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Justicia pendiente

Testimonios de migrantes ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

Testimonios y denuncias son presentadas por habitantes de La Montaña Guerrero ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

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Hermelinda, mujer de una comunidad de Metlatónoc, narra que su madre fue atropellada mientras se dirigía a trabajar a un campo agrícola del norte del país y no fue ayudada. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Catarino y Francisca, ñuu savi de Cascada del Zorro en Cochoapa el Grande relataron en su lengua indígena apoyándose para la traducción en intérpretes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, la situación de miseria y discriminación que viven en su comunidad.

Ellos emigraron, igual que el 26% de los habitantes de La Montaña para buscar trabajo y poder mantener a sus familias. Al regresar, después de varios meses, el maestro de la escuela del pueblo se negó aceptar a sus hijos como alumnos.

Catarino recordó que sufrió en el campo agrícola porque el trabajo era muy pesado, Francisca detalló que su hija se enfermó porque en el campo se tenía que levantar a las tres de la madrugada, los niños no comían a sus horas y les pagaban muy poquito además de que el patrón los criticaba y discriminaba a sus hijos y a los de otros trabajadores, “les hacía feo” por lo que mejor regresaron a su comunidad aunque no haya trabajo y poca comida.

Pero, al regresar e intentar que sus cinco hijos ingresaran a la escuela, el único maestro que cubre la educación primaria en el pueblo no aceptó a los niños y le echó en cara a los padres que ellos tenían la culpa por haber migrado y no haber inscribirlos en la escuela a tiempo. Su caso no es el único. Hasta el momento sólo uno de los menores de esta familia logró entrar como “oyente” a la escuela.

Este testimonio es parte de la serie de denuncias de jornaleras y jornaleros agrícolas que se presentaron este martes en una pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) entre los que se encuentran relatos que dan cuenta de maltratos, discriminación, y explotación económica en contra de migrantes indígenas.

Las denuncias fueron presentadas ante un grupo de especialistas integrado por Sergio Sarmiento, Beatriz Canabal Cristiani y Antonieta Barrán, investigadoras y especialistas en temas de La Montaña y jornaleros agrícolas. También estuvo en la mesa Camilo Pérez Bustillo, representante del Eje de Migración del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México, Juan Molina, misionero del Espíritu Santo y Abel Barrera director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña y parte del Consejo de Garantes del proceso del TPP en México.

El acto se realizó en la Casa Católica luego de que la Unidad de Servicios Integrales USI de Tlapa destinada a jornaleros y donde se efectuaría la pre audiencia, estaba ocupada por adherentes del programa 70 al ser requeridos por el programa en esas instalaciones propiedad del gobierno federal.

Testimonios de jornaleros y jornaleros agrícolas de La Montaña de Guerrero. Foto: Sergio Ferrer

Otro testimonio rendido, es el de Cristina y Eugenio habitantes na savi de Totohuehuetlán en Copanatoyac, cuyo hijo lleva más de un año encarcelado al ser inculpado de la muerte de otros jornaleros en un incendio en el lugar de hacinamiento de un campo agrícola en Sonora pudiendo tener una condena de hasta 20 años de prisión.

La pareja señaló que reclaman sus derechos a las autoridades y a los jueces que recogieron el testimonio les contaron que su hijo fue acusado de provocar un incendio en el campo agrícola al que fueron a trabajar y no han sabido cual ha sido la situación de su hijo, que tiene un defensor de oficio, al no tener dinero para acudir a Hermosillo donde está preso.

Aunque dijeron confiar en las autoridades, acudieron al Centro de Derechos Humanos de La Montaña para recibir orientación en buscar de resolver el problema de su hijo Francisco Peláez Cantú; quieren justicia.

Los cuartos que se quemaron estaban construidos con cartón y lámina no metálica y era el lugar destinado como dormitorio para los jornaleros. Entre las declaraciones sobre los hechos, hubo quien sostuvo que fueron jornaleros locales quienes quemaron las construcciones. Otros jornaleros se negaron a testificar por temor ante la incertidumbre de los padres de Francisco que es notoria y contrasta con la firmeza en sus declaraciones al afirmar que las condiciones de vida en los campos agrícolas son injustas.

