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Justicia pendiente

Tres de cada diez desaparecidos en México son niños

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la grave crisis que atraviesa México dibuja una situación de extrema inseguridad y violencia.

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Policía estatal de Baja California / Foto: José Pedro Martínez

Los Ángeles Press

Ciudad de México.- La pasada semana se presentó el informe “Situación de Derechos Humanos en México”, un documento que aborda las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la grave crisis que atraviesa México, caracterizada por una situación de extrema inseguridad y violencia, niveles críticos de impunidad y atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.

El informe analiza particularmente los numerosos casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y de tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia y la impunidad.  Estas violaciones a los derechos humanos afectan especialmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como son periodistas y activistas por la defensa de los derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país. “Recibimos, además, testimonios de personas que no denuncian violaciones por temor a represalias”, indica el texto.

En las conclusiones se resaltan los datos oficiales del Estado mexicano, que reportan más de 25.000 personas “no localizadas” o desaparecidas. Las desapariciones tienen un efecto desproporcionado sobre niñas y niños, quienes según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, representan un 30% del total de las desapariciones.

Aunque son varios los estados de la república mexicana los que registran elevadas cifras de desaparición forzada, es en Guerrero -y en particular, por las numerosas fosas clandestinas halladas– donde se ha recrudecido este crimen de lesa humanidad. En Iguala, más de 400 familias se reúnen bajo el nombre “Los Otros Desaparecidos de Iguala”y llevan a cabo estas búsquedas con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos desde 2007. Han encontrado más de 106 cuerpos, de los cuales solo siete habrían sido identificados oficialmente.

El dudoso papel del ejército

La atribución a las Fuerzas Armadas de roles que corresponderían a las fuerzas policiales civiles ha dado lugar a mayores violaciones de derechos humanos en México. Entre 2007 y 2011, se duplicó el número de agentes de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y desde el inicio del presente Gobierno las compras de armas incrementaron 100 veces más que en Gobiernos anteriores.

«El índice de letalidad en México en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad es de más de 7 civiles muertos por cada civil herido. Esto contrasta con un uso legítimo de la fuerza en el que la policía debe buscar incapacitar y no matar».

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Cochoapa, en Guerrero, es el municipio más pobre de Latinoamérica / Foto: José Pedro Martínez

Pobreza: el germen de la violencia

Casi la mitad de la población mexicana vive en situación de pobreza, y más de 11 millones de personas viven en la pobreza extrema.

Uno de los principales generadores de violencia en el continente es la desigualdad social y económica. En México, las zonas del país con los índices de violencia más elevados son también las zonas con más altos niveles de pobreza, desigualdad y marginación.

Los niños y niñas que no estudian y los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan son más fácilmente captados y explotados por el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esta población ronda el millón y medio en México.

Justicia e impunidad: los lastres

“La falta de recursos económicos suele ser un obstáculo más para el acceso a la justicia”. Según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la carencia de recursos económicos es una de las razones por las que muchas personas no denuncian los delitos de los que son víctimas.

Cuando los delitos de violencia quedan impunes, se perpetúa la violencia ya que los perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus actos, creando una espiral de impunidad. La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de esta impunidad.

Este problema permea desde las policías, las instituciones de justicia, fiscalías y procuradurías -a nivel estatal y federal- lo cual genera una percepción generalizada de impunidad. Al igual que en otras partes de América Latina, la corrupción ha permitido a organizaciones criminales desarrollarse y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas.

“Recibimos testimonios sobre colusión entre grupos delincuenciales e integrantes de policías municipales. Algunas autoridades mexicanas han reconocido también que muchas policías municipales se ven sobrepasadas o cooptadas por el crimen organizado”, indica el informe. “Debido a esta situación, estas organizaciones criminales han logrado establecer un régimen de violencia generalizada y graves violaciones a derechos humanos, en algunos casos con la complicidad de autoridades estatales”.

El caso Ayotzinapa, en el que la policía municipal de Iguala estuvo coludida con un cártel de narcotraficantes para desaparecer a los estudiantes, es un ejemplo paradigmático de esta sitaución.

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Cochoapa, en Guerrero, es el municipio más pobre de Latinoamérica / Foto: José Pedro Martínez

Valoración de la CIDH

El informe ofrece recomendaciones con el objeto de asistir al Estado en el fortalecimiento de sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos humanos de toda la población:

“Valoramos los esfuerzos de México para mejorar la situación de derechos humanos. A partir de 2011, se han introducido importantes reformas en materia constitucional y legislativa.
Las reformas constitucionales elevaron a rango constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, e hicieron del amparo una herramienta judicial para buscar resarcir violaciones a dichos derechos.

Reconocemos también los protocolos recientemente aprobados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada, así como la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que restringe la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas armadas contra civiles.

Ahora el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva”.

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Justicia pendiente

Familiares de activistas desaparecidos en Colima exigen justicia a gobierno federal

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Familiares y amigos de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos el pasado 15 de enero en los límites de Colima y Michoacán, exigieron justicia al gobierno federal para localizarlos con vida.

Los parientes del abogado y del líder comunal reclamaron en las instalaciones de la Procuraduría Agraria federal en la Ciudad de México para localizarlos, después de casi 15 días después de su desaparición y cuyo paradero desconocen.

De acuerdo con los familiares de los activistas, su desaparición ocurre en un contexto de injusticia agraria y la forma de no respetar y cuidar los procesos de los pueblos para elegir a sus autoridades.

Asimismo, consideraron que los activistas fueron desaparecidos por un grupo cercano a la empresa minera Ternium, la cual ha utilizado diferentes estrategias para evitar que haya una representación comunal elegida democráticamente.

