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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Tamasopo podría vivir represión por protestar contra el PRI

Ciudadanos de Tamasopo llevan tres semanas alegando fraude electoral en las elecciones para presidente municipal con las que favorecieron al PRI

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Palacio Municipal de Tamasopo tomado en protesta por Fraude Foto: red

TAMASOPO, San Luis Potosí.- Los ciudadanos de Tamasopo llevan tres semanas con la presidencia municipal tomada en protesta por el fraude electoral de las pasadas elecciones de julio, de acuerdo a sus objeciones, y el gobierno del Estado recién los ha amagado con represión sino se retiran de la alcaldía. Desde el 25 de septiembre en que el Tribunal Electoral diera su fallo a favor del candidato del PRI a la presidencia municipal, Vicente Segura, cientos de manifestantes simpatizantes del Movimiento Ciudadano decidieron tomar la presidencia.

Los ciudadanos sostienen que hubo irregularidades en toda la elección y que no les dejan opciones, «sólo intentan imponer al PRI en su  municipio», dijo uno de los manifestantes, quien además junto con los demás ciudadanos exige la investigación de un fraude millonario que, de acuerdo a sus cálculos, asciende a 45 millones de pesos cometido por la pasada administración.

El gobierno estatal encabezado por Fernando Toranzo Fernández advirtió que si no se retiraban los manifestantes podría “intervenir” con las fuerzas oficiales, y esto quedó de manifiesto por el secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, quien en un comunicado publicado en el portal de noticias www.pulsoslp.com.mx hace la amenaza y dice que es el único municipio de los 58 en donde se registró «un incidente durante la transición de gobierno”.

Ochoa Rojas agregó: “Ellos no han querido acatar la disposición de la autoridad jurisdiccional electoral e insisten en que tienen la razón aunque jurídicamente se resolvió que no la tienen y hay un resultado que no los favorece a ellos sino a otra persona”.

Sin embargo, para los ciudadanos de Tamasopo, las irregularidades de la elección que diera el triunfo al PRI han sido desestimadas por las autoridades electorales, como se hizo a nivel nacional, por lo que ellos «no van a permitir ser robados en su municipio», sostuvieron.

Redaccion La Press

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Mexico Violento

Padres de estudiantes de Bachillerato en Puebla denuncian al director por robo de cuotas voluntarias

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Por Claudia Martínez Sánchez

Padres de familia del Bachillerato Héroes de la Reforma en Puebla denunciaron el robo de cuotas voluntarias solicitadas para la graduación de sus hijos por parte del director de la escuela, Carlos Roberto Martínez Peláez, quien recientemente levantó un acta administrativa para el cese como docente a esta periodista tras revelar en reportajes la corrupción de familiares del gobernador Miguel Barbosa y agresiones a las comunidades indígenas de la región.

De acuerdo con las denuncias de los padres de familia, desde hace dos años, el director escolar les solicitó el dinero para organizar la graduación de unos 50 estudiantes, pese a la estricta orden de confinamiento por la pandemia Covid-19. No obstante, Carlos Roberto Martínez Peláez, en su calidad de director, y Ana Isabel Coriche Avilés, prefecta y asesora estudiantil, pidieron la cuota de 2 mil pesos por alumno, sin llevarse a cabo el evento y sin que hasta la fecha se les regrese el dinero a los padres de familia.

«Fuimos engañados, dice los padres de los estudiantes, con la celebración de su graduación y nos timaron a los padres de los dos grupos de sexto», señalaron entre quejas e indignación.

En medio del confinamiento por el Covid-19, los jóvenes fueron citados en la escuela para tomarles fotos de su certificado y la foto de generación; los padres abundaron que pese a los momentos de crisis por los que atravesaban en el hogar por la pandemia que se traducía en desempleo y falta de dinero, todos los padres -sin excepción- cubrieron los gastos de la graduación para la celebración de sus hijos.

