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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Tras el dinero ilícito de la campaña de Peña Nieto

Enrique Peña Nieto acotado por investigaciones de la Izquierda que sigue el dinero ilícito de la campaña priista

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En la cuerda floja Foto: red

Por Guadalupe Lizárraga

MÉXICO, DF.- Enrique Peña Nieto fue denunciado de financiar su campaña con dinero ilícito por el representante de la Coalición del Movimiento Progresista, Camerino Eleazar Márquez. Las evidencias del fraude electoral siguen desparramándose por las redes y los medios alternativos, e incluso, la prensa nacional y extranjera que antes participara del anuncio apresurado del candidato del PRI, ahora hace eco de las irregularidades. Sin embargo, las nuevas acusaciones de la Izquierda contra el priista Peña Nieto han cobrado mayor gravedad al traspasar la dimensión electoral y entrar al terreno del crimen organizado, porque detrás de la compra del voto, se presume una relación con las mafias experimentadas en el lavado de dinero o desvío de fondos públicos.

Conocido ya como el caso Monex, Peña Nieto se habría“beneficiado en su campaña política con recursos de procedencia ilícita”, dicta la denuncia subida a las redes sociales. Se trata de un escrito que presentó oficialmente el representante de Izquierda del candidato Andrés Manuel López Obrador con los argumentos jurídicos y pruebas para fundamentar la solicitud de invalidez de la elección ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La denuncia contra el priista señala que el financiamiento sólo pudo tener su procedencia del erario, lo cual sería peculado; o de las mafias narcotraficantes para lavado de dinero. No obstante, en cualquiera de las dos procedencias, el priista ha incurrido en un crimen más contra el estado mexicano y ha involucrado a un un grupo de autoridades fiscales y políticas de primer nivel, entre las que destaca el representante general de campaña del PRI, Eduardo Uribe Aguilar y a las empresas Comercializadora Atama, GrupoKoleos, Grupo Empresarial Tiguan y, Rodrigo Fernández Noriega. En el documento se sostiene que los recursos transferidos y depositados a Monex eran parte de operaciones entre ésta y las empresas: Grupo Comercial Inizzio,S.A. de C.V e Importadora y Comercializadora, Efra, S.A. de CV.

Otros hallazgos de la investigación del grupo de Izquierda destacó el análisis de 33 facturas emitidas por Monex, por la compra de 9,924 tarjetas por un monto de $ 130, 423.00 pesos ( $10,032 dlls), con un saldo de prepago por $46,179,009 pesos ($ 3,552,231 dlls), otra compra de 750 tarjetas por montos de $ 9,750 pesos (750 dlls) y su carga de saldo prepago por $ 60,594,924 pesos ($ 4,661,148 dlls), más comisiones de $1,089,853.28 pesos ($ 83,834,846 dlls).

En el documento de denuncia también se señaló al director ejecutivo de Organización Electoral del IFE de haber autorizado, con el oficio número DEOE/566/2012, a los operadores del PRI registrados en el Distrito 13 de Guanajuato, Víctor Hugo Bautista González, y Eduardo Uribe Aguilar, para utilizar las tarjetas de Monex y pagar a representantes generalesy a promotores del voto en esa entidad.

El izquierdista Ricardo Monreal sigue el dinero sucio de Peña Nieto Foto: reporteindigo

Los directamente involucrados

Rodrigo Fernández Noriega

“Es el nombre de la persona que realizó un depósito por $3,485,797.49 el día 20 de abril de2012 a favor de Monex.En el Distrito Federal sólo se localizó información relacionada con este nombre, consistente enlos datos siguientes:Nació el 22 de julio de 1973, con domicilio en Calle Blas Pascal No. 129, Interior 301, ColoniaPolanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560.Su R.F.C. es FENR730722592, tiene como actividad preponderante calzado, zapaterías, incluyecompra de calzado usado. Con fecha de inicio de operaciones el 15 de abril de 2003, sudomicilio fiscal se encuentra en Calle Blas Pascal No. 129, Interior 301, Colonia Polanco,Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560.

