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Justicia pendiente

Tres de cada diez desaparecidos en México son niños

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la grave crisis que atraviesa México dibuja una situación de extrema inseguridad y violencia.

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Policía estatal de Baja California / Foto: José Pedro Martínez

Los Ángeles Press

Ciudad de México.- La pasada semana se presentó el informe “Situación de Derechos Humanos en México”, un documento que aborda las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la grave crisis que atraviesa México, caracterizada por una situación de extrema inseguridad y violencia, niveles críticos de impunidad y atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.

El informe analiza particularmente los numerosos casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y de tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia y la impunidad.  Estas violaciones a los derechos humanos afectan especialmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como son periodistas y activistas por la defensa de los derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país. “Recibimos, además, testimonios de personas que no denuncian violaciones por temor a represalias”, indica el texto.

En las conclusiones se resaltan los datos oficiales del Estado mexicano, que reportan más de 25.000 personas “no localizadas” o desaparecidas. Las desapariciones tienen un efecto desproporcionado sobre niñas y niños, quienes según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, representan un 30% del total de las desapariciones.

Aunque son varios los estados de la república mexicana los que registran elevadas cifras de desaparición forzada, es en Guerrero -y en particular, por las numerosas fosas clandestinas halladas– donde se ha recrudecido este crimen de lesa humanidad. En Iguala, más de 400 familias se reúnen bajo el nombre “Los Otros Desaparecidos de Iguala”y llevan a cabo estas búsquedas con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos desde 2007. Han encontrado más de 106 cuerpos, de los cuales solo siete habrían sido identificados oficialmente.

El dudoso papel del ejército

La atribución a las Fuerzas Armadas de roles que corresponderían a las fuerzas policiales civiles ha dado lugar a mayores violaciones de derechos humanos en México. Entre 2007 y 2011, se duplicó el número de agentes de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y desde el inicio del presente Gobierno las compras de armas incrementaron 100 veces más que en Gobiernos anteriores.

«El índice de letalidad en México en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad es de más de 7 civiles muertos por cada civil herido. Esto contrasta con un uso legítimo de la fuerza en el que la policía debe buscar incapacitar y no matar».

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Cochoapa, en Guerrero, es el municipio más pobre de Latinoamérica / Foto: José Pedro Martínez

Pobreza: el germen de la violencia

Casi la mitad de la población mexicana vive en situación de pobreza, y más de 11 millones de personas viven en la pobreza extrema.

Uno de los principales generadores de violencia en el continente es la desigualdad social y económica. En México, las zonas del país con los índices de violencia más elevados son también las zonas con más altos niveles de pobreza, desigualdad y marginación.

Los niños y niñas que no estudian y los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan son más fácilmente captados y explotados por el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esta población ronda el millón y medio en México.

Justicia e impunidad: los lastres

“La falta de recursos económicos suele ser un obstáculo más para el acceso a la justicia”. Según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la carencia de recursos económicos es una de las razones por las que muchas personas no denuncian los delitos de los que son víctimas.

Cuando los delitos de violencia quedan impunes, se perpetúa la violencia ya que los perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus actos, creando una espiral de impunidad. La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de esta impunidad.

Este problema permea desde las policías, las instituciones de justicia, fiscalías y procuradurías -a nivel estatal y federal- lo cual genera una percepción generalizada de impunidad. Al igual que en otras partes de América Latina, la corrupción ha permitido a organizaciones criminales desarrollarse y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas.

“Recibimos testimonios sobre colusión entre grupos delincuenciales e integrantes de policías municipales. Algunas autoridades mexicanas han reconocido también que muchas policías municipales se ven sobrepasadas o cooptadas por el crimen organizado”, indica el informe. “Debido a esta situación, estas organizaciones criminales han logrado establecer un régimen de violencia generalizada y graves violaciones a derechos humanos, en algunos casos con la complicidad de autoridades estatales”.

El caso Ayotzinapa, en el que la policía municipal de Iguala estuvo coludida con un cártel de narcotraficantes para desaparecer a los estudiantes, es un ejemplo paradigmático de esta sitaución.

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Cochoapa, en Guerrero, es el municipio más pobre de Latinoamérica / Foto: José Pedro Martínez

Valoración de la CIDH

El informe ofrece recomendaciones con el objeto de asistir al Estado en el fortalecimiento de sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos humanos de toda la población:

“Valoramos los esfuerzos de México para mejorar la situación de derechos humanos. A partir de 2011, se han introducido importantes reformas en materia constitucional y legislativa.
Las reformas constitucionales elevaron a rango constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, e hicieron del amparo una herramienta judicial para buscar resarcir violaciones a dichos derechos.

