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Justicia pendiente

Testimonios de migrantes ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

Testimonios y denuncias son presentadas por habitantes de La Montaña Guerrero ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

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Hermelinda, mujer de una comunidad de Metlatónoc, narra que su madre fue atropellada mientras se dirigía a trabajar a un campo agrícola del norte del país y no fue ayudada. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Catarino y Francisca, ñuu savi de Cascada del Zorro en Cochoapa el Grande relataron en su lengua indígena apoyándose para la traducción en intérpretes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, la situación de miseria y discriminación que viven en su comunidad.

Ellos emigraron, igual que el 26% de los habitantes de La Montaña para buscar trabajo y poder mantener a sus familias. Al regresar, después de varios meses, el maestro de la escuela del pueblo se negó aceptar a sus hijos como alumnos.

Catarino recordó que sufrió en el campo agrícola porque el trabajo era muy pesado, Francisca detalló que su hija se enfermó porque en el campo se tenía que levantar a las tres de la madrugada, los niños no comían a sus horas y les pagaban muy poquito además de que el patrón los criticaba y discriminaba a sus hijos y a los de otros trabajadores, “les hacía feo” por lo que mejor regresaron a su comunidad aunque no haya trabajo y poca comida.

Pero, al regresar e intentar que sus cinco hijos ingresaran a la escuela, el único maestro que cubre la educación primaria en el pueblo no aceptó a los niños y le echó en cara a los padres que ellos tenían la culpa por haber migrado y no haber inscribirlos en la escuela a tiempo. Su caso no es el único. Hasta el momento sólo uno de los menores de esta familia logró entrar como “oyente” a la escuela.

Este testimonio es parte de la serie de denuncias de jornaleras y jornaleros agrícolas que se presentaron este martes en una pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) entre los que se encuentran relatos que dan cuenta de maltratos, discriminación, y explotación económica en contra de migrantes indígenas.

Las denuncias fueron presentadas ante un grupo de especialistas integrado por Sergio Sarmiento, Beatriz Canabal Cristiani y Antonieta Barrán, investigadoras y especialistas en temas de La Montaña y jornaleros agrícolas. También estuvo en la mesa Camilo Pérez Bustillo, representante del Eje de Migración del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México, Juan Molina, misionero del Espíritu Santo y Abel Barrera director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña y parte del Consejo de Garantes del proceso del TPP en México.

El acto se realizó en la Casa Católica luego de que la Unidad de Servicios Integrales USI de Tlapa destinada a jornaleros y donde se efectuaría la pre audiencia, estaba ocupada por adherentes del programa 70 al ser requeridos por el programa en esas instalaciones propiedad del gobierno federal.

Testimonios de jornaleros y jornaleros agrícolas de La Montaña de Guerrero. Foto: Sergio Ferrer

Otro testimonio rendido, es el de Cristina y Eugenio habitantes na savi de Totohuehuetlán en Copanatoyac, cuyo hijo lleva más de un año encarcelado al ser inculpado de la muerte de otros jornaleros en un incendio en el lugar de hacinamiento de un campo agrícola en Sonora pudiendo tener una condena de hasta 20 años de prisión.

La pareja señaló que reclaman sus derechos a las autoridades y a los jueces que recogieron el testimonio les contaron que su hijo fue acusado de provocar un incendio en el campo agrícola al que fueron a trabajar y no han sabido cual ha sido la situación de su hijo, que tiene un defensor de oficio, al no tener dinero para acudir a Hermosillo donde está preso.

Aunque dijeron confiar en las autoridades, acudieron al Centro de Derechos Humanos de La Montaña para recibir orientación en buscar de resolver el problema de su hijo Francisco Peláez Cantú; quieren justicia.

Los cuartos que se quemaron estaban construidos con cartón y lámina no metálica y era el lugar destinado como dormitorio para los jornaleros. Entre las declaraciones sobre los hechos, hubo quien sostuvo que fueron jornaleros locales quienes quemaron las construcciones. Otros jornaleros se negaron a testificar por temor ante la incertidumbre de los padres de Francisco que es notoria y contrasta con la firmeza en sus declaraciones al afirmar que las condiciones de vida en los campos agrícolas son injustas.

