Connect with us

Con voz propia

Tlatlaya: un año de encubrimiento e impunidad

La ejecución extrajudicial por militares a 22 personas en Tlatlaya, Edo. de México, aún en impunidad, revela grave problema en que se ha convertido ejército

Avatar

Published

on

Caso Tlatlaya, ejecución extrajudicial. Foto: red

Caso Tlatlaya, ejecución extrajudicial. Foto: red

Ricardo V. Santes Álvarez

Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario.

(Disposición VII, girada por la Comandancia de Batallón, de San Miguel Ixtapa, Edo. de México, al Teniente de Infantería, Ezequiel Rodríguez Martínez, comandante de operaciones en el Mpio. de Tlatlaya, el 14 de junio de 2014. En: Centro Prodh, 2015: 20-21).

El jueves 2 de julio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh) dio a conocer su informeTlatlaya a un año: La orden fue abatir, el cual relata lo acontecido en el municipio del mismo nombre el 30 de junio de 2014, cuando se registró la muerte de 22 personas. En el documento se revelan disposiciones que debían acatar los militares de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario, en esa demarcación.

Como se recordará, la información oficial, respaldada por el gobierno estatal y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la sazón presidida por Raúl Plascencia Villanueva, fue que en el sitio y la fecha aludidos se registró “un enfrentamiento” entre el ejército y una banda de peligrosos delincuentes. Se recoge en fuentes que el gobernador Eruviel Ávila Villegas lo ilustró así: “El Ejército en su legítima defensa abatió a los delincuentes […] finalmente podemos ver que el Ejército Mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas y el gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece al acción decidida y contundente del día de ayer”.

El paso del tiempo, y la búsqueda incansable de la realidad de los hechos, por parte de instancias independientes, como los periodistas de Associated Press y la revista Esquire, pusieron en la mesa una versión totalmente distinta a la oficial: en una bodega del lugar, el ejército ejecutó civiles. El informe Tlatlaya a un año, nutre con evidencias contundentes el decepcionante desempeño de una institución que antaño se preciaba de ser una de las que mayor confianza inspiraban en los mexicanos. Maureen Meyer, coordinadora del Programa de México de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, afirmó que el mensaje estaba suficientemente claro: “los soldados recibieron la orden de abatir, o matar, a los presuntos delincuentes, con total desprecio por sus derechos humanos y el debido proceso”.

El informe del Centro Prodh confirma las ejecuciones, ilegales sin atisbo de duda, pero sobre todo, pone en evidencia una política de Estado peligrosa, repugnante, y fuera de toda racionalidad para un país que se precie de democrático: el encubrimiento mutuo y la impunidad garantizada al interior de la elite del poder, que le brinda la posibilidad de deshacerse de seres humanos sin ningún miramiento. Hoy, el poder militar se preocupa más por las prebendas, los jugosos salarios (que, por cierto, no se nota que lleguen hasta la tropa) y el acuerdo mutuo con los detentadores de los poderes político y económico, que por resguardar, al menos, la soberanía nacional.

La respuesta al informe del Centro Prodh por parte de la Secretaría de Gobernación, vía Roberto Campa Cifrián, subsecretario de derechos humanos, fue que, para el Gobierno Federal la palabra ‘abatir’ no significa privar de la vida: “Abatir tiene muchas acepciones, pero ninguna es privar de la vida”, dijo. La opción del gobierno fue incursionar en el terreno de la semántica para matizar (enredar más bien) el significado del verbo. En efecto, el diccionario de la Real Academia Española (RAE) tiene un mínimo de diez acepciones del término, pero solamente el gobierno opta por necear que, en el listado de órdenes recibidas por un miembro del ejército, significa algo distinto a lo rigurosamente mortal. Todos en el gobierno, incluido el señor Campa, entienden bien que “operar en la noche en forma masiva […] a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad” es mucho más que “derribar, derrocar, o echar por tierra”, según la primera acepción de la palabra en el diccionario de la RAE. Pero el encubrimiento no tiene límites.