En el ejercicio 2006, declaró en “ceros”, no se localizaron declaraciones de los ejercicios fiscales 2007 a 2011.

Alba Maribel García Cruz

“Ejecutiva de cuenta del Grupo Financiero Monex que aparece en los 37 comprobantes fiscales (facturas) analizados. Nació el 01 de septiembre de 1979, con domicilios en: Calle Acerina No. 50, Colonia Pedregal de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Estado deMéxico, C.P. 52948.

Calle General José Moral No. 80, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación MiguelHidalgo, C.P. 11850.Con R.F.C.: GACA790901EF0, tiene como actividad preponderante servicios de asesoría,administración y organización de empresas. Con fecha de inicio de operaciones el 01 de enerode 2005, su domicilio fiscal (del patrón) se encuentra en Avenida Periférico Sur No. 3325, Piso6, Colonia San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400.

Sólo presentó la declaración anual del 2007, reportando ingresos netos por sueldos y salarios de$445,490.00.

Juan Oscar Fragoso Oscoy

Nació el 01 de octubre de 1976, con domicilio en Calle Iguala No. 50, Colonia San Lucas Patoni,Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54100.Su R.F.C. es FAOJ761001R55, tiene como actividad preponderante productos no clasificados enapartados anteriores. Con fecha de inicio de operaciones el 02 de octubre de 2000, su domiciliofiscal es el mismo que el particular.No cuenta con declaraciones fiscales. En el 2009 dijo que era obrero, fecha en que ya había constituido las empresas de las que es ahora accionista.

Ramón Paz Morales

Nació el 31 de agosto de 1965, con domicilio en Calle Azucena No. 19, Colonia San LucasPatoni, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54100.Su R.F.C. es PAMR650831S71, tiene como actividad preponderante materiales met (sic) para laconstrucción y la industria. Con fecha de inicio de operaciones el 11 de enero de 2007, sudomicilio fiscal se encuentra en Calle Sinaloa No. 182, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc,Distrito Federal, C.P. 06700.

Presenta sólo una declaración en “ceros” por el ejercicio 2009.

Los delitos

Penal

La denuncia contra las distintas personas físicas y morales involucradas en el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Peña Nieto (Inizzio,Efra, Atama, Koleos, Tiguan, y Rodrigo Fernández Noriega) señaló que “transfirieron y depositaron en Monex recursos de origen desconocido, de procedencia ilícita, porque del comportamiento fiscal y financiero de esas personas no se desprende que hayan obtenido recursos equivalentes a sus depósitos y operaciones millonarias.”

Esos recursos de origen desconocido habrían comprado los votos a través de los monederos electrónicos. Los recursos podrían provenir o por desvío del erario, que es delito de peculado, o de acuerdo a las evidencias y relaciones de los priistas que participaron en la campaña, podría provenir del crimen organizado.

Electoral

Los delitos que se denuncian en este aspecto de acuerdo al documento:

1. Las aportaciones ilegales a la campaña de Enrique Peña Nieto de personas morales, prohibido por la ley electoral federal.

2. Una estructura de financiamiento paralelo prohibida por la ley porque no se informa a la autoridad electoral sobre estas fuentes de financiamiento.

 3. Rebase de topes de aportaciones privadas en la campaña del PRI y PVEM.

4. Rebase del tope de gasto de la campaña presidencial.

¿Por qué en este caso se dan los supuestos normativos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita?

1. Porque los recursos de las empresas Inizzio, Efra, Atama, Koleos, Tiguan, y de Rodrigo Fernández Noriega provienen presumiblemente de ilícitos de carácter penal, presumiblemente de peculado derivados del desvío de los presupuestos públicos estatales o, de otros delitos vinculados al crimen organizado.

2. Porque las operaciones con Monex se realizaron con el propósito de ocultar laprocedencia de los recursos.

3. Porque con los recursos de origen delictivo se alientan al menos cuatroviolaciones a la ley electoral federal que antes quedaron descritas.

