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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Tras el dinero ilícito de la campaña de Peña Nieto

Enrique Peña Nieto acotado por investigaciones de la Izquierda que sigue el dinero ilícito de la campaña priista

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En la cuerda floja Foto: red

Por Guadalupe Lizárraga

MÉXICO, DF.- Enrique Peña Nieto fue denunciado de financiar su campaña con dinero ilícito por el representante de la Coalición del Movimiento Progresista, Camerino Eleazar Márquez. Las evidencias del fraude electoral siguen desparramándose por las redes y los medios alternativos, e incluso, la prensa nacional y extranjera que antes participara del anuncio apresurado del candidato del PRI, ahora hace eco de las irregularidades. Sin embargo, las nuevas acusaciones de la Izquierda contra el priista Peña Nieto han cobrado mayor gravedad al traspasar la dimensión electoral y entrar al terreno del crimen organizado, porque detrás de la compra del voto, se presume una relación con las mafias experimentadas en el lavado de dinero o desvío de fondos públicos.

Conocido ya como el caso Monex, Peña Nieto se habría“beneficiado en su campaña política con recursos de procedencia ilícita”, dicta la denuncia subida a las redes sociales. Se trata de un escrito que presentó oficialmente el representante de Izquierda del candidato Andrés Manuel López Obrador con los argumentos jurídicos y pruebas para fundamentar la solicitud de invalidez de la elección ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La denuncia contra el priista señala que el financiamiento sólo pudo tener su procedencia del erario, lo cual sería peculado; o de las mafias narcotraficantes para lavado de dinero. No obstante, en cualquiera de las dos procedencias, el priista ha incurrido en un crimen más contra el estado mexicano y ha involucrado a un un grupo de autoridades fiscales y políticas de primer nivel, entre las que destaca el representante general de campaña del PRI, Eduardo Uribe Aguilar y a las empresas Comercializadora Atama, GrupoKoleos, Grupo Empresarial Tiguan y, Rodrigo Fernández Noriega. En el documento se sostiene que los recursos transferidos y depositados a Monex eran parte de operaciones entre ésta y las empresas: Grupo Comercial Inizzio,S.A. de C.V e Importadora y Comercializadora, Efra, S.A. de CV.

Otros hallazgos de la investigación del grupo de Izquierda destacó el análisis de 33 facturas emitidas por Monex, por la compra de 9,924 tarjetas por un monto de $ 130, 423.00 pesos ( $10,032 dlls), con un saldo de prepago por $46,179,009 pesos ($ 3,552,231 dlls), otra compra de 750 tarjetas por montos de $ 9,750 pesos (750 dlls) y su carga de saldo prepago por $ 60,594,924 pesos ($ 4,661,148 dlls), más comisiones de $1,089,853.28 pesos ($ 83,834,846 dlls).

En el documento de denuncia también se señaló al director ejecutivo de Organización Electoral del IFE de haber autorizado, con el oficio número DEOE/566/2012, a los operadores del PRI registrados en el Distrito 13 de Guanajuato, Víctor Hugo Bautista González, y Eduardo Uribe Aguilar, para utilizar las tarjetas de Monex y pagar a representantes generalesy a promotores del voto en esa entidad.

El izquierdista Ricardo Monreal sigue el dinero sucio de Peña Nieto Foto: reporteindigo

Los directamente involucrados

Rodrigo Fernández Noriega

«Es el nombre de la persona que realizó un depósito por $3,485,797.49 el día 20 de abril de2012 a favor de Monex.En el Distrito Federal sólo se localizó información relacionada con este nombre, consistente enlos datos siguientes:Nació el 22 de julio de 1973, con domicilio en Calle Blas Pascal No. 129, Interior 301, ColoniaPolanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560.Su R.F.C. es FENR730722592, tiene como actividad preponderante calzado, zapaterías, incluyecompra de calzado usado. Con fecha de inicio de operaciones el 15 de abril de 2003, sudomicilio fiscal se encuentra en Calle Blas Pascal No. 129, Interior 301, Colonia Polanco,Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560.

En el ejercicio 2006, declaró en “ceros”, no se localizaron declaraciones de los ejercicios fiscales 2007 a 2011.

Alba Maribel García Cruz

«Ejecutiva de cuenta del Grupo Financiero Monex que aparece en los 37 comprobantes fiscales (facturas) analizados. Nació el 01 de septiembre de 1979, con domicilios en: Calle Acerina No. 50, Colonia Pedregal de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Estado deMéxico, C.P. 52948.

