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La red en lucha

Transgénicos prosperan en Argentina y Brasil, pese a daños sociales

El incremento de transgénicos en Argentina y otros países de Suramérica pone en riesgo a la región por su grave impacto socioambiental

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Un niño observa una marcha de rechazo a Monsanto en la localidad cordobesa Malvinas Argentinas. Foto: Fabiana Frayssinet/IPS

Un niño observa una marcha de rechazo a Monsanto en la localidad cordobesa Malvinas Argentinas. Foto: Fabiana Frayssinet/IPS

Por Fabiana Frayssinet

BUENOS AIRES, Argentina (IPS). – Los publicistas de la corporación suiza Syngenta estaban inspirados en 2003 cuando bautizaron al Cono Sur americano (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) como la “República Unida de la Soja”.

En esta “república” hay más de 46 millones de hectáreas de monocultivos de soja transgénica, fumigadas con 600 millones de litros de glifosato y responsables en gran medida de una deforestación anual de 500.000 hectáreas en la última década, según estimaciones de la organización no gubernamental GRAIN.

La expansión de la biotecnología agrícola privada en América del Sur se da de la mano de gobiernos catalogados como progresistas, y aviva un debate entre quienes la ven como un avance científico y económico y quienes resaltan sus daños sociales, ambientales y políticos.

El gran despliegue de las empresas mundiales del sector comenzó en 2003 y se reafirmó en 2012, cuando gran parte de los países del Cono Sur tenían gobiernos formalmente críticos del neoliberalismo y promotores de la injerencia del Estado en aspectos sociales, educativos, sanitarios y económicos.

Pero en las dos potencias agrícolas de la zona, Argentina y Brasil, hay una implantación masiva de cultivos transgénicos, con un alto uso de pesticidas.

Esto se relaciona “con la creencia ciega de sectores progresistas en los avances de la ciencia y la tecnología como proveedores de bienestar y progreso”, dijo a Tierramérica el portavoz de GRAIN Latinoamérica, Carlos Vicente.

“No se cuestiona el poder corporativo que las impulsa, ni se analizan sus impactos socioambientales”, añadió.

Se suma un factor “pragmático”, es decir “la alianza con el agronegocio para mantener la gobernabilidad”, especialmente en Argentina, donde los impuestos a las suculentas “exportaciones de soja son una importante fuente de ingreso para el Estado”, opinó Vicente.

Paradójicamente, esos ingresos solventan en parte “planes sociales con los que se asiste a los expulsados del modelo” del agronegocio, agregó el portavoz de GRAIN, una organización internacional que promueve la seguridad alimentaria mediante la biodiversidad y el control comunitario.

En Argentina, la corporación estadounidense Monsanto controla 86 por ciento del mercado de semillas transgénicas y es la que más ruido genera. Pero otras avanzan con sigilo, como Syngenta, aseguró a Tierramérica el presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, Raúl Montenegro.

En su opinión, la lucha contra la instalación de una planta para semillas de maíz de Monsanto en Malvinas Argentinas, en la central provincia de Córdoba, llevó a otras transnacionales a mantener un perfil bajo y “omitir lugar de sus futuras localizaciones”.

Vicente incluye en la lista a otras empresas que crean agrupaciones de siembra y controlan millones de hectáreas, como las alemanas Bayer y BASF, la estadounidense Cargill, la suiza Nestlé y Bunge, de raíces argentinas.

Syngenta no atendió la solicitud de entrevista de Tierramérica. Pero sus comunicados son claros.

En la declaración “América Latina punta de lanza del crecimiento de Syngenta”, sobre sus resultados financieros en 2013, la compañía destacó que su facturación de 14.688 millones de dólares fue impulsada por un crecimiento de siete por ciento en esta región y de seis por ciento en Europa, África y Medio Oriente y otro tanto en Asia Pacífico.

En tanto las ventas en América del Norte cayeron dos por ciento.

El buen desempeño en América Latina lo impulsó Brasil, donde “el portafolio de semillas de soja en expansión registró avances significativos con el lanzamiento de nuevas variedades”, destacó Mike Mack, su director ejecutivo mundial.

Los grandes sembradores nacionales de soja, como Gustavo Grobocopatel, del Grupo Los Grobo, defienden esta forma de agronegocio con corporaciones extranjeras de las que se sienten aliados, aseguraron fuentes consultadas por Tierramérica.

