Comisión calificadora del TEPJF en México Foto: CaribeNoticias
Manuel Guerrero Ramos*
El Tribunal Electoral mexicano y cualquier Corte que respete a la ciudadanía que paga sus honorarios, que se respete a sí misma y que respete el concepto Derecho que fundamenta su existencia, no podría emitir una sentencia que presuma de legal y definitiva cuando en ella se omite investigar y valorar innumerables hechos denunciados y presuntamente ilícitos. Los juzgadores han dado una ventaja indebida a una de las partes en la elección de México y han descartado ejercer su facultad de analizar el contexto integral de los hechos que se juzgan.
Cualquier sentencia sobre estas elecciones que se precie de imparcial y apegada a derecho, debe necesariamente valorar y en su caso sancionar los ilícitos que se presentan, como los cientos o miles de pruebas. Y luego entonces, emitir una sentencia que tome en cuenta los ilícitos probados y su repercusión en el juicio en el que se dará sentencia terminante.
No puede existir derecho en una sentencia cuando se “juzga” de forma absolutista y parcial, ni cuando se omite el reconocimiento de graves ilícitos y violaciones constitucionales sucedidas en el proceso de la causa que se juzga. Tampoco los Juzgadores pueden alegar que el calificar una elección presidencial es solamente contar votos (votos comprados, por demás, según lo argumentado reiteradamente por el Movimiento Progresista y con cientos de pruebas difundidas en Internet).
Más aún, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es un Tribunal de control constitucional y tiene por objeto salvaguardar las transgresiones a los derechos del ciudadano que se efectúen, como en este caso especifico por el IFE y el PRI.
Los Magistrados del TEPJF deben ser peritos en derecho y no ignorar la función de un Tribunal de control constitucional. No pueden juzgar como si fuesen auditores, contadores, matemáticos o actuarios, solamente atendiendo cifras de votos e ignorando cifras y pruebas de ilícitos electorales.
La protección de los derechos constitucionales y electorales de la sociedad está en juzgar el contexto integral en que se dio esta elección, esto es el control constitucional.
El artículo 483 del Código de Procedimientos Penales del DF observa este contexto de legalidad integral, y lo mandata de manera totalmente transparente. Menciona, de manera contundente, que si la gravedad de los hechos denunciados y probados ante un Ministerio Público, son de tal naturaleza que su investigación y valoración por parte de ese Ministerio Público determina consignarlos a un Juez Penal, esa consignación deberá influir en la sentencia del Juicio Civil. Por tal motivo, el Ministerio Público pedirá al juez o tribunal en donde se encuentre la causa civil a juzgar, que suspenda el procedimiento civil en tanto no termine el procedimiento penal.
Por parte del juez o tribunal, tendrán que ordenar que se suspenda el procedimiento civil en cualquier etapa en que se encuentre, sea éste un Juzgado Civil, una Sala Civil, un Juzgado de Distrito de Amparo o un Tribunal Colegiado de Circuito, en tanto no se dicte sentencia en el juicio penal sobre los ilícitos denunciados y probados, por los cuales el Ministerio Público determinó su consignación a un Juzgado Penal.
Para que exista, pues. justicia plena en juicio civil, primero deberán haber sido investigados, valorados y sentenciados los ilícitos denunciados en un juicio penal. Sólo después de la sentencia penal se reanudaría el juicio civil y necesariamente tendría que considerar el resultado del juicio penal.
Si la legislación del Distrito Federal a través del artículo 483, por ejemplo, contempla ordenamientos legales, lógicos y éticos para que exista legalidad integral en un Juicio Civil entre particulares, no se explica cómo esos principios éticos puedan ser ignorados en la calificación de la Elección Presidencial, cuando en esa calificación está en juego el destino de los aproximadamente 112 millones de mexicanos que conforman la nación.
Es importante puntualizar que las opiniones aquí vertidas, las hago en mi calidad de ciudadano preocupado, así como tremendamente sorprendido de que el “Estado de Derecho” que pretende aplicar a la calificación de la elección presidencial de 2012 ignore todo este contexto jurídico. Un “Estado de Derecho” como el que probablemente se vivió en la Dictadura de Francisco Franco en España, de los Somoza en Nicaragua o de Idi Amin Dada en Uganda.
