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Torturas y muertes silenciosas en el régimen de excepción del presidente Bukele de El Salvador

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Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR – El cadáver de Walter Sandoval muestra varios hematomas oscuros en brazos y rodillas, así como una laceración en el ojo izquierdo y en la cabeza, señales de que sufrió algún tipo de violencia antes de morir en una cárcel salvadoreña, acusado de ser un miembro de una pandilla.

Esos golpes son evidentes en las fotografías que el padre de Walter, Saúl Sandoval, mostró al medio, el jueves 28 de julio.

Walter, de 32 años, es uno de los fallecidos en prisiones salvadoreñas luego de ser detenido  por las autoridades, en las redadas masivas que el gobierno de Nayib Bukele inició desde finales de marzo, al amparo del decretado régimen de excepción y de su lucha contra las organizaciones delictivas.

El joven, dedicado a la agricultura, murió el 3 de abril, en el aparcamiento del hospital de Sonsonate, un municipio del occidente del país donde fue trasladado moribundo, según la familia, desde la delegación policial de Ahuachapán, ciudad del departamento homónimo, en el occidente de El Salvador.

A esa estación de policía había sido trasladado, luego de su arresto el 30 de marzo, en la colonia (barrio) Jardines, del municipio de El Refugio, también del departamento de Ahuachapán.

“Lo torturaron, en las bartolinas (calabozos) de la delegación de Ahuachapán”, dijo el padre.

El joven, agregó, había estado compartiendo con amigos y embriagándose. Minutos más tarde, una patrulla policial lo capturó bajo la acusación de ser pandillero, algo que la familia negó rotundamente.

No alcanzó a recibir ayuda médica, se murió en el parqueo (aparcamiento) del hospital”, agregó el padre.

Para él, la única explicación que tiene de por qué los policías detuvieron a Walter es porque “querían sacar la cuota del día”, en referencia a que los efectivos tendrían asignado un número específico de capturas, a cambio de algunos beneficios en sus tareas diarias.

“Lo torturaron, en las bartolinas (calabozos) de la delegación de Ahuachapán… No alcanzó a recibir ayuda médica, se murió en el parqueo (aparcamiento) del hospital: Saúl Sandoval.

Muertes como la de Walter, de confirmarse la participación de agentes del Estado, son la expresión más violenta y arbitraria de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde que el gobierno inició su plan de redadas masivas, en lo que presenta como una lucha frontal contra las pandillas.

Desde finales de marzo, el gobierno salvadoreño mantiene vigente un régimen de excepción que suspendió varias garantías constitucionales, como una forma de parar una abrupta alza de homicidios cometidos por pandilleros entre el 25 y 27 de marzo.

En esas fechas, unas 87 personas fueron asesinadas por pandilleros, en una especie de venganza contra el gobierno que habría roto un oscuro acuerdo bajo la mesa con esos grupos criminales, para mantener bajos los índices de homicidios.

El régimen de excepción, como se denomina esta figura constitucional en el país, se aplica desde el 27 de marzo, con prorrogas mensuales de la Asamblea Legislativa, ampliamente dominada por el gubernamental partido Nuevas Ideas. Desde entonces, las muertes violentas han caído a un promedio de tres

Entre los derechos constitucionales suspendidos se encuentran el de asociación y reunión, aunque el gobierno lo enmarcó solo a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes. También se restringe el derecho a la defensa y se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que actualmente es de tres días.

El gobierno puede además intervenir las comunicaciones “de grupos terroristas”, refiriéndose así a las pandillas, aunque eso ya podía hacerlo con las leyes ordinarias.

Luego de iniciado el régimen de excepción, los homicidios volvieron a la baja, que ronda los dos o tres muertos diarios, pero incluso hay días en que no se registra ninguno.

Pero en cambio, alrededor de 48 000 personas han sido detenidas y encarceladas preventivamente, todas acusadas por las autoridades de formar parte de pandillas, proscritas por ley. Y el número aumenta cada día.

Sin embargo, familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos han advertido que entre los capturados hay personas que no tenían ningún vínculo con esas estructuras criminales, también llamadas “maras” en El Salvador, y las que conforman un ejército de unos 70 000 miembros.

El 2 de junio, Amnistía Internacional afirmó en un comunicado oficial: en el marco del régimen de excepción actual, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos.

