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Justicia pendiente

Trabajadores del IMSS denuncian acoso, fraude y negligencia médica por parte de directivos en Tamaulipas

Ignacio García

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, denunciaron haber sido víctimas de acoso por parte de directivos de la institución, luego de que una empleada evidenció las irregularidades cometidas por el médico Eduardo Rodríguez Balderas, acusado en reiteradas ocasiones de negligencia médica.

Los empleados del IMSS señalaron que Eduardo Rodríguez es protegido por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, así como por autoridades de la institución y por la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, pese a las múltiples denuncias que existen en su contra por maltrato a pacientes y robo de medicamentos.

De acuerdo con los inconformes, el director del IMSS en la región, Alejandro Soto Villa, ha encubierto las anomalías del médico, quien se sustenta como oncólogo, sin embargo, no cuenta con certificados de estudios que avalen esa especialización médica, por lo que únicamente es médico general y el diploma que entregó para acreditarse como médico especializado no coincide con las firmas originales de autoridades del Seguro Social en la Ciudad de México.

La internista Kristel González Terán ha sido violentada en su espacio laboral en la Unidad de Medicina Familiar número 76 al negársele la incapacidad por problemas de salud que padece desde 2018, e incluso le negaron una resonancia magnética. La obligan a trabajar en su estado de salud, aunado a que el médico que le suscribía las incapacidades ha sido amenazado para negarle estos permisos, por lo que debe continuar con sus labores, pese a que tiene dificultad para caminar.

Asimismo, tanto en la unidad médica donde labora como en el Hospital General de Zona Número 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, le niegan los medicamentos como estudios de imagen y le aplican las faltas, pese a las incapacidades, por lo que no ha obtenido tampoco algún tipo de apoyo económico para adquirir sus insumos médicos para la colostomía que requiere mensualmente.

Aunque la trabajadora médica ha denunciado dichas irregularidades ante las autoridades del IMSS, la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas y la Secretaría de la Función Pública (SFP), no ha procedido ninguna queja, ya que los directivos han afirmado que cuentan con el respaldo del gobernador de esa entidad, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

Negligencia médica y violencia laboral

El médico Eduardo Rodríguez Balderas no ha sido sancionado por los casos de negligencia médica en los que ha incurrido, y se encuentra en incapacidad sin estar enfermo, recibiendo su sueldo completo e incluso continúa en atención médica en Monterrey, Nuevo León, donde es apoyado por su esposa.

Los trabajadores acusaron también de esas irregularidades a Rogelio Flores Villareal, ex director de la Unidad Médica 76 de Nuevo Laredo, quien ha agredido a varias mujeres que laboran en la institución sin que sea sancionado. Marcos Daniel Enríquez Sánchez, actual director de ese nosocomio, cuenta con cuatro denuncias penales, además de no contar con el perfil necesario para las responsabilidades de directivo.

Otro de los casos denunciados a Los Ángeles Press es el de Ricardo Manuel Obeso Treviño, quien ha agredido a trabajadores e incluso les ha proferido amenazas de muerte, y ha desacreditado a Kristel González. Ante las advertencias de ser denunciado, ha manifestado que debido a sus influencias no podrán proceder en su contra.

De la misma manera, Karla Melissa Machichi López, ex jefa de Recursos Humanos de la unidad médica, quien aplicaba sanciones a los trabajadores, aunado a que ha sido demandada por agredir físicamente a la enfermera Irma Palomo; mientras que Mónica Alejandra Pérez Morales, contadora de la unidad médica, también ha participado en las sanciones a los empleados.

 

Denuncias reiteradas contra el doctor Eduardo Rodríguez Balderas

De acuerdo con la denuncia del personal médico, parte del maltrato y violencia a la doctora Kristel González Terán es “por haber sido testigo de todas estas atrocidades, y haberlas denunciado ante el IMSS”, por lo que también recibió amenazas de muerte. Incluso denunció que el doctor Eduardo Rodríguez Balderas utilizaba sus redes sociales y teléfono para amenazar a pacientes y familiares de éstos de no atenderlos, al negarse a pagarle desde 13 mil hasta 80 mil. Incluso, señala la denuncia que este médico se negaba a atenderlos en el IMSS, al grado de dejarlos que se deteriorara su salud hasta la muerte.

También agrega la denuncia “el robo de estudios subrogados que aparentemente realizan a los pacientes, quienes entregan documentación en el HGZ No. 11 para que lo estudios sean realizados por el Hospital Privado México Americano. Sin embargo estos estudios nunca son realizados, pero sí son pagados por el IMSS, es decir han estado enmascarando la realización de estudios de tomografías y resonancias para los derechohabientes del IMSS sin realizarlos, pero sí los cobra el Hospital México Americano”.

La denuncia de la doctora Kristel González Terán especificó que firmaban mas de 1 millón de pesos de estudios que según eran realizados por medio subrogado, pero que al final no eran realizados a los pacientes, solo aceptaban los papeles administrativamente. “Todo esto es dinero y de acuerdo con un audio como prueba, el dinero es lo principal que los tiene realizando amenazas, así como el robo de medicamentos que realizaba el aparente oncólogo médico, quien trabajó durante casi 4 años en el Oncológico de Nuevo Laredo, Tamaulipas, recomendado por políticos del mismo estado”.