La buena marcha de estas empresas es a costa del incremento de problemas sanitarios y ambientales causados por los pesticidas, el desplazamiento de pequeñas producciones y de pueblos originarios y la concentración de la propiedad de la tierra. Pero éstos son sólo “efectos colaterales” para los gobiernos de la República Unida de la Soja, dijo Vicente.

Una de las manifestaciones contra Monsanto, en Córdoba, Argentina. Foto: ecoportal.net

Una de las manifestaciones contra Monsanto, en Córdoba, Argentina. Foto: ecoportal.net

Argentina altera las cifras de producción de alimento

En Argentina, la presidenta Cristina Fernández y sus ministros “repiten hasta el hartazgo que ‘producimos alimentos para 400 millones de personas’ cuando lo que producimos son 55 millones de toneladas de soja forrajera”, agregó.

Enrique Martínez, expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, recordó a Tierramérica los esfuerzos de Monsanto para que se apruebe una ley de semillas, “que valide no solo las patentes de especies, sino el cobro de regalía y la regulación de tenencia de semillas a partir del propio grano cosechado”.

Martínez, coordinador del Instituto para la Producción Popular del Movimiento Evita, consideró que la presión de la opinión pública anticipa que la norma no saldrá adelante.

Para Martínez, Buenos Aires no defiende el modelo agrícola basado en los transgénicos. “Lo que hace es admitir que el mercado funciona en términos automáticos, partiendo del supuesto de que la productividad mejora de modo sistemático y eso beneficia a la comunidad”, afirmó.

Pero esa lógica “no es correcta”, opinó. “No se han hecho los estudios que permitan percibir la apropiación de Monsanto de la mayoría de los beneficios económicos inmediatos, convirtiendo a los agricultores en simples rehenes del esquema”, destacó.

Sin embargo, “la biotecnología no debe ser vituperada” como “la causa de nuestros problemas”, advirtió.

“Esa es una mirada sectaria, reflejo del modelo Monsanto”, dijo. Lo que se necesita es “democratizar el conocimiento, permitiendo que los actores aumenten y la producción no se concentre cada vez en menos manos”, enfatizó.

Lo ambiental es “sólo un aspecto”, opinó. “El hecho central es la construcción de cadenas de valor que dependen de las decisiones de una corporación. Eso es lo que debe ser corregido”, propuso.

El economista João Pedro Stédile, dirigente de La Vía Campesina y del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, negó que este fenómeno entrañe una contradicción ideológica de gobiernos supuestamente progresistas.

“El movimiento del capital sobre la agricultura para imponer su modelo de dominación basado en el monocultivo, las semillas transgénicas y los agrotóxicos, tiene una lógica propia que no depende de los gobiernos”, dijo Stédile a Tierramérica.

Éstos “se engañan” con el volumen de producción y la buena balanza comercial que les proporcionan. Pero no se producÉe desarrollo ni se distribuye riqueza, argumentó.

En las 70 millones de hectáreas plantadas en Brasil, 88 por ciento se dedican a la soja, el maíz, la caña de azúcar y el eucalipto, ejemplificó. “Así, naturalmente aumentarán los problemas sociales y las protestas contra ese modelo sin futuro”, alertó Stédile.

Las empresas biotecnológicas lo saben

El vicepresidente de Monsanto Argentina, Pablo Vaquero, advirtió en marzo que el conflicto que mantiene paralizada la construcción de una planta en Córdoba “es una amenaza para todo el modelo productivo”.

“Hoy vienen contra Monsanto, pero es una excusa para atacar a todo el sector”, dijo.

Vicente consideró que todavía no se ha logrado una discusión amplia sobre estos asuntos.

Pero destacó logros como la paralización de la ley de semillas en Argentina, la limitación de las fumigaciones en algunos municipios y la Campaña contra los Agrotóxicos y por la Vida, que ayudó a Brasil a tomar conciencia de que es el mayor consumidor neto de pesticidas.

Publicado originalmente por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

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España

Líderes de otros países reaccionan ante el asalto al Capitolio en EEUU

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Líderes y organizaciones de todo el mundo han mostrado su asombro e indignación ante el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, que ha concluido con cinco personas fallecidas y numerosos destrozos en la sede del Legislativo.

Desde el Gobierno español, su presidente Pedro Sánchez ha dicho seguir “con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington” y ha mostrado su confianza “en la fortaleza de la democracia de EE.UU”.