Sin embargo, el presidente Bukele, lejos de mostrarse receptivo ante las críticas, las deslegitima tajantemente y suele referirse a los representantes de esas organizaciones como “sinvergüenzas”, preocupados más por defender los derechos de los pandilleros, según la narrativa oficial.

Walter Sandoval es uno de los jóvenes que han fallecido con muestra de torturas en cárceles de El Salvador en el marco del régimen de excepción vigente en este país desde finales de marzo. La policía lo capturó sin ninguna evidencia que lo vinculara con grupos de pandillas, afirmó la familia del joven, en un caso de los que se repiten cada vez más y que han sido documentados por organizaciones de derechos humanos. Foto: Cortesía de familia Sandoval

Muertes silenciosas y torturas

La organización de derechos humanos Cristosal ha recopilado cerca de 2500 casos de detenciones que, según los denunciantes, han sido arbitrarias, sin fundamento para que sus familiares hayan sido detenidos en el marco del régimen de excepción.

Esa organización también ha monitoreado reportes de prensa, redes sociales e indagaciones propias para establecer que, hasta el 28 de julio, cerca de 65 personas habían fallecido mientras se encontraban detenidas en cárceles del país o en calabozos de la policía, como parte de las redadas policiales masivas.

Algunos de los fallecidos presentaban señales evidentes de golpes y violencia física, como sucedió con Walter y otros casos sobre los que los medios de comunicación  han informado ampliamente.

Los informes oficiales de esas muertes que reciben los familiares son confusos y ambiguos, como el de Julio César Mendoza Ramírez, de 25 años, quien murió en un hospital de San Salvador, la capital del país, el 15 de julio.

El reporte oficial señalaba que había fallecido por un edema pulmonar, es decir, sus pulmones se llenaron de líquido, pero también señalaba que el caso se encontraba “en estudio”.

La duda de que los fallecidos fueron víctima de golpizas y torturas durante su encarcelamiento es algo que no descartan sus familiares ni las organizaciones de derechos humanos.

“La causa de la muerte que le dan a la persona (familiar) en el hospital, a veces difiere del reconocimiento médico legal, y eso da lugar a pensar que algo pasa”, señaló a la abogada Zaira Navas, de Cristosal.

Agregó: “También hay familias que dicen que les dijeron que fue por paro cardiaco, pero tiene golpes en su cuerpo, entonces no es compatible (la versión oficial)”.

Y ante las dudas y acusaciones de que bajo la mirada del Estado se están dando golpizas y torturas, las autoridades simplemente callan y no realizan, por ejemplo, las autopsias respectivas, que develarían lo que realmente pasó.

La abogada Navas remarcó que, incluso dentro del estado de excepción, «las detenciones son arbitrarias» porque el procedimiento seguido no está justificado jurídicamente y son muchas las personas detenidas por la simple denuncia telefónica de vecinos. Algo en que coinciden los defensores de derechos humanos

Una violencia adicional es que entre esa cifra de 2500 denuncias hay cerca de 30 % de personas con enfermedades crónicas, discapacidad o que se encontraban recibiendo tratamientos médico o quirúrgicos, según los reportes de Cristosal.

Se sabe que el personal de las penitenciarías no permite que los familiares de esas personas enfermas reciban sus medicamentos, aunque en algunos raros casos sí lo han autorizado.

“Hemos visto fallecidos porque se presume que han sido torturados, golpeados, etc., pero también han muerto personas a las que no les han dado el medicamento al que están sometidos permanentemente”, explicó a IPS el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Henri Fino.


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Sobre el dudoso papel jugado por el gubernamental Instituto de Medina Legal (IML), encargado de realizar los exámenes forenses para informar a los familiares sobre las causas de las muertes, Fino dijo que ese organismo no le merece ninguna credibilidad.

Sobre todo, añadió, ahora que militares del llamado Batallón de Sanidad Militar se encuentran, desde el 4 de julio, en varias sedes del IML, presuntamente para apoyar en tareas varias, incluidas las de tipo forense, dada la falta de personal.

“Qué colaboración pueden prestar (los militares), si no son expertos, y la única razón de que estén en Medicina Legal es para controlar”, aseguró Fino.

Guerra mediática

Algunos de los fallecidos en las cárceles, capturados durante el régimen de excepción, fueron presentados como casos de detenciones arbitrarias e ilegales por los medios locales, en confrontación  con la guerra propagandística de Bukele que afirma que todos los detenidos son, en efecto, pandilleros.

