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Justicia pendiente

Tres de cada diez desaparecidos en México son niños

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la grave crisis que atraviesa México dibuja una situación de extrema inseguridad y violencia.

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Policía estatal de Baja California / Foto: José Pedro Martínez

Los Ángeles Press

Ciudad de México.- La pasada semana se presentó el informe “Situación de Derechos Humanos en México”, un documento que aborda las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la grave crisis que atraviesa México, caracterizada por una situación de extrema inseguridad y violencia, niveles críticos de impunidad y atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.

El informe analiza particularmente los numerosos casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y de tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia y la impunidad.  Estas violaciones a los derechos humanos afectan especialmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como son periodistas y activistas por la defensa de los derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país. “Recibimos, además, testimonios de personas que no denuncian violaciones por temor a represalias”, indica el texto.

En las conclusiones se resaltan los datos oficiales del Estado mexicano, que reportan más de 25.000 personas “no localizadas” o desaparecidas. Las desapariciones tienen un efecto desproporcionado sobre niñas y niños, quienes según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, representan un 30% del total de las desapariciones.

Aunque son varios los estados de la república mexicana los que registran elevadas cifras de desaparición forzada, es en Guerrero -y en particular, por las numerosas fosas clandestinas halladas– donde se ha recrudecido este crimen de lesa humanidad. En Iguala, más de 400 familias se reúnen bajo el nombre “Los Otros Desaparecidos de Iguala”y llevan a cabo estas búsquedas con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos desde 2007. Han encontrado más de 106 cuerpos, de los cuales solo siete habrían sido identificados oficialmente.

El dudoso papel del ejército

La atribución a las Fuerzas Armadas de roles que corresponderían a las fuerzas policiales civiles ha dado lugar a mayores violaciones de derechos humanos en México. Entre 2007 y 2011, se duplicó el número de agentes de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y desde el inicio del presente Gobierno las compras de armas incrementaron 100 veces más que en Gobiernos anteriores.

“El índice de letalidad en México en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad es de más de 7 civiles muertos por cada civil herido. Esto contrasta con un uso legítimo de la fuerza en el que la policía debe buscar incapacitar y no matar”.

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Cochoapa, en Guerrero, es el municipio más pobre de Latinoamérica / Foto: José Pedro Martínez

Pobreza: el germen de la violencia

Casi la mitad de la población mexicana vive en situación de pobreza, y más de 11 millones de personas viven en la pobreza extrema.

Uno de los principales generadores de violencia en el continente es la desigualdad social y económica. En México, las zonas del país con los índices de violencia más elevados son también las zonas con más altos niveles de pobreza, desigualdad y marginación.

Los niños y niñas que no estudian y los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan son más fácilmente captados y explotados por el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esta población ronda el millón y medio en México.

Justicia e impunidad: los lastres

“La falta de recursos económicos suele ser un obstáculo más para el acceso a la justicia”. Según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la carencia de recursos económicos es una de las razones por las que muchas personas no denuncian los delitos de los que son víctimas.

Cuando los delitos de violencia quedan impunes, se perpetúa la violencia ya que los perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus actos, creando una espiral de impunidad. La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de esta impunidad.

Este problema permea desde las policías, las instituciones de justicia, fiscalías y procuradurías -a nivel estatal y federal- lo cual genera una percepción generalizada de impunidad. Al igual que en otras partes de América Latina, la corrupción ha permitido a organizaciones criminales desarrollarse y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas.

“Recibimos testimonios sobre colusión entre grupos delincuenciales e integrantes de policías municipales. Algunas autoridades mexicanas han reconocido también que muchas policías municipales se ven sobrepasadas o cooptadas por el crimen organizado”, indica el informe. “Debido a esta situación, estas organizaciones criminales han logrado establecer un régimen de violencia generalizada y graves violaciones a derechos humanos, en algunos casos con la complicidad de autoridades estatales”.

El caso Ayotzinapa, en el que la policía municipal de Iguala estuvo coludida con un cártel de narcotraficantes para desaparecer a los estudiantes, es un ejemplo paradigmático de esta sitaución.

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Cochoapa, en Guerrero, es el municipio más pobre de Latinoamérica / Foto: José Pedro Martínez

Valoración de la CIDH

El informe ofrece recomendaciones con el objeto de asistir al Estado en el fortalecimiento de sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos humanos de toda la población:

“Valoramos los esfuerzos de México para mejorar la situación de derechos humanos. A partir de 2011, se han introducido importantes reformas en materia constitucional y legislativa.
Las reformas constitucionales elevaron a rango constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, e hicieron del amparo una herramienta judicial para buscar resarcir violaciones a dichos derechos.