Por mi parte, carezco de los recursos necesarios para ayudar a impedir una injusta imposición presidencial por parte de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral. Nuestras desventajas como ciudadanos son enormes, dado que estos funcionarios gozan de todo el poder y recursos de todo tipo para desatender los reclamos de justicia de la mayor parte de los ciudadanos, sin que por ello les afecte su tranquilidad, poder y recursos económicos personales y como institución.
Lo más grave es que todo sucede en un contexto de silencio del Ejecutivo Federal, de gran parte de los medios de comunicación y del Partido Acción Nacional. Con una gran preocupación y descomunal desventaja como ciudadano común frente a una institución sobrada de todo tipo de recursos, de manera pacífica y apegada a derecho, deseo externar mi decepción y protesta por la insensibilidad y soberbia con que se percibe a las autoridades electorales.
Mi justificada protesta la hago reproduciendo la carta que el presidente Benito Juárez envío a Matías Romero, en 1865. Una carta que expresaba la coyuntural debilidad que en ese momento el gobierno mexicano tenía respecto del poderío y la fuerza de los Estados Unidos y Francia. Los primeros, con la posibilidad de reconocer el imperio de Maximiliano. Francia y los conservadores del país apoyando al supuesto emperador. Coyuntural debilidad también de la sociedad mexicana en estos momentos, porque millones estamos luchando por sobrevivir el día a día.
En la señalada carta el Presidente Juárez acentúa su determinación de defender la integridad del territorio nacional y, en caso de no tener la fuerza necesaria en esos momentos, salvaguardar el derecho de las siguientes generaciones de reivindicarla.
La carta del Presidente Juárez a Matías Romero
“Chihuahua, 26 de enero de 1865
Sr. D. Matías Romero Washington
Mi querido amigo:
Por su carta de 14 de noviembre pasado y por las comunicaciones oficiales, que remite al ministerio, quedo impuesto de que las cosas han cambiado en esa de un modo favorable a nuestra causa, lo que celebro mucho, pues estaba yo muy inquieto por las noticias que corrían, de que ese gobierno estaba dispuesto a reconocer el imperio de Maximiliano. Así tendremos a lo menos una cooperación negativa de esa república, pues en cuanto a un auxilio positivo, que pudiera darnos, lo juzgo muy remoto y sumamente difícil, porque no es probable siquiera que el sur ceda un ápice a sus pretensiones y en tal caso, ese gobierno tiene que concluir la cuestión por medio de las armas, y esto demanda mucho tiempo y muchos sacrificios.
La idea que tienen algunos, según me dice usted de que ofrezcamos parte del territorio nacional para obtener el auxilio indicado, es no sólo antinacional, sino perjudicial a nuestra causa. La nación por el órgano legítimo de sus representantes ha manifestado de un modo expreso y terminante, que no es su voluntad que se hipoteque, o se enajene su territorio, como puede usted verlo en el decreto en que se me concedieron facultades extraordinarias para defender la independencia y si contrariásemos esta disposición, sublevaríamos al país contra nosotros y daríamos una arma poderosa al enemigo para que consumara su conquista. Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino; pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos o cualquiera otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior pero sería pésimo desarmar a nuestros hijos privándolos de un buen derecho, que más valientes, más patriotas y sufridos que nosotros lo harían valer y sabrían reivindicarlo algún día.
Es tanto más perjudicial la idea de enajenar el territorio en estas circunstancias, cuanto que los estados de Sonora y Sinaloa, que son los más codiciados, hacen hoy esfuerzos heroicos en la defensa nacional, son los más celosos de la integridad de su territorio y prestan al gobierno un apoyo firme y decidido. Ya sea, pues, por esa consideración, ya sea por la prohibición que la ley impone al gobierno de hipotecar o enajenar el territorio nacional y ya sea en fin porque esa prohibición está enteramente conforme con la opinión que he tenido y sostenido siempre sobre este negocio, repito a usted lo que ya le he dicho en mis cartas de 22 de diciembre último y posteriores, a saber: que no sólo debe usted seguir la patriótica conducta que ha observado de no apoyar semejante idea, sino que debe usted contrariarla trabajando por disuadir a sus autores haciéndoles presente las funestas consecuencias que nos traería su realización.
