de familias, el resquebrajamiento social y la apología del delito, una de esas estaciones lleva por nombre La Llegadora en Zoquitlán, que se escucha en la 107.1 FM, esta estación le pertenece al expresidente municipal Fermín González, quien además utiliza su propia estación de radio para promocionar a sus candidatos y a la administración de Claudio Hernández Cabanzo. En Coyomeapan, “Los Celestinos” son dueños de la estación de radio La Triunfadora 103.1 y en Eloxochitlan los trabajadores del ayuntamiento tienen conocimiento que con la llegada de Delfino entrará una estación de radio FM. Que de igual manera va operar en favor de la empresa hidroeléctrica.

Rearticulación de defensores de la tierra en Zoquitlán

Este fin de semana, defensores de la tierra en Zoquitlán se rearticularon en Coyolapa, después de tres años de la desaparición de Sergio Rivera Hernández. Habitantes de varias comunidades de la sierra negra denunciaron severas amenazas; la empresa minera ahora está operando mediante funcionarios que se hacen pasar por catedráticos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y como gente cercana a defensores de otras causas, para entrar a las comunidades con mentiras y promover la consulta en favor de la hidroeléctrica.

Tal es el caso de Zoilo Guzmán, quien se hace pasar por activista en San José Miahuatlán, y Paula Rosales Bravo, representante de BIENESTAR en Zoquitlán, funcionaria que fue denunciada este fin de semana por los defensores luego de que esta mujer ha estado maniobrando en la sierra negra para que se lleve a cabo una consulta, pese a que el pueblo ya fue consultado en 2017 y como resultado fue el rotundo rechazo al proyecto hidroeléctrico; sin embargo, Rosales Bravo continúa promoviendo la consulta de la mano con Zoilo Guzmán, mismo que de acuerdo a la versión de Rosales Bravo, es trabajador del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI).

La sierra negra hoy se ve más oscura que en los años porfiristas, el tiempo se encuentra atrapado, la justicia es nula para los indígenas y seguirá siendo así mientras el gobierno no haga algo al respecto.

Los indígenas brillan en esas montañas y en los caudales de los ríos, como luciérnagas nos hacen señales de luz pero nadie los ve.

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Mexico Violento

México Militarizado, análisis de WOLA sobre el fracaso en el combate al crimen e incremento de la violencia

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Análisis de WOLA

A partir del recrudecimiento de la guerra contra la delincuencia en México hace casi 15 años—caracterizado por el despliegue territorial de las fuerzas armadas y por una estrategia de perseguir capos con el fin de descabezar organizaciones criminales—los homicidios anuales se han más que triplicado. Desde diciembre de 2006, México ha registrado aproximadamente 350,000 homicidios y el gobierno reconoce que 85,000 personas permanecen desaparecidas y no localizadas.

Andrés Manuel López Obrador afirmó en 2012 que, en caso de ser presidente de México, sacaría al Ejército de las calles dejando a cargo una policía federal profesionalizada. En 2016, criticó duramente el modelo bélico de seguridad, señalando que “no se resuelve nada” con medidas coercitivas y militarizadas. Reiteró en su campaña exitosa de 2018 que reorientaría la estrategia contra la violencia. Como presidente, ha implementado programas sociales que, según su análisis, atenderán algunas de las causas económicas de la inseguridad.

Sin embargo, la desmilitarización no sólo no ha llegado, sino que López Obrador ha apostado por profundizar diversos aspectos del modelo militarizado. Este mes cumple un año el Acuerdo presidencial que dispone la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales hasta 2024. Asimismo, cumple dos años la Ley que creó la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad impulsado por López Obrador que, a pesar de depender orgánicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es una fuerza militarizada que opera bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La suma de estos dos instrumentos legales no es alentadora: incluso si el gobierno retirara a las fuerzas armadas de las tareas policiales para 2024, dichas tareas quedarían en manos de otra institución militarizada (la Guardia Nacional). En este contexto, se desdibuja la necesaria reforma policial civil. Mientras tanto, persisten diversos factores estructurales que fomentan la violencia en México.

