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Justicia pendiente

Trabajadoras del IMSS Oaxaca denuncian acoso laboral por responder con eficiencia a la pandemia

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

Trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Oaxaca denunciaron que han sido víctimas de hostigamiento laboral y acoso cibernético por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), la jefatura de Prestaciones Médicas y el personal del Hospital, quienes también han desprestigiado su labor frente a la pandemia del Covid 19.

Por medio de una denuncia ciudadana, seis médicas señalaron que han sido constantemente agredidas por parte de las autoridades del nosocomio, pese a reconocimientos por su trabajo destacado. Es el caso de la doctora Ana Luisa Martínez Pérez, quien recibió la condecoración “Miguel Hidalgo” por méritos eminentes y relevantes servicios prestados a la patria en la atención de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Otra trabajadora, víctima del acoso laboral pese a que su labor ha sido destacada, de acuerdo con la denuncia, es Ana Laura Duarte Luna, quien ha apoyado en labores de recuperación para los pacientes graves de Covid-19, de la misma manera que Dania Josefa Juárez Mesinas, quien ha impulsado la implementación de radiografías y tomografías para los enfermos de la nueva cepa viral.

Ruhama Eva Martínez Zayas también ha sido agredida laboralmente, a pesar de que ha brindado capacitación a más de 4 mil 900 trabajadores del sector Salud, así como a elementos de la Guardia Nacional. Ello lo ha logrado aunque no se cuenta con todo el equipo y los insumos médicos necesarios, por lo que el acoso se incrementó al denunciar las carencias ante la Contraloría Social.

Nominaciones ignoradas

La doctora Martha Escobar Vázquez ha sido denunciada por distintas irregularidades y privilegios que ha concedido en su calidad de Jefa de Prestaciones Médicas para otorgar incapacidades a distintos empleados sin cumplir con las normas específicas, debido a que no estaban enfermos o presentaban problemas extraordinarios.

La denuncia incluye el abuso de poder de esta médica al estar en un cargo que utiliza para hostigar por medio de actas administrativas y favorecer a médicas de su círculo cercano, como es el caso de la doctora Carmina Salinas, quien ha acumulado 89 días en incapacidades alegando diferentes patologías.

Asimismo, Escobar Vázquez fue señalada de ignorar nominaciones interinas o de plaza definitiva a quien ha demostrado eficiencia y capacidad desde el inicio de la pandemia. Dos de los casos ignorados más relevantes fueron el de la doctora Ana Luisa Martínez Pérez, con más de nueve meses encargada de la coordinación clínica sin pago de por medio, y el de la doctora Araceli Cárdenas Sánchez, con más de cinco meses, en las mismas circunstancias sin remuneración.

Jefa de Farmacia acosada por denunciar robo de medicamentos

Donají Martínez Martínez denunció que la jefa de Coordinación de Farmacia, Leticia Real Vázquez, ha sido frecuentemente acosada desde 2019, cuando junto con ella, denunció el robo de medicamentos ante el presidente de la república López Obrador. Entre los faltantes, se reveló el fentanilo, utilizados para cirugías.

A partir de aquella denuncia no ha cesado el acoso y sin motivo justificado le han extendido varias actas administrativas con el fin de retirarla del cargo.

Acoso por pertenecer a otro sindicato

En la denuncia a Los Ángeles Press, la doctora Donají Martínez expuso también el acoso laboral contra la doctora Araceli Cárdenas Sánchez, quien ha colaborado en las acciones de atención de Obstetricia en el sector salud para pacientes de Covid-19. Sin embargo, pese a la ardua labor desarrollada, no ha sido reconocida, aunado a que se le retiró la oportunidad de participar en la convocatoria de pertenencia del sindicato de trabajadores distinto al tradicional, por lo que fue retirada del cargo.

Cárdenas Sánchez, incluso se sumó a las denuncias a través de un video en el que expone cada una de las arbitrariedades que han padecido por hacer su trabajo en medio de la pandemia del Covid 19. En la denuncia videográfica, Cárdenas Sánchez exige al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que extienda la democracia hacia los sindicatos, que se respeten los derechos humanos y laborales de las mujeres trabajadoras, la no discriminación en los centros de trabajo y se dé reconocimiento basado en méritos y no en influencias o nepotismo.

Renuncias por acoso en medio de la crisis por pandemia

Pese a la crisis que ha generado la pandemia, por lo que hay mayor demanda de servicios de salud, la primera quincena de noviembre hubo un déficit de 11 directivos del Hospital General Zona Número 1, del IMSS de Oaxaca, de acuerdo con la información aportada por la doctora Donají Martínez. Dicha situación afectó el trato a los derechohabientes, por lo que han solicitado que se realice una investigación por las distintas deficiencias identificadas en el nosocomio, así como la violencia de género que padecen las mujeres en el centro de hospitalización de Oaxaca.

“Han realizado 5 cambio de directores en un año y 4 delegados en el estado de Oaxaca en lo que va del sexenio. Todas las personas que hemos coincidido en coordinarnos para el desempeño en esta pandemia los han destituido y hostigado; el acoso es brutal al grado que hay consecutivas renuncias a diferentes puestos directivos”.

