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Con voz propia

TEPJF debe ejercer control constitucional, no es ‘cuenta votos’

El TEPJF debe velar por la protección de derechos electorales de la ciudadanía, analizando contexto jurídico, eso es control constitucional

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Comisión calificadora del TEPJF en México Foto: CaribeNoticias

Manuel Guerrero Ramos*

El Tribunal Electoral mexicano y cualquier Corte que respete a la ciudadanía que paga sus honorarios, que se respete a sí misma y que respete el concepto Derecho que fundamenta su existencia, no podría emitir una sentencia que presuma de legal y definitiva cuando en ella se omite investigar y valorar innumerables hechos denunciados y presuntamente ilícitos. Los juzgadores han dado una ventaja indebida a una de las partes en la elección de México y han descartado ejercer su facultad de analizar el contexto integral de los hechos que se juzgan.

Cualquier sentencia sobre estas elecciones que se precie de imparcial y apegada a derecho, debe necesariamente valorar y en su caso sancionar los ilícitos que se presentan, como los cientos o miles de pruebas. Y luego entonces, emitir una sentencia que tome en cuenta los ilícitos probados y su repercusión en el juicio en el que se dará sentencia terminante.

No puede existir derecho en una sentencia cuando se “juzga” de forma absolutista y parcial, ni cuando se omite el reconocimiento de graves ilícitos y violaciones constitucionales sucedidas en el proceso de la causa que se juzga. Tampoco los Juzgadores pueden alegar que el calificar una elección presidencial es solamente contar votos (votos comprados, por demás, según lo argumentado reiteradamente por el Movimiento Progresista y con cientos de pruebas difundidas en Internet).

Más aún, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es un Tribunal de control constitucional y tiene por objeto salvaguardar las transgresiones a los derechos del ciudadano que se efectúen, como en este caso especifico por el IFE y el PRI.

Los Magistrados del TEPJF deben ser peritos en derecho y no ignorar la función de un Tribunal de control constitucional. No pueden juzgar como si fuesen auditores, contadores, matemáticos o actuarios, solamente atendiendo cifras de votos e ignorando cifras y pruebas de ilícitos electorales.

La protección de los derechos constitucionales y electorales de la sociedad está en juzgar el contexto integral en que se dio esta elección, esto es el control constitucional.

El artículo 483 del Código de Procedimientos Penales del DF observa este contexto de legalidad integral, y lo mandata de manera totalmente transparente. Menciona, de manera contundente, que si la gravedad de los hechos denunciados y probados ante un Ministerio Público, son de tal naturaleza que su investigación y valoración por parte de ese Ministerio Público determina consignarlos a un Juez Penal, esa consignación deberá influir en la sentencia del Juicio Civil. Por tal motivo, el Ministerio Público pedirá al juez o tribunal en donde se encuentre la causa civil a juzgar, que suspenda el procedimiento civil en tanto no termine el procedimiento penal.

Por parte del juez o tribunal, tendrán que ordenar que se suspenda el procedimiento civil en cualquier etapa en que se encuentre, sea éste un Juzgado Civil, una Sala Civil, un Juzgado de Distrito de Amparo o un Tribunal Colegiado de Circuito, en tanto no se dicte sentencia en el juicio penal sobre los ilícitos denunciados y probados, por los cuales el Ministerio Público determinó su consignación a un Juzgado Penal.

Para que exista, pues. justicia plena en juicio civil, primero deberán haber sido investigados, valorados y sentenciados los ilícitos denunciados en un juicio penal. Sólo después de la sentencia penal se reanudaría el juicio civil y necesariamente tendría que considerar el resultado del juicio penal.

Si la legislación del Distrito Federal a través del artículo 483, por ejemplo, contempla ordenamientos legales, lógicos y éticos para que exista legalidad integral en un Juicio Civil entre particulares, no se explica cómo esos principios éticos puedan ser ignorados en la calificación de la Elección Presidencial, cuando en esa calificación está en juego el destino de los aproximadamente 112 millones de mexicanos que conforman la nación.