El fracaso de la militarización como estrategia contra la violencia

Al asumir la presidencia en diciembre de 2006, Felipe Calderón declaró una guerra sin “tregua ni cuartel” contra la delincuencia. Si bien la participación militar en actividades policiales y antidrogas en México se remonta a sexenios anteriores, la llegada de Calderón marcó el comienzo de la etapa actual de militarización como eje central de la estrategia anticrimen. A partir de ese año, el gobierno desplegó una serie de operativos conjuntos militarizados, dando lugar a miles de enfrentamientos armados protagonizados por fuerzas castrenses y decenas de miles de detenciones realizadas por elementos militares.

Calderón también impulsó reformas a las instituciones policiales, afirmando que su objetivo a largo plazo era que las corporaciones civiles asumieran las tareas de seguridad. Sin embargo, dichas reformas no se tradujeron en cambios del calado necesario para garantizar la efectividad y la rendición de cuentas de las policías. Al final, se mantuvo la militarización a lo largo del sexenio calderonista. El presidente Enrique Peña Nieto repetiría, con algunas diferencias, el mismo ciclo durante el sexenio de 2012-2018: habiendo anunciado la conformación de una nueva fuerza federal, la Gendarmería, terminó continuando con el despliegue militar. Durante el gobierno de López Obrador, el despliegue territorial ha incorporado a un número cada vez mayor de elementos de la Guardia Nacional (fuerza cuyo carácter militarizado será analizado infra). Al mismo tiempo, sigue hasta la fecha la participación directa de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. Así, con variaciones, la militarización se ha convertido de supuesta medida transitoria en estrategia de largo plazo.

Como otro componente del modelo anticrimen, sucesivos gobiernos federales han puesto énfasis en la detención de capos, actividad en la que las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina (Semar) han jugado un papel protagónico con apoyo de Estados Unidos. López Obrador se ha distanciado de dicha estrategia, aunque existen ejemplos de detenciones de capos durante su gobierno.

Los resultados del modelo bélico han sido catastróficos. Los homicidios aumentaron drásticamente a partir del sexenio de Calderón (ver gráfica 1). Las detenciones y muertes de capos han fomentado la fragmentación de los grupos criminales, provocando un aumento en la violencia. Los enfrentamientos con participación de las fuerzas de seguridad detonan aumentos en los homicidios a nivel local. La abrumadora mayoría de las decenas de miles de personas que el gobierno registra como desaparecidas lo fueron durante los últimos 15 años. Un porcentaje importante de los homicidios y de las desapariciones registradas en años recientes se concentra en determinadas regiones del país, incluyendo varios de los estados más poblados.

  1. Homicidios en México 2000-junio 2020

Fuente: INEGI 2000-20192020

En los últimos dos años, diversos analistas ven en el actuar de las fuerzas federales una disminución en la estrategia de combate frontal a los grupos criminales. Reducir el uso de tácticas bélicas—las cuales han provocado mayores niveles de violencia sin controlar la inseguridad—se puede considerar, en sí, un paso positivo. Sin embargo, tal modificación en la estrategia no se ha acompañado de medidas idóneas y suficientes para hacer frente a la violencia en curso en el país. Hoy, diversos grupos criminales siguen victimizando a la población y los homicidios continúan en niveles históricos.

Lo anterior confirma que el Estado no ha utilizado los últimos 15 años de militarización para instalar estructuras y prácticas eficaces contra la violencia a nivel nacional. En vez de permitir que las autoridades adelantaran soluciones, la militarización se ha vuelto la adicción que posterga indefinidamente esas soluciones.

Frente a este panorama, hace falta transformar los factores estructurales que fomentan la violencia—empezando por el papel del propio Estado. Tal como han ejemplificado una serie de casos de alto perfil a lo largo de la última década y media, los grupos delincuenciales suelen beneficiarse de la tolerancia y/o participación de actores del Estado. El poder que hoy ejercen las redes criminales en diversos ámbitos se explica solamente con referencia a esta realidad, cuyas consecuencias incluyen una falta de investigación eficaz de patrones de violencia tanto regionales como locales (que van más allá, desde luego, de las actividades de los cárteles trasnacionales).

Igualmente, un modelo efectivo de seguridad requiere priorizar la verdadera reforma y profesionalización de las instituciones policiales civiles, rompiendo el ciclo de militarizar por tiempo indefinido como respuesta fallida ante la corrupción policial y las carencias de las fuerzas locales. Lo anterior, a su vez, requiere superar de manera definitiva la histórica falta de compromiso con la reforma policial en los tres niveles de gobierno.

