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Trata sexual a manos de autoridades, práctica común en México

Historias de niñas y mujeres, víctimas de trata sexual por autoridades, común en México, señala periodista en Encuentro Nacional de Autodefensas

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Encuentro Nacional de Autodefensas en Ciudad de México. Foto: Círculos de estudios Centro Histórico

Encuentro Nacional de Autodefensas en Ciudad de México. Foto: Círculos de estudios Centro Histórico

Por Sergio Ferrer

CIUDAD DE MÉXICO.- Ocurrió en el barrio de La Merced, allí un joven rescató a una niña de ocho años de su tratante, un ex policía que rentaba a la menor de edad a otros policías para ser violada. Al llevarla a un refugio la niña se resistía a quitarse la blusa para bañarse. La razón, tenía la espalda llena de marcas hechas por su explotador que también a mordidas le arrancó el clitoris. ¿Qué se hace con esas historias? Pregunta secamente la periodista San Juana Martínez.

La periodista participó en el Primer Encuentro Nacional de Autodefensas Ciudadanas realizado en el Polyforum Siqueiros el martes 28 de mayo, al cual acudieron representantes de las autodefensas de Michoacán, defensores de derechos humanos, religiosos como el padre Solalinde de Hermanos en el Camino que atiende a migrantes, políticos y activistas que se consideran autodefensa ciudadana.

Martínez planteó la situación de la trata de personas, apuntó que hay vínculos que ligan este mal con diputados y senadores, asimismo señaló que son cuatro cárteles los que principalmente practican esta acción criminal: los Zetas, el Cartel del Golfo, Nuevo Milenio y los Caballeros Templarios.

Los criminales lucran con los cuerpos de las mujeres, se calculan alrededor de 12 millones de víctimas en el país, es el negocio más redituable después de las drogas, la trata incluye niñas que son prostituidas -haciendo la aclaración que la prostitución es cuando mujeres ejercen el trabajo sexual sin proxeneta, es decir sin tratante- acotó Martínez.

Mujeres, adolescentes o niñas son víctimas de secuestro o de engaños, en la trata de personas el 79 por ciento es para explotación sexual, 3 por ciento para el tráfico de órganos y el restante 18 para explotación laboral.

Esta situación va de la mano con las desaparecidas y los feminicidios que se han incrementado hasta en un 680 por ciento en lugares como Nuevo León y el noreste del país. De la trata sexual 40 por ciento son mujeres migrantes principalmente de Honduras, en Veracruz hay seis mil desaparecidas sin embargo no se ha declarado la Alerta de Género, ante esto, Sanjuana Martínez se declara autodefensa en la búsqueda de justicia para todas las mujeres que diariamente son víctimas de trata y los abusos a sus derechos humanos que esto conlleva, una lucha social civil.

Otra de las ponencias del encuentro fue la del obispo José Raúl Vera López, quien tras recordar que ra bueno leer la biblia dijo que aunque no se coloca un letrero de defensor de derehcos humanos sí de una persona que ejerce su fe cristiana que defiende a los esclavos, a quienes les arrebatan la paz y su derecho a progresar, a vivir una vida de paz.

Vera López considera que está en una búsqueda para que “las víctimas se conviertan en sujetos que transformen la sociedad”, la construcción de un solo sujeto social. Por otra parte dejó claro que la violencia viene del Estado y teniendo de fondo aplausos de los asistentes, recordó el artículo 39 de la Constitución ante los intentos y ataques para despojar al país de su soberanía y llenarlo de pobreza y narcotráfico.

El obispo atajó que se está autodefendiendo del gobierno porque son pillos que a su lado, el Chapo Guzmán parece una hermana de la caridad. El clérigo señaló que ha recorrido estados como Chiapas donde vivió un tiempo o Guerrero, en cuya caravana escuchó el clamor de familiares de víctimas en Ayutla de los Libres o en Acapulco cuando la familia de Rocío Mesino, líder campesina asesinada, le entregaron el archivo con los antecedentes de la mujer victimada el año pasado.