Es importante puntualizar que las opiniones aquí vertidas, las hago en mi calidad de ciudadano preocupado, así como tremendamente sorprendido de que el “Estado de Derecho” que pretende aplicar a la calificación de la elección presidencial de 2012 ignore todo este contexto jurídico. Un “Estado de Derecho” como el que probablemente se vivió en la Dictadura de Francisco Franco en España, de los Somoza en Nicaragua o de Idi Amin Dada en Uganda.

Por mi parte, carezco de los recursos necesarios para ayudar a impedir una injusta imposición presidencial por parte de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral. Nuestras desventajas como ciudadanos son enormes, dado que estos funcionarios gozan de todo el poder y recursos de todo tipo para desatender los reclamos de justicia de la mayor parte de los ciudadanos, sin que por ello les afecte su tranquilidad, poder y recursos económicos personales y como institución.

Lo más grave es que todo sucede en un contexto de silencio del Ejecutivo Federal, de gran parte de los medios de comunicación y del Partido Acción Nacional. Con una gran preocupación y descomunal desventaja como ciudadano común frente a una institución sobrada de todo tipo de recursos, de manera pacífica y apegada a derecho, deseo externar mi decepción y protesta por la insensibilidad y soberbia con que se percibe a las autoridades electorales.

Mi justificada protesta la hago reproduciendo la carta que el presidente Benito Juárez envío a Matías Romero, en 1865. Una carta que expresaba la coyuntural debilidad que en ese momento el gobierno mexicano tenía respecto del poderío y la fuerza de los Estados Unidos y Francia. Los primeros, con la posibilidad de reconocer el imperio de Maximiliano. Francia y los conservadores del país apoyando al supuesto emperador. Coyuntural debilidad también de la sociedad mexicana en estos momentos, porque millones estamos luchando por sobrevivir el día a día.

En la señalada carta el Presidente Juárez acentúa su determinación de defender la integridad del territorio nacional y, en caso de no tener la fuerza necesaria en esos momentos, salvaguardar el derecho de las siguientes generaciones de reivindicarla.

La carta del Presidente Juárez a Matías Romero

“Chihuahua, 26 de enero de 1865

Sr. D. Matías Romero Washington

Mi querido amigo:

Por su carta de 14 de noviembre pasado y por las comunicaciones oficiales, que remite al ministerio, quedo impuesto de que las cosas han cambiado en esa de un modo favorable a nuestra causa, lo que celebro mucho, pues estaba yo muy inquieto por las noticias que corrían, de que ese gobierno estaba dispuesto a reconocer el imperio de Maximiliano. Así tendremos a lo menos una cooperación negativa de esa república, pues en cuanto a un auxilio positivo, que pudiera darnos, lo juzgo muy remoto y sumamente difícil, porque no es probable siquiera que el sur ceda un ápice a sus pretensiones y en tal caso, ese gobierno tiene que concluir la cuestión por medio de las armas, y esto demanda mucho tiempo y muchos sacrificios.

La idea que tienen algunos, según me dice usted de que ofrezcamos parte del territorio nacional para obtener el auxilio indicado, es no sólo antinacional, sino perjudicial a nuestra causa. La nación por el órgano legítimo de sus representantes ha manifestado de un modo expreso y terminante, que no es su voluntad que se hipoteque, o se enajene su territorio, como puede usted verlo en el decreto en que se me concedieron facultades extraordinarias para defender la independencia y si contrariásemos esta disposición, sublevaríamos al país contra nosotros y daríamos una arma poderosa al enemigo para que consumara su conquista. Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino; pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos o cualquiera otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior pero sería pésimo desarmar a nuestros hijos privándolos de un buen derecho, que más valientes, más patriotas y sufridos que nosotros lo harían valer y sabrían reivindicarlo algún día.

