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Tratado internacional contra comercio de instrumentos de tortura, propuesta de organizaciones de DDHH

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Grupo de Expertos Gubernamentales de la ONU se suman a la petición de poner  fin al comercio de instrumentos de tortura

La tortura se ha normalizado en el mundo a pesar de que es ilegal en todas partes. Se usa como medida disciplinaria en las cárceles. Para los países occidentales, los torturadores se encuentran sobre todo en países como Iraq, Afganistán, Siria y en regímenes autoritarios de Medio Oriente, con fama de dar azotes con látigo, palizas, grilletes, descargas eléctricas y ahorcamientos públicos.

Sin embargo, la tortura y el ahogamiento simulado han sido formas habituales de castigo también en la prisión estadounidense de Guantánamo, en la prisión de Abu Ghraib, durante la ocupación de Iraq por Estados Unidos, y en la base aérea estadounidense de Bagram, en Afganistán. Pero América Latina no ha estado exenta de estas prácticas, tanto en los tiempos de las dictaduras como de las democracias.

Incluso México, un país que se presume de respeto a los derechos humanos, la tortura en las cárceles sigue siendo un método de investigación para obtener confesiones incriminatorias por parte de los ministerios públicos. También es una práctica usada recurrentemente por las autoridades penitenciarias en los traslados de presos a diferentes centros, en celdas de aislamientos como medidas disciplinarias y para simular eficiencia policial.

Más información: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

Por un comercio libre de instrumentos de tortura

Amnistía Internacional, con sede central en Londres, encabezó una coalición de más de 30 organizaciones de la sociedad civil (OSC) que demandan que se agilice un tratado para controlar el comercio de instrumentos de tortura utilizados para reprimir protestas pacíficas y maltratar a detenidos en todo el mundo.

Simon Adams, presidente y director general del Centro para las Víctimas de la Tortura, calificó de “repugnante e indignante” que, a pesar de que la tortura es ilegal en todas partes, en todo momento y en todas las circunstancias, más de 500 empresas de 58 países sigan fabricando, comercializando y vendiendo en el mercado mundial productos utilizados en la tortura.

“Ha llegado el momento de regular estrictamente los productos que algunas fuerzas de seguridad utilizan deliberadamente para cometer torturas, y de imponer una prohibición mundial de los productos que no tienen otro uso que la tortura”, dijo el máximo dirigente de la mayor organización internacional que trata a los supervivientes y aboga por el fin de la tortura en todo el mundo.

“Debemos prohibir este comercio inmoral de indecible sufrimiento humano. La Asamblea General de la ONU es nuestro parlamento mundial, y el derecho internacional obliga a los Estados a ayudar a prevenir la tortura”, remarcó.

Así pues, “la Asamblea General debe avanzar inmediatamente hacia la adopción de un Tratado sobre el Comercio Libre de Tortura y prohibir que personas y empresas se lucren con la tortura”, demandó.

En la declaración firmada en Londres el 20 de enero, grandes organizaciones internacionales lanzaron una campaña para pedir un tratado que prohíba la fabricación y el comercio de material intrínsecamente abusivo, como las porras con pinchos y los dispositivos de descargas eléctricas corporales.

El tratado, pidieron, también debe introducir controles basados en los derechos humanos sobre el comercio de material más habitual para hacer cumplir la ley, como el gas pimienta, las balas de goma y las esposas.

Según la coalición, estos artículos se utilizan a menudo para cometer actos de tortura u otros malos tratos, que están categóricamente prohibidos por el derecho internacional.

Sobre si un tratado de este tipo debe establecerse en las Naciones Unidas, Verity Coyle, asesora de Derecho y Política de Amnistía Internacional, dijo que sí y que su organización realiza una campaña en todo el mundo a favor de un Tratado de Comercio Libre de Tortura a través de nuestra campaña emblemática: «Proteger la protesta».

El 30 de mayo de 2022, un Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  dio un paso importante para poner fin al comercio de instrumentos de tortura, con un documento que sentó las bases para regular el vergonzante comercio.

Para Coyle, la Asamblea General de la ONU (AGNU) de 193 miembros es el foro lógico para establecer y poner en vigor el tratado, con las recomendaciones del GEG como punto de partida.

Leer más: Más de 1500 internos denuncian tortura en prisiones federales de México en los últimos tres meses

 

El tratado es respaldado también por una Alianza para un Comercio Libre de Tortura, que cuenta con más de 60 miembros gubernamentales y es coordinada por Argentina, Mongolia y la Unión Europea (UE), que fue lanzada en septiembre de 2017 en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU de ese año,  pero al margen de ella.

