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Justicia pendiente

Testimonios de migrantes ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

Testimonios y denuncias son presentadas por habitantes de La Montaña Guerrero ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

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Hermelinda, mujer de una comunidad de Metlatónoc, narra que su madre fue atropellada mientras se dirigía a trabajar a un campo agrícola del norte del país y no fue ayudada. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Catarino y Francisca, ñuu savi de Cascada del Zorro en Cochoapa el Grande relataron en su lengua indígena apoyándose para la traducción en intérpretes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, la situación de miseria y discriminación que viven en su comunidad.

Ellos emigraron, igual que el 26% de los habitantes de La Montaña para buscar trabajo y poder mantener a sus familias. Al regresar, después de varios meses, el maestro de la escuela del pueblo se negó aceptar a sus hijos como alumnos.

Catarino recordó que sufrió en el campo agrícola porque el trabajo era muy pesado, Francisca detalló que su hija se enfermó porque en el campo se tenía que levantar a las tres de la madrugada, los niños no comían a sus horas y les pagaban muy poquito además de que el patrón los criticaba y discriminaba a sus hijos y a los de otros trabajadores, “les hacía feo” por lo que mejor regresaron a su comunidad aunque no haya trabajo y poca comida.

Pero, al regresar e intentar que sus cinco hijos ingresaran a la escuela, el único maestro que cubre la educación primaria en el pueblo no aceptó a los niños y le echó en cara a los padres que ellos tenían la culpa por haber migrado y no haber inscribirlos en la escuela a tiempo. Su caso no es el único. Hasta el momento sólo uno de los menores de esta familia logró entrar como “oyente” a la escuela.

Este testimonio es parte de la serie de denuncias de jornaleras y jornaleros agrícolas que se presentaron este martes en una pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) entre los que se encuentran relatos que dan cuenta de maltratos, discriminación, y explotación económica en contra de migrantes indígenas.

Las denuncias fueron presentadas ante un grupo de especialistas integrado por Sergio Sarmiento, Beatriz Canabal Cristiani y Antonieta Barrán, investigadoras y especialistas en temas de La Montaña y jornaleros agrícolas. También estuvo en la mesa Camilo Pérez Bustillo, representante del Eje de Migración del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México, Juan Molina, misionero del Espíritu Santo y Abel Barrera director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña y parte del Consejo de Garantes del proceso del TPP en México.

El acto se realizó en la Casa Católica luego de que la Unidad de Servicios Integrales USI de Tlapa destinada a jornaleros y donde se efectuaría la pre audiencia, estaba ocupada por adherentes del programa 70 al ser requeridos por el programa en esas instalaciones propiedad del gobierno federal.

Testimonios de jornaleros y jornaleros agrícolas de La Montaña de Guerrero. Foto: Sergio Ferrer

Otro testimonio rendido, es el de Cristina y Eugenio habitantes na savi de Totohuehuetlán en Copanatoyac, cuyo hijo lleva más de un año encarcelado al ser inculpado de la muerte de otros jornaleros en un incendio en el lugar de hacinamiento de un campo agrícola en Sonora pudiendo tener una condena de hasta 20 años de prisión.

La pareja señaló que reclaman sus derechos a las autoridades y a los jueces que recogieron el testimonio les contaron que su hijo fue acusado de provocar un incendio en el campo agrícola al que fueron a trabajar y no han sabido cual ha sido la situación de su hijo, que tiene un defensor de oficio, al no tener dinero para acudir a Hermosillo donde está preso.

Aunque dijeron confiar en las autoridades, acudieron al Centro de Derechos Humanos de La Montaña para recibir orientación en buscar de resolver el problema de su hijo Francisco Peláez Cantú; quieren justicia.

Los cuartos que se quemaron estaban construidos con cartón y lámina no metálica y era el lugar destinado como dormitorio para los jornaleros. Entre las declaraciones sobre los hechos, hubo quien sostuvo que fueron jornaleros locales quienes quemaron las construcciones. Otros jornaleros se negaron a testificar por temor ante la incertidumbre de los padres de Francisco que es notoria y contrasta con la firmeza en sus declaraciones al afirmar que las condiciones de vida en los campos agrícolas son injustas.

Pérez Bustillo, encargado del Eje sobre migración, refugio y desplazamiento forzado del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos señaló a jornaleras, jornaleros y estudiantes de la UPN que asistieron a la sesión que en Guerrero, México, América Latina y el mundo hay estructuras que reproducen la injusticia siendo la migración uno de sus productos.

El experto indicó que la migración no es un proceso libremente elegido por quienes emigran, ya que la decisión de irse es producto de una situación de injusticia ante lo que se requiere entender las causas y conocer a sus responsables.