“Todas las mujeres somos autodefensas”

La maestra, activista Talía del Carmen Vázquez Alatorre sufrió una violación tumultuaria en 2011, tres sujetos del círculo cercano de Felipe Calderón Hinojosa la vejaron durante ocho horas, solo fueron detenidos dos, uno de ellos, Juan Iván Pérez Lever apenas alcanzó una pena de dos años.

La mujer relató en el encuentro nacional que han interpuesto un amparo ante la SCJN porque la justicia ha dicho que no se puede probar la violación aunque se cuenta con un expediente de miles de fojas, por lo cual acudira a los tratados y protocolos internacionales que ha firmado México en la búsqueda de justicia.

Vázquez Alatorre reprochó que mientras Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia del Senado debate leyes a favor de las mujeres a ella la acusa de daño moral. Al ser la violación sexual una herida abierta, la activista afirmó que se declara autodefensa de las mujeres violentadas.

En el país 80 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, cada 4.6 minutos una mujer es violada en México, del registro de 112 mil casos solo 2.3 por ciento es investigado, los demás permanecen en la impunidad, apuntó.

México es de nosotros, no al desarme, aseguró al término de su participación.

A la mesa también subió a petición del periodista Javier Solórzano, Bruno Plácido Valerio, cofundador de la Policía Comunitaria de la Costa-Montaña de Guerrero y actualmente líder de policías ciudadanas de la UPOEG. En el público se encontraban integrantes de la Policía Comunitaria de Olinalá que llevaban una carta la cual finalmente no pudo ser leída a los asistentes, acerca del caso de la presa política Nestora Salgado y otros 12 comunitarios que permanecen encarcelados.

Uno de los testimonios de políticos corrió a cargo de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, ex alcalde de García Nuevo León que sobrevivió al ataque a su camioneta que recibió 2 mil 800 impactos de bala.

Rodríguez recordó que su hija de dos años fue secuestrada en su primer día de campaña, uno de sus hijos fue asesinado pero decidió combatir a los zetas con su “programa Águila” con el cual ciudadanos denunciaban a los criminales, teníamos 7 mil 600 ciudadanos policías, dijo, promoviendo un gobierno en el cual exista la participación activa de la ciudadanía.

Por otra parte, el general José Francisco Gallardo Rodríguez, retomó varios ejemplos de ciudadanos que han emprendido esfuerzos de seguridad como el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Policía Comunitaria de la cual indicó que tiene una ley estatal que lo sustenta, un reglamento interno y sustento legal internacional, reiteró que logró abatir el crimen en un 90 por ciento pero, “esto no le conviene al gobierno, a las trasnacionales que quieren llevarse los minerales, los bosques, hablando específicamente de Guerrero”, aseveró.

El general Gallardos propone la creación de una Guardia Nacional, hace 20 años lo propuso pero fue encarcelado nuevo, dicha guardia agruparía a las autodefensas y permitiría un ejercicio civil de justicia, antes de entrega dicho proyecto a Mireles e Hipólito Mora, recriminó que aunque el gasto en el Ejército se incrementó en un 800 por ciento, tiene 18 mil quejas por violaciones a derechos humanos.

También destacó que el Ejército no debe intervenir en el ejercicio del poder civil, por ejemplo, no deben hacer campañas de vacunación, ni aplicar el Plan DN3, porque eso hace que el Ejército inhiba los avances en la democracia de Estado al no ejecutar las funciones para las que fue creado.

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Miembros de la Policía comunitaria de Olinalá Guerrero. Foto: Sergio Ferrer

Hipólito, Goyo, Mireles

Las últimas participaciones fueron para líderes de las autodefensas en Michoacán, el primero fue Hipólito Mora quien fuera exonerado de la acusación de participación en un doble asesinato.