Pérez Bustillo, encargado del Eje sobre migración, refugio y desplazamiento forzado del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos señaló a jornaleras, jornaleros y estudiantes de la UPN que asistieron a la sesión que en Guerrero, México, América Latina y el mundo hay estructuras que reproducen la injusticia siendo la migración uno de sus productos.

El experto indicó que la migración no es un proceso libremente elegido por quienes emigran, ya que la decisión de irse es producto de una situación de injusticia ante lo que se requiere entender las causas y conocer a sus responsables.

El TPP busca articular los procesos ocurridos en Acteal, la Caravana de Madres de Desaparecidos de Centroamérica, la masacre de San Fernando, la situación de los exbraseros y los migrantes de La Montaña como un problema grave ante la necesidad de organización de los pueblos.

“Es un momento propicio de hacer balances porque los problemas seguirán profundizándose en la coyuntura del cambio de gobierno por lo que es necesario estar preparados en espacios de reflexión”, matizó Pérez Bustillo.

Un genocidio paulatino

En los últimos cinco años, más de 100 mil personas migrantes han sido asesinados, secuestradas, violadas o vulneradas en algún derecho y en su dignidad. Así lo sostuvo el Tribunal de Permanente de los Pueblos que tuvo recientemente dos audiencias en Chiapas, durante el momento culminante de la caravana de Madres y familiares de migrantes desaparecidos que en su camino, demandaron una vida de calidad para evitar emigrar hacia el norte del continente desde países de Centroamérica como Honduras, Guatemala o Nicaragua.

También ha ocurrido en procesos de contrainsurgencia o guerra sucia como el caso de Guerrero donde las políticas estatales han producido migración forzada o desplazamiento forzado.

Ante esto, el TPP busca denunciar el terror de Estado perpetrado por autoridades de los tres niveles además de militares y policiales contra mujeres migrantes que en su tránsito son violentadas. Estos crímenes tienen la mano del Estado, declararon, y también se busca someter a juicio a los responsables.

Además de Guerrero, otros pueblos afectados por la guerra “sucia” son los pueblos indígenas de Los Altos y la selva de Chiapas, en específico los familiares y sobrevivientes de la masacre de Acteal. Los familiares de las víctimas pidieron presentar el caso de la masacre perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en la que murieron 45 personas indígenas desplazados a la fuerza de sus comunidades por políticas de Estado.

“La lucha de la Caravana de Madres y Las Abejas es la misma lucha, responde a las mismas condiciones que produce la injusticia en La Montaña por lo cual el compromiso del TPP es procurar que las denuncias y testimonios lleguen a todo el mundo, que se sepa que hay injusticia en la región en el marco de procesos de migración provocado por la injusticia” afirmó Pérez Bustillo.

Otro caso con el que se quiere conectar estas situaciones es el proceso relacionado con migrantes, específicamente con la masacre de San Fernando ejecutada en Tamaulipas en 2010. Las autoridades mexicanas decían que eran otros los que estaban asesinado que eran Los Zetas o en Acteal fueron los paramilitares para nunca reconocer la incidencia y responsabilidad de autoridades civiles, militares y policiales.

Es por eso que el TPP busca generar un puente en todos esos testimonios de denuncias y casos paraponer a juicio al Estado mexicano en todos los niveles de poder que contribuyen a crear condiciones de injusticia.

El tribunal no es lo mismo que otros tribunales formales del Estado, éste tiene el compromiso de la construcción de otro derecho y otra justicia; justicia alternativa, popular, comunitaria, colectiva y comprometida con las luchas por la liberación de los pueblos y en contra de todas las formas de explotación, opresión y discriminación, aseguró el especialista.