El TPP busca articular los procesos ocurridos en Acteal, la Caravana de Madres de Desaparecidos de Centroamérica, la masacre de San Fernando, la situación de los exbraseros y los migrantes de La Montaña como un problema grave ante la necesidad de organización de los pueblos.

“Es un momento propicio de hacer balances porque los problemas seguirán profundizándose en la coyuntura del cambio de gobierno por lo que es necesario estar preparados en espacios de reflexión”, matizó Pérez Bustillo.

Un genocidio paulatino

En los últimos cinco años, más de 100 mil personas migrantes han sido asesinados, secuestradas, violadas o vulneradas en algún derecho y en su dignidad. Así lo sostuvo el Tribunal de Permanente de los Pueblos que tuvo recientemente dos audiencias en Chiapas, durante el momento culminante de la caravana de Madres y familiares de migrantes desaparecidos que en su camino, demandaron una vida de calidad para evitar emigrar hacia el norte del continente desde países de Centroamérica como Honduras, Guatemala o Nicaragua.

También ha ocurrido en procesos de contrainsurgencia o guerra sucia como el caso de Guerrero donde las políticas estatales han producido migración forzada o desplazamiento forzado.

Ante esto, el TPP busca denunciar el terror de Estado perpetrado por autoridades de los tres niveles además de militares y policiales contra mujeres migrantes que en su tránsito son violentadas. Estos crímenes tienen la mano del Estado, declararon, y también se busca someter a juicio a los responsables.

Además de Guerrero, otros pueblos afectados por la guerra “sucia” son los pueblos indígenas de Los Altos y la selva de Chiapas, en específico los familiares y sobrevivientes de la masacre de Acteal. Los familiares de las víctimas pidieron presentar el caso de la masacre perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en la que murieron 45 personas indígenas desplazados a la fuerza de sus comunidades por políticas de Estado.

“La lucha de la Caravana de Madres y Las Abejas es la misma lucha, responde a las mismas condiciones que produce la injusticia en La Montaña por lo cual el compromiso del TPP es procurar que las denuncias y testimonios lleguen a todo el mundo, que se sepa que hay injusticia en la región en el marco de procesos de migración provocado por la injusticia” afirmó Pérez Bustillo.

Otro caso con el que se quiere conectar estas situaciones es el proceso relacionado con migrantes, específicamente con la masacre de San Fernando ejecutada en Tamaulipas en 2010. Las autoridades mexicanas decían que eran otros los que estaban asesinado que eran Los Zetas o en Acteal fueron los paramilitares para nunca reconocer la incidencia y responsabilidad de autoridades civiles, militares y policiales.

Es por eso que el TPP busca generar un puente en todos esos testimonios de denuncias y casos paraponer a juicio al Estado mexicano en todos los niveles de poder que contribuyen a crear condiciones de injusticia.

El tribunal no es lo mismo que otros tribunales formales del Estado, éste tiene el compromiso de la construcción de otro derecho y otra justicia; justicia alternativa, popular, comunitaria, colectiva y comprometida con las luchas por la liberación de los pueblos y en contra de todas las formas de explotación, opresión y discriminación, aseguró el especialista.

Sergio Sarmiento, profesor investigador, Juan Molina misionero del Espíritu Santo y Camilo Pérez representante del Eje de Migración del Tribunal Permanente de los Pueblos Foto: Sergio Ferrer

Testimonios que las autoridades ignoraron

En el evento hubo más testimonios como el de Celestina, mujer originaria de una comunidad na savi oaxaqueña quien es madre soltera porque su esposo murió por un accidente durante el recorrido en el camión de redilas rumbo al campo agrícola donde trabajaba en el norte del país.

Los empresarios contratistas no apoyaron a la mujer con el traslado del cuerpo de su marido a su lugar de origen, “lo querían quemar allí para no gastar”, explicó la joven en castellano, quien agregó que el camión en el que viajaba, los pasajeros iban muy apretados y apenas si cabían incluso sentados en la parte alta del vehículo.

Hermelinda de la comunidad me´phaa de Francisco I. Madero en Metlatónoc relató las dificultades que sufrió al morir su madre atropellada por uno de los socios del campo agrícola en el que trabaja. Su madre falleció al cruzar una carretera en donde los dejó inadecuadamente el transporte para no pagar 55 pesos en una caseta. Los dueños de los campos no se hicieron responsables del traslado del cuerpo de la madre de Hermelinda y buscó la manera de trasladarla a su tierra. Ella es madre soltera, su esposo la abandonó con hijos de por medio.

