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Toyota México falsifica pagarés para inflar créditos automotrices

Un ciudadano en Tampico, Tamaulipas, detectó la falsificación de un pagaré por parte de Toyota Financial Services México, luego de comprar un automóvil a financiamiento, con lo que inició un calvario legal para poner fin a esta impunidad.

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Por Michel Muñoz

TAMPICO, Tamaulipas.- Un ciudadano de Tampico, Tamaulipas, detectó la falsificación de un pagaré por parte de Toyota Financial Services México, tras la compra de un automóvil a financiamiento; esto, aparentemente, ha destapado más de un centenar de casos similares con clientes de esta automotriz en la entidad.

Inicio de la pesadilla

Los hechos se remontan al año 2009, cuando se inició un juicio mercantil en contra de Guillermo Cabrera, por parte de Toyota Financial Services México, a través de Eduardo Uresti Reyes, su endosatario en procuración, en Monterrey, Nuevo León.

En esta demanda (044), con el expediente 1615/2009, juzgado 055, Eduardo Uresti, como apoderado legal de Toyota Financial Services México, exige al señor Guillermo Cabrera y a su aval, Mariano Gómez Hernández, el pago inmediato de $135,961.42 pesos, como parte del supuesto vencimiento de su crédito automotriz, correspondiente a un automóvil Toyota Avanza Premium, modelo 2008.

La cantidad antes mencionada incluye el pago de una serie de intereses, como el ordinario generado a partir de la tasa fija anual, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), e intereses moratorios generados a partir de una tasa anual. El objeto citado para sustentar la reclamación de este pago es un pagaré suscrito en la Ciudad el México, el 17 de Mayo del 2008, firmado por Guillermo Cabrera.

Según la demanda, este pagaré detalla la suma a pagar de $135,961.42 pesos, mediante 48 pagos parciales y sucesivos, comenzando a partir del primero de julio del 2008. El punto quinto de esta querella indica que, ante la negativa en el pago de las cantidades reclamadas, el pagaré fue endosado en procuración al cobro de dicho documento, el 12 de noviembre de 2009; en caso de no cumplirlas, Uresti solicita al C. Juez que se embarguen los bienes de la propiedad del demandado, “que se encuentren en su domicilio o suficientes a garantizar el pago de las prestaciones reclamadas”.

Toda esta pesadilla fue experimentada en carne propia por la víctima, el 17 de febrero del 2010, cuando recibió en su domicilio la visita de Marco Antonio Vázquez Tirado, para realizar el cobro del pagaré y realizar un embargo del auto. Ahí fue cuando notó que el documento estaba alterado, y más aún le extrañó el hecho, pues se encontraba al corriente en los pagos de su crédito, por lo que dicho emplazamiento no tenía razón para proceder.

En la demanda entregada se adjunta un escaneo del supuesto pagaré, y aquí es donde la víctima nota la clara alteración de este documento, el cual cuenta con diversas irregularidades; entre ellas, una fecha de impresión del 19 de mayo según la cadena de seguridad, es decir, dos días posteriores al 17 de mayo, cuando se llenó y fue firmado. Por si fuera poco, el pagaré fue alterado, se le añadió claramente un texto con alineación y tipografía irregulares, y diferentes a las del resto del documento; en el cual le solicitan a Guillermo Cabrera viajar a Monterrey, Nuevo León, impidiendo su defensa en Tampico, pese a que la jurisdicción abajo señalada compete a la Ciudad de México o a Tampico.

La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, a través de la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador en Tampico, y la averiguación previa 343/2010, corroboró, con un dictamen pericial, que se realizó una alteración en el pagaré, a manera de adición.

 

El 24 de marzo del 2010, Guillermo Cabrera comenzó con el combate, al interponer una denuncia contra Toyota Financial Services México, ante el Ministerio Público en Tampico, por los hechos cometidos en su perjuicio y demás que resulten, tras la pesadilla que vivió desde la compra de su automóvil Toyota.

El 16 de marzo del 2011, el Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en Monterrey, Nuevo León, dictó la primer sentencia en el caso, en la cual no procede el pagaré falsificado, restando a Guillermo Cabrera la cantidad a pagar de $95,171.96 pesos, por concepto de capital adeudado.