Celebro que haya usted quedado satisfecho de la opinión que observó en el ejército del general Grant respecto de nuestra causa. Esa opinión y la que ha manifestado Mr. Seward son una garantía que podremos tener de que el imperio de Maximiliano no sería reconocido por ese gobierno. Es lo único positivo que podemos esperar por ahora de esa república.
No me extiendo a más porque bajo la impresión del profundísimo pesar que destroza mi corazón por la muerte del hijo a quien más amaba, apenas he podido trazar las líneas que anteceden. Digo por la muerte del hijo a quien más amaba, porque según los términos de la carta de usted que recibí anoche, he comprendido, que sólo por lo funesto de la noticia, no me la ha dado usted de un golpe; pero en realidad mi amado hijo ya no existía, ya no existe. ¿No es verdad? Con toda mi alma deseo equivocarme y sería yo muy feliz si por el próximo correo que espero con verdadera ansiedad se me dijera que mi hijo estaba aliviado. ¡Remota esperanza que un funesto presentimiento desvanece, diciéndome que ya no hay remedio!
Adiós amigo mío. Sabe usted que lo aprecia su inconsolable y afectísimo.”
Las palabras del Presidente Juárez seguramente son vigentes en el escenario actual de nuestro país, los actores y poderes reales y fácticos son diferentes pero tienen las mismas intenciones que los del siglo XIX, algunos querrían reconocer a Maximiliano, otros enajenar el territorio nacional y otros millones de ciudadanos como Matías Romero, estaríamos luchando por hacerles presente a las fuerzas conservadoras, las funestas consecuencias para esta y futuras generaciones, que aceptar una imposición y enajenar el territorio nacional nos traería.”
Manuel Guerrero Ramos
Agosto 23 de 2012
*El autor es militante de Izquierda y luchador por la democracia en México
Sobre cómo un joven se incorpora al CJNG «para tener una vida mejor»
CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- La corrupción en México es una incubadora de criminales que ha visto nacer a personajes como Mauricio Hiram Suárez Álvarez, “El Mawicho”, quien con el objetivo de dar a su hija una vida mejor se convirtió en uno de los criminales más sanguinarios e inspiró el libro “Así nació el diablo”, del periodista Emmanuel Gallardo.
En entrevista, este lunes, el escritor mexicano, que ha tenido que exiliarse del país tras investigar las raíces del narcotráfico en México, explica que este fue uno de los principales hallazgos que obtuvo tras redactar el texto, pensado en un principio como un reportaje.
“Lo que más me llamó (la atención) de todo esto durante este proceso fue darme cuenta de que la corrupción en el aparato de Justicia, en específico de la Ciudad de México, pareciera que es una incubadora de criminales, porque en este proceso de intento de impartir Justicia, pareciera que es algo totalmente simulado”, apuntó Gallardo.
“Así nació el diablo”, detalla, es la historia de Mauricio («El Mawicho»), un joven que con el empeño de darle una mejor vida a su hija se fue a un campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y tiempo después tuvo la plaza de Puerto Vallarta, Jalisco, en el occidente mexicano.
Años más tarde, «El Mawicho» regresó a capital convertido en un pistolero con experiencia en enfrentamientos armados y traumatizado por los asesinatos, los descuartizamientos y la tortura que él mismo ejerció desde el primer día que llegó al rancho del CJNG a las afueras de Puerto Vallarta.
Ineficiencia de las autoridades
Para Gallardo, la corrupción que existe en el sistema judicial del país ha provocado que muchas personas que son recluidas en un penal vivan castigos, hagan conexiones criminales y se especialicen como delincuentes, por lo que al salir corren el riesgo de convertirse en sicarios.
“La verdadera maldad que existe en la Ciudad de México se arrastra en los penales donde existe la corrupción y se desborda la violencia”, comenta.