Reconocemos también los protocolos recientemente aprobados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada, así como la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que restringe la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas armadas contra civiles.

Ahora el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva”.

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Justicia pendiente

FGR abre carpeta de investigación por colapso de mina que dejó a 10 trabajadores atrapados

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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación por la comisión de posibles delitos federales que provocaron el colapso de la mina de carbón en el poblado de Aguijita, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados diez mineros.

De acuerdo con la FGR, se realizan labores de criminalística de campo, fotografía forense, entrevistas de testigos, identidad de propietarios ocupantes de la mina e identificación de los mineros atrapados.

La fiscalía federal recolectó información sobre el registro de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de las inspecciones que realizó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre las condiciones laborales de los mineros previo al colapso.

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que un total de 557 personas, seis perforadoras y 25 bombas sumergibles trabajan para rescatar a los trabajadores atrapados en la mina de carbón en Villa de Agujita que permanecen suspendidos desde el miércoles pasado.

La funcionaria federal explicó que en la zona hay un volumen de extracción de 25 mil 400 metros cúbicos, con un acumulado total de 70 mil 794 metros cúbicos, por lo que continuarán las labores de extracción por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En tanto, los familiares de diez mineros aseguraron que el nivel del agua de la mina disminuyó, por lo que esperan que al no filtrarse nuevamente el agua podrían avanzar las labores de rescate de los mineros y podrían ser recuperados en esta semana si arriban más máquinas.

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Justicia pendiente

Organizaciones internacionales alertan que 2022 podría ser el año más trágico para el periodismo en México

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Diferentes organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos advirtieron que este 2022 podría convertirse en el año más trágico para el periodismo en México, debido a que hasta el momento 13 comunicadores han sido asesinados.

La organización Reporteros Sin Fronteras enfatizó que la tendencia de asesinatos a periodistas en este año ha colocado a México como el país más riesgoso para ejercer el periodismo en el mundo, incluso con una tendencia mayor a los países que están en guerra.

De la misma manera, la organización Artículo 19 también lamentó el clima de violencia que predomina en México para el ejercicio del periodismo, ya que existe una incertidumbre sobre las condiciones en las que laboran los comunicadores en diferentes regiones del país afectadas por el crimen organizado.

Asimismo, la organización Human Right Watch también sostuvo que el Estado mexicano no ha garantizado condiciones de seguridad para el pleno ejercicio del periodismo en el país, pues predominan condiciones de abandono por parte de las autoridades municipales, estatales y federales con un mecanismo de protección que ha sido deficiente para su atención.

También la organización Amnistía Internacional (AI) mencionó que el ejercicio del periodismo es fundamental para la construcción de sociedades democráticas, por lo que los ataques a estas organizaciones inciden en derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa.

En lo que va de este año, en México un total de 13 comunicadores han sido asesinados en el país, los cuales en su mayoría permanecen en la impunidad, mientras que desde el 2000 han sido ejecutados más de 165 profesionales de la información.

 

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Justicia pendiente

Colectivo Aequus pide intervención de Sheinbaum para atención de madre de desaparecida en CDMX

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El colectivo Aequus.Promoción y Defensa de los Derechos Humanos pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que intervenga en la atención médica que requiere Herminia Valverde Morales, madre de Maricela Vanessa Díaz Valverde, desaparecida desde el pasado 27 de abril de 2018 en la Ciudad de México.

Por medio de un comunicado, el director del colectivo Aequus, Víctor Caballero, señaló que la situación de la madre de familia es indignante, pues desde hace seis meses su familia solicitó la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para agilizar su atención médica.

De acuerdo con el representante del colectivo defensor de los derechos humanos, Herminia Valverde no ha recibido la atención médica integral que merece, por lo que su salud se ha deteriorado y no se trata de una concesión del organismo local, sino de un derecho humano básico que se le ha negado.

Recordó que la Ley General de Víctimas establece que el Estado mexicano debe garantizar medidas de protección a los familiares de las víctimas de desaparición para evitar una victimización secundaria.

Por ello, enfatizó que la madre de familia no puede ser víctima de la negligencias de las autoridades mexicanas, por lo que también se debe garantizar la atención integral y la reparación del daño por parte del Estado mexicano para evitar que se repitan este tipo de prácticas.

El colectivo enfatizó que la mandatario capitalina debe atender directamente este caso para que la salud de la madre de familia no se deteriore más y se pueda atender como corresponde, aunado a que se tenga acceso a la carpeta de investigación que se abrió por su desaparición.

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