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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Tras el dinero ilícito de la campaña de Peña Nieto

Enrique Peña Nieto acotado por investigaciones de la Izquierda que sigue el dinero ilícito de la campaña priista

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En la cuerda floja Foto: red

Por Guadalupe Lizárraga

MÉXICO, DF.- Enrique Peña Nieto fue denunciado de financiar su campaña con dinero ilícito por el representante de la Coalición del Movimiento Progresista, Camerino Eleazar Márquez. Las evidencias del fraude electoral siguen desparramándose por las redes y los medios alternativos, e incluso, la prensa nacional y extranjera que antes participara del anuncio apresurado del candidato del PRI, ahora hace eco de las irregularidades. Sin embargo, las nuevas acusaciones de la Izquierda contra el priista Peña Nieto han cobrado mayor gravedad al traspasar la dimensión electoral y entrar al terreno del crimen organizado, porque detrás de la compra del voto, se presume una relación con las mafias experimentadas en el lavado de dinero o desvío de fondos públicos.

Conocido ya como el caso Monex, Peña Nieto se habría“beneficiado en su campaña política con recursos de procedencia ilícita”, dicta la denuncia subida a las redes sociales. Se trata de un escrito que presentó oficialmente el representante de Izquierda del candidato Andrés Manuel López Obrador con los argumentos jurídicos y pruebas para fundamentar la solicitud de invalidez de la elección ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La denuncia contra el priista señala que el financiamiento sólo pudo tener su procedencia del erario, lo cual sería peculado; o de las mafias narcotraficantes para lavado de dinero. No obstante, en cualquiera de las dos procedencias, el priista ha incurrido en un crimen más contra el estado mexicano y ha involucrado a un un grupo de autoridades fiscales y políticas de primer nivel, entre las que destaca el representante general de campaña del PRI, Eduardo Uribe Aguilar y a las empresas Comercializadora Atama, GrupoKoleos, Grupo Empresarial Tiguan y, Rodrigo Fernández Noriega. En el documento se sostiene que los recursos transferidos y depositados a Monex eran parte de operaciones entre ésta y las empresas: Grupo Comercial Inizzio,S.A. de C.V e Importadora y Comercializadora, Efra, S.A. de CV.

Otros hallazgos de la investigación del grupo de Izquierda destacó el análisis de 33 facturas emitidas por Monex, por la compra de 9,924 tarjetas por un monto de $ 130, 423.00 pesos ( $10,032 dlls), con un saldo de prepago por $46,179,009 pesos ($ 3,552,231 dlls), otra compra de 750 tarjetas por montos de $ 9,750 pesos (750 dlls) y su carga de saldo prepago por $ 60,594,924 pesos ($ 4,661,148 dlls), más comisiones de $1,089,853.28 pesos ($ 83,834,846 dlls).

En el documento de denuncia también se señaló al director ejecutivo de Organización Electoral del IFE de haber autorizado, con el oficio número DEOE/566/2012, a los operadores del PRI registrados en el Distrito 13 de Guanajuato, Víctor Hugo Bautista González, y Eduardo Uribe Aguilar, para utilizar las tarjetas de Monex y pagar a representantes generalesy a promotores del voto en esa entidad.

El izquierdista Ricardo Monreal sigue el dinero sucio de Peña Nieto Foto: reporteindigo

Los directamente involucrados

Rodrigo Fernández Noriega

“Es el nombre de la persona que realizó un depósito por $3,485,797.49 el día 20 de abril de2012 a favor de Monex.En el Distrito Federal sólo se localizó información relacionada con este nombre, consistente enlos datos siguientes:Nació el 22 de julio de 1973, con domicilio en Calle Blas Pascal No. 129, Interior 301, ColoniaPolanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560.Su R.F.C. es FENR730722592, tiene como actividad preponderante calzado, zapaterías, incluyecompra de calzado usado. Con fecha de inicio de operaciones el 15 de abril de 2003, sudomicilio fiscal se encuentra en Calle Blas Pascal No. 129, Interior 301, Colonia Polanco,Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560.

En el ejercicio 2006, declaró en “ceros”, no se localizaron declaraciones de los ejercicios fiscales 2007 a 2011.

Alba Maribel García Cruz

“Ejecutiva de cuenta del Grupo Financiero Monex que aparece en los 37 comprobantes fiscales (facturas) analizados. Nació el 01 de septiembre de 1979, con domicilios en: Calle Acerina No. 50, Colonia Pedregal de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Estado deMéxico, C.P. 52948.