Es tanto más perjudicial la idea de enajenar el territorio en estas circunstancias, cuanto que los estados de Sonora y Sinaloa, que son los más codiciados, hacen hoy esfuerzos heroicos en la defensa nacional, son los más celosos de la integridad de su territorio y prestan al gobierno un apoyo firme y decidido. Ya sea, pues, por esa consideración, ya sea por la prohibición que la ley impone al gobierno de hipotecar o enajenar el territorio nacional y ya sea en fin porque esa prohibición está enteramente conforme con la opinión que he tenido y sostenido siempre sobre este negocio, repito a usted lo que ya le he dicho en mis cartas de 22 de diciembre último y posteriores, a saber: que no sólo debe usted seguir la patriótica conducta que ha observado de no apoyar semejante idea, sino que debe usted contrariarla trabajando por disuadir a sus autores haciéndoles presente las funestas consecuencias que nos traería su realización.

Celebro que haya usted quedado satisfecho de la opinión que observó en el ejército del general Grant respecto de nuestra causa. Esa opinión y la que ha manifestado Mr. Seward son una garantía que podremos tener de que el imperio de Maximiliano no sería reconocido por ese gobierno. Es lo único positivo que podemos esperar por ahora de esa república.

No me extiendo a más porque bajo la impresión del profundísimo pesar que destroza mi corazón por la muerte del hijo a quien más amaba, apenas he podido trazar las líneas que anteceden. Digo por la muerte del hijo a quien más amaba, porque según los términos de la carta de usted que recibí anoche, he comprendido, que sólo por lo funesto de la noticia, no me la ha dado usted de un golpe; pero en realidad mi amado hijo ya no existía, ya no existe. ¿No es verdad? Con toda mi alma deseo equivocarme y sería yo muy feliz si por el próximo correo que espero con verdadera ansiedad se me dijera que mi hijo estaba aliviado. ¡Remota esperanza que un funesto presentimiento desvanece, diciéndome que ya no hay remedio!

Adiós amigo mío. Sabe usted que lo aprecia su inconsolable y afectísimo.”

Las palabras del Presidente Juárez seguramente son vigentes en el escenario actual de nuestro país, los actores y poderes reales y fácticos son diferentes pero tienen las mismas intenciones que los del siglo XIX, algunos querrían reconocer a Maximiliano, otros enajenar el territorio nacional y otros millones de ciudadanos como Matías Romero, estaríamos luchando por hacerles presente a las fuerzas conservadoras, las funestas consecuencias para esta y futuras generaciones, que aceptar una imposición y enajenar el territorio nacional nos traería.”

Manuel Guerrero Ramos

Agosto 23 de 2012

*El autor es militante de Izquierda y luchador por la democracia en México

 

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  1. Pingback: El artículo 483 se contrapone a las manifestaciones de los Consejeros del IFE y Magistrados del TEPJF |

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Funcionario mexicano ocupa oficinas para hacer “Fiesta COVID”

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En un video compartido por esta redacción, se aprecia cómo el secretario de Cultura de Hidalgo (Méx), José Olaf Hernández Sánchez, usa las oficinas gubernamentales para realizar convivios e incluso causar destrozos junto con sus acompañantes, mismos que posteriormente fueron pagados con dinero del erario

Por Emmanuel Ameth

Mobiliario de las oficinas de José Olaf Hernández Sánchez, secretario de Cultura en Hidalgo (Méx), resultó dañado luego de que al funcionario en compañía de sus subalternos, ocupara el espacio público para realizar un “convivio” durante la pandemia causada por COVID el pasado 30 de octubre (2020), cuando Hidalgo estaba en riesgo de regresar al semáforo epidemiológico rojo.

Cabe señalar que en la actual administración del gobernador Omar Fayad Meneses al menos una funcionaria que se desempeñaba como subsecretaria de Salud perdió su empleo luego de que difundiera un video donde usaba las instalaciones oficiales para celebrar su cumpleaños, obligando a otros burócratas a participar.

En el video se aprecia a 6 individuos acompañando a Olaf Hernández, quien a sus espaldas tiene enmarcado el retrato de Omar Fayad Meneses como en toda dependencia gubernamental.