En ese sentido, asegura, el libro relata las vivencias de » El Mawicho», quien en el reclusorio aprendió todo lo que le llevó a ser un peligroso criminal, lo que resulta un panorama desesperanzador para la sociedad.
Y es que después de salir del penal, «El Mawicho» asesinó a dos israelíes en la Plaza Artz Pedregal en el sur de Ciudad de México, y tras su detención declaró que cometió el crimen porque esperaba ser nombrado jefe de sicarios.
“No solamente es la historia del Mawicho y la corrupción que cada vez se hace más grande, como una bola de nieve, sino que son varias historias y esta bola de nieve, alcanza todas estas historias”, afirma.
El libro, escrito en forma de reportaje, muestra la verdad en cada palabra, personaje, persecución y sinsentido, que terminan retratando el rostro más real del México de balas y desesperación, según el autor.
“En la primera parte (del libro) yo me encuentro con un muchacho con una preocupación absoluta por su familia, por su gente cercana. Un muchacho que, cuando me despedía de él, decía ‘que Dios lo bendiga’, y cuando lo vuelvo a ver en 2019, a un mes antes de que cometiera lo que cometió, ya veo a una persona traumatizada”, relata.
Gallardo comenta que el seguimiento que dio a «El Mawicho» le dejó un impacto psicológico, por lo que previo a escribir su libro tuvo que tener acompañamiento psicológico.
“Este libro lo que significó para mí fue un proceso largo psicológico, para mí sí, mi familia se rompió, no he visto a mi mamá y a mi papá en tres años”, lamenta.
Estado inoperante
El periodista reconoce que una de las cosas que evidencia su texto es que en México la violencia se ha normalizado llevando a que personas como él tengan que huir del país y no los criminales.
“Eso me hace sentir muy frustrado, me hace sentir muy encabronado (enojado). Esto es una prueba más de un Estado mexicano inoperante, incapaz de proteger a sus periodistas y nos están matando, van 13 periodistas asesinados en lo que va del año, son 13 seres humanos muertos”, lamenta.
Por ello, dice, este libro es un “esfuerzo” por mostrar la realidad en México y poner sobre la mesa la necesidad de encontrar mecanismos que saquen al país de toda esta violencia, “comenzar procesos de paz, porque son urgentes en México”, concluye.
El único anuncio halagüeño que podrá hacer AMLO en los próximos días, será la participación de Los Tigres del Norte en los festejos patrios del 16 de septiembre. Pan y circo, la receta.
El accidente en la mina “Las Conchas”, en Coahuila, amenaza convertirse en otra piedra en el zapato de la 4T, debido a las graves implicaciones que hay en el fondo.
Se trata de una desgracia anunciada, que viene de antes, pero que no se resolvió y, de hecho, empeoró con el actual régimen pues, para empezar, el citado “pocito” no contaba con bitácora de funcionamiento actualizada.
El gobierno no ha aclarado ni desmentido este dato. Tampoco tenía la respectiva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y, lo peor: pese a estas irregularidades, la Comisión Federal de Electricidad otorgó contratos por 70 millones de pesos a la empresa que la operaba.
Se trata de la Compañía Minera El Pinabete, que aparece como responsable de la operación desde hace 10 años. Al menos la CFE no ha desmentido tampoco esta información publicada en El Universal.
De acuerdo con datos de El País, “en la región se extrae el 99% del carbón que compra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), uno de los pilares de la reforma eléctrica del presidente, López Obrador.
“Unas 3 mil familias de la zona dependen directamente de la explotación del mineral, y otras 11 mil de empleos indirectos».
“Siete trabajadores murieron en junio del año pasado. En 2006, 65 obreros murieron por una explosión de gasen Pasta de Conchos, en la que es hasta el momento la mayor tragedia minera de la historia de México”.
Hace ocho años, existía un Fondo Minero al que las empresas del sector pagaban el 7.5% de sus ganancias netas. Este dinero supuestamente se utilizaba para mejoras en los municipios de las zonas mineras.