Sergio Sarmiento, profesor investigador, Juan Molina misionero del Espíritu Santo y Camilo Pérez representante del Eje de Migración del Tribunal Permanente de los Pueblos Foto: Sergio Ferrer

Testimonios que las autoridades ignoraron

En el evento hubo más testimonios como el de Celestina, mujer originaria de una comunidad na savi oaxaqueña quien es madre soltera porque su esposo murió por un accidente durante el recorrido en el camión de redilas rumbo al campo agrícola donde trabajaba en el norte del país.

Los empresarios contratistas no apoyaron a la mujer con el traslado del cuerpo de su marido a su lugar de origen, “lo querían quemar allí para no gastar”, explicó la joven en castellano, quien agregó que el camión en el que viajaba, los pasajeros iban muy apretados y apenas si cabían incluso sentados en la parte alta del vehículo.

Hermelinda de la comunidad me´phaa de Francisco I. Madero en Metlatónoc relató las dificultades que sufrió al morir su madre atropellada por uno de los socios del campo agrícola en el que trabaja. Su madre falleció al cruzar una carretera en donde los dejó inadecuadamente el transporte para no pagar 55 pesos en una caseta. Los dueños de los campos no se hicieron responsables del traslado del cuerpo de la madre de Hermelinda y buscó la manera de trasladarla a su tierra. Ella es madre soltera, su esposo la abandonó con hijos de por medio.

Hubo varios casos más entre los que destaca el de Cecilia y su hijo Antonio originarios de Joya Real Cochoapa el Grande, que regresaron un cinco de septiembre de San Quintín, Baja California, porque el empleador los trató mal y les pagaba poco dinero. Ellos y más de cuarenta pasajeros que viajaban en el autobús que rentaron para su regreso, por imprudencia del conductor, sufrieron un accidente al volcarse el vehículo.

Luego del accidente ocurrido en Xochihuehuetlán, elementos de la Policía Federal al parecer negociaron con el chofer para dejarlo libre y posteriormente enviaron a la gente a descansar a Tlapa, quienes al regresar por sus pertenencias al autobús se dieron cuenta que les habían robado su dinero ahorrado en cuatro meses de trabajo de todas las familias mixtecas.

Estos son algunos ejemplos de las situaciones que padecen las y los migrantes de La Montaña de Guerrero; población indígena que se enfrenta condiciones de trabajo inferiores a las señaladas por las normas internacionales.

En base a información investigada por Tlachinollan en México 26 por ciento de la población es migrante.

 

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Justicia pendiente

Gobierno de Guerrero busca prolongar condena a preso político Jerónimo Hernández tras 20 años de prisión

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OCSS presos politicos

OCSS denuncia que el Gobierno federal y estatal utilizan doble discurso, porque en los hechos obstaculizan la liberación de los presos políticos

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, Guerrero.- La Organización Campesina de la Sierra del Sur señaló que el gobierno del Estado de Guerrero busca que se sume otra pena de cuatro años de prisión al preso político y sobreviviente de Aguas Blancas, Jerónimo Hernández Refugio, después de cumplir su condena de 20 veinte años de cárcel.

Hernández Refugio fue sentenciado a 20 años de prisión por el supuesto delito de secuestro, que está por cumplir en este mes de diciembre debido a que se encuentra privado de su libertad desde el año 2002. Sin embargo, el Gobierno de Guerrero, a través del Director General de Reinserción Social en el Estado, Isaías Juárez Martínez, pretende sumarle una sentencia más de cuatro años de prisión por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano, Armada y Fuerza Aérea y portación de arma de fuego sin licencia, con lo cual su privación de libertad se prolongaría hasta el 2026.

El abogado defensor de Jerónimo Hernández Refugio, Hegel Mariano Ramírez, señaló que es cierto que existe una diversa sentencia de cuatro años en contra de Jerónimo, pero no se está tomando en cuenta el tiempo que estuvo en prisión preventiva, por lo que no existe fundamento para que ahora se le sumen cuatro años más; circunstancia que debatirán este día en una audiencia ante la Jueza de Ejecución.