Reconocemos también los protocolos recientemente aprobados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada, así como la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que restringe la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas armadas contra civiles.

Ahora el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva”.

Justicia pendiente

Rosario Robles acepta colaborar con la FGR para obtener beneficios

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Por Ignacio García

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para obtener beneficios en una sentencia condenatoria.

De acuerdo con la defensa legal de la exfuncionaria federal, busca acogerse a la figura legal de criterio de oportunidad que implica la extinción de la persecución penal a cambio de información.

La exservidora pública es señalada por su presunta responsabilidad en el ejercicio indebido del servicio público por el desvío de cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos en el esquema denominado como “La Estafa Maestra”.

Un juez giró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que este delito amerita prisión preventiva oficiosa y por ello pretende permanecer menos tiempo tras las rejas.

Según la defensa legal de Robles, no desea permanecer toda su vida en la cárcel y por ello manifestó sus intenciones de colaborar con la FGR para delatar a las personas que también estuvieron involucradas en el lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

Los abogados de Rosario Robles aseguraron que tanto el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, como el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, abandonaron a la exfuncionaria federal, por lo que accedió a convertirse en testigo colaboradora.

Rosario Robles fue responsable de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la administración de Enrique Peña Nieto, luego de haber militado en la izquierda con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido que encabezó y también fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

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Justicia pendiente

Trabajadores del IMSS denuncian acoso, fraude y negligencia médica por parte de directivos en Tamaulipas

Ignacio García

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, denunciaron haber sido víctimas de acoso por parte de directivos de la institución, luego de que una empleada evidenció las irregularidades cometidas por el médico Eduardo Rodríguez Balderas, acusado en reiteradas ocasiones de negligencia médica.

Los empleados del IMSS señalaron que Eduardo Rodríguez es protegido por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, así como por autoridades de la institución y por la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, pese a las múltiples denuncias que existen en su contra por maltrato a pacientes y robo de medicamentos.

De acuerdo con los inconformes, el director del IMSS en la región, Alejandro Soto Villa, ha encubierto las anomalías del médico, quien se sustenta como oncólogo, sin embargo, no cuenta con certificados de estudios que avalen esa especialización médica, por lo que únicamente es médico general y el diploma que entregó para acreditarse como médico especializado no coincide con las firmas originales de autoridades del Seguro Social en la Ciudad de México.

La internista Kristel González Terán ha sido violentada en su espacio laboral en la Unidad de Medicina Familiar número 76 al negársele la incapacidad por problemas de salud que padece desde 2018, e incluso le negaron una resonancia magnética. La obligan a trabajar en su estado de salud, aunado a que el médico que le suscribía las incapacidades ha sido amenazado para negarle estos permisos, por lo que debe continuar con sus labores, pese a que tiene dificultad para caminar.

Asimismo, tanto en la unidad médica donde labora como en el Hospital General de Zona Número 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, le niegan los medicamentos como estudios de imagen y le aplican las faltas, pese a las incapacidades, por lo que no ha obtenido tampoco algún tipo de apoyo económico para adquirir sus insumos médicos para la colostomía que requiere mensualmente.

Aunque la trabajadora médica ha denunciado dichas irregularidades ante las autoridades del IMSS, la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas y la Secretaría de la Función Pública (SFP), no ha procedido ninguna queja, ya que los directivos han afirmado que cuentan con el respaldo del gobernador de esa entidad, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

Negligencia médica y violencia laboral

El médico Eduardo Rodríguez Balderas no ha sido sancionado por los casos de negligencia médica en los que ha incurrido, y se encuentra en incapacidad sin estar enfermo, recibiendo su sueldo completo e incluso continúa en atención médica en Monterrey, Nuevo León, donde es apoyado por su esposa.

Los trabajadores acusaron también de esas irregularidades a Rogelio Flores Villareal, ex director de la Unidad Médica 76 de Nuevo Laredo, quien ha agredido a varias mujeres que laboran en la institución sin que sea sancionado. Marcos Daniel Enríquez Sánchez, actual director de ese nosocomio, cuenta con cuatro denuncias penales, además de no contar con el perfil necesario para las responsabilidades de directivo.

Otro de los casos denunciados a Los Ángeles Press es el de Ricardo Manuel Obeso Treviño, quien ha agredido a trabajadores e incluso les ha proferido amenazas de muerte, y ha desacreditado a Kristel González. Ante las advertencias de ser denunciado, ha manifestado que debido a sus influencias no podrán proceder en su contra.