Mora de sombrero y vigilado por su guardia personal, contó que en su pueblo no dejaban cortar limón, los Caballeros Templarios tenían dominada la zona y con tristeza vio que su hijo mayor se tiraba diario a la hamaca sin esperanza porque en la empacadora le decían que no necesitaban el cítrico. Fue así que un día decidió acudir para dar la cara a los criminales con un reducido grupo en La Ruana.

Después de la anécdota, Mora señaló que lo que más le preocupaba eran los jóvenes autodefensas encarcelados por lo cual le pidió humildemente al presidente Enrique Peña Nieto dejar libres a los presos que diario ganaban de 100 a 200 pesos al día y ahora pesa sobre ellos cargos de delincuencia organizada.

Tras reiterar la petición de la liberación de los integrantes de las autodefensas, el líder que inició el 24 de febrero un movimiento de autodefensa que abarca ahora 34 comunidades de Michoacán aseguró que no se rajarán y combatirán al crimen en Michoacán e incluso en todo el país.

En la penúltima intervención Gregorio López sacerdote de Apatzingán, afirmó que no están por partidos políticos, por religión, por logíao por conveniencia sino por la honorabilidad, indicó que se forma parte de una organización comunitaria en la cual no se están levantando en armas sino procurando que alla tranquilidad en los pueblos.

Del caso de los jóvenes autodefensas que están presos adelantó que están juntando cartas de antecedentes no penales porque le consta que son inocentes.

La última participación corrió a cargo de José Manuel Mireles Valverde, que destaca por su estatura y clásico sombrero negro. El médico cirujano se quitó su camisa y se colocó una playera con el lema de respaldo al movimiento nacional de autodefensas y el mapa de la República Mexicana con los colores y escudo de la bandera nacional.

Mireles Valverde contrastó que cuando el comisionado de seguridad anunciaba que todo estaba bajo control fueron encontradas varias personas ejecutadas. En un intermedio dedicado a la prensa les pidió a los periodistas no publicar lo que dicen desde la oficina sino acudir a las comunidades, aunque después agradeció a quienes si fueron y les tocaron emboscadas como la del 26 de octubre en Apatzingán o la del 29.

El líder michoacano desmintió que haya sido destituído y aseguró que permanecen 34 comunidades organizadas en las autodefensas, calificó de teatro el decir que ya se pacificó Michoacán cuando el día anterior hubo siete ejecutados en municipios donde ellos no tienen el control.

“Me quité la máscara para hablar por los muchachos que combatían con pocos cartuchos, con diez, en tanto que los criminales traían chalecos repletos de cargas”, aún así destacó la anécdota del niño de 14 años que con una chispeta logro derrotar a seis camionetas pegándole al chofer de la primera.

Mireles Valverde reconoció la labor de los que llamó compañeros de la meseta Purépecha, -en referencia a Cherán municipio autónomo indígena que plantó guardias comunitarias en contra de talamontes- que ganaron la controversia constitucional con la que se respetan sus derechos indígenas, reconociendo su representatividad ante el estado de Michoacán.

El líder de la autodefensa de Tepalcatepec, reiteró que fue Hipólito Mora quien prendió la mecha de una lucha social, porque no somos guerrilleros, dijo, no tenemos capacitación y tras señalar el trabajo de sus escoltas a quien llamó hermanos que dan la vida por él y el por ellos, apuntó que el padre Goyo no dijo que diario tiene que ver como alimentar a los 4 mil 800 huerfanos de Apatzingán, ni las 2 mil 500 viudas, ni Mora habló de las familias que necesitan un sustento y alimento mientras que sus esposos están encarcelados.

“Nuestra lucha no es contra el Estado Mexicano ni el Gobierno Federal es contra el crimen organizado y la falta de segurida pública”, replicó Mireles Valverde respecto al movimiento y explicó que el Frente Nacional de Autodefensas no quiere guerra sino despertar la conciencia mexicana.