La prensa ha destacado el caso de Elvin Josué Sánchez, de 21 años, quien falleció el 18 de abril en el Centro Penal de Izalco, localizado en las inmediaciones de la población homónima, del departamento de Sonsonate, en el occidente de El Salvador.

Los medios se han referido a él como el caso del “joven músico”, porque en efecto estuvo un tiempo aprendiendo a tocar el saxofón, y han destacado sus virtudes como persona de bien como miembro de una Iglesia evangélica de la zona.

Pero Sánchez, según sus vecinos, era bastante conocido como pandillero activo en su natal cantón El Carrizal, del municipio de Santa María Ostuma, en el central departamento de La Paz.

“Lo veían bien armado, en fincas de la zona, junto a otros pandilleros, y les decía a los dueños que no se aparecieran más por ahí, o los asesinarían”, dijo a IPS un residente de ese municipio, quien pidió no ser identificado.

Situaciones como esa ha favorecido la narrativa de Bukele, entre la población, de que los medios independientes están a favor de los pandilleros y en contra de las acciones del gobierno para erradicar la violencia en el país.

De hecho, los sondeos de opinión muestran que una mayoría de la población de este país de 6,7 millones de personas, apoya las acciones del presidente para enfrentar a las pandillas.

Pero aun ante el hecho de que Sánchez era reconocido por la gente como pandillero, su arresto tuvo que haberse dado siguiendo los procedimientos y protocolos, en base a información fidedigna que comprobara fu afiliación a organización delictiva.

Eso es algo que la policía no suele hacer, en esas redadas masivas donde es imposible que se tenga toda la evidencia para individualizar cada uno de los cerca de 48 000 detenidos.

Tampoco el hecho de que haya sido pandillero ameritaba vapulearlo y someterlo a golpizas que acabaron con su vida, ya que sus derechos humanos debieron respetarse siempre, dijeron los entrevistados.

ED: EG

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Fuente: ipsnoticias.net

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Pedro Castillo pone fin a su gobierno con un autogolpe de Estado, estilo Fujimori

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Pedro Castillo terminó con la presidencia de Perú con un autogolpe de Estado

 

Por Isaac Risco

Pedro Castillo decidió poner fin a su presidencia en Perú de una de las peores formas posibles. Tras liderar uno de los gobiernos más desastrosos de la historia del país, Castillo violó el miércoles (7.12.2022) la Constitución que juró cumplir al asumir el cargo y ordenó el cierre de un Congreso elegido de forma antidemocrática.

Con ello, el mandatario le dio a sus críticos, finalmente, los argumentos que necesitaban para forzar su salida del poder. La precipitada votación en la que el Legislativo decidió poco después destituir al presidente estaba justificada en medio del caos y la locura en que se ha convertido la política peruana en los últimos tiempos: Pedro Castillo era una franca amenaza para la frágil democracia del país.

Incapacidad para gobernar

En Perú se habló de inmediato de un «golpe de Estado» y algunos analistas recordaron el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, el funesto precedente para la medida anunciada por Castillo. La comparación es pertinente: si bien la Carta Magna peruana contempla la posibilidad de que un presidente disuelva el Parlamento y llame a elecciones legislativas extraordinarias, ese extremo sólo puede ocurrir si la cámara le niega dos veces la confianza a un gabinete presidencial. Castillo no tenía ese argumento. Su intento de cerrar el Congreso era innegablemente ilegal.

Parte de la tragedia personal de Pedro Castillo es que él mismo, en los apenas 17 meses que ha durado su presidencia, terminó por convencer a una gran mayoría de sus compatriotas de su manifiesta incapacidad para gobernar. Poco se sabe aún de sus cálculos y razonamientos para quebrantar la legalidad. Dados los funestos precedentes de Castillo, es verosímil suponer que la medida fue un manotazo de ahogado, un acto desesperado y absurdo para evitar ser destituido cuando los indicios de corrupción contra él se volvían cada vez más contundentes.

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Parte de la tragedia personal de Pedro Castillo es que él mismo, en los apenas 17 meses que ha durado su presidencia, terminó por convencer a una gran mayoría de sus compatriotas de su manifiesta incapacidad para gobernar. Poco se sabe aún de sus cálculos y razonamientos para quebrantar la legalidad. Dados los funestos precedentes de Castillo, es verosímil suponer que la medida fue un manotazo de ahogado, un acto desesperado y absurdo para evitar ser destituido cuando los indicios de corrupción contra él se volvían cada vez más contundentes.