Por esta razón, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) reprochó el doble discurso de los gobiernos federal y estatal, con quienes se han establecido mesas de trabajo y han señalado su disposición para dar seguimiento y propiciar la salida de los presos políticos, pero en los hechos no están otorgando ningún apoyo, y al contrario, en ocasiones como ahora se convierten en el primer obstáculo para la libertad de sus compañeros.

jeronimo hernandez ocss

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Justicia pendiente

Respuesta de José Humbertus Pérez por calumnias de Sergio Villafuerte, director de Milenio Estado de México

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El director de Milenio Edomez, Sergio Villafuerte, lanzó calumnias contra José Humbertus Pérez, director de PIDH

 

¡Imaginemos que confianza pueden dar las personas que se venden con las autoridades que tienen familiares en prisión¡

 

Sergio Villafuerte
Director General de Milenio Estado de México

PRESENTE:

Mucho le agradecería que se incluyera en su diario en la edición impresa y digital de mañana lunes 5 de diciembre de 2022 en la nota principal, a ocho columnas y con la misma tipografía, mi nota aclaratoria por la falsa, perversa y calumniosa información que publicó el 1 de diciembre de 2022 el periodista Mario C. Rodríguez, titulada: “Denuncian mujeres a Humbertus Pérez por abuso y violencia”.

Quiero destacar que el Diario Milenio Estado de México tiene mucho años que no publica temas del activismo social y en defensa de los derechos humanos que vengo defiendo desde el año 2007 en todo el Estado de México y de un día para otro me convierto en tema de noticia principal para su diario.

Incluso en la nota publicada el 1 de diciembre de 2022 se faltó a la imparcialidad, objetividad y transparencia que deben aplicar los periodistas en sus investigaciones, máxime por lo gravedad de las acusaciones, el periodista Mario C. Rodríguez antes de hacer la publicación, tenía el deber ético de tomar mi versión y publicar para que los lectores tuvieran su criterio propio.

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Lo más grave, no obstante que desde el 1 de diciembre de 2022 le acredité con pruebas, que estas acusaciones son falsas y que las personas que hoy me denuncian fueron expulsadas de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C. (PIDH, A.C.) por desplegar diversas conductas que las acreditamos al periodista Mario C. Rodríguez y que continuación describimos:

El primer caso María “N”, se le otorgó la garantía de audiencia el 1 de mayo de 2020, para que diera una explicación por las graves acusaciones de extorsionar a Personas Privadas de la Libertad (PPL), reunión a la que no asistió, se le acreditaron depósitos a su cuenta bancaria por la cantidad de $60 mil pesos de las personas extorsionadas, además de otras acusaciones que no fueron atendidas y por resolución del pleno de la mesa directiva se le expulsó de nuestro movimiento. (Se anexaron pruebas de los vouchers están en poder de Diario Milenio Estado de México).

Segundo caso Gabriela “N”, fue electa tesorera por el periodo de marzo de 2021 a marzo de 2022, durante su desempeño se le solicitó en reiteradas ocasiones por la mesa directiva, que presentara los informes mensuales: contables, financieros y fiscales, pero nunca los presentó, también los comprobantes que se le entregaron por los gasto de gasolina, casetas, fotocopias, comidas entre otros.

También se le pidió que entregaran los ingresos totales de los depósitos de las rifas, aportaciones para las rentas de salón y nunca más se volvió presentar a PIDH, A.C. desde el mes de marzo de 2022; pues era importante la información contable, en virtud de que en el mes de abril de 2022 se realizaría la Asamblea Ordinaria de la A.C. para cambiar la mesa directiva incluyendo a la tesorera. El pasado 25 de octubre de 2022 en la asamblea se nombró un nueva tesorera, en la Asamblea General, en el pleno de PIDH, A.C. se votó por unanimidad para que se presentaran la denuncia penal y demanda civil, entre otras.