Calle General José Moral No. 80, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación MiguelHidalgo, C.P. 11850.Con R.F.C.: GACA790901EF0, tiene como actividad preponderante servicios de asesoría,administración y organización de empresas. Con fecha de inicio de operaciones el 01 de enerode 2005, su domicilio fiscal (del patrón) se encuentra en Avenida Periférico Sur No. 3325, Piso6, Colonia San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400.

Sólo presentó la declaración anual del 2007, reportando ingresos netos por sueldos y salarios de$445,490.00.

Juan Oscar Fragoso Oscoy

Nació el 01 de octubre de 1976, con domicilio en Calle Iguala No. 50, Colonia San Lucas Patoni,Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54100.Su R.F.C. es FAOJ761001R55, tiene como actividad preponderante productos no clasificados enapartados anteriores. Con fecha de inicio de operaciones el 02 de octubre de 2000, su domiciliofiscal es el mismo que el particular.No cuenta con declaraciones fiscales. En el 2009 dijo que era obrero, fecha en que ya había constituido las empresas de las que es ahora accionista.

Ramón Paz Morales

Nació el 31 de agosto de 1965, con domicilio en Calle Azucena No. 19, Colonia San LucasPatoni, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54100.Su R.F.C. es PAMR650831S71, tiene como actividad preponderante materiales met (sic) para laconstrucción y la industria. Con fecha de inicio de operaciones el 11 de enero de 2007, sudomicilio fiscal se encuentra en Calle Sinaloa No. 182, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc,Distrito Federal, C.P. 06700.

Presenta sólo una declaración en “ceros” por el ejercicio 2009.

Los delitos

Penal

La denuncia contra las distintas personas físicas y morales involucradas en el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Peña Nieto (Inizzio,Efra, Atama, Koleos, Tiguan, y Rodrigo Fernández Noriega) señaló que “transfirieron y depositaron en Monex recursos de origen desconocido, de procedencia ilícita, porque del comportamiento fiscal y financiero de esas personas no se desprende que hayan obtenido recursos equivalentes a sus depósitos y operaciones millonarias.”

Esos recursos de origen desconocido habrían comprado los votos a través de los monederos electrónicos. Los recursos podrían provenir o por desvío del erario, que es delito de peculado, o de acuerdo a las evidencias y relaciones de los priistas que participaron en la campaña, podría provenir del crimen organizado.

Electoral

Los delitos que se denuncian en este aspecto de acuerdo al documento:

1. Las aportaciones ilegales a la campaña de Enrique Peña Nieto de personas morales, prohibido por la ley electoral federal.

2. Una estructura de financiamiento paralelo prohibida por la ley porque no se informa a la autoridad electoral sobre estas fuentes de financiamiento.

 3. Rebase de topes de aportaciones privadas en la campaña del PRI y PVEM.

4. Rebase del tope de gasto de la campaña presidencial.

¿Por qué en este caso se dan los supuestos normativos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita?

1. Porque los recursos de las empresas Inizzio, Efra, Atama, Koleos, Tiguan, y de Rodrigo Fernández Noriega provienen presumiblemente de ilícitos de carácter penal, presumiblemente de peculado derivados del desvío de los presupuestos públicos estatales o, de otros delitos vinculados al crimen organizado.

2. Porque las operaciones con Monex se realizaron con el propósito de ocultar laprocedencia de los recursos.

3. Porque con los recursos de origen delictivo se alientan al menos cuatroviolaciones a la ley electoral federal que antes quedaron descritas.

4. Adicionalmente, llaman la atención, en este caso, dos hechos que contribuyen a acreditar los supuestos del delito de operaciones con procedencia ilícita. Estos son:

a) Los domicilios fiscales de las empresas involucradas con la triangulación derecursos son falsos; y,

b) El hecho de que en el caso de Comercializadora Atama, SA de CV, en los ejercicios fiscales de 2007 a 2010, declaró utilidades por un total de más de mil 081 millones de pesos, con deducciones por mil 081 millones de pesos, y que sus principales accionistas sean un obrero y un empleado (Juan Oscar Fragoso Oscoy, obrero; y Ramón Paz Morales, empleado).

Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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Mexico Violento

Carta a Segob sobre caso Nalyd Liceaga, víctima de abuso por denunciar tala de árboles en Boca del Río

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El biólogo marino Nalyd Liceaga Rangel, quien trabajaba como inspector del área de Ecología, en el Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, fue despedido del cargo desde 2008, por sancionar a Jorge González Torres, fundador del PVEM, quien taló en zona ecológica 20 árboles para ampliar una construcción particular.
El científico demandó y ganó la demanda con la orden de restitución de su cargo e indemnización, que hasta la fecha el Estado no ha cumplido, además del contubernio de autoridades con la tala de árboles. Ya que en este asunto, lo que Nalyd Liceaga puso al descubierto fue el contubernio, pues la maquinaria con la que trabajaban los empleados era del gobierno del estado de Veracruz, entones gobernado por Fidel Herrera. Los 20 árboles los taló el dirigente del PVEM, y la sanción contra Nalyd la aplicó el alcalde del PAN.
Lic. Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación
Gobierno de México
Presente.
Me permito dirigirme a usted para molestarla con un informe tocante a una de las injusticias mayores que ciertas autoridades hayan cometido en contra de un biólogo marino que -para realizar sus estudios en la Escuela de Ciencias del Mar-, se puso a trabajar en  el área de Ecología como inspector en el Ayuntamiento de Boca del Río. Su nombre es Nalyd Liceaga Rangel. El presidente municipal en el año 2008, fecha en que tuvieron lugar los hechos era Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de quien más tarde sería gobernador por dos años del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ambos con el mismo nombre.
Una mañana, el biólogo se puso en marcha a efectuar una inspección de rutina para confirmar que la ecología municipal no había sido dañada. Se encontró con un predio donde habían sido talados 20 árboles. El propietario del inmueble de esa manera ampliaba su espacio para construir un edificio mayor. De inmediato le entregó Nalyd a quien le pareció ser el propietario (y acertó) y le entregó un citatorio para que acudiera al ayuntamiento a abordar el asunto de la multa a aplicársele.
El talador resultó ser Jorge González Torres, dirigente fundador del PVEM, quien de inmediato se dirigió en su vehículo al ayuntamiento a quejarse de Nalyd y pidió su cese inmediato que fue concedido. El presidente municipal le dijo a Nalyd que si demandaba o hacía público el nombre de González Torres, se las vería con él. Cumplió su palabra. El ayuntamiento de Boca del Río y la familia perversa que lo controla no han permitido que Nalyd sea indemnizado. Y esta resistencia es apoyada por la CEDH.
Con ese motivo, Nalyd demandó ante el tribunal competente en Jalapa al Ayuntamiento de Boca del Río. Se le dio la razón y el ayuntamiento recibió copia del laudo que ordenaba indemnización y restitución. Entre 2009 y 2020, ha habido 11 audiencias de Nalyd y su abogado con un abogado del ayuntamiento. Y siempre se le dijo que no se podía cumplir la orden judicial porque no había dinero. Eso es extraño en un ayuntamiento donde los regidores tenían asignado un salario de medio millón de pesos al mes.
Hace dos años Nalyd acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humano, en Xalapa, y a lo largo del tiempo transcurrido quienes allí trabajan, que fueron heredados por el gobierno estatal actual de MORENA, le han dado largas. No se han comportado, en suma, como corresponde a un organismo al que se le ha conferido la función de velar por la seguridad y los intereses de los que no cuentan con mucho dinero.
Lo que se ha hecho con Nalyd no tiene nombre. Es una verdadera aberración.
Los derechos humanos son una asignatura que usted conoció siendo magistrada. Le pido por ello, encarecidamente, su intervención directa, para que se cumpla, otorgue y satisfaga lo ordenado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz hace mas de 10 años y cese la impunidad sistemática de violación de los derechos  de Nalyd Liceaga Rangel.
La saluda atentamente
Gastón PARDO PEREZ
Académico y Corresponsal en México

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Mexico Violento

Munguía Villarreal, familia de Sonora, causantes de ejecuciones, desapariciones y tráfico de drogas

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Por Juan Carlos Pérez Ruiz

Desde el canal de Youtube El Tuchar, con sede en Estados Unidos y temas de narcotráfico, se señala que la familia Munguía Villarreal se ha convertido en “el terror de Sonora” porque no sólo se han dedicado al tráfico de estupefacientes, sino también a ejecuciones y desapariciones por encargo y conflictos con ellos, incluyendo a mujeres, niños y personas que se dedicaban a cruzar migrantes por la frontera de Arizona. La familia Munguía Villarreal, según la prensa local, ha operado con un perfil bajo como agricultores durante años en Hermosillo, Sonora. Pero el pasado 5 de abril de 2019 se dieron a conocer, luego de que sujetos armados arribaron a un rancho de su propiedad. Los hermanos repelieron el ataque desde dos unidades blindadas asesinando a dos personas con armas de alto calibre.