Calle General José Moral No. 80, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación MiguelHidalgo, C.P. 11850.Con R.F.C.: GACA790901EF0, tiene como actividad preponderante servicios de asesoría,administración y organización de empresas. Con fecha de inicio de operaciones el 01 de enerode 2005, su domicilio fiscal (del patrón) se encuentra en Avenida Periférico Sur No. 3325, Piso6, Colonia San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400.

Sólo presentó la declaración anual del 2007, reportando ingresos netos por sueldos y salarios de$445,490.00.

Juan Oscar Fragoso Oscoy

Nació el 01 de octubre de 1976, con domicilio en Calle Iguala No. 50, Colonia San Lucas Patoni,Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54100.Su R.F.C. es FAOJ761001R55, tiene como actividad preponderante productos no clasificados enapartados anteriores. Con fecha de inicio de operaciones el 02 de octubre de 2000, su domiciliofiscal es el mismo que el particular.No cuenta con declaraciones fiscales. En el 2009 dijo que era obrero, fecha en que ya había constituido las empresas de las que es ahora accionista.

Ramón Paz Morales

Nació el 31 de agosto de 1965, con domicilio en Calle Azucena No. 19, Colonia San LucasPatoni, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54100.Su R.F.C. es PAMR650831S71, tiene como actividad preponderante materiales met (sic) para laconstrucción y la industria. Con fecha de inicio de operaciones el 11 de enero de 2007, sudomicilio fiscal se encuentra en Calle Sinaloa No. 182, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc,Distrito Federal, C.P. 06700.

Presenta sólo una declaración en “ceros” por el ejercicio 2009.

Los delitos

Penal

La denuncia contra las distintas personas físicas y morales involucradas en el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Peña Nieto (Inizzio,Efra, Atama, Koleos, Tiguan, y Rodrigo Fernández Noriega) señaló que «transfirieron y depositaron en Monex recursos de origen desconocido, de procedencia ilícita, porque del comportamiento fiscal y financiero de esas personas no se desprende que hayan obtenido recursos equivalentes a sus depósitos y operaciones millonarias.»

Esos recursos de origen desconocido habrían comprado los votos a través de los monederos electrónicos. Los recursos podrían provenir o por desvío del erario, que es delito de peculado, o de acuerdo a las evidencias y relaciones de los priistas que participaron en la campaña, podría provenir del crimen organizado.

Electoral

Los delitos que se denuncian en este aspecto de acuerdo al documento:

1. Las aportaciones ilegales a la campaña de Enrique Peña Nieto de personas morales, prohibido por la ley electoral federal.

2. Una estructura de financiamiento paralelo prohibida por la ley porque no se informa a la autoridad electoral sobre estas fuentes de financiamiento.

 3. Rebase de topes de aportaciones privadas en la campaña del PRI y PVEM.

4. Rebase del tope de gasto de la campaña presidencial.

¿Por qué en este caso se dan los supuestos normativos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita?

1. Porque los recursos de las empresas Inizzio, Efra, Atama, Koleos, Tiguan, y de Rodrigo Fernández Noriega provienen presumiblemente de ilícitos de carácter penal, presumiblemente de peculado derivados del desvío de los presupuestos públicos estatales o, de otros delitos vinculados al crimen organizado.

2. Porque las operaciones con Monex se realizaron con el propósito de ocultar laprocedencia de los recursos.

3. Porque con los recursos de origen delictivo se alientan al menos cuatroviolaciones a la ley electoral federal que antes quedaron descritas.

4. Adicionalmente, llaman la atención, en este caso, dos hechos que contribuyen a acreditar los supuestos del delito de operaciones con procedencia ilícita. Estos son:

a) Los domicilios fiscales de las empresas involucradas con la triangulación derecursos son falsos; y,

b) El hecho de que en el caso de Comercializadora Atama, SA de CV, en los ejercicios fiscales de 2007 a 2010, declaró utilidades por un total de más de mil 081 millones de pesos, con deducciones por mil 081 millones de pesos, y que sus principales accionistas sean un obrero y un empleado (Juan Oscar Fragoso Oscoy, obrero; y Ramón Paz Morales, empleado).

