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Justicia pendiente

Trabajadoras del IMSS Oaxaca denuncian acoso laboral por responder con eficiencia a la pandemia

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

Trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Oaxaca denunciaron que han sido víctimas de hostigamiento laboral y acoso cibernético por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), la jefatura de Prestaciones Médicas y el personal del Hospital, quienes también han desprestigiado su labor frente a la pandemia del Covid 19.

Por medio de una denuncia ciudadana, seis médicas señalaron que han sido constantemente agredidas por parte de las autoridades del nosocomio, pese a reconocimientos por su trabajo destacado. Es el caso de la doctora Ana Luisa Martínez Pérez, quien recibió la condecoración “Miguel Hidalgo” por méritos eminentes y relevantes servicios prestados a la patria en la atención de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Otra trabajadora, víctima del acoso laboral pese a que su labor ha sido destacada, de acuerdo con la denuncia, es Ana Laura Duarte Luna, quien ha apoyado en labores de recuperación para los pacientes graves de Covid-19, de la misma manera que Dania Josefa Juárez Mesinas, quien ha impulsado la implementación de radiografías y tomografías para los enfermos de la nueva cepa viral.

Ruhama Eva Martínez Zayas también ha sido agredida laboralmente, a pesar de que ha brindado capacitación a más de 4 mil 900 trabajadores del sector Salud, así como a elementos de la Guardia Nacional. Ello lo ha logrado aunque no se cuenta con todo el equipo y los insumos médicos necesarios, por lo que el acoso se incrementó al denunciar las carencias ante la Contraloría Social.

Nominaciones ignoradas

La doctora Martha Escobar Vázquez ha sido denunciada por distintas irregularidades y privilegios que ha concedido en su calidad de Jefa de Prestaciones Médicas para otorgar incapacidades a distintos empleados sin cumplir con las normas específicas, debido a que no estaban enfermos o presentaban problemas extraordinarios.

La denuncia incluye el abuso de poder de esta médica al estar en un cargo que utiliza para hostigar por medio de actas administrativas y favorecer a médicas de su círculo cercano, como es el caso de la doctora Carmina Salinas, quien ha acumulado 89 días en incapacidades alegando diferentes patologías.

Asimismo, Escobar Vázquez fue señalada de ignorar nominaciones interinas o de plaza definitiva a quien ha demostrado eficiencia y capacidad desde el inicio de la pandemia. Dos de los casos ignorados más relevantes fueron el de la doctora Ana Luisa Martínez Pérez, con más de nueve meses encargada de la coordinación clínica sin pago de por medio, y el de la doctora Araceli Cárdenas Sánchez, con más de cinco meses, en las mismas circunstancias sin remuneración.

Jefa de Farmacia acosada por denunciar robo de medicamentos

Donají Martínez Martínez denunció que la jefa de Coordinación de Farmacia, Leticia Real Vázquez, ha sido frecuentemente acosada desde 2019, cuando junto con ella, denunció el robo de medicamentos ante el presidente de la república López Obrador. Entre los faltantes, se reveló el fentanilo, utilizados para cirugías.

A partir de aquella denuncia no ha cesado el acoso y sin motivo justificado le han extendido varias actas administrativas con el fin de retirarla del cargo.

Acoso por pertenecer a otro sindicato

En la denuncia a Los Ángeles Press, la doctora Donají Martínez expuso también el acoso laboral contra la doctora Araceli Cárdenas Sánchez, quien ha colaborado en las acciones de atención de Obstetricia en el sector salud para pacientes de Covid-19. Sin embargo, pese a la ardua labor desarrollada, no ha sido reconocida, aunado a que se le retiró la oportunidad de participar en la convocatoria de pertenencia del sindicato de trabajadores distinto al tradicional, por lo que fue retirada del cargo.

Cárdenas Sánchez, incluso se sumó a las denuncias a través de un video en el que expone cada una de las arbitrariedades que han padecido por hacer su trabajo en medio de la pandemia del Covid 19. En la denuncia videográfica, Cárdenas Sánchez exige al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que extienda la democracia hacia los sindicatos, que se respeten los derechos humanos y laborales de las mujeres trabajadoras, la no discriminación en los centros de trabajo y se dé reconocimiento basado en méritos y no en influencias o nepotismo.

Renuncias por acoso en medio de la crisis por pandemia

Pese a la crisis que ha generado la pandemia, por lo que hay mayor demanda de servicios de salud, la primera quincena de noviembre hubo un déficit de 11 directivos del Hospital General Zona Número 1, del IMSS de Oaxaca, de acuerdo con la información aportada por la doctora Donají Martínez. Dicha situación afectó el trato a los derechohabientes, por lo que han solicitado que se realice una investigación por las distintas deficiencias identificadas en el nosocomio, así como la violencia de género que padecen las mujeres en el centro de hospitalización de Oaxaca.

