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Mexico Violento

Tres ataques de la Policía de Iguala y ninguna advertencia a víctimas

La Policía municipal de Iguala y un comando armado atacaron en tres ocasiones a estudiantes de Ayotzinapa la misma noche del 27 de septiembre

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Joven asesinado por los policías municipales en Iguala, el 27 de septiembre. Foto: Flor MIranda

Joven asesinado por los policías municipales en Iguala, el 27 de septiembre. Foto: Flor MIranda

Por Teódulo Pineda Bahena

IGUALA, Guerrero.- Noche sangrienta y de terror pasaron los habitantes de Iguala, ubicada al norte del estado mexicano de Guerrero, localizada a unos 192 kilómetros de la capital del país, debido a tres ataques diferentes en la que perdieron la vida por lo menos nueve personas el pasado 27 de septiembre a manos de la Policía municipal y un comando armado.

El primer ataque por elementos de la policía municipal de Iguala se dio tras perseguir por unos minutos a tres autobuses que fueron tomados en préstamo por estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Sin advertencia alguna, los municipales dispararon con rifles de alto poder, calibres .223 de los conocidos como AR-15, a lso autobuses, causando la muerte de dos de los estudiantes e hiriendo a unos 25 más.

Según declaraciones de estudiantes sobrevivientes, en exclusiva para Los Ángeles Press, sus compañeros estuvieron en esta ciudad para solicitar una cooperación económica a fin de preparar su participación en una gran marcha que se llevará a cabo el 2 de octubre próximo en la ciudad de México. Para ello se trasladaron en una unidad de la línea Estrella de Oro y dos de Costa Alegre, y cuando ya se disponían volver a Ayotzinapa fueron alcanzados por elementos de la policía municipal, y otro grupo armado vestidos de civil que también les dispararon. «No hubo ningún aviso, no les dijeron que se detuvieran ni nada, solo les dispararon», dijeron.

En estos hechos se registraron como a las 21:30 horas y el primer estudiante ejectuado por los municipales fue Daniel Solís Gallardo de Zihuatanejo.

Estudiantes de la Normal de Iguala y un dirigente sindical del Colegio de Bachilleres convocaron a una rueda informativa en un punto localizado por el periférico norte de esta ciudad. Estando en plena reunión, desde fuera de las instalaciones a donde se daba la información del primer ataque, fueron “rafagueados” nuevamente por armas automáticas de grueso calibre, perdiendo la vida en el lugar otro estudiante  de nombre Yosinavi Guerrero, de Tixtla y herido de gravedad el dirigente sindical del Colegio de Bachilleres Alfredo Ramírez.

La sociedad igualteca se sumió en pánico, varios líderes estudiantiles locales fueron asegurados en sus hogares y ante cualquier cuestionamiento sobre de ellos o de estudiantes de cualquier institución de nivel medio superior, se guardaba silencio.

Pero aún faltaba: poco más tarde se supo a través de las redes sociales que otro autobús que transportaba a los integrantes del equipo de fútbol de Tercera división “Los Avispones ”de Chilpancigo (quienes habían sostenido un encuentro con el equipo local), también fueron emboscados por el grupo armado que disparó después de los municipales, entre los puntos denominados Rancho del Cura y Santa Teresa, y dos de los ocupantes de la unidad, más una mujer que viajaba en taxi, próximo al autobús perdieron la vida.

 Se aseguró que fueron un grupo de policías y personas vestidas de civil los que abrieron fuego en contra de la unidad sin ninguna señal o llamada de advertencia. Dispararon por espacio de algunos minutos y huyeron.

Aquí perdieron la vida un adolescente de 15 años, parte de los acompañantes del equipo de nombre David Josué García Evangelista y el chofer de la unidad (identificada como una unidad de la empresa Castor-Tours) Víctor Lugo Ortiz. De la señora que viajaba en el automóvil de alquiler no se ha dado la identificación.