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Fabricación de culpables

Testigo protegido Zenya, bajo tortura y pagos, fabricaba culpables en la PGR de Marisela Morales

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Por Guadalupe Lizárraga

“Conozco plenamente, y sin temor a equivocarme, a la persona como el Scarface o Caras, ya que tiene la cara cortada. Él es miembro de la organización criminal conocida como Gente Nueva, que forma parte del cártel de Sinaloa…”

Es la voz del testigo protegido Zenya, en julio de 2010. Así iniciaba invariablemente sus declaraciones ministeriales en ante los juzgados, solo cambiaba el nombre de sus inculpados. Quienes le proveían la información eran los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), bajo la gestión de Marisela Morales, en la entonces Procuraduría General de la República.

El pasado 16 de diciembre, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se inhabiliten sus declaraciones incriminatorias ante el Ministerio Público, hechas de 2010 a 2014, bajo tortura y pagos de 50 mil pesos, para que señalara por narcotráfico y delincuencia organizada a unas quince personas. La solicitud al presidente de la república es porque lo siguen requiriendo para ratificar sus falsas declaraciones y que revele su identidad, por lo que teme por su vida.

Antes de ser incorporado como colaborador con la clave Zenya, el entrevistado fue detenido en abril de 2010 por un grupo de militares en la frontera norte, torturado, y trasladado a la Ciudad de México, para entregarlo a la PGR. Meses después empezó el entrenamiento para fabricar culpables. Aunque se dedicaba a cruzar gente a Estados Unidos, tras la tortura se incriminó como integrante de grupos de narcotráfico y –bajo coacción por pagos de 50 mil pesos– fue obligado a incriminar a otras personas.

Los agentes del Ministerio Público lo obligaban a aprenderse nombres, lugares y tramas de hechos de cómo supuestamente introducían la droga a Estados Unidos por la zona del desierto, información que declaraba en careos constitucionales sin haber visto nunca a las personas que incriminaba. Incluso los señalaba en fotografías, y los agentes le prometieron que de inmediato lo iban a liberar si hacía lo que ellos decían. Sin embargo, estuvo cinco años en prisión también con delitos fabricados.

La PGR usó a medios de comunicación para dar legitimidad a las declaraciones del testigo Zenya, como lo hacía con otros testigos protegidos. El semanario Contralínea y el digital internacional Voltairenet.org, aliados editoriales, fueron los primeros en presentar como “reportaje de investigación” los expedientes fabricados del testigo protegido Zenya por la PGR de Marisela Morales; posteriormente la información se replicaba en digitales con temas de narcotráfico y medios locales, como Insight Crime, Blog del Narco y diario.mx, replicado del diario Reforma. Todos en el mismo año y con la misma información, sin variar en la redacción.

En un período de 2010 a 2014, llegó a señalar unas diez personas, o quince -dice-, a quienes nunca había visto ni tenía referencias de ellas, sólo lo que le obligaban a decir los agentes del Ministerio Público. Sus inculpados han pasado en prisión sin sentencia, algunos por más de diez años.

En 2018, la defensa de sus incriminados solicitó que se le aplicara el protocolo de Estambul al testigo protegido Zenya, y la gestión provino del Consejo de la Judicatura de la Federación, resultando positivo en tortura. No obstante, actualmente se le sigue solicitando que ratifique sus denuncias y revele su identidad, por lo que pidió a ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador a que terminen estas falsas investigaciones criminales del Poder Judicial durante el gobierno de Felipe Calderón, y se garantice su seguridad, inhabilitando sus señalamientos hechos bajo tortura.

En conferencia matutina del 16 de diciembre de 2021, ante la exposición del tema de los falsos testigos protegidos, el presidente López Obrador reiteró que estas personas que fueron torturadas para incriminarse o incriminar a otros debían ser liberados, sólo que acreditaran la tortura con los protocolos internacionales. Un asunto que tiene que ser resuelto por la Secretaría de Gobernación.

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Mexico Violento

Autoridades penitenciarias secuestradas por pandilleros internos del Cefereso 17, de Michoacán

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El sábado 8 de enero a las 5 de la mañana, internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 17 CPS, de Michoacán, secuestraron al director general del penal Jorge Isaac Neri García, a la directora jurídica Angélica María Ramírez y a un oficial, del que nos reservamos su identidad por su seguridad, dentro de los dormitorios Eco-9 y Delta-9.