Pérez Bustillo, encargado del Eje sobre migración, refugio y desplazamiento forzado del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos señaló a jornaleras, jornaleros y estudiantes de la UPN que asistieron a la sesión que en Guerrero, México, América Latina y el mundo hay estructuras que reproducen la injusticia siendo la migración uno de sus productos.

El experto indicó que la migración no es un proceso libremente elegido por quienes emigran, ya que la decisión de irse es producto de una situación de injusticia ante lo que se requiere entender las causas y conocer a sus responsables.

El TPP busca articular los procesos ocurridos en Acteal, la Caravana de Madres de Desaparecidos de Centroamérica, la masacre de San Fernando, la situación de los exbraseros y los migrantes de La Montaña como un problema grave ante la necesidad de organización de los pueblos.

“Es un momento propicio de hacer balances porque los problemas seguirán profundizándose en la coyuntura del cambio de gobierno por lo que es necesario estar preparados en espacios de reflexión”, matizó Pérez Bustillo.

Un genocidio paulatino

En los últimos cinco años, más de 100 mil personas migrantes han sido asesinados, secuestradas, violadas o vulneradas en algún derecho y en su dignidad. Así lo sostuvo el Tribunal de Permanente de los Pueblos que tuvo recientemente dos audiencias en Chiapas, durante el momento culminante de la caravana de Madres y familiares de migrantes desaparecidos que en su camino, demandaron una vida de calidad para evitar emigrar hacia el norte del continente desde países de Centroamérica como Honduras, Guatemala o Nicaragua.

También ha ocurrido en procesos de contrainsurgencia o guerra sucia como el caso de Guerrero donde las políticas estatales han producido migración forzada o desplazamiento forzado.

Ante esto, el TPP busca denunciar el terror de Estado perpetrado por autoridades de los tres niveles además de militares y policiales contra mujeres migrantes que en su tránsito son violentadas. Estos crímenes tienen la mano del Estado, declararon, y también se busca someter a juicio a los responsables.

Además de Guerrero, otros pueblos afectados por la guerra “sucia” son los pueblos indígenas de Los Altos y la selva de Chiapas, en específico los familiares y sobrevivientes de la masacre de Acteal. Los familiares de las víctimas pidieron presentar el caso de la masacre perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en la que murieron 45 personas indígenas desplazados a la fuerza de sus comunidades por políticas de Estado.

“La lucha de la Caravana de Madres y Las Abejas es la misma lucha, responde a las mismas condiciones que produce la injusticia en La Montaña por lo cual el compromiso del TPP es procurar que las denuncias y testimonios lleguen a todo el mundo, que se sepa que hay injusticia en la región en el marco de procesos de migración provocado por la injusticia” afirmó Pérez Bustillo.

Otro caso con el que se quiere conectar estas situaciones es el proceso relacionado con migrantes, específicamente con la masacre de San Fernando ejecutada en Tamaulipas en 2010. Las autoridades mexicanas decían que eran otros los que estaban asesinado que eran Los Zetas o en Acteal fueron los paramilitares para nunca reconocer la incidencia y responsabilidad de autoridades civiles, militares y policiales.

Es por eso que el TPP busca generar un puente en todos esos testimonios de denuncias y casos paraponer a juicio al Estado mexicano en todos los niveles de poder que contribuyen a crear condiciones de injusticia.

El tribunal no es lo mismo que otros tribunales formales del Estado, éste tiene el compromiso de la construcción de otro derecho y otra justicia; justicia alternativa, popular, comunitaria, colectiva y comprometida con las luchas por la liberación de los pueblos y en contra de todas las formas de explotación, opresión y discriminación, aseguró el especialista.