Un breve recorrido por las calles de Iguala este 27 de septiembre, dio la impresión de la reacción de los habitantes ante estos hechos. Pocos vehículos, pocas personas transitando en el centro de la ciudad antes de las 10:00 de la noche. Incertidumbre y sobre todo, ningún joven por temor a ser confundidos por estudiantes.

Pero tampoco circulaban patrullas ni vehículos oficiales. Por disposiciones del gobernador de la entidad Ángel Aguerre Rivero, se ordenó que elementos del ejército y corporaciones estatales acuartelaran a los más de 200 elementos de la Policía Municipal hasta el esclarecimiento de estos hechos. Al parecer en el proceso de investigación, el cual se dice que ya se inició, se espera la declaración tanto de los policías acuartelados como de unos 100 normalistas quienes aseguran que tras de estos hechos, se desconoce el paradero de 25 compañeros.

Incluso, por la mañana del 27 de septiembre en las proximidades del lugar en que fueron baleados los que dieron la conferencia de presa, se encontró el cuerpo de unas personas como de 18 años cuya identificación no se había dado, ya que quienes lo asesinaron le arrancaron la piel de la cara y los ojos. Los estudiantes temen que se trate de uno de sus compañeros desaparecidos.

Finalmente, el Segundo Informe de actividades de gobierno del presidente municipal de Iguala José Luis Abarca Velázquez fue suspendido, y el de su esposa, María de los Ángeles Pineda de Abarca, presidente del organismo conocido como DIF también ya que se tenía temor a que fueran boicoteados por opositores a esta pareja que durante su gestión han sido denunciados por vínculos con el narcotráfico.

Independientemente de los que comentan representantes de Organizaciones No Gubernamentales, que consideran que lo ocurrido en esta ciudad son acciones de represión del Gobierno Federal en contra de grupos estudiantiles que critican severamente las reformas hechas en este sexenio; entre los ciudadanos comunes y corrientes, amas de casa y jóvenes obreros o empleados, se afirma que la seguridad que pregona el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, es falsa. Que en Guerrero la tranquilidad que se refleja es porque los medios informativos callan, o los obligan a no divulgar todos los hechos violentos y de inseguridad que viven.

Iguala es una zona de lucha entre tres grupos por lo menos y que son identificados como La Familia Michoacana, Guerreros Unidos del Sur y “Los Rojos”. Uno de ellos plantea que todas las actividades de extorsión, secuestro, venta de protección y actos similares deben de erradicarse por completo para permitir que la economía de la región se fortalezca y la gente pueda vivir sin zozobra, en paz; que lo único que debe de mantenerse es la venta de enervantes y los negocios tradicionales de servicios sexuales, bares y cantinas. Otro grupo mantiene su posición por lo contrario y en tanto, uno más, apuesta todo su poder y su dinero en mantener a personas clave de la sociedad en puestos políticos importantes a fin de que puedan operar bajo la protección del poder público sin problemas.

Y concluyen en que los acontecimientos de esa noche sangrienta y de terror, fueron para desacreditar los argumentos de los políticos que están trabajando por su futura elección.

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Internos del Cefereso #15, en huelga de alimentos por incumplimiento de autoridad penitenciaria a órdenes de Judicatura

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Por Guadalupe Lizárraga

Internos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15, en Comaltitlán, Chiapas, harán una huelga pacífica en la que se abstendrán de comer y de realizar actividades en protesta contra el incumplimiento de la directora general Ericka Adriana Tenopala Chaussee ante las controversias judiciales ganadas por los internos.

La huelga en la prisión iniciará el lunes 4 de julio por la mañana hasta que sean atendidas sus demandas y se restituya el trato digno. Entre las principales exigencias, además del cumplimiento de sus controversias, denuncian la falta de atención médica, espacios de visita insalubres, negativa de acceso a amistades en zonas de visita familiar, alimentos en descomposición y pésima calidad, así como el maltrato sistemático por los agentes de seguridad y custodia.