La Alianza realiza reuniones periódicas, en algunas de las cuales han participado Amnistía y otras organizaciones. “Seguimos manteniendo reuniones periódicas con la UE en particular en previsión de que se presente una resolución solicitando un mandato de negociación”, dijo Coyle.

La sociedad civil de América Latina, añadió, habla regularmente con Argentina sobre el proceso para avanzar hacia el tratado.

“Nuestras secciones de todo el mundo están a punto de embarcarse en una serie de reuniones de grupos de presión en las capitales», adelantó Coyle, quien también forma parte del Comité Directivo Mundial de la Campaña para Acabar con los Robots Asesinos, de la que Amnistía Internacional es miembro.

Los 60 Estados que actualmente conforman la Alianza pertenecen a todas las regiones del mundo y se han comprometido a «actuar juntos para prevenir, restringir y poner fin al comercio» de bienes utilizados para la tortura, otros malos tratos y la pena de muerte.

En junio de 2019, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución A/73/L.94, Hacia un comercio libre de tortura, iniciando un proceso para “examinar la viabilidad, el alcance y los parámetros de posibles normas internacionales comunes” para regular el comercio internacional en este ámbito.

La primera etapa de este proceso dentro de la ONU dio lugar con la publicación en julio de 2020 de un estudio de su secretario general, António Guterres. En el documento se incluyó las posiciones de los Estados miembros en una encuesta, que mostraba que la mayoría de los entrevistados apoyaban el establecimiento de normas internacionales sobre el comercio de instrumentos de tortura.

También se concluyó que la mayoría de los Estados creía que esas normas deben establecerse mediante un «instrumento jurídicamente vinculante que establezca medidas para controlar y restringir el comercio de bienes utilizados para aplicar la pena de muerte, infligir torturas u otras formas de malos tratos».

En tanto,  la relatora especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala N. Aolkin, comenzó el lunes 6 de febrero una «visita técnica» a Estados Unidos.

Hasta el 14 de febrero, Aolkin visitará Washington y, posteriormente, el centro de detención de la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba.

Entérate: México Militarizado, análisis de WOLA sobre el fracaso en el combate al crimen e incremento de la violencia

 

En el transcurso de los tres meses siguientes, Aolkin también llevará a cabo una serie de entrevistas con personas en Estados Unidos y en el extranjero, de forma voluntaria, incluidas víctimas y familiares de víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y antiguos detenidos en países de reasentamiento/repatriación.

La visita se realiza de acuerdo con los Términos de Referencia para las Visitas a Países de los Titulares de Mandatos de los Procedimientos Especiales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Además de Amnistía Internacional, entre las organizaciones de la sociedad civil que hacen campaña a favor del tratado figuran la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Artículo 36, la Alianza Asiática contra la Tortura y la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT).

También participan la estadounidense Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, la Comisión Internacional de Juristas, el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, la Alianza Filipina de Defensores de los Derechos Humanos y la Liga Internacional de Mujeres pro Paz y Libertad (Limpal), entre otras.

Coyle, de Amnistía Internacional, señaló también que en los últimos años se ha utilizado material como gases lacrimógenos, balas de goma, porras y correas para intimidar, reprimir y castigar a manifestantes, defensores de los derechos humanos y otras personas, durante la vigilancia policial de manifestaciones y en lugares de detención, en todas las regiones.

Miles de manifestantes han sufrido lesiones oculares como consecuencia del uso imprudente de balas de goma, mientras que otros han sido alcanzados por granadas de gas lacrimógeno, rociados con cantidades excesivas de sustancias químicas irritantes, golpeados con porras o forzados a adoptar posturas de tensión mediante instrumentos de inmovilización.

A pesar de ello, en la actualidad no existen controles mundiales relacionados con los derechos humanos sobre el comercio de material, instrumentos y equipos para hacer cumplir la ley.

Sin embargo, la Asamblea General de la ONU tiene ahora la oportunidad histórica de votar para iniciar las negociaciones sobre un tratado, sentenció Coyle.

 

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Asia

El primer ministro de Israel retrasa reforma judicial de extrema derecha ante protestas masivas

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protestas Israel

Durante todo el día del lunes, Israel estuvo consumido por las protestas.

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Multitudes se reunieron frente a la Knesset, el Parlamento de Israel, y en las calles de sus principales ciudades. La economía se paralizó en medio de una huelga general; desde aeropuertos hasta embajadas israelíes en el extranjero y las 226 franquicias de McDonald’s del país cerraron. Es el movimiento de protesta más grande en toda la historia de Israel, que ha estado tomando las calles durante los últimos meses, pero ahora alcanzó nuevas alturas después de que Netanyahu despidiera al ministro de Defensa, Yoav Gallant, el domingo.