De acuerdo con la versión oficial, en el sitio se localizaron cartuchos percutidos de calibre .223 y de 7.62×39 de armas conocidas como cuernos de chivo, sin embargo, la familia afirmó que se trataban de extorsionadores, mientras las autoridades comprobaron que sus actividades estaban relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y ejecuciones incluyendo la desaparición de cuerpos.

El negocio de los Munguía Villarreal fue montado por el padre desde hace años, camuflajeado por la agricultura, en el que se ha señalado a la madre de ayudarles a llevar la contabilidad. También señala que además de los padres, las esposas, primos y tíos, participan directamente en sus actividades delictivas como un negocio familiar.

Miguel Munguía se ha identificado como uno de los traficante de drogas, más sanguinario, socio de Lamberto Verdugo, principal operador financiero de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. Tras la muerte de Verdugo, se asoció con los hermanos Martín Gaudencio Avendaño Ojeda, “El Chiquilín” y Manuel Avendaño Ojeda, “El Meño”.

En 2010, en Nuevo México, Estados Unidos, Efrén Corrales Meza, oriundo de Hermosillo, fue detenido por transportar 20 kilos de cocaína, quien reconoció trabajar para la familia Munguía Villarreal, por lo que fue sentenciado a 41 meses de prisión y después extraditado a México, donde se puso a trabajar como taxista.

No obstante, los hermanos Munguía Villarreal intentaron obligarlo nuevamente a retomar las actividades ilícitas pero al negarse fue asesinado el 5 de mayo de 2019, a bordo de su vehículo, según las declaraciones de dos de los presuntos sicarios detenidos por el crimen.

Otro de los hechos que sacaron del anonimato a esta familia dedicada al trasiego de la droga, fue cuando Ramón Munguía Villarreal tuvo un conflicto con un policía municipal de Hermosillo, identificado como Adrián Filemón Bravo Sepúlveda, pero al no obtener respuesta del proceso legal, le pidió a su hermano Miguel Ángel que lo asesinara, por lo que ordenó a su cuñado, Héctor Bernal Mercado que ejecutara al agente local.

Posteriormente, el 23 de julio de 2020, Luis Ernesto Robles fue ejecutado a bordo de su vehículo en Hermosillo por sicarios de Héctor Bernal Mercado, quien también amenazó a la familia de la víctima con ejecutarlos, por lo que se esconden en Culiacán, Sinaloa, apoyados por “El Ruso”, jefe de los sicarios del Mayo Zambada, y quien disputa el control de los territorios con “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que ha incrementado la violencia en Sonora.

Reconocido como brazo ejecutor de los “Munguía Villarreal, Héctor Bernal, apodado “EL Chino Batachi” fue asesinado el 4 de septiembre de 2020, en la ciudad de Culiacán, de acuerdo con la información del blog Valor por Tamaulipas.

Días después, el 19 de septiembre, agentes de la Fiscalía General de Justicia de Sonora dieron a conocer el cateo de una casa de seguridad y laboratorio de estupefacientes en el que se aseguraron 163 mil dosis de narcóticos, con un valor de más de 400 mil dólares. Este lugar servía de oficina y guarida, de los hermanos Munguía Villarreal.

Pese a que no fue detenida ninguna persona en esa ocasión, porque se presume que fueron alertados por miembros de la policía que trabajan para ellos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal 162 mil 200 dosis de cristal, 664 de marihuana, 439 pastillas de fentanilo, 15 dosis de cocaína, entre otras.

El operativo se implementó como parte de las indagatorias por el homicidio del colombiano Eduardo “N”, de 40 años, el pasado 14 de septiembre, por lo que también fueron asegurados armamento de alto calibre en el interior del inmueble.

Hasta ahora, las investigaciones de la fiscalía estatal han sido incompletas, pero con suficientes acciones judiciales para sacar a la luz un grupo delictivo que había estado operando en la discreción.

Imágenes de Sonora Violento

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