El oficial fue el primero en ser retenido contra su voluntad y herido con un arma punzocortante en una pierna, por los internos Demetrio de la Luz Rosales, José Luis Burgos Salazar, Jesús Rafael López Evangelista y Ramsés Alejandro Lugo, quienes se ostentan como líderes de las pandillas dentro del Cefereso.

El director general y la directora jurídica, cuando llegaron a ver la situación, también fueron retenidos de la misma forma. El entrevistado señaló que la Guardia Nacional estuvo en las puertas del Cefereso en espera de la instrucción para entrar a poner orden. Pero los internos que retenían a las autoridades dijeron que si entraban los militares iban a matar primero al oficial, y seguirían con los otros servidores públicos.

Los internos se han organizado en pandillas dentro de los dormitorios mencionados y afirman responder a las órdenes de César Iván Casarín Molina, alias El Tornado, del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Diferentes oficiales de seguridad denunciaron que las pandillas ya superan unos 300 internos siendo mayoría, porque son ocho módulos por dormitorio y los custodios han sido amenazados en varias ocasiones, incluso se enfatizó que es la segunda vez que secuestran a los directores del penal por las mismas órdenes del CJNG.

“Ya no podemos controlarlos, y nos han amenazado con la familia”, dice otro de los oficiales. Según el entrevistado, el motivo del secuestro fue para obligar al director del penal Jorge Isaac Neri a que mueva a todas las pandillas para estar juntas en el patio de población, lo que les permite mantener el control del penal y extorsionar o coaccionar a internos que no pertenezcan a sus grupos.

De acuerdo con la información, las pandillas son patrocinadas por César Iván Casarín Molina, pero también trascendió que el mismo narcotraficante ha dado dinero al director del penal y otras autoridades como el director técnico Librado Carmona García, entre otros. Por lo mismo se mantuvo con discreción la información del atentado del oficial y las retenciones ilegales de los directivos.

Durante todo el sábado estuvieron suspendidas las actividades para la población penitenciaria.

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Mexico Violento

Cómo el INM intentó fabricar delitos a una periodista: el caso de Cinthya Alvarado Enríquez

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Por Guadalupe Lizárraga

La corresponsal de Los Ángeles Press, en Chiapas, Cinthya Alvarado Enríquez, quien estuvo detenida de manera arbitraria durante 48 horas a partir del 6 de enero, con acusaciones infundadas por funcionarios del Instituto Nacional de Migración en Tapachula Chiapas, fue liberada el sábado en torno a las 20 horas después de una serie de gestiones con organizaciones de derechos humanos de periodistas y funcionarios públicos en México.

El Colectivo Nacional de Alerta Temprana para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, así como la organización no gubernamental Artículo 19, fueron dos de las principales redes que se movilizaron en las primeras horas de su desaparición. Artículo 19 avisó al Mecanismo de Protección de Periodistas y a la Comisión Nacional de Búsqueda. Asimismo, la organización hizo búsquedas en el registro de personas detenidas, sin que el nombre de Alvarado fuese registrado.

Después de 30 horas de estar incomunicada y reportar su presunta desaparición forzada, el asesor del secretario de Gobierno del estado de Chiapas, José Ulloa, reportó a Alerta Temprana que la periodista había sido arrestada “por herir y lastimar a un funcionario del Instituto Nacional de Migración”, información falsa que se difundió en el diario Milenio y que el funcionario dio a conocer en una llamada telefónica.

Por parte del Mecanismo de Protección a Periodistas señaló el viernes por la tarde que “muy pronto la iban a liberar, pero no se sabía los cargos”. Incluso por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jesús Cabanillas, recibió la información de la directora de Los Ángeles Press por la presunta desaparición forzada, y más tarde el funcionario reiteró la detención de Alvarado Enríquez, en instalaciones de la Fiscalía General de la República, sin mayor especificación de los hechos ni motivo de la detención.

Pese a que había comunicación entre funcionarios federales, estatales y agentes del Ministerio Público, ninguna de las instancias de gobierno notificó de manera oficial sobre la detención ni de los presuntos cargos contra la periodista, tampoco las condiciones en las que se encontraba.

Artículo 19, después de lanzar la alerta por la red de Twitter a las diversas instituciones, estuvo monitoreando que no aparecía en el registro de detenciones de la fiscalía.