Si alguien mantiene la duda, recurramos a un glosario de actualidad y mayor propiedad, por ser aplicable al pie de la letra al contexto mexicano. Me refiero al ejercicio discursivo, de unos años a la fecha, del hoy comandante supremo de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto:

El gobernador […] Enrique Peña Nieto, consideró que elevar las penas no es suficiente para abatir la delincuencia […] Sobre la propuesta del presidente Felipe Calderón de restablecer la cadena perpetua, el mandatario mexiquense dijo que “es buena, pero no es suficiente…” [ …] [“S]e pueden imponer penas de muerte, cadenas perpetuas o muchos años de prisión, pero lo importante es que se apliquen las condenas cualquiera que sean”.

(Notimex | El Universal, 7 de agosto de 2008)

Haré un compromiso con […] abatir la delincuencia de un modo eficaz; el combate a la delincuencia y al crimen organizado no es tarea de un partido político, sino de todo el Estado mexicano.

(Enrique Peña Nieto, Candidato presidencial, 15 de enero de 2012, La Prensa.mx)

El candidato de la Coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto aseguró que de obtener la presidencia de la República emprenderá una nueva estrategia para abatir a la delincuencia organizada, tomando como ejemplo la experiencia de otras latitudes.

(Excélsior, 14 de junio de 2012)

[“Las áreas de seguridad] se han venido equipando y seguiremos también ampliando las inversiones para un mayor equipamiento en el uso de la tecnología, para actuar con inteligencia, con precisión, tiros certeros y que no estemos trabajando sin brújula…” […] “La visión es muy clara: no riñe el que el esfuerzo esté enfocado a reducir violencia con el combate a la criminalidad, a las bandas del crimen organizado […] el Estado está obligado y en esa tarea seguiremos, a combatirlos y abatirlos”.

(Juan S. Solís, Noticieros Televisa, 16 de julio de 2013; Alejandro Páez en SLP, Crónica.com.mx, 17 de julio de 2013)

De cara a los trágicos sucesos de junio de 2014, parece que a la institución castrense le queda perfectamente claro a qué se refiere su comandante supremo al utilizar el término abatir.

Cuando los presuntos delincuentes no sólo son privados de un juicio justo, sino de la vida misma, sin que las fuerzas del Estado se detengan a considerar que ellas son las primeras obligadas a respetar la Ley, es indiscutible que las instituciones que hemos construido están en grave riesgo. Su peor degradación se revela en los eventos de sangre que han marcado esta administración. Si como dijo Peña Nieto en 2012, el combate a la delincuencia y al crimen organizado es tarea del Estado, éste tiene que asumir la responsabilidad, y presentar y enjuiciar conforme a derecho, a los asesinos que alberga en el ejército y en las policías, a quienes permite patrullar las calles para “salvaguardar la integridad de los ciudadanos” (… sí, cómo no).

El caso es que, a estas alturas, los socios de Washington ya están preocupados por las graves violaciones a los derechos humanos en México. Tal vez a ellos si se les tome en cuenta.

http://www.ricardosantes.com
@RicSantes

 

Con voz propia

Funcionario mexicano ocupa oficinas para hacer “Fiesta COVID”

Avatar

Published

on

En un video compartido por esta redacción, se aprecia cómo el secretario de Cultura de Hidalgo (Méx), José Olaf Hernández Sánchez, usa las oficinas gubernamentales para realizar convivios e incluso causar destrozos junto con sus acompañantes, mismos que posteriormente fueron pagados con dinero del erario

Por Emmanuel Ameth

Mobiliario de las oficinas de José Olaf Hernández Sánchez, secretario de Cultura en Hidalgo (Méx), resultó dañado luego de que al funcionario en compañía de sus subalternos, ocupara el espacio público para realizar un “convivio” durante la pandemia causada por COVID el pasado 30 de octubre (2020), cuando Hidalgo estaba en riesgo de regresar al semáforo epidemiológico rojo.

Cabe señalar que en la actual administración del gobernador Omar Fayad Meneses al menos una funcionaria que se desempeñaba como subsecretaria de Salud perdió su empleo luego de que difundiera un video donde usaba las instalaciones oficiales para celebrar su cumpleaños, obligando a otros burócratas a participar.