Mireles Valverde criticó que los quieran desarmar y atajó ¿porqué no primero desarman a los criminales? Para después evidenciar al gobernador Fausto Vallejo que le respondió cuando le pidió ayuda ante el secuestro de su hermana que era un simple ciudadano en un puesto de gobierno.

Luego de replicar que ellos avisaron que Chucho Reina era templario leyó un documento en el cual aseguran que su movimiento es por las mujeres, por los migrantes, los militares, contra la trata de personas, los secuestros, por los derechos humanos, la seguridad personal la no tortura e incluso citó a Nelson Mandela para después aclarar que “no queremos insurrección armada nacional, queremos insurrección de concienca porque sabemos lo que pasa en el Estado de México, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero…”

Mireles Valverde afirmó que buscan la seguridad pública y el acceso a la impartición de justicia, también legalizarse en una Guardia Nacional como una fuerza civil democrática, federal y republicana.

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Masacre El Charco, 24 años de impunidad del Ejército mexicano

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El 7 de junio de 1998, el Ejército mexicano masacró a diez campesinos indígenas en El Charco, Ayutla de los Libres, Guerrero. Los campesinos descansaban en la Escuela Primaria «Profr. Caritino Maldonado Pérez», después de una reunión sobre proyectos productivos para la comunidad, cuando fueron rafagueados, les lanzaron dos granadas, detuvieron a 25 personas, de las cuales dos estuvieron presos y fueron torturados.

Desde entonces, ha sido una larga lucha por la justicia para las víctimas que ha liderado la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, ante diferentes instancias mexicanas, y posteriormente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tardó seis años en admitir el caso para su revisión. Por lo que a 24 años de la masacre, la organización mantiene la exigencia de justicia que ha ignorado el Estado mexicano.

Comunicado Red Solidaria contra la Impunidad

A 24 AÑOS DE LA ATROS MASACRE DE EL CHARCO, AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO, COMETIDA POR INTEGRANTES DEL EJERCITO MEXICANO, MANTENEMOS LA EXIGENCIA DE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS; NO PERDONAMOS, NO OLVIDAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.

El 16 de julio del 2012, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Petición de Admisibilidad del caso la masacre de El Charco. Para el 19 de diciembre del 2018, la CIDH nos otorga el Informe de Admisibilidad 166/18, en diciembre del 2018.

El caso gira en torno a que el 7 de junio de 1998, en la comunidad del Charco, Ayutla, Guerrero, el ejército mexicano masacró a 10 campesinos indígenas Nu’Saavi y al estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ricardo Zavala Tapia, 4 adultos y un niño fueron gravemente heridos, mientras  que otras 22 personas, 4 de ellas adultos y un niño y una estudiante universitaria, fueron ilegalmente detenidas y posteriormente torturadas.

Actualmente representamos  a 3 viudas y a la familia del estudiante de la UNAM, Ricardo Zavala Tapia, a 6 sobrevivientes, entre quienes se encuentran Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortes Chávez, por lo que nos unimos con las víctimas para recordar la deuda de justicia que existe a 24 años plagados de impunidad. Las víctimas aún siguen caminando en busca de la justicia, tienen sus esperanzas en que la CIDH, emita su Informe de Fondo y de traslado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a nivel internacional se logre la justicia que a nivel nacional no se logró.

Hoy traemos a la memoria que Ericka Zamora Pardo, junto con Ricardo Zavala Tapia, entonces estudiantes de la UNAM, soñadores y comprometidos con las causas del pueblo, fueron agredidos por el Estado; Ricardo ejecutado extrajudicialmente, Ericka torturada, acusada de formar parte de un grupo guerrillero, ingresada al penal de máxima seguridad de “Puente Grande”, exclusivo para varones, por ser catalogada de alta peligrosidad. Efrén Cortes Chávez, activista social que se encontraba en la comunidad de El Charco, también fue torturado y encarcelado, ambos; Ericka y Efrén salieron absueltos de la prisión 4 años después de su detención.