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Incluso en un primer momento Gabriela “N”, se quedó con nosotros, quién en una reunión que tuvimos con familiares de los penales de Otumba, Texcoco y Zumpango, señaló que María “N”, le cobró varias “asesorías jurídicas”, incluso nos entregó unos vouchers, en donde, nos hizo de nuestro conocimiento que esos pagos se hicieron para contratar a unos sicarios del Estado de Sonora para que atentaran en contra la vida del ofendido que acusaba a su hijo por el delito de feminicidio. (Tenemos los 3 vouchers en nuestro poder de los depósitos y que acreditan que esta testimonial forma parte de una investigación en diversa fiscalía).

María “N” comenzó una campaña de violencia contra la menor de edad (niña) y de género, denuncia que fue interpuesta y que la Fiscalía general de Justicia del Estado de México conoció de estas conductas, concretamente el vicefiscal Rodrigo Archundia Barrientos, pero se niegan a integrar la investigación cuando se trata de proteger políticamente los delitos y fabrican delitos a falsos culpables, incluso no se ha querido incorporar la comparecencia de varias compañeras para que rindan su testimonio como pruebas. Entre éstas, que María «N» les llamó para que me acusaran de acoso y abuso sexual. (Se anexaron pruebas que están en poder de Diario Milenio Estado de México).

Tuvimos conocimiento que una vez que la tesorera Gabriela “N” que no presentó los ingresos y gastos de PIDH, A.C., se volvió a unir con María “N”, quién la acercó al Colectivo Zeferino Ladrillero, quienes apoyaron y comenzaron la denuncia penal en mi contra que interpusieron desde el mes marzo de la presente anualidad, y que sorpresivamente hoy la dan a conocer, violentando el debido proceso y mi presunción de inocencia.

Es muy importante señalar que la estrategia perversa para dañar a un servidor y a PIDH, A.C., se acredita con la propia publicación del 1 de diciembre de 2022, en donde el periodista Mario C. Rodríguez concluye señalando que “Agrupaciones como Haz Valer Mi Libertad y al Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero dan seguimiento a los casos y arropan a los familiares de presuntos inocentes en prisión».

La estrategia fue desprestigiar a PIDH, A.C. y fortalecer a los colectivos “Haz Valer Mi Libertad” y al “Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero”, cuando estos dos organismos perdieron todas las amnistías que interpusieron desde el 20 de enero de 2021; esto se acredita con el Amparo en Revisión 218/2021 y el diverso Amparo en Revisión 215/2021, resuelto el primero por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el segundo  por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito ambos ubicado en la Ciudad de Toluca.

Los colectivos mencionados: ¿arroparon y dieron seguimiento a los casos? No es verdad, perversamente lucraron con el dolor de los familiares, mismos a los que obligaron a raparse, sacarse sangre, denigrarlos bañándolos públicamente simulando estar en prisión, vestirse de Reyes Magos y la cabalgata de la mediocridad jurídica, toda vez que cuando ellos realizan estas “protestas” sus solicitudes de amnistías que ingresaron el 18 de marzo de 2021 en la CODHEM se les habían negado desde el 31 de agosto de 2021 y que en la página 4 del  Amparo en Revisión 218/2021 se señala “tuvo por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados José Antonio Duque y Fabiola Vite Torres” Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Ante la perdida de su estrategia jurídica en las solicitudes de amnistía el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero pidió clemencia y ser oídos por el Gobierno del Estado de México, ¿Por qué no hablar con la verdad a las personas que dicen arropar y que siguen sus casos? Simplemente, porque negociaron con los verdugos de los falsos culpables, la libertad por la lucha y la verdad por la infamia, tenemos pruebas como este colectivo en tan sólo tres casos cobraron aproximadamente $290 mil pesos por tres amparos de tres amnistías perdidas y ahora hasta se olvidaron de los familiares, lo más triste que los PPL no obtuvieron su libertad.

