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Mexico Violento

Tortura y otros abusos, rutina de militares: víctima de tortura sexual

Claudia Medina y su esposo fueron víctimas de tortura y fabricación de delitos en Veracruz, por parte de miembros de la Marina

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Claudia Medina, víctima de tortura por marines en México. Foto; AP

Claudia Medina, víctima de tortura por marines en México. Foto; AP

Traducción: Jordi Islas/FB

CIUDAD DE MEXICO (AP) – Claudia Medina Tamariz y su marido dormían en su casa en el puerto de Veracruz cuando infantes de la Marina mexicana irrumpieron en su domicilio y los arrestaron a los dos en agosto de 2012.

Con los ojos vendados y esposados, Claudia cree que fueron llevados a una base de la Marina local, donde sus captores la acusaron de trabajar con el crimen organizado. Durante un par de horas fue golpeada, agredida sexualmente, torturada con descargas eléctricas, y sometida a ahogamiento simulado –tal como los exámenes médicos independientes encontraron evidencia consistente con su versión. Incluso la obligaron a bañarse delante de sus captores.

Claudia Medina y otros capturados fueron obligados a desfilar frente a las cámaras de televisión, junto con armas y drogas y acusados de una serie de cargos relacionados con el crimen organizado. Más tarde se descubrió que la declaración que dio y que no le mostró antes de firmar, había sido alterada en una confesión en la que los marines dijeron que detuvieron a Medina y su marido cuando quedaron atrapados conduciendo un vehículo con armas y drogas.

El grupo de derechos humanos de Amnistía Internacional señaló que la experiencia de Medina es común entre las mujeres detenidas en México. En un informe publicado el pasado 21 de junio por la mañana, el grupo de activistas dijo que en entrevistas con 100 mujeres mexicanas encarceladas, 72 informaron de la tortura sexual durante su detención. Noventa y siete habían sido golpeadas o recibieron algún tipo de abuso físico. Y las 100 mujeres reportaron acoso sexual y abuso psicológico.

“Lo que vemos es que las mujeres a menudo son blanco debido a su género, sus cuerpos se utilizan a menudo de una manera determinada y específica, de cierta manera, y que a menudo ven a las mujeres procedentes de entornos desfavorecidos por eso son los blancos más fáciles para las autoridades”, dijo Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional presentó el informe al gobierno mexicano, pero la Oficina del Procurador General de la República no respondió a la solicitud de entrevista de AP antes de que el documento fuera puesto en libertad.

Penman dijo que Amnistía Internacional decidió enfocar un informe sobre las mujeres sobrevivientes de tortura sexual, ya que no habían recibido mucha atención. Ella dijo que a los investigadores les hubiera gustado entrevistar a las mujeres aún más, pero las autoridades mexicanas colocan obstáculos en su camino.

Gran parte del abuso ha estado ligada a la guerra de México contra los cárteles de la droga, las mujeres a menudo son arrestadas cuando las autoridades capturan a los hombres, o simplemente buscan mostrar resultados al público, según el informe. Se dijo que la tortura sexual estigmatiza a las mujeres y son muestran menos disposición a denunciar.

Medina, una madre de tres niños que trabajaba en la venta de productos naturales, está libre y no es una de las 100 mujeres entrevistadas para el informe. Pero ella y el grupo dijo que su experiencia refleja los resultados del informe.

Cuando los marines entregaron a Medina a los investigadores federales, inicialmente no les dijo acerca de la tortura. “Tenía miedo, porque la habían amenazado con que si hablaba de lo que había sucedido durante esas 36 horas encontrarían a mis hijos”, dijo. Pero al día siguiente la llevaron a una cárcel de mujeres, Medina dijo a un juez que había sido torturada. Tres días más tarde, el juez desestimó el cargo más grave crimen organizado.

Después de 23 días de prisión, Medina fue capaz de salir bajo fianza y luchar contra su caso. Le quitaron las acusaciones –menos la de posesión de armas–. Ella presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México sobre su tratamiento y comenzó a hablar, Pero hasta la fecha no se ha realizado una investigación o recomendación sobre su caso.

Un año y medio después de su detención, los fiscales emitieron una nueva orden de detención contra Claudia Medina, con una lista de todos los viejos cargos. Ella lo vio como una amenaza clara para que permaneciera en silencio. Después de un año de retos, un juez finalmente la exoneró de todos los cargos a Medina.

Sin embargo, su marido sigue prisionero en espera de la decisión del juez en sus cargos. “Considero que la tortura y otros abusos ya son de rutina para las autoridades militares”, dijo Medina. “Siempre he dicho que la tortura es como un cáncer que está creciendo y creciendo y creciendo.”

El informe de Amnistía Internacional señala que los legisladores mexicanos están debatiendo una nueva legislación la tortura y la Oficina del Procurador General ha creado una unidad especial para investigar la tortura. Pero de miles de quejas de tortura desde 1991, solamente 15 han terminado en condenas de penales federales.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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