4. Adicionalmente, llaman la atención, en este caso, dos hechos que contribuyen a acreditar los supuestos del delito de operaciones con procedencia ilícita. Estos son:

a) Los domicilios fiscales de las empresas involucradas con la triangulación derecursos son falsos; y,

b) El hecho de que en el caso de Comercializadora Atama, SA de CV, en los ejercicios fiscales de 2007 a 2010, declaró utilidades por un total de más de mil 081 millones de pesos, con deducciones por mil 081 millones de pesos, y que sus principales accionistas sean un obrero y un empleado (Juan Oscar Fragoso Oscoy, obrero; y Ramón Paz Morales, empleado).

Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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Investigaciones

Sobreprecio millonario en dólares de la Línea 12 del Metro, autorización de Mario Delgado en 2009

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  • Adjudicación directa, con un sobreprecio de 378 % del costo original
  • El prófugo Jesús Orta Martínez, involucrado en el proyecto

Por Guadalupe Lizárraga

Con oficio fechado el 17 de diciembre de 2009, Mario Delgado Carrillo, entonces titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, autorizó más de 1, 588 millones de dólares para el arrendamiento de 30 trenes que darían servicio a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Sin embargo, el contrato de la empresa española CAF, dos meses antes, especificaba en el desglose de precios, que el costo total sería de 420 millones de dólares.

De acuerdo con la información entregada a Los Ángeles Press, el hoy candidato a dirigir el partido de MORENA, Mario Delgado, intervino en aquella gestión y pidió que CAF rentara en dólares –y no pesos– el lote de los 30 trenes, y operó el contrato junto con Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, quien se encuentra prófugo de las autoridades federales por desvío de 2 mil 500 millones de pesos, y fue también responsable del sobreprecio en la renta de 1855 patrullas de la Ciudad de México.

En el caso de los trenes de la Línea 12 del Metro, antes de que hubiera una licitación oficial, Mario Delgado Carrillo había autorizado una comisión de dos ingenieros, uno de ellos el director del personal de Mantenimiento del Material Rodante, Carlos Daniel Martínez López, para que visitaran fabricantes chinos, del 7 al 18 de febrero de 2009. Inició la negociación con la empresa Norinco, y se imprimió folletería. No obstante, ante la denuncia de este hecho ante Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo, bajo el oficio 000215, con fecha del 13 de marzo de 2009, se revirtió el contrato.

 

Pese a las denuncias y auditorías, Delgado no tuvo impedimento para adjudicar directamente el contrato a la empresa española con representación en México, CAF México, S.A de C.V. en un periodo de gestión de manera extraordinaria, entre el 12 de octubre y el 22 de diciembre de 2009.

  1. El 12 de octubre de 2009, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) solicitó con el oficio SGAF/50000/0224/09 una propuesta de la “Prestación del Servicio de Largo Plazo (PPS)” con un lote de 30 trenes.
  2. El 14 de diciembre de 2009, el STC Metro solicitó una propuesta técnica y económica “para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa para la Prestación del Servicio de Largo Plazo”.
  3. El 16 de diciembre de 2009, CAF México, S.A. de C.V. presentó la propuesta al STC Metro.
  4. El 22 de diciembre de 2009, SCT Metro informó la asignación directa del contrato a CAF México, S.A. de C.V. con el oficio SGAF/50000/229/09.
  5. El 17 de mayo de 2010, CAF México y Provetren celebraron convenio de consorcio para formalizar su participación en el proyecto.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló en el análisis de costo-beneficio del proyecto Tren Interurbano México-Toluca, presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si el sobrecosto de la obra era mayor al 25% del costo original, el proyecto dejaría de ser socialmente rentable. Sin embargo, el proyecto de la Línea 12 del Metro, se realizó con el 378 por ciento de sobrecosto, de 420 millones de dólares, del costo original, a 1, 588, 152, 500 millones de dólares.

