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Justicia pendiente

Tlatelolco: Expresidente señalado por masacre, en el olvido

La masacre de Tlatelolco que México recuerda con la consigna “2 de octubre no se olvida” no ha podido juzgar al expresidente Luis Echeverría Alvarez

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Expresidente Luis Echeverría Alvarez, impune Foto: archivo red

“Hay concenso sobre que el primer responsable de la matanza de Tlatelolco fue Luis Echeverría Alvarez”

Rescatamos del mundo de la red esta entrevista a la escritora mexicana Elena Poniatowska publicada por la primera revista electrónica de reflexión y análisis de Uruguay “La Onda Digital”, a propósito de la matanza de Tlatelolco.

Por Adriana Herrera

Hubo una noche en México en que soldados del ejército ataviados con un guante blanco masacraron a centenares de estudiantes, mujeres, niños y jóvenes desarmados, disparándoles por la espalda, mientras corrían despavoridos, intentando romper el cerco militar que repetía en Tlatelolco la “Noche Triste” de los aztecas. A la mañana siguiente, la plaza amaneció barrida y la televisión daba el reporte del tiempo. Pero eran demasiados los cadáveres en los anfiteatros, las víctimas o testigos, los detenidos torturados, para que la negación fuera posible.

Oriana Fallaci estaba allí ese 2 de octubre de 1968 y escribió, furiosa, apenas se recuperó de las heridas de bala que recibió, el último capítulo de Nada y así sea, sobre la guerra de Vietnam, diciendo que lo que había pasado en la Plaza de las Tres Culturas, era peor que el bombardeo vietnamés más horrible, porque allí no había dónde correr a guarecerse.

Años después, ante la evidencia, el gobierno del presidente Luis Echeverría Alvarez (1971-1976), decidió apoyar el ofrecimiento del prestigioso premio Xavier Villaurrutia a la periodista mexicana Elena Poniatowska, por su libro de denuncia La noche de Tlatelolco, en el que se documentaba el horror de la matanza. Premiar la obra era una manera endiabladamente inteligente de modificar la imagen de lo que había sucedido en el período anterior, cuando él era secretario de Gobernación. “Así asumía los testimonios como si fueran una tragedia compartida en la que no había culpables ni responsables”, explica ella. Fue entonces cuando, en una carta pública -que apareció “mutilada” en El Excélsior- Elena rechazó la nominación con una pregunta clara: “¿Quién premiará a los muertos?”.

No era, como no lo son muchos de sus libros, una obra que pudiera ser festejada. (Claro que Poniatowska ha obtenido incontables premios nacionales e internacionales de periodismo y literatura, y sobre su propia vida se han hecho varias biografías y montañas de artículos). “La noche de Tlatelolco es sólo una denuncia, una acusación que recae directamente sobre el gobierno de Díaz Ordaz y sobre quienes propiciaron la matanza”, puntualiza.

Para escribirla, Elena, la descendiente de Estanislao Augusto Poniatowski, el último monarca de Polonia; la hija de Paulette Amor, una mexicana con el arrojo de la azteca que parió a Huitzilopotchli -manejaba una ambulancia en la Segunda Guerra sacando heridos de los campos de batalla-; la muchacha sonriente de ojos azules que creció en una inmensa casa de la Rue Bretón de París y estudió interna en Filadelfia en colegios privados; que bailaba en las galas del Jockey Club de Ciudad de México donde era famosa su belleza y la de las mujeres de su familia, y que departía con los intelectuales más importantes de la época -Octavio Paz, Carlos Fuentes, Álvaro Mutis y Luis Buñuel se inclinaban ante su inteligencia- pasó todos los domingos del año que siguió a la masacre, con los detenidos en la cárcel de Lecumberri.