Persisten irregularidades   

En el quinto informe correspondiente a la reclamación realizada por Guillermo Cabrera ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el número de expediente PFC.TAM.B.3/001050-2009, Eduardo Uresti asegura que su representada, Toyota Financial Services México, no se encuentra regulada por las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Según el sitio De Reporteros, en 2016, un despacho de cobranza hostigó a un deudor, tras su atraso en el pago de dos mensualidades correspondientes a un crédito automotriz con Toyota Financial Services México. El afectado consideró que su contrato tenía vicios ocultos, que no existió claridad en la información que se ofrece al cliente y que el pagaré que se integra en el contrato no está en el registro público de contratos de adhesión de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), lo que claramente viola la Ley Federal de Protección al Consumidor; con ello, el organismo se vuelve totalmente inoperante ante las quejas de los afectados por la alteración de los pagarés.

Tras indagar en Internet, Guillermo Cabrera encontró una demanda del año 2010, emitida por el mismo abogado, Eduardo Uresti, en representación de Toyota Financial Services México, contra Julio César Mendoza Rebulloza, persona con domicilio en la zona sur de Tamaulipas, el cual menciona un pagaré endosado y reclamado en los tribunales de Monterrey, Nuevo León. En resumen, el mismo caso que vivió Guillermo Cabrera.

Asimismo, la víctima encontró en la red una base de datos perteneciente a Uresti Asociados Abogados SC, extraído de su página web oficial años atrás (http://uaasc.mx/). En esta base figuran un total de 1679 nombres, direcciones y teléfonos que de clientes que pudieran haber sido enjuiciados con pagarés alterados, al igual que ocurrió en su situación. Guillermo estima que, por lo menos el diez por ciento de estas personas, se encuentran atravesando por el mismo calvario legal.

En Internet existen numerosas páginas, como “Denuncia Malos Proveedores”, que advierten los riesgos de comprar un auto nuevo o seminuevo a crédito con Toyota Financial Services México; indicando que sus contratos son “dolosos, de mala fe y con mil vicios ocultos”.

Luego de varios años transcurridos de proceso legal, ambas demandas siguen su curso y se ven lejos de concluir; el 13 de mayo del presente año, Uresti solicitó cuatro copias certificadas del expediente ante el C. Juez Octavo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en Nuevo León.

Sin una resolución favorable visible aún en el horizonte, Guillermo Cabrera se mantiene en pie de lucha contra la terrible práctica ilegal de la que fue víctima, mientras Toyota Financial Services México opera en la impunidad, con el aval del abogado Eduardo Uresti Reyes.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

El colombiano, operador político del gobernador de Quintana Roo, con vínculos al narcotráfico

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Los Ángeles Press/CDMX Press

Gerardo Ortega Otero, conocido como “El Colombiano” es uno de los mejores amigos y asesores del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien también se ha desempeñado como uno de los operadores políticos más cercanos al mandatario estatal, ha sido señalado reiteradamente de estar coludido con el crimen organizado.

El Colombiano comenzó su carrera como vendedor de comida a unas cuadras del palacio de Solidaridad, donde se relacionó con el ahora gobernador de Quintana Roo, quien fue postulado como candidato a alcalde de esa demarcación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En esa campaña electoral, Gerardo Ortega inició su trayectoria como operador político y desempeñó diferentes cargos como asistente, coordinador de logística, y recolector de las “aportaciones” voluntarias de los empresarios locales, quienes enfocaron sus intereses en la campaña de Carlos Manuel Joaquín.

Debido a que el hoy mandatario estatal posee la Playa del Carmen, el destino turístico más importante del sur del país, los empresarios apoyaron su campaña, mientras que el Colombiano adquirió distintas propiedades, aunque no correspondían con sus ingresos económicos como funcionario municipal.

El ex servidor público por medio de influencias y del apoyo del entonces alcalde pedía contribuciones económicas a comerciantes, empresas y grupos de la delincuencia organizada para establecerse en la región.

Como candidato de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el Colombiano buscó recaudadores de su campaña a la gubernatura de Quintana Roo, por lo que al acceder al Poder Ejecutivo estatal impuso a su esposa Samaria Angulo Sala como regidora del municipio de Solidaridad.

Entre Estados Unidos y Colombia

Gerardo Ortega es también operador financiero de las avionetas del gobernador Joaquín González. Por lo menos realiza cinco viajes por mes a Colombia o a Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, también ha permitido el arribo de los grupos de la delincuencia organizada en la entidad al ser el encargado de repartir los territorios entre los cuatro cárteles que tienen presencia en el estado, por lo que posee varias residencias que funcionan como casas de seguridad.