Tragicomedia política

Parte de la tragicomedia política peruana, por otro lado, es que la declaración de la «vacancia de la presidencia por incapacidad moral», como se llama al mecanismo constitucional previsto para destituir al presidente, se había convertido antes en una farsa. Una paradoja, porque la actual moción de vacancia es la única cuyo resultado está realmente justificado.

Se trataba de la tercera moción presentada en el Congreso en menos de dos años para intentar sacar a Castillo de Palacio de Gobierno en Lima. Antes, en noviembre de 2020, uno de sus predecesores, Martín Vizcarra, había sido destituido por la misma vía. Y en los últimos cinco años, tres presidentes afrontaron «pedidos de vacancia», cada cual hilado con argumentos más peregrinos que el anterior.

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Grave crisis sistémica

La estrepitosa caída de Pedro Castillo, por eso, no debe alegrar a nadie en Perú. Tampoco a la radicalizada oposición ultraconservadora que pedía destituir al presidente de izquierda cuando este no había ni siquiera asumido el cargo en 2021. La tragedia personal de Castillo es también la tragedia colectiva de un país que lleva años sumido en una grave crisis sistémica y en un proceso de descomposición política avanzado. Sin un Ejecutivo y un Congreso operantes, también sin partidos políticos dignos de ese nombre.

Es urgente, ahora, que el gobierno que asume la vicepresidenta, Dina Boluarte, convoque a nuevas elecciones cuanto antes. Y es perentorio, para salir de la crisis, que el próximo gobierno que salga de las urnas cuente con las mayorías y la voluntad necesarias para poner en marcha una reforma política que ya no puede esperar más.

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La red en lucha

Expresidenta de Argentina Cristina Fernández condenada a seis años de prisión por corrupción

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Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, fue condenada a seis años de prisión por corrupción

La condena fue leída en medio de una jornada de protestas por seguidores de la vicepresidenta, quienes muestran su respaldo a Cristina Fernández

La vicepresidenta de ArgentinaCristina Fernández, fue condenada este martes a 6 años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 también condenó a Fernández de Kirchner a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los jueces hallaron culpable a Cristina Fernández del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita.

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La pena dispuesta para Fernández de Kirchner en la denominada «causa Vialidad» es menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso.

El tribunal oral también ordenó decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).

La expresidenta, de 69 años y quien en principio goza de inmunidad hasta diciembre de 2023 en razón de su cargo en el Ejecutivo, tiene el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.

En este proceso se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de la propia Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

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Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también impuso una pena de 6 años de prisión para Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.

También impuso diversas penas de entre 3 años y medio y 5 años a los extitulares de Vialidad Nacional en Santa Cruz Mauricio Collareda y Raúl Daruich, a los expresidentes de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz Raúl Pavesi y José Raúl Santibañez y a Juan Carlos Villafañe, exalcalde de la sureña ciudad de Río Gallegos y expresidente de Vialidad de Santa Cruz.

Por otra parte, el tribunal absolvió a Julio De Vido, ministro de planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015; Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de Argentina, y Héctor Garro, expresidente de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz.

En el caso de Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner y extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, los jueces lo absolvieron por el delito de asociación ilícita y dictaron su sobreseímiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público al considerar que ese delito había prescrito.

La vicepresidenta, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas -en muchas de las cuales fue sobreseída- gracias a los fueros que la protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de un hostigamiento judicial y político.

En su tramo final, el juicio se vio sacudido por el atentado que sufrió Cristina Fernández el 1 de septiembre, cuando un hombre intentó dispararle a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, mientras un grupo de seguidores demostraba su apoyo a la vicepresidente en el proceso judicial.

 

 

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Latinoamérica

Militarización en Ecuador y México otra amenaza más a los derechos humanos

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Amnistía Internacional alertó que se puede agravar la violación de derechos humanos en México y Ecuador por la militarización que sufren ambos países

 

MÉXICO – La actual tendencia hacia la militarización de la seguridad pública en América Latina, en particular en Ecuador y México, representa una amenaza para los derechos humanos en la región, afirmó en una nueva declaración la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).

“Es fundamental que las políticas de seguridad cumplan con las normas y estándares en materia de derechos humanos, particularmente ante la evidencia de los retrocesos que ocurren como consecuencia de la militarización de la seguridad pública”, advirtió la directora para el hemisferio de AI, Erika Guevara Rosas.