Para entrar en la tenebrosa prisión se sujetó a la incomodidad de la revisión, a los reglamentos del vestido y se cambió de nombre en la mayoría de las ocasiones, apuntándose en distintas listas de presos para no llamar la atención por sus visitas constantes. Como no podía llevar pluma ni papel, salía corriendo a su casa para escribir los relatos memorizados. Luego, ella, que estaba amamantando a su segundo hijo por esos días, se iba a encontrar con las madres de los muchachos muertos y les preguntaba con la urgencia de salvar la memoria. Sabía que indagar, “horadar en el dolor, es una insolencia”. Pero también sabía que no podía dejar en el olvido lo que estaban sucediendo en su país. Y mientras Octavio Paz renunciaba a su cargo de embajador en la India en un acto de protesta por esa noche triste, ella escribía, sin parar, sin escuchar la sordina del miedo. Sin oír las advertencias de quienes abusan del poder. La verdad, nunca lo ha hecho.

Se encogió de hombros cuando la sacaron del Canal 13 por transmitir la historia de una vendedora de tejolotes a la que la policía había pateado salvajemente -estuvo proscrita de Televisa durante años-; y, como escribió de ella Guadalupe Loaeza, este marzo, cuando cumplió 70 años, alguna vez le pusieron un carro con policías frente a su casa para vigilar sus movimientos y les fue a ofrecer un café. No le importó la noche que le hicieron pasar en la cárcel de Temixco porque indagaba sobre el robo de las tierras campesinas que hacía el gobernador en la zona para crear un condominio, e igual lo denunció en su libro Fuerte es el Silencio. Y, cuando a raíz de Tlatelolco y de sus textos sobre los desaparecidos políticos comenzó a recibir llamadas nocturnas donde la llenaban de improperios -“P…, hija de la chingada, vas a ver lo que te va a pasar…”-, tomó una medida extrema: se cambió de recámara, para no oír el teléfono, y no pasar la incomodidad de descolgarlo.

– ¿Cuál es su visión del juicio al ex presidente Echeverría?

– Estamos frente a la decisión de un gobierno que se asustó en un momento en que por primera vez se celebraban los Juegos Olímpicos en un país latinoamericano y corrían rumores de que los estudiantes estaban dispuestos a sabotearlos. Se había gastado mucho para recibir a deportistas y visitantes y las manifestaciones estudiantiles estaban haciendo que se cancelaran las reservas en los hoteles. Echeverría optó por la represión a sangre y fuego que se cumplió de un modo atroz, alucinante. Ahora no quiere dar la cara frente a sus actos. Ésa es la palabra. Está encerrado en el hospital, retraído de todo y no ha hecho su declaración. El presidente Díaz Ordaz no estaba en México cuando el gobierno planeó la masacre, aunque lo supo de forma inmediata.

Echeverría era el secretario de Gobernación en esa época, y aunque Ordaz se atribuyó la responsabilidad, hay un consenso sobre que el primer responsable de la matanza fue Echeverría. No participó, nada más la ordenó. Quien sí participó directamente fue el jefe de la Guardia Presidencial, el general Gutiérrez Oropeza. No creo en la inocencia de Echeverría, y muerto Ordaz, es el único de los responsables que aún vive. Quizás el juicio sea un modo simbólico de impedir que el olvido cubra estos crímenes atroces, un modo de que no queden impunes del todo. Creo que es bueno haber llevado a Echeverría a la Procuraduría para interrogarlo. Ese hecho ya es una ganancia para México; pero no pienso que del juicio vaya a resultar gran cosa más.

– Lo contradictorio es que él se decía amigo de Allende, y de hecho protegió a los estudiantes chilenos exilados tras su asesinato…

– En el PRI, Echeverría era un hombre con tendencias de izquierda y fue cierto que abrió las fronteras de México a los perseguidos políticos de otros países, porque no impugnaban el gobierno mexicano. Pero el 10 de junio de 1971 ordenó la segunda masacre. Fue a raíz de esa guerra sucia que Rosario Ibarra de Piedra, una madre a quien le desaparecen su hijo en 1975 -un año antes de que terminara su presidencia Echeverría- funda un comité con las madres de 502 desaparecidos. Y la ironía es que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o las Naciones Unidas se resistían a creer que en México hubiera persecución política, que se llegara a extremos como la desaparición; decían “esas cosas no pasan en México”, justo porque el gobierno recibía a los exilados del continente.

Fuente: La Onda Digital /Uruguay 

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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