De la misma manera, Karla Melissa Machichi López, ex jefa de Recursos Humanos de la unidad médica, quien aplicaba sanciones a los trabajadores, aunado a que ha sido demandada por agredir físicamente a la enfermera Irma Palomo; mientras que Mónica Alejandra Pérez Morales, contadora de la unidad médica, también ha participado en las sanciones a los empleados.

 

Denuncias reiteradas contra el doctor Eduardo Rodríguez Balderas

De acuerdo con la denuncia del personal médico, parte del maltrato y violencia a la doctora Kristel González Terán es “por haber sido testigo de todas estas atrocidades, y haberlas denunciado ante el IMSS”, por lo que también recibió amenazas de muerte. Incluso denunció que el doctor Eduardo Rodríguez Balderas utilizaba sus redes sociales y teléfono para amenazar a pacientes y familiares de éstos de no atenderlos, al negarse a pagarle desde 13 mil hasta 80 mil. Incluso, señala la denuncia que este médico se negaba a atenderlos en el IMSS, al grado de dejarlos que se deteriorara su salud hasta la muerte.

También agrega la denuncia “el robo de estudios subrogados que aparentemente realizan a los pacientes, quienes entregan documentación en el HGZ No. 11 para que lo estudios sean realizados por el Hospital Privado México Americano. Sin embargo estos estudios nunca son realizados, pero sí son pagados por el IMSS, es decir han estado enmascarando la realización de estudios de tomografías y resonancias para los derechohabientes del IMSS sin realizarlos, pero sí los cobra el Hospital México Americano”.

La denuncia de la doctora Kristel González Terán especificó que firmaban mas de 1 millón de pesos de estudios que según eran realizados por medio subrogado, pero que al final no eran realizados a los pacientes, solo aceptaban los papeles administrativamente. “Todo esto es dinero y de acuerdo con un audio como prueba, el dinero es lo principal que los tiene realizando amenazas, así como el robo de medicamentos que realizaba el aparente oncólogo médico, quien trabajó durante casi 4 años en el Oncológico de Nuevo Laredo, Tamaulipas, recomendado por políticos del mismo estado”.

La referencia es al médico Eduardo Rodríguez, quien se ostenta como  oncólogo, y tiene múltiples denuncias en derechos humanos y algunas denuncias penales, que no proceden por sus influencias políticas y sigue abusando de los pacientes y sus familiares. En la denuncia a Los Ángeles Press, también se hizo mención por parte de enfermeras que trabajaron con él, que “muchas veces no aplicaba quimioterapias completas o que sólo aplicaba dexamentasona con solución salina y que las dosis de quimioterapia las daba incompletas, así mismo mentía acerca de una vacuna mágica que cobraba en hasta 80 mil pesos, lo  cual era lo mismo esteroides, dexametasona aplicada en el brazo o glúteo”.

Las denunciantes de estos hechos se encuentran amenazadas por este médico, e incluso algunas fueron despedidas del Centro Oncológico por declarar lo que hacía, como robarse el medicamento de la institución pública y aplicarlo por el sector privado.

Una de las compañeras que es acosada se encuentra intubada en Monterrey, Nuevo León por COVID-19, la acosaron tanto que no le dieron tratamiento oportuno y estando enferma la destituyeron con un correo electrónico del puesto de subdirectora, eso le genero mas ansiedad durante su enfermedad, ahora esta grave en Monterrey.

 

El doctor Eduardo Rodríguez Balderas exigía 30 mil pesos a paciente de 74 años, con cáncer, a quien solicitó examen de próstata.

Testimonios de negligencia médica

Distintos pacientes han denunciado la negligencia médica de Eduardo Rodríguez como Enrique Meza, hijo de Eva Hernández, fallecida de cáncer a los 74 años de edad, sin haber recibido atención médica por el médico que se ostenta como oncólogo, pues les exigía un pago de 30 mil pesos para pagar una quimioterapia.

“Mi madre falleció sin una sola quimioterapia y sin ser atendida por el doctor Eduardo cuando le dijimos que no teníamos 30 mil pesos para pagar una quimioterapia”, explicó el hijo de Eva Hernández, quien perdió la vida por no ser atendida en el IMSS del cáncer de hígado con metástasis.

Otro caso en el que Alejandro Rodríguez es señalado es por Alejandrina Fernández Cárcamo, derechohabiente del IMSS, a quien le amputaron un seno por presuntamente padecer cáncer tras un diagnóstico del médico, sin embargo, no padecía esa enfermedad, por lo que interpuso la denuncia correspondiente por las irregularidades del galeno.

Además, el comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Óscar Villa Garza, también denunció a Rodríguez por usurpación de funciones, ya que no cuenta con cédula profesional que lo avale como oncólogo y así ha realizado consultas médicas a pacientes.