Pero ya sabemos la historia: López Obrador dijo que había corrupción en el manejo de ese fondo y determinó que los recursos ya no irían a parar a estados y municipios sino a la federación.
Lejos de mejorar la situación, los pocitos siguieron sin regulación, casi nulas visitas de inspectores y, como decíamos, sin manifestación de impacto ambiental. No sabemos si los trabajadores tenían seguridad social.
Pero la Comisión Federal de Electricidad, esa que López Obrador quiere imponer como monopolio paraestatal, sigue inyectando millonarios recursos para la compra del carbón.
¿Qué va a hacer sin las mañaneras?
Aquí, la pregunta que empieza a surgir es: ¿Qué va a hacer López Obrador cuando ya no tenga las mañaneras? ¿Cuál será su ánimo cuando empiecen a menudear las traiciones?
La historia nos demuestra que ningún presidente electo voltea a ver a su antecesor, salvo que sea para pintar su raya con el pasado y abrir expedientes criminales que le abonen simpatía popular.
Cada sexenio tiene sus chivos expiatorios. Éste seguramente no será la excepción. Por eso ahora AMLO empieza a pedir “treguas”, mundiales o nacionales, porque los bombazos vendrán de todas partes.
Para nadie es un secreto que la crisis que vive México se acrecentó en proporción directa con las inversiones fallidas en el AIFA, Dos Bocas, Tren Maya. Todas ellas, reflejo de una pésima administración de los recursos públicos.
A ello se suma la desastrosa política de salud asumida por el gobierno de López Obrador desde que empezó la pandemia. Ahora tenemos, además, toda una crisis en los esquemas de vacunación, sobre todo infantil.
El “ogro filantrópico” de la política mexicana que mencionaba Octavio Paz, renació con toda su fuerza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El estatismo, el presidencialismo feroz, la burocracia más corrupta se ha reinstalado.
Regresa en medio de manotazos autoritarios, expropiaciones y promesas populistas., como en los viejos tiempos de Luis Echeverría o López Portillo.
Pero, como en todos los anteriores sexenios, alguien tendrá que pagar los platos rotos, de una u otra manera.
Delfina ¿el principio del-fin?
En medio de esta reflexión, resulta curioso observar la candidatura de Delfina Gómez al gobierno del Estado de México. Al margen de las encuestas dudosas, ella resulta ser la más débil, por decirlo de la manera más amable.
La cola que le pisan es más visible que los kilómetros del fallido aeropuerto hasta el centro de Texcoco. Ella tiene un expediente abierto por el Tribunal Electoral y una multa por más de 4 millones de pesos.
Literalmente esquilmó parte de 72 quincenas de los trabajadores de ese municipio, para entregarlo a campañas del partido en el poder: Morena, que hoy la premia con la posible gubernatura.
Así, el “delfín” o Delfina de AMLO podría ser una especie de sacrificio para los dioses, porque si la oposición se une, no habrá nada que impida una derrota en toda la línea a Morena y el inicio de la debacle morenista.
Ese es el tamaño de lo que se juega en el Estado de México, donde el PRI también apuesta su futuro. Sus días están contados. Quedará sólo como partido marginal, como ocurre con el PRD.
Todo está en manos de la oposición, pero el país en general puede darse un respiro. La salida de Delfina de la SEP es una buenísima noticia. Los relevos en dicho sector hacen insostenible la intentona ideologizante de López Obrador.
Junto con Esteban Moctezuma, Delfina Gómez deja un verdadero hoyo negro de rezagos y desvíos financieros que tarde o temprano se tendrán que ventilar. Sus logros son = a 0.0
Tras la pandemia, más de 1.4 millones de niños y jóvenes abandonaron los estudios y buscarán reacomodarse en los próximos ciclos escolares, en medio de un rezago educativo abrumador.
Lo peor es que, de acuerdo con datos preliminares, bajo la férula de Delfina Gómez, la Secretaría de Educación Pública registró un subejercicio por 25 mil millones de pesos ¡tan sólo en un semestre!
El régimen de la 4T no sólo no apostó nada para enfrentar la emergencia sanitaria, simplemente, no invirtió. Hay subejercicios por más de 900 millones de pesos en Ciencia y Tecnología; por 5 mil millones en La Escuela es Nuestra.