Entre los asistentes se encontraban A. G. M., asistente del secretario que también es encargada de organizar eventos; R. O. L., encargada de prensa así como D. R., auxiliar también en el área de prensa.

Aparecen también el secretario Olaf Hernández, Goretti y O. E. C., identificado como su particular. Todos ellos estaban en las oficinas de la cultura ubicadas en El Ferrocarril (Pachuca).

Como saldo del convivio, al menos una mesa resultó rota, misma que posteriormente fue arreglada con presupuesto del erario.

Otros señalamientos

En 2018 este medio documentó desvíos con motivo de la supuesta compra de 300 Instrumentos musicales así como la financiación de 450 Actividades culturales, para lo que la Secretaría de Cultura del Gobierno de Hidalgo presupuestó un total de 77 millones 962 mil 500 pesos según el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública (PAAASOP); sin embargo en el Centro Cultural de las Artes de Hidalgo, los trabajadores allí presentes negaron tales adquisiciones pese a estar presupuestadas según la Función Pública.

Un año después, este medio documentó el asunto de la “Compañía de Teatro del Estado de Hidalgo: timo, fracasos y corruptelas de Olaf Hernández”, dado que lo que se vendió a los actores como uno de los proyectos de mayor envergadura para la entidad, terminó en engaños, penar, desvíos y abandono por parte del funcionario.

Días después, alrededor de 200 artistas hidalguenses pidieron mediante una carta al gobernador Omar Fayad Meneses la renuncia del secretario Olaf Hernández Sánchez “ante los múltiples señalamientos de funcionamiento irregular por parte del organismo que dirige y pone en riesgo el desarrollo de la política cultural del Estado”.

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Arteleaks

El Estado español encarcela al rapero Pablo Hasél por críticas al sistema

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

El español Pablo Rivadulla Duró (1988), conocido en el ambiente musical como Pablo Hasél, es un rapero de izquierda que se asume antifascista y ha adoptado el compromiso con sus composiciones en video y mensajes a través de la red social Twitter en denunciar y poner en tela de juicio a los poderes monárquicos, políticos, jurídicos y policiacos de su país.

Y debido a 64 tuits (de 2014 a 2016) y una canción (publicada en YouTube), en donde pone de manifiesto su rechazo a los excesos del poder, ha sido sentenciado a prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado, por lo que deberá someterse a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y al pago de casi 30,000 euros de multa (es decir, más de 700 mil pesos mexicanos).

Por ello, más de 200 personalidades del cine, la televisión, el teatro y la música, entre ellos Joan Manuel Serrat, Javier Bardem y Pedro Almodóvar, emitieron un manifiesto en favor de Hasél, rechazando de manera tajante su reclusión en prisión y planteando la solicitud de eliminar del Código Penal ese tipo de delitos, “que no hacen sino cercenar el derecho, no sólo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística”, tal y como sucede en países como Turquía o Marruecos

Pero van más allá los firmantes al argumentar lo evidente bajo un Estado autoritario:  “el encarcelamiento de Pablo Hasél hace que la espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de todos los personajes públicos que osemos criticar públicamente la actuación de alguna de las instituciones del Estado se haga aún más evidente. Es necesario que se difunda esta situación a nivel internacional, para poner de relieve en qué situación nos encontramos. Somos conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente”.

Más aún, la organización Amnistía Internacional se ha pronunciado en el sentido de que el encarcelamiento de Hasél por sus expresiones artísticas es una injusticia, y hace un enérgico llamado al Estado español para que realice una reforma al Código Penal con respecto a ciertos artículos que vulneran el derecho a la libertad de expresión.