En el video se aprecia a 6 individuos acompañando a Olaf Hernández, quien a sus espaldas tiene enmarcado el retrato de Omar Fayad Meneses como en toda dependencia gubernamental.

Entre los asistentes se encontraban A. G. M., asistente del secretario que también es encargada de organizar eventos; R. O. L., encargada de prensa así como D. R., auxiliar también en el área de prensa.

Aparecen también el secretario Olaf Hernández, Goretti y O. E. C., identificado como su particular. Todos ellos estaban en las oficinas de la cultura ubicadas en El Ferrocarril (Pachuca).

Como saldo del convivio, al menos una mesa resultó rota, misma que posteriormente fue arreglada con presupuesto del erario.

Otros señalamientos

En 2018 este medio documentó desvíos con motivo de la supuesta compra de 300 Instrumentos musicales así como la financiación de 450 Actividades culturales, para lo que la Secretaría de Cultura del Gobierno de Hidalgo presupuestó un total de 77 millones 962 mil 500 pesos según el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública (PAAASOP); sin embargo en el Centro Cultural de las Artes de Hidalgo, los trabajadores allí presentes negaron tales adquisiciones pese a estar presupuestadas según la Función Pública.

Un año después, este medio documentó el asunto de la “Compañía de Teatro del Estado de Hidalgo: timo, fracasos y corruptelas de Olaf Hernández”, dado que lo que se vendió a los actores como uno de los proyectos de mayor envergadura para la entidad, terminó en engaños, penar, desvíos y abandono por parte del funcionario.

Días después, alrededor de 200 artistas hidalguenses pidieron mediante una carta al gobernador Omar Fayad Meneses la renuncia del secretario Olaf Hernández Sánchez “ante los múltiples señalamientos de funcionamiento irregular por parte del organismo que dirige y pone en riesgo el desarrollo de la política cultural del Estado”.

Continue Reading

Arteleaks

El Estado español encarcela al rapero Pablo Hasél por críticas al sistema

Alberto Farfán

Published

on

Por Alberto Farfán

El español Pablo Rivadulla Duró (1988), conocido en el ambiente musical como Pablo Hasél, es un rapero de izquierda que se asume antifascista y ha adoptado el compromiso con sus composiciones en video y mensajes a través de la red social Twitter en denunciar y poner en tela de juicio a los poderes monárquicos, políticos, jurídicos y policiacos de su país.

Y debido a 64 tuits (de 2014 a 2016) y una canción (publicada en YouTube), en donde pone de manifiesto su rechazo a los excesos del poder, ha sido sentenciado a prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado, por lo que deberá someterse a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y al pago de casi 30,000 euros de multa (es decir, más de 700 mil pesos mexicanos).

Por ello, más de 200 personalidades del cine, la televisión, el teatro y la música, entre ellos Joan Manuel Serrat, Javier Bardem y Pedro Almodóvar, emitieron un manifiesto en favor de Hasél, rechazando de manera tajante su reclusión en prisión y planteando la solicitud de eliminar del Código Penal ese tipo de delitos, “que no hacen sino cercenar el derecho, no sólo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística”, tal y como sucede en países como Turquía o Marruecos

Pero van más allá los firmantes al argumentar lo evidente bajo un Estado autoritario:  “el encarcelamiento de Pablo Hasél hace que la espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de todos los personajes públicos que osemos criticar públicamente la actuación de alguna de las instituciones del Estado se haga aún más evidente. Es necesario que se difunda esta situación a nivel internacional, para poner de relieve en qué situación nos encontramos. Somos conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente”.

Más aún, la organización Amnistía Internacional se ha pronunciado en el sentido de que el encarcelamiento de Hasél por sus expresiones artísticas es una injusticia, y hace un enérgico llamado al Estado español para que realice una reforma al Código Penal con respecto a ciertos artículos que vulneran el derecho a la libertad de expresión.