La referencia es al médico Eduardo Rodríguez, quien se ostenta como  oncólogo, y tiene múltiples denuncias en derechos humanos y algunas denuncias penales, que no proceden por sus influencias políticas y sigue abusando de los pacientes y sus familiares. En la denuncia a Los Ángeles Press, también se hizo mención por parte de enfermeras que trabajaron con él, que “muchas veces no aplicaba quimioterapias completas o que sólo aplicaba dexamentasona con solución salina y que las dosis de quimioterapia las daba incompletas, así mismo mentía acerca de una vacuna mágica que cobraba en hasta 80 mil pesos, lo  cual era lo mismo esteroides, dexametasona aplicada en el brazo o glúteo”.

Las denunciantes de estos hechos se encuentran amenazadas por este médico, e incluso algunas fueron despedidas del Centro Oncológico por declarar lo que hacía, como robarse el medicamento de la institución pública y aplicarlo por el sector privado.

Una de las compañeras que es acosada se encuentra intubada en Monterrey, Nuevo León por COVID-19, la acosaron tanto que no le dieron tratamiento oportuno y estando enferma la destituyeron con un correo electrónico del puesto de subdirectora, eso le genero mas ansiedad durante su enfermedad, ahora esta grave en Monterrey.

 

El doctor Eduardo Rodríguez Balderas exigía 30 mil pesos a paciente de 74 años, con cáncer, a quien solicitó examen de próstata.

Testimonios de negligencia médica

Distintos pacientes han denunciado la negligencia médica de Eduardo Rodríguez como Enrique Meza, hijo de Eva Hernández, fallecida de cáncer a los 74 años de edad, sin haber recibido atención médica por el médico que se ostenta como oncólogo, pues les exigía un pago de 30 mil pesos para pagar una quimioterapia.

“Mi madre falleció sin una sola quimioterapia y sin ser atendida por el doctor Eduardo cuando le dijimos que no teníamos 30 mil pesos para pagar una quimioterapia”, explicó el hijo de Eva Hernández, quien perdió la vida por no ser atendida en el IMSS del cáncer de hígado con metástasis.

Otro caso en el que Alejandro Rodríguez es señalado es por Alejandrina Fernández Cárcamo, derechohabiente del IMSS, a quien le amputaron un seno por presuntamente padecer cáncer tras un diagnóstico del médico, sin embargo, no padecía esa enfermedad, por lo que interpuso la denuncia correspondiente por las irregularidades del galeno.

Además, el comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Óscar Villa Garza, también denunció a Rodríguez por usurpación de funciones, ya que no cuenta con cédula profesional que lo avale como oncólogo y así ha realizado consultas médicas a pacientes.

 

Directivos médicos denunciados por violencia laboral

Doctor Alejandro Soto Villa. Director del Hospital General de Zona No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ha silenciado el robo de medicamentos, y el maltrato y violencia de género por parte del doctor Eduardo Rodríguez Balderas.

Doctor Rogelio Flores Villarreal. Exdirector de la UMAA con UMF No. 76 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Señalado de misoginia, con varias denuncias ante SNTSS por violentar a trabajadoras del IMSS, sin ser nunca sancionado.

Doctor Marcos Daniel Enríquez Sánchez. Director actual de la UMAA con UMF No. 76 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Anteriormente del sindicato, sin reunir requisitos para ejercer su cargo. Fue impuesto por el sindicato, pese a tener 4 denuncias penales. Ha sido denunciado por violencia familiar y violencia física a exparejas.

Doctor Ricardo Manuel Obeso Treviño. Señalado de amenazar y violentar a trabajadores, en contubernio con el doctor Marcos Daniel Enríquez Sánchez. Entre las denuncias de acoso laboral indican aplicarles faltas, no autorizar  pases de salida, modificarles vacaciones, hackeo de correos electrónicos, y junto con el doctor Alejandro Soto Villa han denigrado la dignidad de la doctora Kristel González, señalándola de “loca” para que desacrediten sus declaraciones. La doctora ha sido evaluada psicológicamente y destaca el psicólogo que tiene un índice superior de inteligencia y que se encuentra en un estado depresivo por acoso y violencia laboral.

Karla Melissa Machichi López. Ex jefa de recursos humanos de la UMAA con UMF No. 76 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Actualmente cambiada a la UMF No. 78 por violencia a trabajadores por indicaciones del doctor Marcos Daniel Enríquez Sánchez y el doctor Alejandro Soto Villa, quien seguía indicaciones de aplicar faltas, negar vacaciones, negar autorización de pases de salida, negar autorizaciones de cubrir a trabajadores. Esta persona tiene una demanda penal por agredir físicamente a una enfermera llamada Irma Palomo, quien después de haber apoyado a la doctora Kristel González, empezó a recibir amenazas, agresiones físicas y aplicación de faltas por esta persona, así como agresiones físicas por parte de Enríquez Sánchez.