“Nadie debería ser procesado penalmente sólo por expresarse en redes sociales o por cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso. No se pueden penalizar expresiones que no incitan de manera clara y directa a la violencia. Si no se modifican estos artículos se seguirá silenciando la libertad de expresión y coartando las manifestaciones artísticas”, subraya Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Incluso en favor del cantante y también poeta se expresó asimismo la diputada del Parlamento Europeo para Dublín, Clare Daly: “Mañana, el rapero catalán Pablo Hasél irá a la cárcel por sus letras. ¿Dónde está el llamado a sancionar a España?” Todo lo cual en el marco de la discusión por amonestar a Rusia debido al arresto de un disidente de ese país, en donde Daly evidencia la hipocresía de los congresistas de ser rígidos contra Rusia pero blandos con países como España o Estados Unidos al violar los derechos humanos de sus ciudadanos.

En definitiva, Pablo Hasél no es más que una víctima del autoritarismo de Estado que rige en España, en donde los excesos del poder son públicos y evidentes, basta revisar algunos medios de comunicación para corroborarlo. Él no miente, sólo dice la verdad de manera visceral.

Y este martes, 16 de febrero, ha sido consumada la ignominia. Ha sido aprehendido por los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana) en la Universidad de Lleida, en donde se resguardó acompañado de un centenar de simpatizantes, quienes fueron dispersados con gases.

 

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Con voz propia

En Materia de Justicia, en México, estamos en la Edad Media

Ramses Ancira

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Historias para armar la Historia

Ramsés Ancira

A pesar de todas las dificultades, el gobierno de López Obrador está haciendo lo que puede y donde puede para conseguir vacunas para atender el problema del COVID, pero hay otro gran tema en el que no se ha avanzado un ápice en la administración de Olga Sánchez Cordero, éste es el de la corrupción en los reclusorios federales y locales de todo el país, algunos de los cuales, tal y como sucede en Estados Unidos han sido concesionados a particulares.

Y mencionamos a la carismática, aunque despistada Secretaria de Gobernación, porque como ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ella sabe que como responsable de la seguridad interna, de lo que pase en los centros de detención del país, ella es la última responsable. En el libro Reportero Encubierto, que me valió el premio Bellas Artes de Literatura testimonial, escribía en 2016, que las cárceles en México se parecen a las encomiendas que se daban en La Nueva España a los conquistadores. Estos hacían una especie de redadas, se apoderaban de los indios y los obligaban a trabajar para ellos, muchas veces de por vida, sobre todo si los llevaban a las minas, donde vivían muy poco tiempo, por eso iniciaron con la trata de esclavos africanos.

Sólo por poner un ejemplo de lo que ocurre en todo el país, vamos a citar el Centro Federal de Reclusión Social de Buena Vista, Tomatlán, en Michoacán. Aunque lo dirige un militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, los dueños de la prisión le cobran al gobierno más de 5 mil pesos al día por cada interno.

A este precio, el gobierno se ahorraría varios cientos de millones de pesos, si en lugar de tener a los presos en la cárcel los mantuviera retenidos en un hotel de cinco estrellas; pero ése no es el punto. El tema es que no es suficiente, además los reclusos tienen que pagar una renta de mil 500 pesos mensuales para poder adquirir en la tienda, galletas, café, agua potable, jabón o pasta de dientes. No es opcional, porque el director de la prisión les cierra las llaves para que no puedan tomar agua y obligarlos a comprarla embotellada.

Algunos de los detenidos ya han obtenido el beneficio de la libertad anticipada por buen comportamiento o por haber cumplido la mayor parte de su sentencia, sin embargo no la obtienen porque cada uno de ellos que salga en libertad, conforme a derecho, representa una pérdida económica de por lo menos 150 mil pesos mensuales para la empresa PRODEMEX, que tiene el negocio y para los custodios que extorsionan a los familiares, no solo con la renta mensual, sino con los materiales que tienen que comprarles para que puedan trabajar dentro de la prisión.

No todos los presos, por supuesto, son personas de bajo nivel adquisitivo. Hay otros casos muy mediáticos como George Khoury Layón, víctimas de Isabel Miranda, a quien además el mismo director del CEFEESO le intentó extorsionar con 500 mil pesos para “protección” y dejar de ser acosado y golpeado en prisión.