Sin embargo, los generales que encabezaron esta masacre, Juan Alfredo Oropeza Garnica y Luis Humberto Portillo Leal, militares expertos en contrainsurgencia que combatieron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, se mantienen totalmente impunes. Los obstáculos enfrentados por las víctimas, son el termómetro que mide la impunidad en este país, es tiempo de derribar la impunidad que prevalece y se pueda lograr la verdad y justicias para las víctimas, México tiene una deuda histórica con las víctimas y con la comunidad de El Charco. Las víctimas hoy encienden una luz contra la impunidad.

¡NO PERDONAMOS, NO OLVIDAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS!

¡HASTA QUE LA JUSTICIA SE SIENTE ENTRE NOSOTROS!

 Responsables: Ericka Zamora Pardo y María Magdalena López

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El infierno de ser mujer, migrante y negra en México

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Por Rodrigo Soberanes

MÉXICO – Joy es originaria de Camerún. Logró llegar viva a Tijuana, en Baja California, en el noroeste de México. Betty nació en Haití y viajó hasta Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, al igual que Elena, proveniente de El Congo. Las tres huyeron de sus países para escapar de un destino de pobreza, violencia y muerte.

Recorrieron miles de kilómetros. Un largo camino lleno de abusos, maltratos y discriminación. Llegaron a México con la esperanza de una vida mejor. No la encontraron.

Como ellas, miles de personas provenientes de Haití y África que en los últimos años han llegado a México, forman parte de un flujo inédito en la historia de este país.

La situación de vulnerabilidad de estas mujeres migrantes es evidente. Alejandra Elizalde Trinidad, coordinadora del Programa de Género de Formación y Capacitación  (Foca), califica la situación humanitaria que atraviesan de “terrible”.

Un ejemplo son las originarias de Haití quienes padecen “subordinación racial y xenofóbica”, señala E. Tendayi Achiume, relatora especial de las Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia.

Elena, de El Congo

Elena huyó de la guerra civil en El Congo, viajó hasta Brasil donde encontró otro tipo de violencia: el desprecio por ser pobre… Y negra.

Con su familia emprendió el viaje hacia el norte, pero a la mitad del camino encontró un nuevo infierno: la selva conocida como el Tapón de Darién, una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas migrantes, que separa a Colombia de Panamá, y está controlada por bandas de narcotráfico y tráfico de personas.

Elena fue una de sus víctimas. Durante 10 días fue separada de su esposo e hijo de ocho años, para ser convertida en esclava sexual. Cuando finalmente lograron escapar, pudieron llegar a Tapachula, Chiapas. Pero su alma quedó atrapada en la selva de El Darién.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2021 más de 133 000 personas migrantes cruzaron el Tapón del Darién; cuatro veces mayor al récord de 2016, cuando pasaron por esa región selvática unos 30 000 migrantes.

En Tapachula –ciudad mexicana fronteriza con Guatemala– muchas personas migrantes, sobre todo de Haití y África, viven en casonas o grandes construcciones con una multitud de habitaciones pequeñas llamadas cuarterías.

Cuarterías, habitaciones muy pequeñas donde se hacinan personas migrantes en Tapachula. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

En una de esas cuarterías un joven originario de El Congo grita desesperado, una mezcla de portugués y español. Es Djingo, el esposo de Elena. “¡La máquina de la prostitución está funcionando en México!”, grita el congolés.

Sus vecinos en la cuartería, que sostenían una intensa discusión sobre la forma de abandonar Tapachula, enmudecen. Saben que Elena se ha visto obligada al trabajo sexual, porque su esposo no ha logrado conseguir un empleo.

“¡Sus manos, sus manos!”, insiste Djingo sobre su esposa. “¡Están manchadas por el contacto con tanta persona!”. En la cuartería donde se encuentran, como en el resto de la comunidad migrante de la frontera sur, es secreto a voces que las crueles prácticas sexuales de El Tapón del Darién también llegan a Tapachula y persiguen, sobre todo, a mujeres vulnerables.