 

Directivos médicos denunciados por violencia laboral

Doctor Alejandro Soto Villa. Director del Hospital General de Zona No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ha silenciado el robo de medicamentos, y el maltrato y violencia de género por parte del doctor Eduardo Rodríguez Balderas.

Doctor Rogelio Flores Villarreal. Exdirector de la UMAA con UMF No. 76 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Señalado de misoginia, con varias denuncias ante SNTSS por violentar a trabajadoras del IMSS, sin ser nunca sancionado.

Doctor Marcos Daniel Enríquez Sánchez. Director actual de la UMAA con UMF No. 76 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Anteriormente del sindicato, sin reunir requisitos para ejercer su cargo. Fue impuesto por el sindicato, pese a tener 4 denuncias penales. Ha sido denunciado por violencia familiar y violencia física a exparejas.

Doctor Ricardo Manuel Obeso Treviño. Señalado de amenazar y violentar a trabajadores, en contubernio con el doctor Marcos Daniel Enríquez Sánchez. Entre las denuncias de acoso laboral indican aplicarles faltas, no autorizar  pases de salida, modificarles vacaciones, hackeo de correos electrónicos, y junto con el doctor Alejandro Soto Villa han denigrado la dignidad de la doctora Kristel González, señalándola de “loca” para que desacrediten sus declaraciones. La doctora ha sido evaluada psicológicamente y destaca el psicólogo que tiene un índice superior de inteligencia y que se encuentra en un estado depresivo por acoso y violencia laboral.

Karla Melissa Machichi López. Ex jefa de recursos humanos de la UMAA con UMF No. 76 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Actualmente cambiada a la UMF No. 78 por violencia a trabajadores por indicaciones del doctor Marcos Daniel Enríquez Sánchez y el doctor Alejandro Soto Villa, quien seguía indicaciones de aplicar faltas, negar vacaciones, negar autorización de pases de salida, negar autorizaciones de cubrir a trabajadores. Esta persona tiene una demanda penal por agredir físicamente a una enfermera llamada Irma Palomo, quien después de haber apoyado a la doctora Kristel González, empezó a recibir amenazas, agresiones físicas y aplicación de faltas por esta persona, así como agresiones físicas por parte de Enríquez Sánchez.

Mónica Alejandra Pérez Morales. Contadora de la UMAA con UMF No. 76 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien se encuentra en coalición con el doctor Marcos Daniel Enríquez Sánchez y con Machichi Lópezy permite la aplicación de faltas, la falta de autorización de pases de salida, firma y autoriza junto con el director de la UMAA y anteriormente con la Lic. Karla Melissa Machichi López, la autorización de dar horas extras faltas a personal que les apoya para amedrentar personas o que se dedican a hacer más grande el gremio para crear violencia y controlar en la unidad. Tiene una denuncia penal y es protegida por su ex pareja Moisés Malpica Córdova, quien labora en el SNTS Tamaulipas, también denunciado penalmente por corrupción en el IMSS en Tamaulipas.

Doctor Eduardo Rodríguez Balderas. Médico general con solo dos años de medicina interna, quien realizó aparentemente Oncología médica, en el Siglo XXI, en donde sus mismos maestros lo señalaron de no acudir a sus guardias, clases y de fingir enfermedades para ausentarse de la residencia, así mismo una de sus maestras asegura que no terminó la tesis. Es señalado reiteradamente de violencia laboral y violencia de género, además de negligencia en la práctica médica.

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Justicia pendiente

Cienfuegos será enjuiciado en México

Ignacio García

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que el ex responsable de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, será enjuiciado en México por los delitos de vínculos con el crimen organizado durante la administración de Enrique Peña Nieto.

El funcionario federal dijo que Estados Unidos retiró los cargos por los que se le acusa y será trasladado a México, donde continuará con sus respectivos procedimientos penales, por lo que consideró que se trata de un acto de justicia por los delitos cometidos en el país.

De acuerdo con el canciller, debe prevalecer la confianza entre México y Estados Unidos, por lo que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que continúe con las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Agregó que serán las autoridades mexicanas las que finquen responsabilidades en contra del ex titular de la Sedena, quien presuntamente proporcionó apoyo a los grupos del crimen organizado durante el sexenio pasado.

Asimismo, expresó que las autoridades mexicanas no desecharán los casos que formularon las instancias norteamericanas, por lo que destacó la cooperación permanente que existe entre México y Estados Unidos para temas de combate al crimen organizado.

El pasado 15 de octubre Salvador Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos por su presunta colusión con los grupos del crimen organizado, al haber ayudado al cártel de los Beltrán Leyva, por lo que habría sido considerado como “El Padrino” de los narcotraficantes.

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