Sánchez también ha señalado que con la nueva Presidencia de Joe Biden, Estados Unidos “superará la etapa de crispación uniendo al pueblo estadounidense”.

Por su parte, el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado lo ocurrido en Estados Unidos propio del “modus operandi de la ultraderecha: la mentira descarada como arma política y el intento de subversión de los mecanismos institucionales cuando no le son favorables”. Así, ha reivindicado “democracia y antifascismo” ante “la violencia y sus mentiras allí y aquí”.

En un vídeo colgado en su cuenta de Twitter, el presidente francés Emmanuel Macron ha lamentado las escenas de violencia de Washington y ha expresado su confianza en  “la fuerza de la democracia de los Estados Unidos”. Macron ha querido mostrar “su amistad y fe en los Estados Unidos. Lo que ha pasado hoy en Washington no es americano”, ha concluido.

 

Desde el corazón de Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que cree “en la fuerza de las instituciones y la democracia estadounidenses” y ha añadido que espera trabajar con Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos

El repudio a la violencia ha llegado también por parte de uno de los aliados de Trump, el primer ministro británico, Boris Johnson, quien ha calificado de “vergonzosas escenas” el asalto al Capitolio y ha reclamado un traspaso “pacífico y ordenado del poder” en ese país.

La conmoción ha sido el sentimiento mayoritario entre los mandatarios europeos, como ha manifestado el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en su Twitter, donde ha calificado el suceso de “vergüenza democrática” y ha pedido el cese de este “ataque a las libertades”.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado “entristecido” por la toma del Capitolio por parte de una turba de seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha pedido a los líderes políticos que no insten a sus seguidores a la violencia.

Ante estos actos, Guterres ha recordado que “es importante que los líderes políticos inculquen a sus seguidores la necesidad de abstenerse de usar la violencia, así como respetar los procesos democráticos y el estado de derecho”, a través de un comunicado emitido por su portavoz, Stephane Dujarric.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha calificado las escenas de Washington de “impactantes” y ha enfatizado que “se debe respetar el resultado de esta elección democrática”.

Al otro lado del océano, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha señalado que sus compatriotas “están gravemente preocupados y entristecidos por el ataque a la democracia en Estados Unidos, el aliado más cercano y vecino. La violencia nunca triunfará al anular la voluntad del pueblo”.

Desde Venezuela, el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha expresado su preocupación por los hechos aunque ha añadido que “con este lamentable episodio, Estados Unidos padece lo mismo que han generado en otros países con sus políticas de agresión”. Venezuela “condena la polarización política y la espiral de violencia” que, a su juicio, “no hace sino reflejar la profunda crisis por la que actualmente atraviesa el sistema político y social de Estados Unidos”.

Condena también en EEUU

En Estados Unidos, expresidentes, congresistas y otros dirigentes políticos, tanto demócratas como republicanos, han repudiado el asalto al Capitolio. Incluso, crece el movimiento para destituir a Trump a través de la 25 Enmienda que lo inhabilitaría de inmediato o someterlo a un juicio político como responsable de los disturbios.

“La Historia recordará correctamente la violencia de hoy en el Capitolio incitada por el presidente en funciones, quien ha continuado sin fundamentos la mentira sobre el resultado electoral legal, como un momento de gran deshonor y vergüenza para nuestra nación”, ha afirmado el expresidente Barack Obama apuntando a Trump.

Republicano como Trump, el expresidente George W. Bush se ha declarado “consternado por el comportamiento imprudente de algunos líderes políticos desde las elecciones y por la falta de respeto mostrado hoy por nuestras instituciones, nuestras tradiciones y nuestra aplicación de la ley”. “Es repugnante y desgarrador”, ha dicho Bush sobre la entrada de los partidarios de Trump en el Congreso.

 

Información: eitb.ues

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Latinoamérica

Documentos desclasificados de EEUU confirman financiamiento del Cártel de Medellín a expresidente Álvaro Uribe

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Hispan TV

De acuerdo con un reportaje publicado por el portal de noticias Hispan TV, se reitera que el expresidente colombiano Álvaro Uribe sí llegó a recibir financiamiento del cártel del narcotraficante Pablo Escobar para sus campañas electorales al Senado de ese país. Así lo confirman nuevos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En los documentos se afirma que el cartel del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, en Medellín (noroeste), financió las campañas electorales de Uribe, y lo hicieron público este sábado medios locales del país suramericano.