En un comunicado a este medio, los internos señalaron que “con esta directora, el centro se fue en declive”, y el 2 de marzo de este año, a través de un amparo colectivo otorgado a 197 internos, el Consejo de la Judicatura de la Federación le ordenó la suspensión de plano para que cesen de inmediato -“bajo la más estricta responsabilidad” de las autoridades penitenciarias- los actos de tortura, tortura psicológica, coacción, aislamiento, segregación y golpes al solicitar atención médica, u otro pedimento que por derecho constitucional tienen los internos.

Por lo que con esta huelga, los internos quieren poner de manifiesto ante el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como a la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos, y al presidente de la república, que la directora general del cefereso número 15, Ericka Adriana Tenopala Chausse, está cometiendo actos alevosos y premeditados en contra de los internos e incumpliendo las órdenes de la Judicatura. Sus peticiones:

-Dé cumplimiento a todas las controversias que se ganaron, ya que esta servidora pública no cumplimiento a ningún ordenamiento judicial.

-Que se suspenda el maltrato, la tortura y tratos crueles e inhumanos de todo tipo, como lo indica la suspensión de plano de la Judicatura.

-Que se nos dé atención médica.

-Que los alimentos estén en buen estado, sean porciones normales de acuerdo con los reglamentos penitenciarios.

-Que resuelva la falta de oficiales en cada módulo, ya que como no hay personal nos dejan afuera de la celda y tenemos que hacer nuestras necesidades fisiológicas en las regaderas del comedor.

-Que nos entreguen la correspondencia en tiempo y forma, y se envíe de la misma manera la correspondencia a nuestros familiares.

-Que nos den actividades físicas y laborales orientadas a la salud psicológica y física de los internos.

-Que los familiares nos depositen para la tienda sin tantos requisitos que nos obstaculizan el acceso al recurso.

-Que el área técnica haga reclasificaciones en todos los módulos porque nos están juntando procesados y sentenciados, y gente del fuero común y federal. Lo que genera conflictos y extorsiones entre los internos.

-Que nos respeten nuestro derecho constitucional a la información a través de noticieros nacionales.

-Que haya variedad y calidad en los productos de la tienda.

-Que haya higiene en la sala de visitas familiares, en los módulos de locutorios y pasillos.

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Fiscalía de Michoacán localiza 22 cadáveres en fosa clandestina

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán informó que fueron localizados 22 cuerpos humanos en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Villamar, Michoacán, que podrían pertenecer a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinados por el grupo criminal “Los Pájaros de la Sierra”.

De acuerdo con la fiscalía estatal, esta fosa clandestina fue hallada desde el pasado 19 de marzo en un terreno de la comunidad de “Los Negritos” que colinda con una presa, donde recientemente las autoridades federales y estatales localizaron dos osamentas humanas más para un total de 22 cuerpos recuperados.

Las autoridades estatales refirieron que estos cuerpos corresponden en su totalidad a varones, quienes formarían parte del CJNG, y habrían sido abatidos por el grupo criminal que controla la región, aunque hasta el momento no han sido identificados.

En total de los 22 cuerpos recuperados, 17 corresponden a varones y cinco mujeres, por lo que continúan con las labores de peritajes forenses para conocer la identidad de los asesinados, por lo que esta zona es acordonada por elementos de la Guardia Nacional que se encarga del resguardo del sitio.

Michoacán es uno de los estados más afectados por la violencia ocasionada por la disputa de los diferentes grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas, por lo que las bandas escindidas de la Familia Michoacana buscan retomar el control del estado, mientras que el CJNG pretende apoderarse del mismo.

Aunque el gobierno federal se comprometió a reforzar la seguridad en la entidad, hasta el momento los niveles de inseguridad en ese estado no han disminuido, por lo que persiste el riesgo de nuevas agresiones entre las organizaciones delictivas que pretenden controlar el trasiego de estupefacientes.

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Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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