Este personaje es de especial mención porque la Organización de las Naciones Unidas recomendó al Estado Mexicano su liberación en el año 2017. La propia Secretaría de Gobernación, ya durante la administración de López Obrador le dio calidad de preso político en reconocimiento a su inocencia, el 1 de noviembre de 2019, con el oficio número UASJ/MJ/094/2019.

Sin embargo, Khoury Layón no ha obtenido el dinero necesario para que se cumpla la decisión que le otorga la libertad.

Según la versión de Khoury, la periodista Anabel Hernández, autora del libro Los señores del Narco, se entrevistó con él, le pidió disculpas por las calumnias, y le dijo que la jueza Hermelinda Silva Meléndez había recibido instrucciones del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera para sentenciarlo por el homicidio de Hugo Alberto Wallace. Este crimen no fue probado, existen todas las evidencias de violación al debido proceso, entre las cuales figura: el hecho de que se hayan expedido dos actas de defunción para la misma persona; un peritaje que asegura que la víctima fue asfixiada, aunque nunca se encontró el cadáver, una gota de sangre misteriosamente encontrada meses después del supuesto crimen, cuando se sabe que por más que se lave con cloro o lejía una escena del crimen, los peritos disponen de químicos que pueden revelar presencia hemática, sobre todo cuando se trata de litros de sangre como debe ocurrir cuando un cuerpo es descuartizado.

A esto se agrega que la gota de sangre tenía el ADN, la huella genética, de Isabel Miranda Torres y Enrique Wallace Díaz, que no era padre biológico de la supuesta víctima, por lo tanto, no tenía ninguna razón para portar ese Ácido Desoxirribonucleico, que es la molécula que identifica entre sí todos los seres vivos, e incluso a algunos virus como el que provoca el COVID-19. Ésa es la razón de que casi todas las vacunas que se han producido hasta ahora para atacar la pandemia tengan como objetivo evitar la replicación de ese virus en particular.

Para colmo, el ADN de la gota de sangre encontrada era de mujer. Para dar una idea al lector de la enorme diferencia que hace el Acido Desoxirribonucleico, femenino o masculino, o de una y otra persona, es como si quisieran prevenir el coronavirus, aplicando vacunas contra la polio, la viruela o el tétanos.

Sin embargo, Khoury era propietario de negocios. Ha recabado 70 testimonios de otros tantos presos del CEFERESO de Michoacán, que atestiguan las extorsiones que ha sufrido para que lo dejen usar tenis que permitan la transpiración o para no ser golpeado por otros presos. Para los demás, culpables inventados o reales, pero que ya cumplieron su sentencia o los requisitos para obtener su libertad, las condiciones son mucho peores.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, literalmente sirve, como dice el refrán mexicano, “para lo que se le unta al queso”, es decir, para nada. Cuando se le concedió el beneficio de la libertad, a uno de los detenidos, cuyo nombre nos reservamos para evitarle represalias, sus familiares acudieron a esta. De ahí los enviaron a la Comisión del Estado de México, debido a que ahí se encuentra el juzgado, aquí declinaron y les dijeron que acudieran a la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, porque ahí estaba el prisionero y de ahí los enviaron de vuelta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque se trata de un asunto federal. En la CNDH la titular también tiene el mismo valor que un florero porque la señora Rosario Piedra Ibarra no tiene idea de cómo trabajar.

Prueba de ello es que hace unas semanas convocó a un concurso que hubiera significado mucho si se hubiera tratado de exponer videos sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en México, pero en lugar de eso se pedía a los participantes que presentaran guiones que hablaran bien de la CNDH, y solo si era así les darían 20 mil pesos para producir los cortometrajes, pero además con la vigilancia de un censor de la propia Comisión.

Si la ciencia y el arte tienen un valor tan pobre en la 4T. Si las leyes que emitió el Estado para conceder la libertad a presos políticos y personas que ya cumplieron con los requisitos, no son respetadas por el poder judicial, y el gobierno hace caso omiso. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de injusticia en México? ¿Cuándo va a haber 4ta transformación en materia de Derechos Humanos?

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