También demandaron impulsar una reforma agraria avanzada que complemente a la actual Ley Agraria y el sistema de justicia agraria, pues actualmente no garantizan la protección de los derechos colectivos frente a intereses privados, lo que origina conflictos.

Desde el pasado 15 de enero grupos de activistas defensores de derechos humanos denunciaron la desaparición de Lagunes y Díaz, quienes habían realizado una defensa de las comunidades para la protección del medio ambiente, por lo cual habían recibido diferentes amenazas de grupos criminales

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Justicia pendiente

México, responsable por violar libertad y presunción de inocencia en caso Tzompaxtle Tecpile

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Las violaciones se dieron al aplicar el arraigo y la prisión preventiva en 2006

SAN JOSÉ, Costa Rica, 27 de enero de 2023.- En la Sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de México es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.

México reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos que la Comisión Interamericana identificó como violados en su Informe de Fondo y firmó un Acta de Entendimiento con los representantes de las víctimas del caso.
El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí. Las víctimas fueron detenidas el 12 de enero de 2006 en la carretera México-Veracruz cuando su automóvil se descompuso y luego de que una patrulla de la policía que se había acercado realizara una requisa del vehículo, habiendo encontrado elementos que consideraron incriminantes y eventualmente relacionados con la delincuencia organizada.

Durante dos días fueron interrogados y mantenidos incomunicados. Con posterioridad fue decretada una medida de arraigo que implicó su confinamiento por más de tres meses hasta que fue decretada la apertura del proceso penal por el juez de la causa y las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por un período de 2 años y medio aproximadamente. El 16 de octubre de 2008 fue pronunciada la Sentencia en firme que absolvió a las víctimas del delito de violación a la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de terrorismo, y el mismo día, fueron liberadas.

El caso abordó el análisis de dos figuras que se encuentran establecidas en la normatividad mexicana: el arraigo y la prisión preventiva. Con respecto al arraigo, establecido en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia de 1996 así como en el artículo 133 bis al Código Federal Procesal Penal de 1999, la Corte consideró que, por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, resultaba contraria al contenido de la Convención, en particular vulneraba per se los derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia de la persona arraigada.

Asimismo, concluyó que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana en relación con el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, a ser oído, a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo, en perjuicio de Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López por la aplicación de esa figura en el caso concreto.

Comunicado
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Corte IDH_CP-08/2023 Español

En cuanto a la prisión preventiva, que fue aplicada en el caso, y que era contemplada en el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, la misma resultaba per se contraria a la Convención Americana porque no hacía mención a las finalidades de la prisión preventiva, ni a
los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso.

En esa medida, la Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas.

El Tribunal también indicó que las condiciones de incomunicación y aislamiento en las que las víctimas estuvieron privadas de su libertad bajo la figura del arraigo violaron su derecho a la integridad personal, y que la requisa del vehículo en el que se encontraban vulneró su derecho a la vida privada. Por último, la Corte expresó que el Estado era responsable por una vulneración al derecho a la vida privada en perjuicio de Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile por los cateos llevados a cabo en la casa de su madre, así como en una tienda que era el negocio de la familia.

En razón de las violaciones declaradas en la Sentencia, la Corte ordenó diversas medidas de reparación: a) dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal; b) adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva; c) realizar las publicaciones y difusiones de la Sentencia y su resumen oficial; d) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; e) brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, y f) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de costas y gastos.
***
La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Ricardo C. Pérez Manrique, Presidente (Uruguay); Humberto Antonio Sierra Porto, Vicepresidente (Colombia); Nancy Hernández López, Jueza (Costa Rica); Verónica Gómez, Jueza (Argentina); Patricia Pérez Goldberg, Jueza (Chile), y Rodrigo Mudrovitsch, Juez (Brasil).

El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot de nacionalidad mexicana, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte.
***
El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.

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Justicia pendiente

INAI ordena a gobierno de México revelar informe de EUA sobre caso Ayotzinapa

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El INAI ordenó que AMLO publicara el informe que le entregó Kamala Harris sobre los Guerreros Unidos

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó al gobierno de México revelar el informe que la administración de Estados Unidos compartió sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los comisionados del INAI determinaron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debe publicar el informe que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le compartió en una reunión virtual en mayo de 2021 sobre el caso Ayotzinapa.

No te pierdas: INAI instruye a FGR informar denuncias de tomas clandestinas de agua potable en todo el país

La comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, dijo que como parte de la reparación integral del daño se debe garantizar el principio de máxima publicidad como parte del acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica.

La investigación del gobierno de Estados Unidos reunió intervenciones telefónicas realizadas en la Unión Americana por el grupo delictivo “Guerreros Unidos” que está relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El mandatario mexicano solicitó al gobierno estadounidense el expediente de la investigación, debido a que era necesario para la Comisión de la Verdad que en agosto pasado determinó que hubo un crimen de Estado con la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lee también: Juez desecha amparos interpuestos por tres militares presos por caso Ayotzinapa

Asimismo, el INAI sostuvo que el caso es emblemático de la crisis en violaciones graves de derechos humanos que se presentó en México, por lo cual pugna por la apertura de la información general pública sobre el caso Ayotzinapa acontecido el 26 de septiembre de 2014.

Sobre este mismo caso, el pasado 21 de diciembre, el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de MéxicoEutimio Ordoñez Gutiérrez, declaró improcedentes los amparos interpuestos por el general José Rodríguez Pérez, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Alejandro Pirita Ochoa, presos por el caso Ayotzinapa.

El juzgador consideró que no existían elementos para atraer los amparos interpuestos por los militares contra la orden de aprehensión que recibieron en septiembre pasado, así como a la negativa de entregarles copias certificadas del pliego de consignación y mandamiento judicial.

 

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