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Justicia pendiente

Tortura e impunidad, denuncias de años en Guerrero

La tortura como táctica de terror del estado ha sido una denuncia constante por años en el estado de Guerrero donde no está tipificado el delito

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Militares en La Montaña Foto: Tlachinollan

Por Sergio Ferrer

LA MONTAÑA, Guerrero.- Existen decenas de casos documentados de tortura en Guerrero, sin contar la cantidad de delitos de esa índole que no se denuncian. El Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan”, fundado y dirigido por el antropólogo Abel Barrera Hernández, así lo destacó junto con otras organizaciones que expondrán ante Naciones Unidas (ONU) su preocupación por el rezago de la abolición de la tortura en México, ante la evaluación al estado mexicano que se lleva a cabo el 31 de octubre y 1 de noviembre, en Ginebra, Suiza.

“En Guerrero no existe la tipificación del delito de tortura en su código penal a pesar de que persiste esta práctica”, se explicó en el marco de la revisión del quinto y sexto informe periódico del Estado mexicano ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura.

En el informe en enfatizó en las deficiencias en la investigación sobre tortura incluyendo la nula aplicación del Protocolo de Estambul, así como el rezago en la reforma del sistema de justicia penal y la subsistencia del fuero militar.

Guerrero, impunidad de torturadores

Tlachinollan recuerda en su informe que Guerrero tiene un largo historial de graves violaciones a los derechos humanos marcadas por la impunidad. En esta entidad se cometió la mayoría de las desapariciones forzadas durante la década de los años setenta sin investigaciones judiciales.

En años más recientes, han continuado estos patrones de violaciones a derechos humanos, como lo comprueban los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas mujeres indígenas del pueblo Me’phaa, violadas y torturadas por militares en el año 2002. La búsqueda de justicia por estas mujeres fue una tarea titánica y dolorosa para sus familias, sin embargo sus casos llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y desde ahí el tribunal publicó su sentencia en 2010.

Otro caso es el de los ecologistas desaparecidos de la sierra de Petatlán, Eva Alarcón y Marcial Bautista que llevan meses sin que las autoridades pongan atención en el caso.

En La Montaña de Guerrero, el Monitor Civil de las Fuerzas Policiales ha documentado más de 60 casos de tortura y tratos crueles en los últimos tres años en la región, principalmente contra personas indígenas siendo la Policía Investigadora Ministerial responsable de la mayoría de las vejaciones.

Represión de policías federales a estudiantes de Ayotzinapa en diciembre de 2011 Foto: red

El caso Ayotzinapa no se olvida

Un caso emblemático de la persistencia de la tortura fue la “ejecución extrajudicial, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes en contra de estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa”, cometidas el 12 diciembre de 2011 por policías federales y del estado.

El informe del “caso Ayotzinapa” será presentado por Tlachinollan, y da cuenta del doble crimen de la detención arbitraria de 42 personas de las cuales 24 fueron sometidas a golpes de palos y toletes, entre las que se hallaban cuatro menores y una mujer.

La organización documenta pormenorizadamente el caso de Gerardo Torres, estudiante de 19 años de edad, víctima de tortura y acusado de disparar un rifle Ak47, sufriendo la táctica militar para obtener confesiones ilegítimas en casos de alto impacto.

De acuerdo al informe de la CNDH se constató que los manifestantes de Ayotzinapa estaban desarmados y hubo empleo excesivo de la fuerza pública con armas. Sin embargo, la labor del Ombudsman no ha cobrado la fuerza necesaria para que se imparta la justicia, señalan miembros de la organización.

El informe de Tlachinollan, advierte que la investigación de la tortura en el estado de Guerrero es prácticamente inexistente, pues a la ausencia de un marco jurídico adecuado, se suma la falta de capacidades forenses mínimas del Ministerio Público, incluyendo a peritos y policías. Sentencias por tortura ignoradas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dictado tres sentencias condenatorias contra el Estado mexicano por casos de tortura ocurridos en Guerrero. Para el Centro de derechos humanos Tlachinollan es impostergable que el gobierno estatal reforme el Código de Justicia Penal para tipificar el delito de tortura. “De lo contrario no se va a poder garantizar un marco que abata la impunidad y de castigo ejemplar a los torturadores”, refieren los derechohumanistas.

El CAT de la ONU, en sus revisiones sobre México ha marcado la falta de tipificación del delito de tortura en el estado de Guerrero, a pesar de la expresa solicitud de las organizaciones no gubernamentales de la entidad. El informe presentado por el Estado mexicano tampoco hace alusión alguna a ello, por lo que Tlachinollan adelanta que solicitará al Congreso local la aprobación de reformas legislativas armónicas con los tratados internacionales en este campo.