Mónica Alejandra Pérez Morales. Contadora de la UMAA con UMF No. 76 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien se encuentra en coalición con el doctor Marcos Daniel Enríquez Sánchez y con Machichi Lópezy permite la aplicación de faltas, la falta de autorización de pases de salida, firma y autoriza junto con el director de la UMAA y anteriormente con la Lic. Karla Melissa Machichi López, la autorización de dar horas extras faltas a personal que les apoya para amedrentar personas o que se dedican a hacer más grande el gremio para crear violencia y controlar en la unidad. Tiene una denuncia penal y es protegida por su ex pareja Moisés Malpica Córdova, quien labora en el SNTS Tamaulipas, también denunciado penalmente por corrupción en el IMSS en Tamaulipas.

Doctor Eduardo Rodríguez Balderas. Médico general con solo dos años de medicina interna, quien realizó aparentemente Oncología médica, en el Siglo XXI, en donde sus mismos maestros lo señalaron de no acudir a sus guardias, clases y de fingir enfermedades para ausentarse de la residencia, así mismo una de sus maestras asegura que no terminó la tesis. Es señalado reiteradamente de violencia laboral y violencia de género, además de negligencia en la práctica médica.

Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

Ignacio García

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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Justicia pendiente

INAI obliga a la SEP transparentar documentos sobre historial académico de Alfredo Jalife

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Los Ángeles Press

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) a entregar los documentos de aval sobre los estudios profesionales de Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien se ha ostentado con distintas especialidades en instituciones públicas.

Por medio de una notificación, el INAI estableció que la SEP realizó una incorrecta clasificación de datos sensibles sobre la petición que solicitó Los Ángeles Press sobre los documentos que respalden los estudios profesionales de Alfredo Jalife, ya que entregó los informes tachando las fechas, el examen profesional, número de título profesional, incluso su lugar de nacimiento, entre otros.

De acuerdo con el INAI, la dependencia federal clasificó mal la información sobre el acta de examen profesional, ya que no cae en ningún supuesto previsto en el artículo 116 de Ley, mientras que en las enmendaduras también clasificó erróneamente la información confidencial el número de acta de nacimiento, pues es un documento público y no recae en ninguna prohibición establecida en el artículo 113 de la Ley.

El 18 de septiembre de 2020, este espacio informativo solicitó en la plataforma de transparencia a la SEP la documentación sobre la cédula profesional como médico cirujano a nombre de Alfredo Jalife Rahme Barrios y la autoridad responsable que validó las documentales para otorgar esos certificados académicos.

Posteriormente, el 14 de octubre la SEP respondió con el oficio de los documentos solicitados pero con datos eliminados como la firma de los particulares, el nombre de los particulares y el interesado, fotografía, número de libro y floja de folio, género y sexo, lugar, fecha y entidad de nacimiento, domicilio particular, nacionalidad, Registro Federal del Contribuyente (RFC), número de folio y de expediente, teléfono, fecha de inicio y terminación de estudios, fecha de examen profesional, servicio social, estado civil y trayectoria académica.

Después el 23 de octubre se interpuso el recurso de revisión por la respuesta emitida por la SEP y el 30 de octubre la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información del INAI y el 4 de noviembre se acordó tanto a las autoridades educativas como a este espacio informativo sobre la admisión del recurso.

Después del proceso interno, el INAI determinó el pasado 2 de febrero emitir una nueva notificación que ordenó a la SEP la resolución a favor de transparentar los documentos solicitados, pues no vulnera los datos personales del señalado y por ende deberá entrar la información pedida.

 

Documento de Transparencia, primera y última página.

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Justicia pendiente

Defensa de Rosario Robles inicia negociación con FGR para recuperar libertad

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Por Ignacio García

Los abogados de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, iniciaron las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para que recupere su libertad.

Los representantes legales de la ex funcionaria federales entablaron los primeros acercamientos con las autoridades judiciales para que se desarrolle una negociación en la que provea de información en torno a los esquemas de corrupción de la anterior administración federal a cambio de su libertad.

Debido a que Robles es acusada por la FGR de haber desviado más de cinco mil millones de pesos, ha sido procesada penalmente desde hace un año y medio, por lo cual pretende recuperar su libertad como lo hizo su ex compañero de gabinete, Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), que colaboró con las autoridades federales en el caso Odebrecht.

La también ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México manifestó que está dispuesta a declararse culpable de las acusaciones que se la imputan a cambio de obtener beneficios jurídicos para aportar datos sobre la identificación y sanción de todas las personas involucradas en la denominada “Estafa Maestra”.

Con esta medida, la ex servidora pública estaría dispuesta a declarar en contra de otros ex funcionarios de alto nivel de la anterior administración, aunque la defensa legal ha señalado que hasta el momento no se ha contemplado el nombre del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Rosario Robles fue titular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Enrique Peña Nieto, después de haber sido militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual dirigió a nivel nacional, fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México y diputada local.

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