El gobierno federal actualmente impulsa el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica con el fin de fortalecer las acciones preventivas y el papel de las policías estatales y municipales en la investigación de delitos, entre otros objetivos. Los avances en la implementación del modelo—y, de manera más importante, los resultados iniciales del modelo en la vida cotidiana—darán elementos para analizar qué tan profunda es la transformación que se está impulsando en la institucionalidad y la práctica policiales en el presente sexenio. Lo cierto es que, hasta ahora, la creación de la Guardia Nacional ha sido una prioridad mucho más visible que la reforma policial.

La Iniciativa Mérida

Tras meses de diálogo con el gobierno de Calderón, en octubre de 2007 el entonces presidente estadounidense George W. Bush anunció un nuevo programa de asistencia en materia de seguridad, estado de derecho y antidrogas: la Iniciativa Mérida. El 30 de junio de 2008, Bush firmó la legislación que autorizaba el paquete de cooperación. Para marzo de 2010, el Congreso estadounidense había aprobado más de USD$1.3 mil millones para México bajo el programa (un aumento considerable en la cooperación en materia de seguridad), destinados en gran parte a la compra de equipo, helicópteros, vehículos y tecnología, así como entrenamiento.

Durante la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos modificó la Iniciativa Mérida para adoptar un enfoque de “cuatro pilares” de cooperación, a saber:

  • “Afectar la capacidad operativa del crimen organizado”;
  • “Institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de derecho”;
  • “Crear la estructura fronteriza del siglo XXI”;
  • “Construir comunidades fuertes y resilientes”.

Bajo los cuatro pilares, en la última década la Iniciativa Mérida ha financiado proyectos dirigidos a fortalecer y profesionalizar diversas instituciones de seguridad y justicia, apoyar la transición al nuevo sistema penal, combatir la corrupción y promover los derechos humanos, entre otros. Hasta la fecha, el Congreso estadounidense ha aprobado más de USD$3 mil millones bajo la Iniciativa Mérida.

Por otro lado, el Departamento de Defensa estadounidense brinda asistencia a México fuera del marco de la Iniciativa Mérida. En el año fiscal 2019, se destinaron unos USD$55.3 millones para México por esta vía. Aunque significativo, tal monto no alcanza las cantidades de asistencia militar vistas en el sexenio de Calderón.


La perpetración de graves violaciones de derechos humanos en el marco de la militarización

La guerra militarizada contra la delincuencia en México detonó altos niveles de graves violaciones de derechos humanos. Una de las caras más conocidas de esta crisis han sido las desapariciones forzadas, cometidas por el Ejército, la Marina, así como por otras fuerzas de seguridad de todos los niveles.

Otro patrón ampliamente documentado ha sido la detención arbitraria y tortura a civiles, incluyendo a personas inocentes torturadas y posteriormente acusadas por delitos que no cometieron. Si bien la tortura era una práctica generalizada desde antes del sexenio de Calderón, la militarizada guerra contra el crimen fue un importante factor agravante. Según un análisis del World Justice Project basado en los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, el 88% de las personas detenidas por la Marina y el 85% de las personas detenidas por el Ejército de 2006-2016 reportaron tortura o malos tratos. Según la misma encuesta oficial, el 41% de las mujeres detenidas por la Marina, el 21% de las mujeres detenidas por el Ejército y el 10%-13% de las mujeres detenidas por las diferentes fuerzas policiales del país reportaron haber sobrevivido violación sexual en el marco de la detención.

Finalmente, existen numerosos casos documentados en los que las fuerzas armadas han privado de la vida a personas civiles que se encontraban sometidas y/o que no participaban en acto delictivo alguno, configurando así ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias. En reiteradas ocasiones, los elementos militares han alterado las escenas de estos crímenes, por ejemplo, sembrando armas a las víctimas, como ocurrió en la ejecución de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en 2010. Otro ejemplo de alteración de escenas es el caso Tlatlaya de 2014, en el que se reveló que los soldados operaban bajo la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

En el presente sexenio, el evento que dejó un saldo de un militar y 14 civiles muertos en Tepochica, Guerrero y la privación de la vida a una pareja de jóvenes en Carbó, Sonora han llamado fuertemente la atención pública. En julio de 2020, una ejecución extrajudicial cometida por soldados en Nuevo Laredo quedó grabada en parte en un video. Este último caso forma parte de una serie de muertes de civiles a manos de soldados en dicha ciudad en los últimos dos años, según lo documentado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Por otro lado, los riesgos de militarizar la frontera sur se materializaron en marzo de 2021 en la privación arbitraria de la vida a un ciudadano guatemalteco por un soldado en Mazapa de Madero, Chiapas.