«Han realizado 5 cambio de directores en un año y 4 delegados en el estado de Oaxaca en lo que va del sexenio. Todas las personas que hemos coincidido en coordinarnos para el desempeño en esta pandemia los han destituido y hostigado; el acoso es brutal al grado que hay consecutivas renuncias a diferentes puestos directivos».

Doctora Donají Martínez

 

Reporte a las autoridades del Gobierno mexicano

La doctora Donají Martínez ha reportado los agravios contras las médicas, así como las condiciones en que están llevando la pandemia en las instancias de Salud del Estado de Oaxaca al director del IMSS Zoé Robledo Aburto. También ha solicitado la atención ciudadana de presidencia de la república para dar cuenta de los hechos al mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Denuncia de la Dra. Martínez

 

Denuncia en 2019: Servidora pública denuncia robo de medicamentos del IMSS Oaxaca y sufre acoso laboral – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

 

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Juez vincula a proceso a otros 2 ex funcionarios por colapso de la Línea 12 del Metro

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Dos encargados del Proyecto Metro fueron señalados de ser responsables del colpaso de la Línea 12 del Metro.

Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a otros dos ex funcionarios públicos del Proyecto Metro, por lo cual hasta el momento suman 10 ex servidores públicos señalados por su presunta responsabilidad en el colapso de la Línea 12 del Metro ocurrido el 3 de mayo de 2021.

El juzgador determinó que son responsables el ex director responsable de la construcción, Guillermo “N”, y el ex subdirector de obra civil, Héctor “N”, del colapso de la Línea 12 del Metro, por lo que son acusados de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a propiedad por las 26 personas que fallecieron.

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El juez no fijó medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa, pero tienen prohibido salir del país, y acercarse o tener contacto con las víctimas, por lo que seguirán con su proceso en libertad.

De acuerdo con el juzgador, se fijaron seis meses para la investigación complementaria, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusa a los ex servidores públicos de provocar el colapso de la Línea 12 del Metro por el mal diseño, construcción y uso deficiente de materiales para su edificación.

Las acusaciones de la fiscalía capitalina se centran en fallas de origen, pero no en la falta de mantenimiento de este proyecto de transporte público que estaba en funcionamiento desde 2012 al cierre de la administración de Marcelo Ebrard.

Lee más: La extraña discriminación en el mantenimiento de la línea 12 del Metro

Los familiares de las víctimas han acusado que hubo responsabilidad de los distintos gobiernos capitalinos, tanto de Marcelo Ebrard por ser el artífice del proyecto, así como de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum que no dieron el mantenimiento de este proyecto.

Juez vincula a proceso a 8 ex funcionarios del gobierno capitalino por tragedia de Línea 12

La medida se da tres meses después de que un juez de distrito vinculó a proceso a ocho ex servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño a propiedad por el colapso de la Línea 12 del Metro el pasado 26 de mayo de 2021 en el que murieron 26 personas.

El juzgador señaló que hubo responsabilidad de los ex servidores públicos por las fallas que propiciaron la caída del Metro, por lo cual siete de los ochos ex funcionarios formaron parte del Proyecto Metro y la otra fue parte del consorcio constructor de la obra.

 

 

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Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

 

Especialistas de Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria Década contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

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Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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Colectivos piden seguridad para ex fiscal del caso Ayotzinapa

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Omar Gómez Trejo renunció como fiscal a cargo del caso Ayotzinapa esta semana

Integrantes de diferentes colectivos defensores de derechos humanos pidieron al gobierno federal para que brinde seguridad al ex fiscal especializado en la investigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, luego de presentar su renuncia a su cargo tras inconformarse por el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Los colectivos Seguridad sin guerra y Colectivo contra la Impunidad señalaron que existen riesgos de represalias en contra del ex funcionario federal, debido a que Omar Gómez Trejo se enfrentó a la impunidad que pretende impulsar la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero.

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De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, hay preocupación por las investigaciones relacionadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a que están sujetas a presiones externas.

Recordaron que Omar Gómez realizaba una labor independiente en las investigaciones en colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por lo cual ahora no hay certidumbre sobre el proceso de las indagatorias.

Añadieron que hay un retroceso por parte de la FGR para garantizar el acceso a la justicia sobre el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, debido a que se trata de una problemática vigente en el territorio nacional.

Lee más: Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

 

Acusaron que la FGR busca encubrir a los elementos del Ejército mexicano para que no sean procesados penalmente por su presunta responsabilidad en la detención de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes descartaron que exista justicia sobre el caso con las nuevas investigaciones, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) desistió en órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del crimen.

Los padres de los estudiantes desaparecidos dijeron que están lejos de la justicia por el caso en el que estuvieron involucrados agentes del Estado mexicano, por lo que reprocharon que la FGR sucumba ante las presiones de las instituciones militares para evitar el encarcelamiento de los efectivos que participaron en los hechos delictivos.

 

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