En Ecuador, la Corte Constitucional publicó el martes 29 la validación del pedido del presidente Guillermo Lasso de reformar la Constitución, para permitir el apoyo complementario y permanente de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional, a fin de combatir el crimen organizado en el país.

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En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que en cuestión de días discutirá asuntos relacionados con la Guardia Nacional y con la militarización del país que se encuentran pendientes de resolución.

El primer análisis tratará la controversia constitucional sobre el Acuerdo Presidencial de mayo de 2020, que permitió la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En el caso de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso afirmó que las obligaciones emanadas para la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las personas ecuatorianas son la justificación para la actuación permanente de parte de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado.

Además, mencionó que el problema del crimen organizado no es excepcional, sino que es un fenómeno creciente que ha sobrepasado el ejercicio de las facultades de la institución de protección interna, por lo cual no hay la necesidad de respetar el requisito de excepcionalidad de las Fuerzas Armadas, recordó AI.

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“El presidente Lasso no puede ignorar los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su propia conveniencia, para justificar la militarización en Ecuador”, replicó Guevara Rosas.

Argumentó que “si el problema del crimen organizado, según el propio presidente, no es excepcional, la respuesta no puede darse a través del despliegue permanente de las fuerzas armadas, en virtud de los requisitos de excepcionalidad y carácter extraordinario de su uso”.

Recordó que existe una prohibición en la doctrina emanada de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre perpetuar el uso de las fuerzas armadas en temas no relacionados con conflictos armados.

En su opinión “se abre una oportunidad para que empiece un proceso que permita que las fuerzas armadas estén a cargo de manera complementaria y permanente de la seguridad ciudadana”.

“Es un pésimo precedente para la garantía de los derechos humanos en el país”, aseveró la responsable de AI.

En el caso de México, el reporte de AI recordó que ese país “ha optado por utilizar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública desde hace más de 15 años. Esta estrategia de seguridad se ha profundizado en los últimos años”.

En marzo de 2019, mediante una reforma constitucional, se creó la Guardia Nacional con mando civil y policial, pero con una influencia muy alta de las fuerzas armadas.

Por otra parte, el Acuerdo Presidencial facultaba a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024, periodo que fue recientemente ampliado por el Congreso hasta 2028.

“Estas acciones se llevaron a cabo sin una estrategia clara de fortalecimiento de policías y de retiro de las Fuerzas Armadas de las calles”, según AI.

 

En septiembre de este año, el Congreso aprobó que se incorpore a la Guardia Nacional formalmente bajo el control administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que también tiene a su cargo las Fuerzas Armadas.

La iniciativa está siendo controvertida ante el poder judicial y actualmente cuenta con una suspensión que frena su entrada en vigor.

La oenegé recordó que la Guardia Nacional mexicana realiza adicionalmente más de 148 funciones civiles que no son relacionadas con seguridad, como la construcción de carreteras y el manejo de la vacunación contra la covid-19.

Tanto la Guardia Nacional como la Sedena se encuentran dentro de las 10 instituciones con mayor número de quejas abiertas este año, 346 y 327 respectivamente, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Según Guevara Rosas “la estrategia de seguridad en manos de las Fuerzas Armadas ha probado una y otra vez ser ineficiente para atender la crisis de seguridad que enfrenta México, pese a lo cual se insiste en perpetuarla”.

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“Ello sin mencionar el cúmulo de violaciones de derechos humanos que se han documentado por parte de esas fuerzas”, agregó.

Opinó que ese país “está a tiempo de cambiar su estrategia de seguridad, para lo cual es fundamental priorizar la creación de un plan de fortalecimiento de los cuerpos policiales, bajo el mando civil, y el retiro progresivo de los militares a sus cuarteles”.

Insistió en que la protección del derecho a la vida y a la integridad personal no permite ni puede ser una justificación para que los Estados tomen medidas para complementar, mucho menos de manera permanente, los cuerpos policiales con las fuerzas armadas.

Recordó que la Corte IDH ha alertado sobre la formación del personal militar, que está orientada a su participación en conflictos armados con la consigna de derrotar al enemigo, mientras que el entrenamiento policial se dirige a la protección y seguridad de la población civil en tiempos de paz.

“Sin duda, la seguridad pública ante contextos de violencia es una preocupación legítima y prioritaria para los Estados de la región. Sin embargo, es fundamental que las políticas de seguridad cumplan con las normas y estándares en materia de derechos humanos”, dijo finalmente Guevara Rosas.

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Fuente: ipsnoticias.net

 

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