En la descripción del Proyecto de prestación de servicios para otorgar el contrato a CAF México, SA de CV se estipula que el Sistema de Transporte Colectivo Metro se hacía cargo de la calidad del servicio especificando que el prestador del servicio recibiría un pago mensual “cuyo monto estará sujeto al cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato”. Pero entre las justificaciones financieras, se alude a un “presupuesto insuficiente”.

Auditorías encubridoras

La Auditoría Superior de la Federación, a través del director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, Celerino Cruz García, en referencia al oficio DGCNCP/1545/2011, con fecha del 13 de junio de 2011, para la revisión de la Cuenta Pública de 2009, dirigió un oficio en respuesta al director general de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a cargo de Marco Antonio Alvarado Sánchez.

En este documento dejó asentado bajo el número de oficio DGAIFF-K-1525/2011, con fecha del 3 de noviembre de 2011, que en respuesta a la auditoría número 554, de “inversiones físicas” de la Línea 12 del Metro, se cumplía con la evidencia documental que soportaba la autorización del pago.

Cruz García emitió un siguiente oficio, con el número de oficio DGAIFF-K-1524/2011 y fecha, en el que afirmó que con la documentación técnica aportada se sustentaba también la necesidad de modificaciones en el trazo especificado en el convenio, y que se había aclarado que “con los nuevos cadenamientos topográficos para la ubicación de las estaciones y tramos se incrementó la longitud de operación y la longitud de construcción de los tramos”, sin que el monto del contrato se hubiera modificado.

Con otro oficio número DGAIFF-K-1522/2011, fechado el 15 de noviembre de 2011, también Cruz García dio fe con su firma que debido a la “situación financiera internacional que acusaba sus efectos en el país”, la inversión programada no se podía cumplir y se tuvieron que reprogramar los montos e incrementar anticipos a fin de asegurar los costos de la obra.

El oficio DGAIFF-K-1539/2011, bajo la misma firma de Cruz García, y con fecha del 7 de noviembre de 2011, derivado de la misma auditoría, especificó que al cierre del ejercicio presupuestal de 2009, “la contratista cumplió con el programa establecido en el convenio formalizado, razón por la cual la Dirección General del Órgano Desconcentrado del Proyecto Metro le devolvió las retenciones observadas por un importe de 10,004.0 miles de pesos”.

Con el oficio número DGAIFF-K-1520/2011, del 15 de noviembre de 2011, Cruz García asienta “que la contratista cumplió en términos absolutos con el importe programado (…) y comprobó la correcta inversión de los anticipos concedidos no amortizados”, señalando que resultaba además improcedente un cargo mensual del 2.0 %”.

La Auditoría Superior de la Federación había reportado daños por 5,130 millones de pesos en la Línea 12, pero después de la auditoría, en cinco hojas de la Auditoría de Inversiones Físicas Federales, desaparecieron los daños.

 

Polémicas por averías y corrupción en 2014

Marcelo Ebrard, quien se desempeñaba como jefe del gobierno de la Ciudad de México, durante la construcción de la Línea 12, fue cuestionado por legisladores por supuestos desvíos de recursos de 627 millones de pesos.  No obstante, en tuit del 10 de septiembre de 2014, el actual secretario de Relaciones Exteriores, negó las imputaciones.

Miguel Ángel Mancera, por su parte, el 8 de julio de 2013, ya como jefe de Gobierno, dijo que recibía la Línea 12 del Metro “como segura y operable”. Al año siguiente, cuando surgió la polémica de la corrupción y negligencia técnica, Ebrard reclamó a través de los medios por qué Mancera había recibido el proyecto de manera “legal y formal”, como operable.

De acuerdo con reportes de prensa, según el director general del Sistema de Transporte colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, en su diagnóstico presentado en 2017, declaró que la Línea 12 del Metro tuvo fallas de construcción, y en marzo de 2014, en su tramo de Tláhuac a Atlalilco, se suspendió el servicio.

Los trenes volvieron a operar en su totalidad para finales de 2015, pero el funcionario hizo énfasis en que los errores cometidos en la construcción eran permanentes, y requería un mantenimiento de alto costo por el desgaste ondulatorio de las vías.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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