Djingo, en la azotea de la cuartería donde vive junto a su esposa e hijo de ocho años. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

La dramática experiencia marcó la vida de la mujer migrante. Las huellas visibles están en sus manos con manchas y escoriaciones, que parecen surcos que se prolongan hasta los antebrazos.

La familia no sabe qué son. Ningún médico la ha revisado, pero Elena cree que es una reacción al estrés, que su cuerpo grita algo por el dramático paso por El Darién.

Necesita ayuda, no sólo por las manchas sino porque desconoce el impacto por el daño físico por los días de esclavitud sexual sin métodos de protección. También requiere apoyo psicológico con urgencia, sobre todo porque sigue sometida a un infierno.

Elena se comunica más con su lenguaje corporal que con el habla. Se muestra silenciosa, casi por completo. Esconde sus manos entre las telas de su vestido. Las escoriaciones son un símbolo de su martirio en la selva, pero esas sólo son las huellas visibles, las otras se notan en la mirada triste y apagada, por momentos, ausente.

Joy, de Camerún

Joy –no es el nombre real, pidió usar este por seguridad– tiene 39 años y es enfermera. Escapó de Camerún, su país natal, donde era perseguida política e intentó refugiarse en Ecuador, en 2018, el único país latinoamericano donde no le requerían visa. Ahí, durante meses, sufrió maltrato, discriminación y abusos laborales. Vivió en la calle y en cuanto pudo emprendió camino al norte.

Joy recorrió miles de kilómetros desde Camerún para escapar de la violencia. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

En Quito, la capital ecuatoriana, consiguió empleo en un restaurante, pero se enfrentó de lleno con la discriminación hacia las mujeres negras. Una vez, mientras trabajaba en la cocina, escuchó un reclamo airado al propietario del negocio.

“Una cliente le dijo que, si tenía en la cocina a una mujer negra, se iría de su restaurante. Pero el dueño insistió en dejarme y los clientes comenzaron a irse. Luego me dijeron que si me despedían, en pocos días volverían los clientes”, cuenta.

Joy hizo todo lo posible por conservar el empleo, pero tres meses después fue despedida. Sola, sin dinero para pagar el alquiler de la habitación donde vivía, no tuvo otra opción que vivir en la calle.

Joy es enfermera. Abandonó Camerún y ahora intenta sobrevivir en Tijuana. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

“Comencé a dormir en el parque. Empecé a aprender a vivir así. Sin país y sin dinero. Aprendí a comer de la basura. Tenía hambre, quería comer”.

Contactó a otra mujer africana que podría ayudarla a conseguir trabajo, pero lo que ofreció fue meterla en el trabajo sexual. “Quiso usar mi cuerpo para hacer negocios. Yo no acepto eso, yo soy enfermera y auxiliar en farmacia”, dice.

Un día, cuando ya llevaba un mes en la calle, encontró a una paisana suya que estaba a punto de viajar al norte. Joy había ganado unos dólares trabajando en otro restaurante y recolectando botellas de plástico que vendió a un centro de reciclado. Usó ese dinero para irse.

La mujer camerunesa enfrentó un camino pleno en abusos y violencia. “Mucha gente murió enfrente de mí, vi demasiada gente muerta en la jungla”, dice.

Joy cruzó el río Suchiate, que divide la frontera entre Guatemala y México, en agosto de 2019, y entró a Tapachula, Chiapas, donde fue detenida y encerrada en la Estación Migratoria Siglo XXI. Un mes después hubo protestas por el maltrato hacia las personas detenidas que fueron disueltas por la Guardia Nacional.

“Yo estaba adentro. Sufrí discriminación. Sufrí racismo adentro. Cuando llegas, personas africanas están apartadas del resto. Te dan un ticket de diferente color. Tu color es diferente, ¿por qué? La comida que te dan es diferente al resto”, relata Joy.