Un indicador clave para detectar prácticas de presunta ejecución extrajudicial es el índice de letalidad, el cual muestra la relación entre el número de personas civiles muertas y heridas por una fuerza de seguridad en contextos de enfrentamiento. En una situación de combate, es normal que el número de personas muertas sea inferior al número de personas heridas. Es decir, un índice de letalidad “normal” sería de 1 o menos. En México, el índice de letalidad de las fuerzas armadas, según datos presentados en diciembre de 2020 por López Obrador, dista de estar en este nivel (ver gráfica 2). Ni el número actual de personas privadas de la vida por las fuerzas armadas, ni el índice de letalidad actual, alcanzan los niveles verdaderamente extremos vividos en sexenios recientes. Sin embargo, las fuerzas armadas siguen matando a cuatro o cinco civiles por cada persona civil herida, es decir, el índice de letalidad hoy se ubica en más del 400% del nivel esperado.

  1. Índice de letalidad de las fuerzas armadas 2007-septiembre 2020

Fuente: conferencia presidencial

Igualmente desproporcionado resulta el número de personas civiles fallecidas frente al personal militar fallecido: según datos oficiales de la Sedena obtenidos por la organización Intersecta, en 2020 perdieron la vida 237 civiles en encuentros con la Sedena, frente a 6 elementos militares. De las personas civiles muertas, el 71% falleció en eventos de “letalidad perfecta” en los que el único resultado del encuentro con la Sedena fueron civiles fallecidos.

A la luz de la violencia perpetrada por el Estado, sumada al fracaso de la militarización como estrategia contra la violencia, un gran número de voces llevan sexenios exigiendo la desmilitarización y la transformación del modelo de seguridad. Tanto organizaciones de derechos humanos como familias que han vivido en carne propia los graves abusos militares y la violencia criminal desatada por la guerra contra la delincuencia han exigido un alto a la violencia de Estado y un cambio de estrategia.

La guerra contra las drogas: un fallido modelo regional

Más allá de los grandes retos dentro de las instituciones de seguridad y procuración de justicia en México, las políticas en materia de drogas adoptadas tanto en México como en Estados Unidos—e impulsadas más ampliamente en el hemisferio—dificultan la consolidación de la seguridad. En particular, el modelo de prohibición y criminalización de las drogas aumenta la rentabilidad del narcotráfico y la corrupción asociada al mismo. (Cabe recordar, además, que las armas traficadas desde o vía Estados Unidos contribuyen a la violencia perpetrada por los grupos criminales, incluida en el marco del tráfico de drogas a Estados Unidos.)

La evidencia acumulada a lo largo de los últimos 15 años en México demuestra las consecuencias devastadoras de responder con acciones bélicas al fenómeno de las drogas. Tal estrategia tampoco ha prevenido ni reducido la crisis de sobredosis en Estados Unidos (que sigue aumentando).

La base de cualquier estrategia bilateral o regional frente al uso problemático de sustancias psicoactivas debe ser el reconocimiento de que esta “guerra”, enfocada en la criminalización, erradicación y combate al transporte de sustancias desde las regiones productoras, se ha perdido. Es imprescindible abordar el fenómeno de las drogas desde un enfoque de salud pública, reducción de daños y regulación legal de mercados, evitando que el consumo de drogas genere ganancias millonarias para grupos delictivos violentos.

La Guardia Nacional: una nueva fuerza militarizada

Según el Acuerdo presidencial de hace un año, a partir de 2024 las tareas policiales federales ya no corresponderán a las fuerzas armadas, sino exclusivamente a la Guardia Nacional (GN), la nueva corporación federal de seguridad creada en 2019. No obstante, todo parece indicar que la anunciada transición, en caso de darse, podría ser un cambio de nombre más que de estrategia.