“Nadie debería ser procesado penalmente sólo por expresarse en redes sociales o por cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso. No se pueden penalizar expresiones que no incitan de manera clara y directa a la violencia. Si no se modifican estos artículos se seguirá silenciando la libertad de expresión y coartando las manifestaciones artísticas”, subraya Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Incluso en favor del cantante y también poeta se expresó asimismo la diputada del Parlamento Europeo para Dublín, Clare Daly: “Mañana, el rapero catalán Pablo Hasél irá a la cárcel por sus letras. ¿Dónde está el llamado a sancionar a España?” Todo lo cual en el marco de la discusión por amonestar a Rusia debido al arresto de un disidente de ese país, en donde Daly evidencia la hipocresía de los congresistas de ser rígidos contra Rusia pero blandos con países como España o Estados Unidos al violar los derechos humanos de sus ciudadanos.

En definitiva, Pablo Hasél no es más que una víctima del autoritarismo de Estado que rige en España, en donde los excesos del poder son públicos y evidentes, basta revisar algunos medios de comunicación para corroborarlo. Él no miente, sólo dice la verdad de manera visceral.

Y este martes, 16 de febrero, ha sido consumada la ignominia. Ha sido aprehendido por los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana) en la Universidad de Lleida, en donde se resguardó acompañado de un centenar de simpatizantes, quienes fueron dispersados con gases.

 

Continue Reading

Con voz propia

En Materia de Justicia, en México, estamos en la Edad Media

Ramses Ancira

Published

on

Historias para armar la Historia

Ramsés Ancira

A pesar de todas las dificultades, el gobierno de López Obrador está haciendo lo que puede y donde puede para conseguir vacunas para atender el problema del COVID, pero hay otro gran tema en el que no se ha avanzado un ápice en la administración de Olga Sánchez Cordero, éste es el de la corrupción en los reclusorios federales y locales de todo el país, algunos de los cuales, tal y como sucede en Estados Unidos han sido concesionados a particulares.

Y mencionamos a la carismática, aunque despistada Secretaria de Gobernación, porque como ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ella sabe que como responsable de la seguridad interna, de lo que pase en los centros de detención del país, ella es la última responsable. En el libro Reportero Encubierto, que me valió el premio Bellas Artes de Literatura testimonial, escribía en 2016, que las cárceles en México se parecen a las encomiendas que se daban en La Nueva España a los conquistadores. Estos hacían una especie de redadas, se apoderaban de los indios y los obligaban a trabajar para ellos, muchas veces de por vida, sobre todo si los llevaban a las minas, donde vivían muy poco tiempo, por eso iniciaron con la trata de esclavos africanos.

Sólo por poner un ejemplo de lo que ocurre en todo el país, vamos a citar el Centro Federal de Reclusión Social de Buena Vista, Tomatlán, en Michoacán. Aunque lo dirige un militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, los dueños de la prisión le cobran al gobierno más de 5 mil pesos al día por cada interno.

A este precio, el gobierno se ahorraría varios cientos de millones de pesos, si en lugar de tener a los presos en la cárcel los mantuviera retenidos en un hotel de cinco estrellas; pero ése no es el punto. El tema es que no es suficiente, además los reclusos tienen que pagar una renta de mil 500 pesos mensuales para poder adquirir en la tienda, galletas, café, agua potable, jabón o pasta de dientes. No es opcional, porque el director de la prisión les cierra las llaves para que no puedan tomar agua y obligarlos a comprarla embotellada.

Algunos de los detenidos ya han obtenido el beneficio de la libertad anticipada por buen comportamiento o por haber cumplido la mayor parte de su sentencia, sin embargo no la obtienen porque cada uno de ellos que salga en libertad, conforme a derecho, representa una pérdida económica de por lo menos 150 mil pesos mensuales para la empresa PRODEMEX, que tiene el negocio y para los custodios que extorsionan a los familiares, no solo con la renta mensual, sino con los materiales que tienen que comprarles para que puedan trabajar dentro de la prisión.

No todos los presos, por supuesto, son personas de bajo nivel adquisitivo. Hay otros casos muy mediáticos como George Khoury Layón, víctimas de Isabel Miranda, a quien además el mismo director del CEFEESO le intentó extorsionar con 500 mil pesos para “protección” y dejar de ser acosado y golpeado en prisión.