Sergio Sarmiento, profesor investigador, Juan Molina misionero del Espíritu Santo y Camilo Pérez representante del Eje de Migración del Tribunal Permanente de los Pueblos Foto: Sergio Ferrer

Testimonios que las autoridades ignoraron

En el evento hubo más testimonios como el de Celestina, mujer originaria de una comunidad na savi oaxaqueña quien es madre soltera porque su esposo murió por un accidente durante el recorrido en el camión de redilas rumbo al campo agrícola donde trabajaba en el norte del país.

Los empresarios contratistas no apoyaron a la mujer con el traslado del cuerpo de su marido a su lugar de origen, “lo querían quemar allí para no gastar”, explicó la joven en castellano, quien agregó que el camión en el que viajaba, los pasajeros iban muy apretados y apenas si cabían incluso sentados en la parte alta del vehículo.

Hermelinda de la comunidad me´phaa de Francisco I. Madero en Metlatónoc relató las dificultades que sufrió al morir su madre atropellada por uno de los socios del campo agrícola en el que trabaja. Su madre falleció al cruzar una carretera en donde los dejó inadecuadamente el transporte para no pagar 55 pesos en una caseta. Los dueños de los campos no se hicieron responsables del traslado del cuerpo de la madre de Hermelinda y buscó la manera de trasladarla a su tierra. Ella es madre soltera, su esposo la abandonó con hijos de por medio.

Hubo varios casos más entre los que destaca el de Cecilia y su hijo Antonio originarios de Joya Real Cochoapa el Grande, que regresaron un cinco de septiembre de San Quintín, Baja California, porque el empleador los trató mal y les pagaba poco dinero. Ellos y más de cuarenta pasajeros que viajaban en el autobús que rentaron para su regreso, por imprudencia del conductor, sufrieron un accidente al volcarse el vehículo.

Luego del accidente ocurrido en Xochihuehuetlán, elementos de la Policía Federal al parecer negociaron con el chofer para dejarlo libre y posteriormente enviaron a la gente a descansar a Tlapa, quienes al regresar por sus pertenencias al autobús se dieron cuenta que les habían robado su dinero ahorrado en cuatro meses de trabajo de todas las familias mixtecas.

Estos son algunos ejemplos de las situaciones que padecen las y los migrantes de La Montaña de Guerrero; población indígena que se enfrenta condiciones de trabajo inferiores a las señaladas por las normas internacionales.

En base a información investigada por Tlachinollan en México 26 por ciento de la población es migrante.

 

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Amigos y familiares despiden a la periodista Lourdes Maldonado

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Familiares, amigos y periodistas despidieron a la periodista Lourdes Maldonado, quien fue asesinada el domingo pasado por la noche afuera de su vivienda, después de haber denunciado que temía por su vida ante las amenazas del ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

Alrededor de 60 personas acudieron a la funeraria en donde le dieron el último adiós a la comunicadora, y posteriormente enviaron sus restos al panteón Monte de los Olivos, por lo que reconocieron su compromiso profesional como periodista que contribuyó a contar con una sociedad más informada.

En la funeraria se recibieron coronas de flores de Comunicante Mx, Jorge Hank Rhon, la Agencia Fronteriza de Noticias, así como sus familiares más cercanos que la recordaron con afecto.

Lourdes Maldonado fue asesinada el fin de semana pasado en Tijuana, Baja California, apenas una semana después del homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez, quien también fue ultimado afuera de su residencia en la misma ciudad.

Situación por la cual, cientos de periodistas en el país se pronunciaron en contra de las agresiones hacia los comunicadores y protestaron en más de 25 ciudades del país el martes pasado para exigir justicia y que los crímenes no queden en la impunidad, además de que se garanticen las condiciones para el ejercicio de su actividad.

Lourdes Maldonado pidió protección al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa mañanera el 26 de enero de 2019, debido a un juicio que inició en contra del ex gobernador de Baja California, a quien le ganó el procedimiento judicial la semana pasada.

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Comunidad Indígena Otomí denuncia acoso y discriminación de titular del INPI en CDMX

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Por Ignacio García

Los integrantes de la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México denunciaron que el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, ha incurrido en constantes actos de discriminación, criminalización y desprecio contra los indígenas.