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PIDH, A.C. no perdido ninguna solicitud de amnistía y actualmente tenemos interpuestos 10 amparos colectivos por las resoluciones de la CODHEM, de resolver opiniones consultivas desfavorables (que no perdidas de amnistía).

No somos lo mismo, tenemos otros datos y los damos a conocer que en el Informe Justificado del Amparo Indirecto número 884/2022 rendido por el diputado Sergio García Sosa, Presidente de la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LXI Legislatura del Estado de México, presentó la relación de las solicitudes que han sido negadas por los organismo que tenían que emitir las citadas opiniones consultivas, y ahí aparecen todos los nombre de las y los PPL que perdieron sus solicitudes de los colectivos que son de: “Haz Valer Mi Libertad” y el “Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero”, como los casos de Cristóbal “N” y Daniel “N” entre otros, pero lo más deshonesto y perverso es seguir lucrando con la amnistía, que ni un punto y coma no obstante de haber estudiado Derecho no escribieron, y mucho menos hicieron ninguna propuesta para de Ley de Amnistía.

La campaña de desprestigio, calumnias, cobrar por la amnistías y por delitos de violencia a la mujer tiene como objetivo debilitar la Segunda Marcha Nacional de los Falsos Culpables, los acuerdos de la mendicidad jurídica dieron frutos para la traición, y son muchos los intereses para detener a nuestro colectivo.

Señalamos como el director Editorial de Milenio Diario Sergio Villafuerte se comprometió a publicar mi réplica y hasta el día de hoy no se ha publicado nuestro desmentido.

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Finalmente sabemos que uno de los personajes (de muchos más) que están detrás de esta estrategia de perversidad es el diputado Sergio García Sosa, cuyos colaboradores fueron acusados de acoso laboral y contra el director Editorial de Milenio Estado de México Sergio Villafuerte pesan en sus espaldas diversas acusaciones de acoso laboral y que la autoridad del Ministerio Público no ha querido integrar las respectiva carpeta de investigación porque hace uso político de la justicia.

La negativa de darme el derecho de réplica sólo tiene una respuesta, la estrategia de fabricar delitos, para esto se necesita la perversidad; estamos ciertos que el directivo de Milenio Diario Sergio Villafuerte operó esta infamia, no importando que fue nombrado integrante del “Mecanismo para la Protección de Periodistas del Estado de México”.

 

RESPETUOSAMENTE

LIC. JOSÉ HUMBERTUS PÉREZ ESPINOZA
FUNDADOR DE PIDH, A.C.

Evidencias de fraude de Gabriela «N»

 

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Juez niega prisión domiciliaria a Murillo Karam

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Un juez le negó prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam

El juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Tapia Fuerte, negó cambiar la medida cautelar de prisión domiciliaria al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, que fue aprehendido desde agosto pasado.

El juzgador ordenó que el ex funcionario federal permanezca en prisión preventiva justificada, aunque en la Torre Médica del penal de Tepepan, por lo cual deberá permanecer en reclusión por las imputaciones que existen en su contra.

Para saber más del caso: UIF denuncia a Murillo Karam por lavado de dinero

La defensa legal del ex gobernador de Hidalgo alegó que debería permanecer en su domicilio, debido a las complicaciones de salud que ha presentado durante meses, no obstante, esta petición fue rechazada y será atendido médicamente en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El juez también determinó fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria contra el también ex senador, debido a que fue vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia por el caso Ayotzinapa.

Según la defensa legal de Murillo Karam, quien se desempeñó en diferentes puestos durante la administración de Enrique Peña Nieto, necesita de atención médica especial, ya que padece hipertensión arterial e insuficiencia vascular cerebral, pero el juez consideró que existe el riesgo de que se dé a la fuga y por ello debe seguir recluido.

No te pierdas: Murillo Karam fue trasladado al Hospital Balbuena por revisión médica

También la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Murillo Karam por lavado de dinero, debido a que no comprobó millones de pesos que recibió en distintas cuentas bancarias que usaba para fines personales y a través de familiares durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

 

 

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