Construcción de muelles

Entre las excentricidades, el operador del gobernador de Quintana Roo, ha construido muelles en lugares estratégicos de Playa del Carmen. Sin embargo, los mismos trabajadores de la construcción se quejaron que no les pagó sus honorarios y fueron amenazados.

Gerardo Ortega tiene una influencia directa en las decisiones del gobierno estatal, pues funge como organizador de las fiestas privadas del gobernador, por lo que incluso la revista Forbes señaló que Quintana Roo se ha convertido en un paraíso perdido que está al borde del colapso.

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Estados Unidos

Diversidad de posiciones, fortalece comunidad mexicana: Cónsul de Nueva York

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Por Guadalupe Lizárraga

El cónsul general de Nueva York, Jorge Islas López, en entrevista para Los Ángeles Press, consideró que las críticas y diversidad de posiciones son una fortaleza de la comunidad mexicana en Nueva York, porque “eso demuestra que hay libertad, conciencia y pluralidad en la diversidad de posiciones”.

Señaló lo anterior, debido a que un grupo de mexicanos que se identifican como simpatizantes de MORENA, realizaron una protesta el jueves pasado frente al Consulado para pedir su renuncia, y anunciaron que volverán a hacerlo esta semana bajo el argumento de que “es del PRI” y “no los ha atendido”.

Sin embargo, el cónsul Islas López enfatizó que están tomando en cuenta las diferentes expresiones de inconformidad aunque no representen la mayoría, pero las consideró legítimas y auténticas, y dijo “necesarias, para hacer los cambios que se requieran a fin de satisfacer con la mayor amplitud posible, las peticiones que formula la comunidad”.

“Yo creo que la divergencia de criterios nos debe fortalecer, porque en lo esencial es en lo que debemos estar unidos, que es apoyar al que más necesita en condiciones de por sí complejas”.

Entre los vulnerables, dijo Jorge Islas López, “siempre hay alguien más vulnerable, y a ellos hay que tenderles la manos”. Señaló que el puente solidario debe proveerles de ayuda, pero también de dignidad para que busquen nuevas oportunidades de vida.

En cuanto a la pandemia que azota al mundo y ha afectado principalmente Nueva York, el cónsul dijo que se teme el regreso de brotes, como sucede en Europa, por lo que la comunidad mexicana debe estar unida y preparada, por lo que se atenderán “al menor tiempo posible y dadas la circunstancias” las peticiones de la comunidad.

 

Quién es el Cónsul

Especializado en Derecho Constitucional, encabeza la cátedra “Giovanni Sartori” en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue abogado general de la misma universidad por designación del rector Juan Ramón de la Fuente, actual representante de México ante Naciones Unidad. Jorge Islas López ha sido promotor de los derechos humanos y derechos ambientales. Fue el autor de la primera disposición legal de los derechos de la “Madre Tierra” en las leyes mexicanas.

Pese a las críticas contra el cónsul por ser supuestamente contrario a los principios de MORENA, Jorge islas López fue designado como cónsul general de Nueva York directamente por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ratificado de manera unánime por el Senado de la República, en sesión realizada el 20 de marzo de 2019.

Manifestantes frente al Consulado de NY, pidiendo la renuncia del cónsul. Foto: detalle de video en las redes.

Más de 7 mil citas en el Consulado, pese a la pandemia

Para personas que requieran documentación consular, Jorge Islas dio el aviso de que la próxima semana darán más de 7 mil citas, pese a las circunstancias impuestas por la pandemia. Incluso están trabajando con las unidades móviles para atender diferentes puntos de la ciudad, sin que los mexicanos tengan que trasladarse a Manhattan.

 Como parte de las actividades consulares, Islas López emprendió la distribución de despensas a las familias más vulnerables, que han perdido sus empleos por el cierre de empresas ante las condiciones sanitarias extremas de una de las ciudades con mayor afectación del Covid 19.

También anunció que se abrirá la línea de Mexitel para dar las citas, además de que se dará orientación telefónica. Explicó que Mexitel es el concepto de un Call center, para dar las citas en todo el área consular, y evita que haya “coyotaje” y les cobren a los mexicanos por un derecho que es gratuito.

 

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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