Después del incidente, la camerunesa fue liberada y permaneció algunos días en un campamento en Tapachula, mientras conseguía dinero para seguir el viaje. En ese lapso sufrió incidentes con la policía.

Uno de ellos ocurrió durante una manifestación de personas migrantes, cuando preguntó a un agente, traductor de por medio, si tenía el poder de retener sus documentos.

El policía contestó con un insulto racista e insistió al traductor que lo dijera tal cual: “Cerdos, no sé qué vienen a hacer a mi país”.

“¿Por qué nos escogen para pedirnos nuestra identificación? Nos dicen que tenemos apariencia peligrosa. ¡Wow! ¿Apariencia peligrosa? Porque somos negras nos miran así, lo siento”, se pregunta Joy.

Ocho meses después de cruzar el Río Suchiate consiguió un documento de refugio de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) y logró llegar a Tijuana. Allí se encuentra, a la espera de solicitar asilo humanitario al gobierno de Estados Unidos.

En esta ciudad fronteriza del norte de México no hay muchos cambios para Joy. Como en Ecuador, El Darién o en Tapachula, la camerunesa enfrenta su realidad: es la misma mujer vulnerable y sin derechos.

Cuando llegas aquí es lo mismo. Cada vez que camino veo cómo la policía arresta a las personas. A mí los policías me pidieron mi identificación y me la quitaron. Me dijeron que no era válida. Me registraron, tocaron mi cuerpo.

El mural de un albergue en Tijuana muestra el nuevo rostro de la ciudad fronteriza. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

Betty, de Haití

Haití siempre ha sido el país más pobre de América Latina, pero su marginación histórica se profundizó con el terremoto que en 2010 lo devastó. Fue el inicio de una diáspora que en los siguientes años expulsó a decenas de miles de personas. Betty y su esposo fueron parte de ese éxodo.

Hace ocho años llegaron a Ecuador, donde nacieron sus dos hijos y creyó que podría refugiarse de la discriminación y la violencia por el color de su piel, pero estaba equivocada.

Aunque tenían una mejor vida que en Haití no era suficiente y, al inicio de 2021, vendieron sus pocas pertenencias e iniciaron el camino a Estados Unidos. El viaje marcó su vida. “Soy una persona destrozada”, confiesa.

Betty escapó de Haití, devastado por sismos, pobreza y violencia. Atravesó la selva del Darien, donde sufrió violencia sexual. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

Como miles de haitianos que han compartido la misma ruta de migración, la familia se vio obligada a cruzar por el Tapón del Darién. El costo fue muy alto, sobre todo para Betty.

Ahora en una cuartería de Tapachula, a Betty le cuesta hablar del viaje. Platica en tercera persona, como si con eso intentara creer que se trata de otra persona.

Quitan a la madre enfrente de los niños para hacerle cualquier cosa. Los niños están llorando y el esposo no puede hacer nada. Una se tiene que aguantar todo lo que está pasando”, dice.

Robaron, violaron y mataron a muchos de nosotros. Es una mezcla de dolor, miedo. De todo”, dice Betty en voz baja.

Betty, en una de las cuarterías donde viven principalmente personas migrantes de Haití. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

Su esposo escucha la narración en silencio. A unos metros otros migrantes haitianos asienten: ellos también saben de las caminatas a ciegas por una selva desconocida, el cansancio, sed extrema y el riesgo permanente a convertirse en víctimas de cualquier crimen grave.

“Mi sueño solamente era sacar a mi familia adelante, un buen futuro para mis hijos. Un futuro que no tenía y quería para mis hijos”, cuenta.

El tono de su voz parece desesperanzado. Puede que tenga razón. Hasta ahora en México no ha encontrado la ayuda que necesita.

Sus hijos, por ejemplo, cuando se han enfermado de fiebre y diarrea, no han sido atendidos por ningún médico porque la familia no puede acreditar su estancia regular en el país.