El objetivo era detener lo que Gallant y muchos otros israelíes vieron como una amenaza mortal para su democracia: un proyecto de ley de reforma judicial que arruinaría la separación de poderes del país y permitiría que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu impusiera su voluntad en el país con poca o nula oposición.

Más tarde en el día, hubo señales de que la agitación tuvo un impacto: Netanyahu anunció oficialmente que retrasaría la revisión judicial hasta la próxima sesión legislativa, pidiendo un «tiempo de espera» que podría «brindar una oportunidad real para un diálogo real».

¿Cómo pensar en esta extraordinaria serie de eventos? ¿Es esto una señal de la fortaleza de la democracia israelí o de su debilidad?

La respuesta a esa pregunta es que son ambos.

El proyecto de ley judicial de Netanyahu era de hecho una amenaza existencial para la democracia israelí. Que la gente del país se haya movilizado en cantidades extraordinarias para bloquearlo es una señal de un profundo apoyo a la democracia dentro de la población israelí y de la voluntad de luchar para preservarla.

Pero al mismo tiempo, el hecho de que tuvieran que hacer esto demuestra que la democracia israelí realmente ha llegado al límite, y que la derrota de la reforma judicial no es el final de la lucha.

Netanyahu convenció a su extremista ministro de seguridad nacional, Itamar Ben-Gvir, de permanecer de su lado y aceptar la demora —y es sólo una demora, alrededor de un mes— con una condición peligrosa: que el gobierno apruebe un proyecto de ley que crearía una Guardia Nacional bajo su mando. Poner una nueva unidad paramilitar bajo el control de un terrorista convicto que solía colgar una foto de un asesino en masa en su casa no es exactamente una señal de que Israel está fuera del bosque autoritario.

Netanyahu permanece en el cargo público mientras enfrenta denuncias de corrupción y ha mostrado su voluntad de doblegar las instituciones del estado a su voluntad para permanecer en el poder.

La democracia israelí está enferma, pero los acontecimientos de estas últimas semanas sugieren que al menos es capaz de luchar por su vida. Piense en la situación un poco como una infección y las protestas como la respuesta inmune de la política democrática. Cuando te enfermas, la temperatura de tu cuerpo aumenta para crear una atmósfera menos hospitalaria para la enfermedad. La fiebre es una señal de que su sistema inmunológico está funcionando según lo previsto.

La huelga general y las protestas son la fiebre de la democracia israelí, pero el hecho de que la fiebre aumente no significa que la enfermedad desaparezca. Ahora está claro que la democracia israelí todavía tiene un sistema inmunológico robusto; la pregunta es si es lo suficientemente fuerte como para vencer una infección muy arraigada, una que va mucho más allá de esta factura única.

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Fuente: vox.com

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Europa

Amnistía Internacional denuncia el silencio de Occidente ante agresiones en África y Asia

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Congo Guerrilla m23

Estados occidentales reaccionan enérgicamente ante la invasión de Ucrania y son observadores pasivos frente a las violaciones en África.

Amnistía Internacional lamenta en su Informe Mundial de 2022, publicado este martes, el “doble rasero” de Occidente y buena parte de la comunidad internacional que, al contrario de lo sucedido con la guerra en Ucrania, ha permanecido callada frente a los abusos ocurridos en otros países.

“Si bien los Estados occidentales, así como algunos Estados africanos, han reaccionado enérgicamente a la agresión del Kremlin en Ucrania, se han mantenido en silencio sobre violaciones graves cometidas en países de África, como Burkina Faso, República Centroafricana (RCA), República Democrática del Congo (RDC), Etiopía, Mali y Mozambique”, señala. “El conflicto más mortal de 2022 fue el de Etiopía” pero quedó lejos de la “atención mundial”, ha señalado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

“Los Estados occidentales han impuesto sanciones económicas a Moscú y enviado apoyo militar a Kiev; la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania, y la Asamblea General de la ONU votó a favor de condenar la invasión rusa y calificarla acto de agresión. Esta iniciativa firme, por más que bien recibida, contrasta marcadamente con la respuesta que se ha dado a episodios anteriores de violaciones de derechos humanos masivas cometidas por Rusia y otros países, así como con la lamentable respuesta que se está dando a conflictos como los de Etiopía y Myanmar”, sostiene la ONG.

Según la organización, estas “respuestas inadecuadas” a los abusos de derechos humanos han alimentado “la impunidad y la inestabilidad”. “Este doble rasero de Occidente ha envalentonado a países como China, y ha permitido a Egipto y Arabia Saudí eludir, ignorar y desviar las críticas que se les han hecho sobre sus respectivos historiales de derechos humanos”, lamenta la ONG.