La cantidad solicitada de 2 mil pesos, (105 dólares, según tipo de cambio) incluía fotos del certificado, la foto de generación, así como de la fiesta para los graduados. Sin embargo, de último momento, Martínez Peláez «canceló todo pero se quedó con el dinero», acusan.

Han pasado dos años y los padres de familia y ex alumnos siguen reclamando su dinero, pero no hay devolución de dicha cantidad. Las respuestas son variadas: «organizarán la fiesta de graduación cuando termine la pandemia», «el señor de las fotos se fue con el dinero», «regrese la próxima semana y vemos», «no se encuentra la asesora», «el director no está ahora».

Por lo anterior, los padres de familia denunciantes hicieron un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que ejecute la sanción correspondiente por el abuso de confianza que el director escolar y la maestra Ana Isabel Coriche Avilés incurrieron en contra de los padres de familia.

 

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Mexico Violento

Deficiente pavimentación en caminos rurales a municipios de Oaxaca, por corrupción de autoridades locales

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Por Miguel Montesinos León

El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en diversas presentaciones públicas, ha manifestado que el programa que su gobierno está implementando para la pavimentación de caminos rurales, en el estado de Oaxaca, beneficia el tiempo de recorrido entre una comunidad a otra, además de generar empleo a los habitantes de las comunidades beneficiadas. Incluso ha dicho que las mujeres tienen más sensibilidad para escoger las piedras, y también ha inaugurado algunos caminos y señalado que algunas autoridades han devuelto recursos a su gobierno por la buena administración y honestidad de quienes las están ejecutando.

Sin embargo, aunque el presidente ha mostrado su buena intención para beneficiar a las comunidades rurales y a sus habitantes, en la región Mixteca, y específicamente en las comunidades pertenecientes al Distrito de Nochixtlán, Oaxaca, el cemento, de marca Tolteca de Cemex, empleado para las obras de pavimentación es aplicado de manera deficiente y los recursos públicos son saboteados para beneficio personal.

En un recorrido de este periodista, se pudo constatar a simple vista que el pavimento es de pésima calidad, al igual que los acabados.

En el tramo perteneciente a la agencia municipal del Fortín Chicahua, donde todavía se encuentra en etapa de construcción, claramente, sin ser experto en la materia se percibe que la proporción de cemento es mínima. Esto significa que le están aplicando más arena y grava de lo que técnicamente debe agregarse a la proporción de cemento.

Todavía no se concluye la obra de pavimentación y ya presenta enormes grietas y baches, también la capa final del pavimento se está levantando.

En el tramo en construcción del camino que comunica de Santa María Apazco a Nochixtlán se percibe a simple vista la deficiencia en la aplicación de cemento.

También este camino en proceso de construcción y al no tener alternativa de transitar a la comunidad sin haber concluido la obra ni mucho menos ser inaugurado, los vehículos ya circulan en el nuevo pavimento.

Ambos tramos en mención ya presentan desperfectos, por lo que se consultó a expertos en construcción y manifestaron que los encargados de ejecutar estas obras están aplicando mayor cantidad de arena y grava al cemento con la finalidad que el material les rinda más metros.

Aunado a la elevada cantidad de arena y grava, también consultando con los lugareños, señalan que la presidenta municipal de San Miguel Chicahua, Ester Guzmán Jiménez, ha asignado las obras de pavimentación del camino que comunica a su comunidad con la cabecera Distrital, Nochixtlán, a personas como Olegario López, originario de la comunidad del Fortin Chicahua, a Manuel Gómez de San Miguel Chicahua, infringiendo con esto lo mandatado por el presidente de la república, que la obra debe ejecutarla un comité, y hombres y mujeres de la comunidad beneficiada, sin privilegios.

En el caso de Santa María Apazco, a pregunta expresa de este reportero al presidente municipal, Omar Bautista Rodríguez, sobre quién está ejecutando la obra de pavimentación en su municipio, enfático, señaló que la misma autoridad municipal encabezada por él.