“Están destruidos, no tienen escuela, no tienen ayuda”, confiesa Betty. “Tengo el corazón destruido como madre”.

Éxodo en medio de discriminación

Las historias de Joy, Betty y Elena son un reflejo de la cruda realidad que enfrentan las mujeres migrantes en México y que en su caso resulta aún peor, pues también padecen discriminación por su piel.

El éxodo se siente en México, a donde llegó la mayoría de estas personas. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría /ministerio) de Gobernación (Segob), en 2021 el Instituto Nacional de Migración detuvo a cien mil 64 mujeres. De ellas, 32 mil 393 eran menores de edad.

Las estadísticas nada dicen sobre su destino. De acuerdo con organizaciones civiles, muchas fueron deportadas, pero otras solicitaron asilo humanitario en México.

El año pasado, según la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), 53 mil 745 mujeres migrantes pidieron refugio en el país. La dependencia enfrenta la mayor ola de solicitudes en su historia, y los recursos con que cuenta han sido insuficientes para atender la demanda.

El daño que sufren las mujeres migrantes y sobre todo las afrodescendientes es grave, dice Paulina Olvera, directora de la organización Espacio Migrante que trabaja con esta población en Tijuana.

“El viaje tiene un gran impacto en todos los sentidos. El tema de la salud mental es preocupante. Vienen desde Brasil, Chile y Venezuela. Hay muchos casos que llegaron aquí con anemia severa. Muchas mujeres embarazadas llegaban aquí con desnutrición y con cero revisiones médicas en su haber”, cuenta.

Alejandra Elizalde, de Foca, insiste en que las mujeres en las mismas circunstancias que Betty, Joy y Elena deberían tener de inmediato la posibilidad de permanecer en el país. “Se tiene que garantizar el acceso pleno a sus derechos, reconocer su situación de vulneración de derechos, acercarles servicios médicos y acompañamiento psicológico”, señala.

En la presentación del informe “Un viaje de esperanza: La migración de mujeres haitianas a Tapachula, México”, Achiume, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, reconoce que las mujeres migrantes “deben navegar la intolerancia y exclusión basada en su raza e identidad de género, las cuales se exacerban por la intolerancia racista en las regiones por las que se mueven e intentan asentarse”.

Las personas migrantes, en general, viven en situación de vulnerabilidad, debido a su situación irregular, cultural, muchas veces de idioma. Sin embargo, para las mujeres y en particular para las de color, la vulnerabilidad es aún mayor y la padecen a cada paso de su trayecto, sin que existan mecanismos efectivos de protección para ellas.

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Este artículo se publicó originalmente en Pie de Página, de la mexicana red Periodistas de A Pie.

RV: EG

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El Consejo de Europa pide crear tribunal especial para juzgar a líderes rusos por crimen de agresión

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La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) ha aprobado este jueves una resolución para que se cree urgentemente un tribunal penal internacional ‘ad hoc’ que investigue y juzgue el crimen de agresión cometido por los líderes políticos y militares de Rusia, cuya sede estaría en Estrasburgo.

El crimen de agresión está definido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 8 bis) y supone el uso de la fuerza militar de un Estado contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro, incluyendo la invasión de otro Estado, el bombardeo y el bloqueo de puertos.

Ese tribunal tendría el poder de emitir órdenes de arresto internacionales y no estaría limitado por la inmunidad del Estado, de los jefes de estado y de gobierno, y otros funcionarios.

La creación del Tribunal ‘ad hoc’ se haría con un tratado multilateral aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el apoyo del Consejo de Europa, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales. La sede estaría en Estrasburgo, ante las posibles sinergias con el tribunal Europeo de Derechos Humanos, que examina numerosas demandas individuales e interestatales relacionadas.

El texto asegura que “esta guerra se lleva a cabo con una brutalidad sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”. La resolución se ha aprobado por unanimidad de 115 votos.

Con información de Agencias.

 

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