“El modelo para todas la violaciones de derechos humanos”

Amnistía Internacional menciona, por ejemplo, el caso de Estados Unidos: “Ha criticado enérgicamente las violaciones del derecho internacional cometidas por Rusia en Ucrania y ha admitido en su territorio a decenas de miles de personas ucranianas que huían de la guerra. Sin embargo, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 expulsó a más de 25.000 personas haitianas en aplicación de políticas y prácticas arraigadas en el racismo contra las personas negras, y sometió a muchas de ellas a tortura y otros malos tratos”.

“Los Estados de la Unión Europea abrieron sus fronteras a la población ucraniana que huía de la agresión rusa y, siendo uno de los bloques más ricos del mundo, demostraron tener capacidad más que de sobra para acoger a grandes cantidades de personas que buscaban seguridad y ofrecerles acceso a salud, educación y alojamiento. Sin embargo, muchos mantuvieron sus fronteras vetadas a quienes escapaban de la guerra y la represión en Siria, Afganistán y Libia”, sostiene la organización.

Callamard ha señalado: “La respuesta a la invasión rusa de Ucrania ha puesto de manifiesto lo que se puede hacer cuando hay voluntad política: el mundo entero la condenó, se iniciaron investigaciones sobre los crímenes que se estaban cometiendo y se abrieron las fronteras a las personas refugiadas. Esta respuesta debe servirnos de modelo para abordar todas las violaciones de derechos humanos masivas”.

“También necesitamos que los Estados que hasta ahora no han osado alzar la voz tomen cartas en el asunto y se posicionen en contra de los abusos contra los derechos humanos dondequiera que se cometan. Necesitamos menos hipocresía, menos cinismo y una acción de todos los Estados que sea más coherente, más ambiciosa y más basada en principios a fin de promover y proteger todos los derechos”, ha afirmado Callamard.

Otro caso: Myanmar, en medio de atrocidades, el pueblo se organiza con el gobierno legítimo –  (losangelespress.org)

Represión de disidentes pacifistas en Rusia

La ONG de derechos humanos denuncia en su informe el incremento de la represión en Rusia de los disidentes que se oponen a la campaña militar y otras violaciones de los derechos humanos. “En su represión incesante de la disidencia, las autoridades introdujeron duras restricciones adicionales a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, dice la organización. Según Amnistía Internacional, la policía rusa “disolvió protestas pacíficas contra la guerra y la llamada a filas, a menudo haciendo uso excesivo de la fuerza”.

En esos actos fueron detenidas más de 19.400 personas, incluidos periodistas que cubrían las protestas. “La mayoría se enfrentó a fuertes multas o a periodos de detención administrativa”, añade. Las medidas contra la disidencia también llevaron a la cancelación de conciertos, exposiciones y otros eventos de figuras culturales que expresaban ideas contrarias a la línea oficial.

detención mujer en Rusia

Agentes de policía detienen en Rusia a una mujer que protestaba contra la invasión de Ucrania en el centro de Moscú en marzo de 2022. AFP vía Getty Images

Amnistía recuerda que un mes después del inicio de los combates en Ucrania, Rusia aprobó nueva legislación que penalizaba la “desacreditación” de las fuerzas armadas rusas y la “difusión deliberada de información falsa” sobre ellas.

En diciembre había más de 100 y 180 causas penales abiertas, respectivamente, por uno y otro cargo, y al menos 5.518 procesos administrativos por “desacreditación”, agrega. Además, se abrieron más de dos centenares de casos penales por otras actividades contra la contienda.

No solo los particulares con una postura antibélica se vieron afectados por las nuevas leyes, las autoridades también cerraron decenas de medios de comunicación independientes y bloquearon miles de sitios web. Así, fue clausurada la famosa emisora el Eco de Moscú y se le retiró la licencia al diario Nóvaya Gazeta, cuyo director fue galardonado en 2021 con el Nobel de la Paz.

Además, el Ministerio de Justicia añadió otros 166 nombres a la lista de “agentes extranjeros” y 23 a la de “organizaciones indeseables”, lo que dificultó aún más sus labores en Rusia.

Derechos humanos en España

“En 2022, en España se ha agravado el clima de impunidad y la falta de rendición de cuentas en algunos ámbitos de derechos humanos”, sostiene la ONG. “Durante el año se han mantenido cuestiones de impunidad del pasado por el incumplimiento de las autoridades de su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las personas mayores que vivían en las residencias y los abusos que ampara la Ley Mordaza que han dejado a la ciudadanía desprotegida frente al uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad”.