Doctora Donají Martínez

 

Reporte a las autoridades del Gobierno mexicano

La doctora Donají Martínez ha reportado los agravios contras las médicas, así como las condiciones en que están llevando la pandemia en las instancias de Salud del Estado de Oaxaca al director del IMSS Zoé Robledo Aburto. También ha solicitado la atención ciudadana de presidencia de la república para dar cuenta de los hechos al mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Denuncia de la Dra. Martínez

 

Denuncia en 2019: Servidora pública denuncia robo de medicamentos del IMSS Oaxaca y sufre acoso laboral – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

 

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Justicia pendiente

PVEM perdería registro por reincidencia en llamado a voto en elecciones

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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podría perder su registro como instituto político como una sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a la reincidencia en llamar al voto durante la jornada electoral del pasado 6 de junio como sucedió en 2015.

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron sanciones menores al PVEM por llamar al voto en la contienda electoral de 2015.

El INE determinó que el Verde Ecologista pagó a varios “influencers” para promocionar el voto a favor a su causa durante la jornada electoral, lo que representó un delito electoral, como ocurrió en las elecciones federales intermedias de hace seis años, donde también pagó para que distintos artistas promocionaran el voto.

Varios consejeros electorales del INE señalaron que como una sanción adecuada debería retirarse el registro al PVEM, debido a que es la segunda ocasión en la que incurre en estas prácticas para obtener ventaja durante el proceso electoral, por lo que ignoró a las autoridades electorales.

Al respecto, diferentes colectivos y organizaciones civiles pidieron a las autoridades electorales retirar el registro del PVEM, ya que ha incurrido en estas ocasiones en dos ocasiones influyendo en el voto durante dos procesos electorales, por lo que demandaron que sea sancionado de forma eficiente.

En la contienda electoral de 2015 el PVEM pagó a varios artistas y deportistas miles de pesos para promocionar en sus respectivas redes sociales el voto a favor del Verde Ecologista, sin embargo, el INE no retiró el registro al partido y sólo impuso una multa económica, por lo que en esta jornada electoral volvió a proceder de la misma forma.

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Justicia pendiente

Líder de la mafia rumana es vinculado a proceso

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El juez federal de control de Quintana Roo vinculó a proceso a Florian Tudor, identificado como el líder de la mafia rumana por el delito de asociación delictuosa.

El juzgador determinó que tanto Florian Tudor como Adrián “N” y Alin Gabriel “S” incurrieron en el delito de asociación delictuosa y realizaron operaciones irregulares en disposición de dinero en efectivo en la Ciudad de México, Quintana Roo, Estado de México e Hidalgo, en las cuales se retiraban más de 14 mil pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Tudor de incurrir en la comisión de diferentes delitos asociados al lavado de dinero, por lo que el juez vinculó a proceso con una investigación complementaria de cuatro meses, por lo que deberá permanecer en reclusión.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, refirió que Tudor fue recibido como cualquier otro ciudadano y aunque rechazó haber formado parte de la mafia rumana, enfatizó que recibió la mayor cantidad de apoyos posibles.

Según el acusado, las autoridades mexicanas fabricaron su delito, sin embargo, la investigación fue complementada con las autoridades rumanas que solicitaron la extradición del presunto delincuente para que sea procesado por esos delitos.

Florian Tudor fue detenido en Quintana Roo por la FGR, después de ser acusado de diferentes hechos ilícitos, en los cuales incurrió en lavado de dinero con dinero con procedencia desconocida y por ello fue procesado por ese ilícito.

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Internos del penal de Atlacholoaya piden libre acceso a familiares

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Internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, pidieron a las autoridades penitenciarias permitir el libre acceso a los familiares de los reos para las labores de trabajo social que en la actualidad están restringidas.

Por medio de una carta enviada a la directora del penal de Atlacholoaya y firmada por varios reos, los inconformes solicitaron que se conceda a sus familiares el acceso a trabajo social para renovar y realizar sus trámites para obtener sus folios durante su horario laboral, debido a que varios de sus parientes radican en regiones alejadas.

De acuerdo con la misiva, al acotarse la entrega de las fichas, muchos de sus familiares no tienen posibilidad de obtenerlas, ya que en la actualidad sólo asignan 40 fichas de este tipo, por lo que pidieron que no existan restricciones para la entrega de las mismas.

Los internos señalaron que de esta manera se les garantiza la accesibilidad a sus derechos humanos, pues muchos de los reos no han tenido oportunidad de reunirse con sus familiares ante las restricciones para la entrega de las fichas de trabajo social.

Enfatizaron que para la sobrepoblación interna que existe en el penal de Atlacholoaya, la asignación de apenas 40 fichas para sus familiares es insuficiente, por lo que recalcaron que se trata de un derecho humano que debe tener apertura para la población penitenciaria.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estableció que hubo distintas irregularidades al momento de garantizar derechos humanos en el interior del penal de Atlacholoaya, donde persiste una elevada sobrepoblación y hacinamiento en el interior del centro de reclusión.

Por otra parte, también familiares de los internos denunciaron recientemente que autoridades penitenciarias les pedían compensaciones para dejarlos entrar al penal, incluso para dejar entrar a menores a la visita familiar. Por lo que el abogado especialista en ejecución penal Gerardo Manrique señaló que se trata de una violación de derechos humanos contra los internos, porque la visita familiar e incluso con menores de edad es un derecho constitucional y humano.

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