“La falta de garantías de seguridad para las víctimas de actos de tortura inhibe la presentación de denuncias como lo constataron en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa”, sostiene Tlachinollan y abunda que incluso hubo amenazas de muerte contra un abogado del centro de derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra, a quien le exigieron dejar ese caso a través de una amenaza escrita por lo que tuvo que salir del país varios meses.

Indiferencia ante recomendaciones de CNDH

Los abusos cometidos por los militares, incluyendo la práctica de tortura, continúan en aumento, de acuerdo al informe de Tlachinollan. Respecto al estado de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) difundió haber recibido 415 quejas y de éstas sólo 5 han concluido en recomendaciones, se denuncia.

En el informe de Tlachinollan también se da cuenta de la ratificación de la Procuraduría General de la República (PGR) con supuesta base en el Protocolo de Estambul, publicitado como la herramienta pericial para investigación de la tortura, en la que la misma autoridad reconoció que sus peritos han aplicado en 302 ocasiones el dictamen médico psicológico, especializado para casos de posible tortura y maltrato, y han encontrando en 128 casos lesiones posiblemente derivadas de tortura.

También se ha informado que no existe una sola sentencia condenatoria en contra de algún funcionario o miembro de seguridad estatal ni federal por el delito de tortura.

SEDENA, principal torturador

El Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan obtuvo información a través del IFAI, respecto a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), y reveló que se iniciaron 142 averiguaciones previas por el delito de “violencia contra las personas causando tortura” y 821 averiguaciones previas por el delito de “violencia contra las personas causando lesiones” contra órganos militares, del 2002 a la fecha.

Sin embargo, a pesar del alto número de averiguaciones previas iniciadas, explican los miembros de la organización no gubernamental de La Montaña, “sólo seis expedientes fueron consignados ante los juzgados penales por el delito de tortura, y en ninguno de estos casos hubo sanción penal para los responsables”.

Los derechohumanistas de Tlachinollan explican que “el hecho de que el delito de la tortura esté legislado en una norma secundaria que además está vinculada a la creación un organismo público autónomo y no en el Código Penal del Estado, contribuye a que los actos de tortura que se perpetran en Guerrero no sean investigados ni sancionados de forma adecuada”.

La organización internacional Human Rights Watch, por su parte, constató que no se ha iniciado ninguna investigación por los últimos seis años, a pesar de que el Ombudsman estatal recibió 52 denuncias de tortura, 41 de tratos crueles e inhumanos y degradantes y 275 denuncias por lesiones físicas contra las fuerzas de seguridad. “Ello repercute en la impunidad, porque no ha sido ninguna averiguación previa por el delito de tortura en el estado de Guerrero ni tampoco ha sido dictada una sola sentencia condenatoria por el delito de tortura en la entidad”, sostuvieron.

La tipificación de la tortura en Guerrero se encuentra prevista en la Ley que crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM) y establece el Procedimiento en Materia de Desaparición Involuntaria de Personas.

La foto de Bonfilio Rubio ejecutado por militares a los 29 años de edad Foto: familiares

La ejecución de Bonfilio Rubio Villegas

La revisión sobre la gravedad de estas violaciones de derechos humanos también se realizó a nivel federal. Aquí se destacó el caso de Bonfilio Rubio Villegas, originario náhuatl de La Montaña de Guerrero, quien fue ejecutado por militares el 20 de junio de 2009. Las organizaciones participantes en la revisión del caso lo señalaron como “otro de los pendientes del Estado mexicano que se encuentra en el acotamiento al fuero militar” por lo que ha sido llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Hasta ahora -se explicó- si bien no se han logrado los fallos necesarios para generar jurisprudencia de la SCJN, en las discusiones se han establecido principios relevantes en relación a la restricción de la jurisdicción militar.”

El caso de Villegas se puso de ejemplo para su estudio, porque en agosto de 2012, el pleno de la SCJN declaró por una votación mayoritaria de 8 en el amparo en revisión 133/2012, promovido por los familiares de la víctima, la inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, a la luz del artículo 13 constitucional, y 2o y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Para la organización Tlachinollan, el estado mexicano no se encuentra en condiciones de informar objetivamente que se ha reformado el Código de Justicia Militar para garantizar que ningún caso de tortura o tratos crueles, inhumanos y/o degradantes sean investigados o juzgados en instancias castrenses. Enfatiza que “es muy grave el incumplimiento del estado a sus obligaciones internacionales asumidas en diversos tratados internacionales de derechos humanos y derivadas de cuatro sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, se concluyó.

 

Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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