En teoría, la GN es una institución civil: depende de la SSPC. Sin embargo, su estructura y su identidad institucional son fundamentalmente militares: la mayoría de sus aproximadamente 100,000 integrantes son militares, su despliegue territorial se realiza desde cuarteles y su Comandante es un general (quien pasó de elemento activo a retirado estando al frente de la GN). Aunado a lo anterior, diversos documentos oficiales publicados por los medios de comunicación, cuyo contenido no ha sido desmentido por el gobierno, revelan que la Sedena asumió el control operativo de la GN a partir del 6 de octubre de 2020.

El carácter militar de la GN causó preocupación desde un inicio por los riesgos que éste representa para los derechos humanos. Integrantes de la GN han estado implicados en presuntas ejecuciones arbitrarias en 2020 y 2021; en 2021, la GN ha buscado que familiares de las víctimas acepten indemnizaciones a cambio de no impulsar investigaciones de los hechos. Desde 2020, la GN cuenta con aproximadamente el mismo número de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que la Sedena. En los primeros tres meses de 2021, la GN y la Sedena fueron las autoridades más señaladas por malos tratos, entre otras violaciones de derechos humanos, y cada una de estas instituciones motivó más de una queja por día en promedio.

En este contexto, el Estado no ha tomado medidas para garantizar un adecuado control de la GN, aun cuando este tema es objeto de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que dispuso en 2018 en el caso Atenco que el Estado creara un observatorio para monitorear y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y control del uso de la fuerza de la Policía Federal. Hoy dicha obligación se refiere a la Guardia Nacional, pero el Estado ha indicado ante la Corte IDH que no ve necesario cumplir esta medida.

De la militarización al militarismo: el creciente papel de las fuerzas armadas en la vida institucional

Históricamente, las fuerzas armadas mexicanas han conservado un grado notable de autonomía, al que se ha sumado el poder que representa su papel protagónico en la estrategia de seguridad. El discurso de López Obrador como candidato había dado razones para pensar que su llegada a la presidencia podría significar una reconfiguración de este último aspecto. Sin embargo, tras diversas reuniones con la cúpula militar, el nuevo presidente no sólo consolidó el papel de las fuerzas armadas como pilar de la estrategia de seguridad, sino también empezó a asignarles otra gama de funciones.

En ese sentido, se han promulgado reformas para que la Semar asuma el control y administración de los puertos del país. La Semar y la Sedena igualmente han asumido un papel creciente en el control de las aduanas. Lo anterior se suma a la continuación o ampliación de funciones que han desempeñado las fuerzas armadas en sexenios pasados, tales como tareas de control migratorio.

Por otra parte, si bien las fuerzas armadas habían participado en proyectos de infraestructura en sexenios pasados, resulta llamativo su papel en obras prioritarias de gran escala del gobierno actual. La Sedena está construyendo cientos de sucursales del Banco del Bienestar (vía para la entrega de programas sociales del gobierno federal). También construye y, según anunció López Obradoradministrará diversos aeropuertos. Asimismo, la Sedena no solamente construye sino administrará el Tren Maya, un megaproyecto turístico impulsado por la actual administración. El gobierno explica que el Ejército recibirá directamente las ganancias del megaproyecto. Convertir el Tren Maya en patrimonio de la Sedena es, según López Obrador, la forma de garantizar que el proyecto no se pueda privatizar a futuro “esté quien esté en el gobierno”. Por la misma razón, López Obrador anunció que otro megaproyecto, el Corredor Interoceánico (Transístmico), quedaría escriturado a la Marina y a cuatro gobiernos estatales.

Algunas de las tareas actuales de las fuerzas armadas en México

(Se incluyen actividades nuevas así como funciones ya vigentes desde antes del gobierno de López Obrador.)