Los papeles desclasificados desvelan que el expresidente ultraderechista recibió dinero por parte de Ochoa Vásquez, miembro del Cártel de Medellín para campaña al Senado de Colombia. Además, la información explica que la relación de Uribe con el grupo del capo de Escobar data de 1993.

La acusación no es nueva, pero en esta ocasión las fuentes son otras.

Según la información desclasificada por el diario The New York Times (NYT), hubo entre 1992 y 1995 varias reuniones entre funcionarios estadounidenses y Uribe, quien para la época era un político prometedor un “joven líder”, una “estrella brillante en la escena política colombiana”, dicen los cables diplomáticos.

En una de las comunicaciones, la embajada de Estados Unidos en Colombia informó al Departamento de Estado de la condena de Uribe a las bombas con las que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar desangró la ciudad de Medellín (noroeste) y concluye diciendo: “Seguimos sospechando de las posibles conexiones de Uribe con el narcotráfico”.

El NYT también reseña otro cable de 1993 que describe una reunión de la embajada de EE.UU. con Luis Guillermo Vélez Trujillo, quien era en ese entonces senador del Partido Liberal. El político aseguró que las campañas políticas de Uribe habían sido financiadas por su primo el narcotraficante Ochoa Vásquez.

Aunque los diplomáticos dicen que no encontraron pruebas contundentes que respalden esas acusaciones, las investigaron durante años y expresaron sus preocupaciones a los funcionarios estadounidenses.

Según la publicación, Escobar exigió a Uribe que le ayudara a comunicarse con el entonces presidente César Gaviria (1990-1994) “a cambio del favor” de la financiación de su campaña electoral.

Esta polémica sobre el expresidente colombiano no es algo nuevo, el Archivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. desclasificó en 2004 un informe de la inteligencia militar que incluía a Uribe entre las principales figuras del narcotráfico en Colombia, junto con Escobar y el jefe narcoparamilitar, Fidel Castaño.

Uribe renunció al Senado, tras recibir detención domiciliaria preventiva el 4 de agosto, por las investigaciones por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. La dimisión de Uribe como legislador permitió que su caso pasara de la Corte Suprema de Justicia al fuero común para lograr la libertad que, consiguió como se esperaba, el pasado 11 de octubre.

Estos escándalos han salpicado al Gobierno del actual mandatario de Colombia, Iván Duque, que también es investigado por presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

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Europa

En 12 semanas, se vacunarán contra el covid-19 dos millones de personas en España

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El Salto Diario

Ayer, domingo 27 de diciembre, dio comienzo la Estrategia de Vacunación contra el covid-19 en España. Dos mujeres de un centro residencial de Guadalajara han sido las primeras en recibir las dosis. En esta primera fase, según ha informado Sanidad, se priorizan cuatro grupos: los residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad; el personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario y personas con gran dependencia que no están institucionalizadas.

La vacuna Comirnaty, del laboratorio Pfizer, será recibida a razón de 350.000 dosis semanales por el Ministerio de Sanidad, que tiene previsto que, en las próximas doce semanas, se inmunicen 2.250.000 personas.

Con la vacunación en la jornada de hoy de la residente Araceli Hidalgo, de 96 años, y la auxiliar sanitaria Mónica Tapias, se inicia el camino hacia la inmunización vía vacunas de la población. Está previsto que durante el día de hoy comiencen a distribuirse las vacunas en todas las comunidades autónomas.

La semana pasada, el ministro Salvador Illa detalló que se han establecido 18 grupos poblacionales para la priorización de los grupos, en función de cuatro tipos de riesgos: El riesgo de mortalidad, el de exposición a la enfermedad, el de impacto socioeconómico y el de transmisión de la enfermedad. Según el ministro, “habrá tres etapas en función de la disponibilidad de la vacuna. En el primer suministro, limitado. De enero a marzo. La segunda etapa, que se permitirá ir aumentando. Hasta junio, probablemente, y una última etapa para cubrir a todos los grupos prioritarios”. La vacuna será gratuita y que se administrará a través del Sistema Nacional de Salud. De momento, la vacunación será voluntaria.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA en sus siglas en inglés) dio el visto bueno el 21 de diciembre a la comercialización de la vacuna Comirnaty, desarrollada por BioNTech y Pfizer, para prevenir el covid-19 “en personas a partir de los 16 años”.

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