Hubo varios casos más entre los que destaca el de Cecilia y su hijo Antonio originarios de Joya Real Cochoapa el Grande, que regresaron un cinco de septiembre de San Quintín, Baja California, porque el empleador los trató mal y les pagaba poco dinero. Ellos y más de cuarenta pasajeros que viajaban en el autobús que rentaron para su regreso, por imprudencia del conductor, sufrieron un accidente al volcarse el vehículo.

Luego del accidente ocurrido en Xochihuehuetlán, elementos de la Policía Federal al parecer negociaron con el chofer para dejarlo libre y posteriormente enviaron a la gente a descansar a Tlapa, quienes al regresar por sus pertenencias al autobús se dieron cuenta que les habían robado su dinero ahorrado en cuatro meses de trabajo de todas las familias mixtecas.

Estos son algunos ejemplos de las situaciones que padecen las y los migrantes de La Montaña de Guerrero; población indígena que se enfrenta condiciones de trabajo inferiores a las señaladas por las normas internacionales.

En base a información investigada por Tlachinollan en México 26 por ciento de la población es migrante.

 

Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

Ignacio García

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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Justicia pendiente

INAI obliga a la SEP transparentar documentos sobre historial académico de Alfredo Jalife

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Los Ángeles Press

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) a entregar los documentos de aval sobre los estudios profesionales de Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien se ha ostentado con distintas especialidades en instituciones públicas.

Por medio de una notificación, el INAI estableció que la SEP realizó una incorrecta clasificación de datos sensibles sobre la petición que solicitó Los Ángeles Press sobre los documentos que respalden los estudios profesionales de Alfredo Jalife, ya que entregó los informes tachando las fechas, el examen profesional, número de título profesional, incluso su lugar de nacimiento, entre otros.

De acuerdo con el INAI, la dependencia federal clasificó mal la información sobre el acta de examen profesional, ya que no cae en ningún supuesto previsto en el artículo 116 de Ley, mientras que en las enmendaduras también clasificó erróneamente la información confidencial el número de acta de nacimiento, pues es un documento público y no recae en ninguna prohibición establecida en el artículo 113 de la Ley.

El 18 de septiembre de 2020, este espacio informativo solicitó en la plataforma de transparencia a la SEP la documentación sobre la cédula profesional como médico cirujano a nombre de Alfredo Jalife Rahme Barrios y la autoridad responsable que validó las documentales para otorgar esos certificados académicos.

Posteriormente, el 14 de octubre la SEP respondió con el oficio de los documentos solicitados pero con datos eliminados como la firma de los particulares, el nombre de los particulares y el interesado, fotografía, número de libro y floja de folio, género y sexo, lugar, fecha y entidad de nacimiento, domicilio particular, nacionalidad, Registro Federal del Contribuyente (RFC), número de folio y de expediente, teléfono, fecha de inicio y terminación de estudios, fecha de examen profesional, servicio social, estado civil y trayectoria académica.

Después el 23 de octubre se interpuso el recurso de revisión por la respuesta emitida por la SEP y el 30 de octubre la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información del INAI y el 4 de noviembre se acordó tanto a las autoridades educativas como a este espacio informativo sobre la admisión del recurso.

Después del proceso interno, el INAI determinó el pasado 2 de febrero emitir una nueva notificación que ordenó a la SEP la resolución a favor de transparentar los documentos solicitados, pues no vulnera los datos personales del señalado y por ende deberá entrar la información pedida.

 

Documento de Transparencia, primera y última página.

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Justicia pendiente

Defensa de Rosario Robles inicia negociación con FGR para recuperar libertad

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Por Ignacio García

Los abogados de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, iniciaron las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para que recupere su libertad.

Los representantes legales de la ex funcionaria federales entablaron los primeros acercamientos con las autoridades judiciales para que se desarrolle una negociación en la que provea de información en torno a los esquemas de corrupción de la anterior administración federal a cambio de su libertad.

Debido a que Robles es acusada por la FGR de haber desviado más de cinco mil millones de pesos, ha sido procesada penalmente desde hace un año y medio, por lo cual pretende recuperar su libertad como lo hizo su ex compañero de gabinete, Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), que colaboró con las autoridades federales en el caso Odebrecht.

La también ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México manifestó que está dispuesta a declararse culpable de las acusaciones que se la imputan a cambio de obtener beneficios jurídicos para aportar datos sobre la identificación y sanción de todas las personas involucradas en la denominada “Estafa Maestra”.

Con esta medida, la ex servidora pública estaría dispuesta a declarar en contra de otros ex funcionarios de alto nivel de la anterior administración, aunque la defensa legal ha señalado que hasta el momento no se ha contemplado el nombre del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Rosario Robles fue titular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Enrique Peña Nieto, después de haber sido militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual dirigió a nivel nacional, fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México y diputada local.

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