  • Despliegue en operaciones de seguridad pública (directo y a través de la Guardia Nacional)
  • Resguardo de instalaciones estratégicas
  • Control y vigilancia en puertos y aduanas
  • Participación en control migratorio
  • Erradicación/fumigación de plantíos de cannabis y amapola
  • Producción/adquisición y otorgamiento de licencias de las armas de fuego portadas por fuerzas públicas, empresas privadas de seguridad y particulares
  • Transporte y/o servicio de escolta para recursos entregados por el gobierno a la población
  • Construcción de sucursales del Banco del Bienestar, aeropuertos y megaproyectos turísticos y de transporte
  • Administración de megaproyectos
  • Distribución de vacunas y equipo médico contra COVID-19
  • Atención a desastres naturales

En cualquier país de América Latina—región cuya historia ha sido marcada por golpes de estado y dictaduras militares—la acumulación por las fuerzas armadas de funciones civiles prende alertas. Diversos ejemplos recientes del uso de las fuerzas armadas en el hemisferio plantean preocupaciones sobre las relaciones civiles-militares hoy.

Ciertamente, la experiencia de México no ha sido la de otras latitudes: a lo largo de la ola de dictaduras en la región, México no sufrió ningún golpe militar. Sin embargo, el peso de las fuerzas armadas mexicanas dentro y fuera del ámbito de la seguridad puede significar que no hace falta un golpe de estado para que las instituciones militares ejerzan niveles de poder que, sin constituir un gobierno militar, tampoco hablan de una institucionalidad democrática saludable. Con la seguridad en manos militares, y con las fuerzas armadas como ejecutoras de componentes importantes del proyecto de gobierno, es dable cuestionar qué margen de poder conserva el gobierno civil frente al estamento militar.

Un caso reciente que ejemplifica estas preocupaciones es el del General Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en 2020 en Estados Unidos bajo acusaciones de colusión con un grupo delincuencial. López Obrador desplegó esfuerzos inéditos para trasladar a Cienfuegos a México. Logrado su regreso, la Fiscalía General de la República (FGR) cerró la indagatoria en su contra, sin haber esclarecido una serie de hechos referidos en los mensajes de chat que formaban la base de las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense (evidencia que fue, además, difundida en línea por el gobierno de López Obrador). El argumento central de la FGR para cerrar la investigación fue que Cienfuegos no era la persona que escribía una serie de mensajes incriminatorios. Sin embargo, incluso las personas cuyos mensajes fueron intervenidos suponían que Cienfuegos no era quien físicamente escribía los mensajes, y mucho menos tal argumento explica la omisión de la FGR de investigar exhaustivamente las referencias en las conversaciones a la colusión de otras autoridades, incluyendo oficiales militares y gobernadores, con actores criminales. A la postre, López Obrador propuso y el Congreso aprobó una reforma que ha obstaculizado el flujo de inteligencia entre Estados Unidos y México. Así, tanto el presidente, como la FGR, como el Congreso supeditaron intereses—desde la justicia penal hasta las relaciones exteriores—al objetivo de rechazar acusaciones contra un personaje que conserva poder dentro de las fuerzas armadas.

Tampoco parece probable que el militarismo disminuya en un futuro cercano, recordando que el presidente ve en las fuerzas armadas una vía para combatir la corrupción. Ahora bien, ninguna institución puede considerarse incorruptible—tampoco las fuerzas armadas—sino que, sin mecanismos de control adecuados, el hecho de trabajar en contextos que impliquen oportunidades o solicitudes de corrupción aumenta el riesgo de que ésta ocurra. Pero dejando a un lado lo anterior, si para López Obrador la participación de las fuerzas armadas es la forma de reducir la corrupción y garantizar la eficiencia en tareas civiles como las citadas supra, entonces para él no habría razones para no aplicar la misma lógica a una serie indeterminada de otras funciones civiles.

Conclusiones

En la guerra contra la delincuencia, quien ha sufrido las pérdidas más devastadoras es la población. El modelo militarizado ha detonado más violencia sin dar paso a estrategias efectivas de seguridad.

Como WOLA y otras organizaciones y personas expertas han resaltado en numerosas ocasiones en los últimos 15 años, ningún despliegue de fuerzas será suficiente para revertir la violencia mientras actores del Estado se encuentren entre los cómplices de las redes criminales; mientras no se priorice la reforma de las corporaciones civiles de seguridad; mientras las instituciones del país no avancen de manera trascendental en la investigación de los fenómenos delictivos; y mientras se toleren violaciones de derechos humanos por parte de las instituciones encargadas de velar por el Estado de derecho.

Abordar estos factores desde un enfoque de protección a la población debería constituir el norte de la estrategia contra la violencia. Tal estrategia requiere de voluntad política y seguimiento cercano para materializarse a nivel nacional; actualmente, preocupa que la apuesta del gobierno sea una creciente e indefinida dependencia de las fuerzas armadas.