Los delitos que le querían fabricar

Cinthya Alvarado, en pleno conocimiento de sus derechos constitucionales y en su calidad de periodista, el 6 de enero grababa a miembros de la Guardia Nacional persiguiendo a mujeres migrantes para detenerlas en un parque público de Tapachula. Grupos de migrantes habían llegado al parque por la información que había trascendido de que se les estarían dando códigos QR para la regularización de su estancia por el país.  Mientras ella reportaba la situación, funcionarios del Instituto Nacional de Migración la increparon y le pidieron que se retirara, a lo que ella se negó.

Uno de los funcionarios del INM citó un artículo del reglamento local que prohibía el libre tránsito a extranjeros, con total desconocimiento de la Constitución mexicana, la cual invocó la periodista por el artículo 1, de que la entrada de extranjeros por el solo hecho de estar en territorio mexicano alcanzarán el mismo derecho respeto y garantía de sus derechos humanos. Por lo que ella decidió poner una denuncia ante la fiscalía del estado sobre los que estaba pasando y se hizo acompañar de los migrantes en su auto. Por lo que fue interceptada por autoridades federales y detenida de manera arbitraria.

Una información extraoficial llegó a la dirección de este medio, señalando que se le pretendía imputar el cargo de “tráfico de migrantes”, porque había subido a tres personas extranjeras a su auto particular, y que necesitaba un abogado urgente para que se amparara.

Sin embargo, en Milenio, se exhibía a nivel nacional y de manera difamatoria que había herido a un funcionario de Migración.

Momento grabado por la periodista Cinthya Alvarado, cuando militares de la Guardia Nacional persiguen a mujeres migrantes para su detención.

Campaña mediática de desprestigio y desinformación

Mientras Cinthya Alvarado se encontraba detenida sin cargos e incomunicada, corría una campaña de desprestigio en Milenio, lanzada por la conductora de televisión Azucena Uresti, quien en su cuenta de Twitter calificó a Cinthya Alvarado de “activista violenta”, “seudo periodista” y “estafadora de migrantes”. En la sección de Estados, en el mismo diario, circuló una nota titulada “Guarda Nacional detiene a mujer acusada de estafar migrantes”, en la que se afirma que la periodista atentó contra un funcionario del Instituto Nacional de Migración, y presentan un video editado como evidencia.

En la campaña de desprestigio, otros medios locales la despojaban de su estatus de periodista y las agresiones de los funcionarios del INM y la Guardia Nacional se las atribuían a Cinthya Alvarado.

Por su parte, el periodista Ramsés Ancira difundió en grupos de WhatsApp y Twitter que la corresponsal de Los Ángeles Press había sido “levantada por paramilitares”, y el uso de «paramilitares para detener las caravanas» tergiversando nuevamente la información. Cuando en realidad lo que registra Alvarado es a miembros de la Guardia Nacional persiguiendo a mujeres migrantes. Ante la precisión de otra periodista, Ancira corrigió la información mandando tweets a las autoridades federales de la detención de Alvarado. Posteriormente, Ancira se atribuyó como una “victoria de su grupo” la liberación de la periodista.

Las violaciones de derechos humanos

Raúl Ramírez Baena, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, ante pregunta expresa de este medio, señaló que las violaciones iban desde la presunta desaparición forzada al haber intervenido una autoridad en la detención de la periodista Cinthya Alvarado sin notificar dicha detención.

Posteriormente, cuando la CNDH corroboró la detención de Alvarado en la subdelegación de la FGR, en Tapachula, Chiapas, el defensor de derechos humanos apuntó que era es una violación al debido proceso. “Ella debió haber sido presentada ante el Ministerio Público a la brevedad posible, explicarle los motivos de su detención, permitirle una llamada telefónica, la visita de un abogado o de una persona de su confianza, trato digno durante su detención (celda limpia, 3 alimentos al día, baños limpios, derecho a no ser torturada, derecho a no declarar, etc. Si no se cumplieron estas condiciones entonces la detención puede considerarse ilegal y debe ser liberada con las reservas de ley”, explicó.

Cinthya Alvarado se ha enfocado en la cobertura de Migración en la frontera sur de México, título que adoptó para su programa semanal de entrevistas y reportajes, y ha registrado sistemáticamente el paso de los migrantes por Tapachula y ciudades aledañas, incluso ha viajado con la corresponsalía de este medio a la frontera norte en la ruta de migrantes haitianos.

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