También “se han agravado las violaciones de derechos humanos en la frontera, con la masacre de Melilla de junio pasado, y la utilización de programas de espionaje que han violado el derecho a la privacidad de periodistas, autoridades y sociedad civil”.

Entérate: Pobreza en África impacta esfuerzos por poner fin al matrimonio de niñas –  (losangelespress.org)

 

Amnistía Internacional señala también la “insuficiente protección” de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de las autoridades “en un contexto de incertidumbre económica”. La organización reconoce algunas mejoras en materia legislativa, citando la ley del sí es sí, la ley trans, del aborto, de vivienda y de secretos oficiales, entre otras.

Críticas a la Unión Africana

La ONG apunta directamente a la Unión Africana (UA), al asegurar que su respuesta “a las violaciones graves y los abusos de los derechos humanos que se cometieron en los conflictos de la región fue ausente o tímida en el mejor de los casos”.

Japhet Biegon, coordinador de Amnistía Internacional en África, ha hablado de un “fracaso de liderazgo” de la UA durante la presentación del informe en Nairobi. “La UA es una institución que se creó hace veinte años para, entre otros objetivos, responder activamente a los conflictos de África e intentar prevenirlos, (…) pero muchísimos ciudadanos de todo el continente no tienen ningún motivo para celebrar este aniversario”.

“Envalentonados por la ausencia de atención o acciones decisivas de la UA y las Naciones Unidas, los grupos armados y las fuerzas gubernamentales siguieron atacando a los civiles en conflictos por todo el continente, dejando un rastro de muerte y destrucción”, denuncia el informe.

Biegon ha destacado que, siete años después de que la UA ordenase la apertura de un Tribunal Híbrido para Sudán del Sur (HCSS) para juzgar los crímenes cometidos en ese país desde 2013 –fecha del inicio de su última guerra civil–, este sigue sin existir.

De igual forma, si bien la Unión Africana medió con éxito en el acuerdo de paz que terminó con la guerra del norte de Etiopía el pasado noviembre, “pasó por alto la impunidad desenfrenada en el país y no ha ofrecido una hoja de ruta clara para garantizar la rendición de cuentas por crímenes de guerra y contra la humanidad”, señala la ONG.

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Fuente: eldiario.es

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Europa

Consejo de Seguridad de Rusia advierte contar con armamento capaz ‘de destruir a cualquier adversario’

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expresidente ruso

Mientras el secretario Nikolai Patrushev lanza la advertencia sobre armas nucleares, acusa a EEUU y Reino Unido de provocar «un conflicto mundial».

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, ha asegurado este lunes que las Fuerzas Armadas rusas cuentan con la capacidad armamentística suficiente como para poder «destruir a cualquier adversario».

«Rusia es paciente y no intimida a nadie con su ventaja militar. Pero tiene armas modernas únicas capaces de destruir a cualquier adversario, incluido Estados Unidos, si su existencia se ve amenazada», ha señalado Patrushev, según recoge la agencia de noticias Interfax.

De este modo, el alto funcionario ha respondido a ciertos políticos estadounidenses que, según él, son «cautivos» de la propia «propaganda» del país norteamericano que apunta a que Rusia no cuenta con la capacidad para responder a un hipotético ataque nuclear preventivo.

«Por alguna razón (…) siguen confiando en que, en caso de un conflicto directo con Rusia, Estados Unidos es capaz de lanza un ataque preventivo con misiles, después del cual Rusia ya no podrá responder. Esto es una estupidez miope y muy peligrosa», ha manifestado.

La doctrina nuclear rusa esgrime que el uso de armas nucleares por parte del país es posible si el enemigo usa este u otros tipos de armas de destrucción masiva contra Rusia y sus aliados, o en caso de agresión contra Rusia con el uso de armas convencionales, cuando la existencia misma del estado está amenazada, entre otros motivos.

Por otro lado, el secretario del Consejo de Seguridad ruso ha alertado de que ciertas potencias occidentales especialmente Reino Unido o Estados Unidos, «no son reacios a iniciar un conflicto paneuropeo o incluso mundial» y que utilizan a Ucrania para alimentar esta tensión.

Anteriormente, Patrushev ha llegado a asegurar que Rusia no está en guerra con Ucrania, sino que el conflicto en Europa del Este se trata más bien de un intento de Occidente por enemistar a Moscú y Kiev. «Los acontecimientos en Ucrania (…) son un enfrentamiento militar de la OTAN, sobre todo Estados Unidos y Reino Unido, contra Rusia», dijo el ato funcionario a principios de año.

(c) 2023 Europa Press.

 

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