 

https://www.wola.org/es/analisis/mexico-militarizado-la-guerra-se-perdio-pero-la-paz-no-llega/

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Estados Unidos

Agente retirado de la DEA desmiente al presidente López Obrador sobre proceso de Cienfuegos en EEUU

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Por Guadalupe Lizárraga

El agente retirado de la DEA, Mike Vigil desmintió al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que este organismo de combate al narcotráfico en los Estados Unidos haya fabricado delitos a Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la supuesta debilidad de los elementos de prueba para vincularlo a proceso por conspiración y narcotráfico.

En entrevista para Los Ángeles Press, Vigil reiteró que las evidencias de Cienfuegos fueron recogidas durante diez años de seguimiento, pero que además se presentaron ante un equipo de expertos de la fiscalía de Nueva York, y después a un gran Jurado en Estados Unidos.

Dijo que en la DEA no se fabrican delitos ni evidencias como en México, porque ningún elemento de la DEA va a arriesgar su carrera de por vida por fabricar una evidencia, explicó Vigil.

“La DEA va desarrollando la evidencia, y luego el archivo completo se va a la fiscalía federal para su revisión, y entonces los fiscales federales -que son muy conservadores-, determinan si la evidencia no es sumamente fuerte, nunca, pero nunca, van a seguir adelante con una acusación formal”.

Continuó el agente, que después “el fiscal lleva el caso a un gran Jurado que consiste en 20 o 25 personas, y se presenta en un juicio para deliberar si la evidencia es fuerte o no, por lo que no nada más es la DEA la que interviene, y cuando el fiscal presentó el caso de Cienfuegos, el gran Jurado determinó que la evidencia era sólida”.

Vigil reiteró que es un proceso largo, no nada más es la DEA, como institución, la que interviene, ni es un agente o dos, es el gobierno de Estados Unidos en su conjunto, incluyendo al Departamento de Justicia, por eso nosotros no fabricamos evidencia, no fabricamos casos como en México”.

Otro de los desmentidos que hace el agente retirado de la DEA al presidente López Obrador es sobre la solicitud de este país para que el gobierno de Estados Unidos retirara los cargos a Cienfuegos. El presidente mexicano dijo en su conferencia matutina que debido a la debilidad de las evidencias en el caso de Cienfuegos, el gobierno de Estados Unidos retiró los cargos. Sin embargo, el agente retirado de la DEA, Mike Vigil enfatizó que tampoco había sido así.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard fue quien solicitó el regreso del general Cienfuegos bajo la promesa de ser investigado y juzgado en México, explicó Vigil que “si no hubiera sido así, el general Cienfuegos habría sido juzgado aquí en los Estados Unidos”, y cuestionó Vigil que “no sabía por qué tantas mentiras del gobierno mexicano”.

Así también, señaló Mike Vigil que el gobierno de los Estados Unidos no entregó a México los informes que ellos catalogan como DEA 06, que contiene todo la información sensible recabada para armar el caso que va desde testimonios, vigilancia, interrogaciones de detenidos, información de inteligencia, “todo lo que se lleva a cabo en una investigación, y eso no estaba incluido en lo que se le mandó a México, porque en el envío, siempre ha habido fuga de información, y puede poner en riesgo a agentes, a informantes, y a la misma investigación, y esto es lo que dio otra vez, con la publicación del expediente con el registro de mensajes y llamadas”.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que él mismo había dado la instrucción de que se publicara el expediente enviado por el gobierno de Estados Unidos, y que todavía circulaba en las redes sociales. No obstante, para el agente retirado de la DEA esta instrucción presidencial “fue una violación al Acuerdo de Asistencia Legal entre ambos países firmado en 1991, y se sigue con la desinformación de que Estados Unidos le quitó los cargos a Cienfuegos porque no había evidencia sólida, y esto tampoco es cierto”.

Concluyó Vigil que “los comentarios del presidente López Obrador están haciendo daño a las relaciones bilaterales, y favoreciendo a los carteles, que se sienten muy confortables con su gobierno”; porque lo que se está haciendo es destruir la cooperación en información entre ambos países sobre el combate al  narcotráfico”.

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