Por medio de un comunicado público, la comunidad indígena refirió que se apoderaron de la institución en repudio a los ataques paramilitares contra los zapatistas que el propio titular del INPI traicionó al apoyar la imposición de los proyectos de infraestructura como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y la Refinería de dos Bocas, entre otros.

De acuerdo con la comunidad, el responsable del INPI ha acusado a los indígenas de evitar el ingreso de personal especializado para conocer el acervo histórico indígena, pero aclararon que ninguna persona especializada ha pretendido ingresar y que es propiedad pública de los pueblos originarios.

Denunciaron que Regino Montes de atentar contra el acervo indígena, pues ordenó el corte del suministro de energía eléctrica, por lo que enfatizaron que ha tratado de justificarse en la falta de pago de luz para las instalaciones.

Afirmaron que ha eludido el diálogo con las comunidades indígenas, mientras que ha interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por criminalizar a los grupos originarios que se han movilizado en las instalaciones del INPI.

Asimismo, lo responsabilizaron de cualquier agresión que padezca Diego García, pues lo ha culpado públicamente de la toma de las instalaciones de la institución federal.

Por ello, solicitaron que desista en la denuncia ante la fiscalía capitalina, por lo que convocaron a mesas de diálogo el próximo 4 de febrero y emplazaron al titular del INPI, así como al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y que se aborden diferentes temas como educación, cultura, vivienda, alimentación, entre otros.

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Periodistas en Tijuana exigen investigar a Jaime Bonilla por las denuncias de Lourdes Maldonado

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Por Guadalupe Lizárraga

En Tijuana, unas 300 personas, entre periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanía, fueron parte de la movilización nacional para manifestar su dolor e indignación por el asesinato de sus colegas Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa, en los últimos 15 días, y exigieron que se investigue al exgobernador Jaime Bonilla por las denuncias que ya había hecho Lourdes Maldonado.

Reunidos en el monumento de Las Tijeras, sobre la Avenida de los Héroes, de la Zona Río, en torno a las 4 de la tarde empezaron a llegar los periodistas con pancartas. Una hora después, con el apoyo de la Policía municipal, cerraron la calle para emprender la marcha en silencio hacia la Delegación de la Fiscalía General de la República, donde se turnaron para expresar su indignación. Drones, policías en motocicletas y militares vestidos de civil fueron parte del acompañamiento de la marcha.

Tras el asesinato de Lourdes Maldonado ocurrido el domingo, durante la manifestación se cuestionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya pronunciado en favor del exgobernador Jaime Bonilla, sin mediar la correspondiente indagatoria del Ministerio Público. No se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ninguno juicio, hay que esperar y ver quiénes estaban informados”, dijo el lunes, el mandatario.

Sin embargo, en reacción, los periodistas exigieron justicia, y que se debía investigar a Jaime Bonilla porque fue el que la puso en riesgo, con una disputa laboral de nueve años, y amenazas de muerte de por medio, denunciadas por la misma periodista Lourdes Maldonado en conferencia del presidente el 26 de marzo de 2019.

Maldonado le dijo en ese momento: “vengo para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida. Lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su súper coordinador de delegaciones y su candidato, su próximo candidato a la gubernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla, por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo”. Y tras ganar la demanda laboral, reveló en video que Bonilla no pagaba ningún impuesto ni nómina a sus trabajadores, que les pagaba en efectivo en “sobrecitos”.

Los periodistas, a lo largo y ancho del país, gritaron consignas de “¡Justicia! ¡No al silencio! ¡Somos prensa, no disparen! ¡Sin periodismo no hay democracia!” y que debían ser atendidos por las autoridades federales y estatales para que esta labor fundamental para la sociedad cuente con las garantías de la libertad de expresión y el acceso a la información, en vez de que sea el Estado mismo el que azuza a atacar a comunicadores o encubre a los atacantes.

Manifestación de periodistas en Tijuana, Baja California. Foto: GL/Los Ángeles Press

 

Entre las manifestaciones piden prisión preventiva a Jaime Bonilla: Foto: GL/Los Ángeles Press

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