Este personaje es de especial mención porque la Organización de las Naciones Unidas recomendó al Estado Mexicano su liberación en el año 2017. La propia Secretaría de Gobernación, ya durante la administración de López Obrador le dio calidad de preso político en reconocimiento a su inocencia, el 1 de noviembre de 2019, con el oficio número UASJ/MJ/094/2019.

Sin embargo, Khoury Layón no ha obtenido el dinero necesario para que se cumpla la decisión que le otorga la libertad.

Según la versión de Khoury, la periodista Anabel Hernández, autora del libro Los señores del Narco, se entrevistó con él, le pidió disculpas por las calumnias, y le dijo que la jueza Hermelinda Silva Meléndez había recibido instrucciones del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera para sentenciarlo por el homicidio de Hugo Alberto Wallace. Este crimen no fue probado, existen todas las evidencias de violación al debido proceso, entre las cuales figura: el hecho de que se hayan expedido dos actas de defunción para la misma persona; un peritaje que asegura que la víctima fue asfixiada, aunque nunca se encontró el cadáver, una gota de sangre misteriosamente encontrada meses después del supuesto crimen, cuando se sabe que por más que se lave con cloro o lejía una escena del crimen, los peritos disponen de químicos que pueden revelar presencia hemática, sobre todo cuando se trata de litros de sangre como debe ocurrir cuando un cuerpo es descuartizado.

A esto se agrega que la gota de sangre tenía el ADN, la huella genética, de Isabel Miranda Torres y Enrique Wallace Díaz, que no era padre biológico de la supuesta víctima, por lo tanto, no tenía ninguna razón para portar ese Ácido Desoxirribonucleico, que es la molécula que identifica entre sí todos los seres vivos, e incluso a algunos virus como el que provoca el COVID-19. Ésa es la razón de que casi todas las vacunas que se han producido hasta ahora para atacar la pandemia tengan como objetivo evitar la replicación de ese virus en particular.

Para colmo, el ADN de la gota de sangre encontrada era de mujer. Para dar una idea al lector de la enorme diferencia que hace el Acido Desoxirribonucleico, femenino o masculino, o de una y otra persona, es como si quisieran prevenir el coronavirus, aplicando vacunas contra la polio, la viruela o el tétanos.

Sin embargo, Khoury era propietario de negocios. Ha recabado 70 testimonios de otros tantos presos del CEFERESO de Michoacán, que atestiguan las extorsiones que ha sufrido para que lo dejen usar tenis que permitan la transpiración o para no ser golpeado por otros presos. Para los demás, culpables inventados o reales, pero que ya cumplieron su sentencia o los requisitos para obtener su libertad, las condiciones son mucho peores.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, literalmente sirve, como dice el refrán mexicano, “para lo que se le unta al queso”, es decir, para nada. Cuando se le concedió el beneficio de la libertad, a uno de los detenidos, cuyo nombre nos reservamos para evitarle represalias, sus familiares acudieron a esta. De ahí los enviaron a la Comisión del Estado de México, debido a que ahí se encuentra el juzgado, aquí declinaron y les dijeron que acudieran a la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, porque ahí estaba el prisionero y de ahí los enviaron de vuelta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque se trata de un asunto federal. En la CNDH la titular también tiene el mismo valor que un florero porque la señora Rosario Piedra Ibarra no tiene idea de cómo trabajar.

Prueba de ello es que hace unas semanas convocó a un concurso que hubiera significado mucho si se hubiera tratado de exponer videos sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en México, pero en lugar de eso se pedía a los participantes que presentaran guiones que hablaran bien de la CNDH, y solo si era así les darían 20 mil pesos para producir los cortometrajes, pero además con la vigilancia de un censor de la propia Comisión.

Si la ciencia y el arte tienen un valor tan pobre en la 4T. Si las leyes que emitió el Estado para conceder la libertad a presos políticos y personas que ya cumplieron con los requisitos, no son respetadas por el poder judicial, y el gobierno hace caso omiso. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de injusticia en México? ¿Cuándo va a haber 4ta transformación en materia de Derechos Humanos?

Continue Reading

Trending