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Justicia pendiente

Tres de cada diez desaparecidos en México son niños

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la grave crisis que atraviesa México dibuja una situación de extrema inseguridad y violencia.

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Policía estatal de Baja California / Foto: José Pedro Martínez

Los Ángeles Press

Ciudad de México.- La pasada semana se presentó el informe “Situación de Derechos Humanos en México”, un documento que aborda las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la grave crisis que atraviesa México, caracterizada por una situación de extrema inseguridad y violencia, niveles críticos de impunidad y atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.

El informe analiza particularmente los numerosos casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y de tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia y la impunidad.  Estas violaciones a los derechos humanos afectan especialmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como son periodistas y activistas por la defensa de los derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país. “Recibimos, además, testimonios de personas que no denuncian violaciones por temor a represalias”, indica el texto.

En las conclusiones se resaltan los datos oficiales del Estado mexicano, que reportan más de 25.000 personas “no localizadas” o desaparecidas. Las desapariciones tienen un efecto desproporcionado sobre niñas y niños, quienes según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, representan un 30% del total de las desapariciones.

Aunque son varios los estados de la república mexicana los que registran elevadas cifras de desaparición forzada, es en Guerrero -y en particular, por las numerosas fosas clandestinas halladas– donde se ha recrudecido este crimen de lesa humanidad. En Iguala, más de 400 familias se reúnen bajo el nombre “Los Otros Desaparecidos de Iguala”y llevan a cabo estas búsquedas con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos desde 2007. Han encontrado más de 106 cuerpos, de los cuales solo siete habrían sido identificados oficialmente.

El dudoso papel del ejército

La atribución a las Fuerzas Armadas de roles que corresponderían a las fuerzas policiales civiles ha dado lugar a mayores violaciones de derechos humanos en México. Entre 2007 y 2011, se duplicó el número de agentes de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y desde el inicio del presente Gobierno las compras de armas incrementaron 100 veces más que en Gobiernos anteriores.

“El índice de letalidad en México en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad es de más de 7 civiles muertos por cada civil herido. Esto contrasta con un uso legítimo de la fuerza en el que la policía debe buscar incapacitar y no matar”.

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Cochoapa, en Guerrero, es el municipio más pobre de Latinoamérica / Foto: José Pedro Martínez

Pobreza: el germen de la violencia

Casi la mitad de la población mexicana vive en situación de pobreza, y más de 11 millones de personas viven en la pobreza extrema.

Uno de los principales generadores de violencia en el continente es la desigualdad social y económica. En México, las zonas del país con los índices de violencia más elevados son también las zonas con más altos niveles de pobreza, desigualdad y marginación.

Los niños y niñas que no estudian y los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan son más fácilmente captados y explotados por el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esta población ronda el millón y medio en México.

Justicia e impunidad: los lastres

“La falta de recursos económicos suele ser un obstáculo más para el acceso a la justicia”. Según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la carencia de recursos económicos es una de las razones por las que muchas personas no denuncian los delitos de los que son víctimas.

Cuando los delitos de violencia quedan impunes, se perpetúa la violencia ya que los perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus actos, creando una espiral de impunidad. La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de esta impunidad.

Este problema permea desde las policías, las instituciones de justicia, fiscalías y procuradurías -a nivel estatal y federal- lo cual genera una percepción generalizada de impunidad. Al igual que en otras partes de América Latina, la corrupción ha permitido a organizaciones criminales desarrollarse y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas.

“Recibimos testimonios sobre colusión entre grupos delincuenciales e integrantes de policías municipales. Algunas autoridades mexicanas han reconocido también que muchas policías municipales se ven sobrepasadas o cooptadas por el crimen organizado”, indica el informe. “Debido a esta situación, estas organizaciones criminales han logrado establecer un régimen de violencia generalizada y graves violaciones a derechos humanos, en algunos casos con la complicidad de autoridades estatales”.

El caso Ayotzinapa, en el que la policía municipal de Iguala estuvo coludida con un cártel de narcotraficantes para desaparecer a los estudiantes, es un ejemplo paradigmático de esta sitaución.

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Cochoapa, en Guerrero, es el municipio más pobre de Latinoamérica / Foto: José Pedro Martínez

Valoración de la CIDH

El informe ofrece recomendaciones con el objeto de asistir al Estado en el fortalecimiento de sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos humanos de toda la población:

“Valoramos los esfuerzos de México para mejorar la situación de derechos humanos. A partir de 2011, se han introducido importantes reformas en materia constitucional y legislativa.
Las reformas constitucionales elevaron a rango constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, e hicieron del amparo una herramienta judicial para buscar resarcir violaciones a dichos derechos.

Reconocemos también los protocolos recientemente aprobados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada, así como la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que restringe la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas armadas contra civiles.

Ahora el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva”.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

Ignacio García

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

Ignacio García

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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Justicia pendiente

INAI obliga a la SEP transparentar documentos sobre historial académico de Alfredo Jalife

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Los Ángeles Press

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) a entregar los documentos de aval sobre los estudios profesionales de Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien se ha ostentado con distintas especialidades en instituciones públicas.

Por medio de una notificación, el INAI estableció que la SEP realizó una incorrecta clasificación de datos sensibles sobre la petición que solicitó Los Ángeles Press sobre los documentos que respalden los estudios profesionales de Alfredo Jalife, ya que entregó los informes tachando las fechas, el examen profesional, número de título profesional, incluso su lugar de nacimiento, entre otros.

De acuerdo con el INAI, la dependencia federal clasificó mal la información sobre el acta de examen profesional, ya que no cae en ningún supuesto previsto en el artículo 116 de Ley, mientras que en las enmendaduras también clasificó erróneamente la información confidencial el número de acta de nacimiento, pues es un documento público y no recae en ninguna prohibición establecida en el artículo 113 de la Ley.

El 18 de septiembre de 2020, este espacio informativo solicitó en la plataforma de transparencia a la SEP la documentación sobre la cédula profesional como médico cirujano a nombre de Alfredo Jalife Rahme Barrios y la autoridad responsable que validó las documentales para otorgar esos certificados académicos.

Posteriormente, el 14 de octubre la SEP respondió con el oficio de los documentos solicitados pero con datos eliminados como la firma de los particulares, el nombre de los particulares y el interesado, fotografía, número de libro y floja de folio, género y sexo, lugar, fecha y entidad de nacimiento, domicilio particular, nacionalidad, Registro Federal del Contribuyente (RFC), número de folio y de expediente, teléfono, fecha de inicio y terminación de estudios, fecha de examen profesional, servicio social, estado civil y trayectoria académica.

Después el 23 de octubre se interpuso el recurso de revisión por la respuesta emitida por la SEP y el 30 de octubre la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información del INAI y el 4 de noviembre se acordó tanto a las autoridades educativas como a este espacio informativo sobre la admisión del recurso.

Después del proceso interno, el INAI determinó el pasado 2 de febrero emitir una nueva notificación que ordenó a la SEP la resolución a favor de transparentar los documentos solicitados, pues no vulnera los datos personales del señalado y por ende deberá entrar la información pedida.

 

Documento de Transparencia, primera y última página.

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