También hay subejercicios por más de mil millones en la producción y distribución de libros. Así que, cambiar los libros de texto gratuitos, para ideologizar a las juventudes, hoy ya sólo se ve como otra de las quimeras de López Obrador.
La realidad lo ha atascado, por eso hoy empieza a pedir treguas, para apaciguar a ese ogro, que él mismo despertó y alimentó.
En la crisis de agua potable que vive en Monterrey sale a relucir la corrupción del mismo gobierno federal, que sostiene que en esta era de la 4T se combate la corrupción. Abundemos en ello.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha otorgado concesiones a empresas no sólo mexicanas sino a extranjeras. Pero entre esas concesiones mexicanas, se destaca las de la senadora Olga Sánchez Cordero, asunto que ningún medio corporativo retomó para su investigación.
Ahora que se agudizó la escasez de agua en Nuevo León, el presidente de México anunció la implementación de un decreto en torno a que el agua es un derecho humano y que se encuentra en la Constitución Mexicana. Ya sabemos que es letra muerta, pero ahora el derecho al agua no sólo es un derecho humano, sino que el agua es un asunto de seguridad nacional, por lo que las empresas refresqueras, las distribuidoras de agua embotellada y las cerveceras, en un gesto de solidaridad están apoyando a Nuevo León.
Ese apoyo no es en realidad un apoyo al pueblo neoleonés, es más bien una estrategia para no perder sus concesiones, y de esa manera impunemente seguir saqueando el agua no sólo de Nuevo León, sino de todo el país donde tienen establecidas sus empresas.
Lo peor que se vive en el saqueo del agua en México es que los productos como son la cerveza y los refrescos son exportados a otros países, lo que significa un saqueo a México, obteniendo millonarias ganancias a costa de la escasez para los mexicanos. No sólo se trata del desabasto del agua potable para uso doméstico, también la escasez de agua para la agricultura y con ello abastecer la red alimentaria.
La alimentación de los mexicanos no se compone sólo de granos básicos, por lo que se requiere agua para las verduras, las frutas, las legumbres y en el cuidado de animales para consumo humano.
Así que las empresas que se dicen apoyar a Nuevo León en realidad se burlan del pueblo mexicano y aun con el decreto firmado por el presidente de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación no impide que los saqueadores del vital líquido lo sigan haciendo sin importarles el sufrimiento de millones de personas, además de causar la muerte de hortalizas, de siembras de maíz, frijol y demás productos de la canasta básica.
Ahora se puede demostrar que el petróleo no es el energético más codiciado. En un futuro no muy lejano será el agua y ya se inició la guerra por este vital líquido; sólo falta que la ciudadanía concientice que podría no tener gasolina, gas y electricidad; pero, no obstante, si no tiene agua para lo más elemental en sus hogares, en sus parcelas en el caso de los campesinos, la vida se irá extinguiendo, de tal manera que lo que se está viviendo en Nuevo León es el inicio de la alerta por el agua.
Los gobiernos federal y estatales tendrían que tomar medidas más severas en cuanto a la instalación de empresas depredadoras del agua potable de México. El único problema es que son los mismos funcionarios públicos que participan de este acaparamiento, como en el caso mencionado de la senadora Olga Sánchez Cordero.
El medio independiente lacoperacha.com.mx elaboró un mapa en Google con las concesiones de agua a la senadora Sánchez Cordero y a su esposo. Olga Sánchez Cordero obtuvo 18 concesiones para un total de 1,224,500 metros cúbicos al año desde 1997, la mayoría habiendo sido obtenidas en noviembre de 2018, cuando su esposo, Eduardo Alejandro Francisco García Villegas obtuvo también una concesión para 1,420,000 metros cúbicos al año. Este acuífero es vedado y sobreexplotado. Al ser todas para uso agrícola, el aprovechamiento de estas aguas es exento del pago de derechos. Se notará que las dos concesiones más grandes de Olga Sánchez para uso agrícola se encuentran en medio de una zona urbana. Aquí el enlace:
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