Al entrevistar a ciudadanos de estas comunidades, señalaron que se sabe que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Delegación Oaxaca, no acuden a supervisar las obras de pavimentación y exigen su respectiva compensación (moche o cuchupo), por lo que quienes están ejecutando estas obras se ven obligados a aplicar más arena y grava y menos cemento.

Según el presidente López Obrador, la vida útil del pavimento de estos caminos es de aproximadamente 14 años. Lo que vemos será difícil de cumplir ya que todavía no se concluyen los caminos, ni tampoco se han inaugurado y ya presentan desperfectos.

Los expertos hablan

Los expertos en la materia señalaron a Los Ángeles Press que si el personal de la SCT quisiera supervisar las obras y ver que se cumpla con los estándares de calidad y proporción adecuada de los materiales, sobre todo en la cantidad de cemento, existen técnicas avanzadas para corroborarlo.

Desafortunadamente en estas comunidades se siguen aplicando los malos vicios de antaño, donde las obras se le asignan a amigos y compadres, pero además no les importa la calidad de las obras, sino ver de qué manera se obtienen ventajas particulares de los recursos públicos, señaló el ingeniero Miguel Ángel Hernández.

Mencionó que era vergonzoso darse cuenta cómo se evidencian quienes están ejecutando estas obras, ya que está a la luz del público la deficiencia del material empleado.

Un claro ejemplo de que los empleados de la SCT Oaxaca no están cumpliendo a cabalidad con la supervisión de la obra es el que desde sus oficinas dan el visto bueno, a través de firmas de documentos sin importar que millones de pesos estén quedando en los bolsillos de las autoridades municipales y en sus familiares y amigos a los que les asignan las obras.

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Mexico Violento

Periodista de Los Ángeles Press amenazada por denunciar corrupción y represión del gobernador de Puebla

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Por Guadalupe Lizárraga

Claudia Martínez Sánchez, corresponsal de Los Ángeles Press en Puebla y activista de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, denunció acoso y amenazas por parte del gobierno de Luis Miguel Gerónimo Huerta, tras publicar reportajes que revelaron corrupción de familiares del gobernador y otros funcionarios vinculados a gestiones sindicales del magisterio, así como las violaciones de derechos humanos contra comunidades indígenas de la región.

La periodista denunció que tras sus publicaciones en el digital internacional para el que colabora, Carlos Roberto Martínez Peláez, director del Bachillerato Oficial Héroes de la Reforma, donde ella también labora como docente, levantó un acta administrativa en su contra por las notas adversas al gobernador Barbosa Huerta.

Por lo que la periodista fue citada a principios de la semana pasada por Martínez Peláez para observarle que su conflicto se podría terminar si ella deja de publicar notas periodísticas contra Barbosa.

El director le dijo que autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) le mostraron el material publicado, y le pidieron que la periodista “dejara de escribir ese tipo de contenido”.

El funcionario además le advirtió que, de persistir, Claudia Martínez ponía en juego su plaza de docente y los 21 años de servicio que lleva, pero también ponía en riesgo tanto su vida como la de su familia.

Además, le informó que el viernes 15 de octubre se presentaría ante el jurídico para revisar el caso, y que ya estaban listos tanto su defensa como los testigos, propuestos por Jaime García Roque, secretario general de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Claudia Martínez narró que el director del Bachillerato le pidió que en el encuentro se sometiera, diciendo que sí a todo lo que le preguntaran en la audiencia y admitiera que si bien difundió notas periodísticas en contra del gobernador Barbosa y las compartió en el grupo de WhatsApp “Delegación-D-II-235” del SNTE, no lo volvería a hacer.

Sin embargo, el día de la audiencia, Martínez Sánchez debía estar en Coyomeapan para la visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante el conflicto postelectoral al que ha dado cobertura internacionalmente por el acoso gubernamental a los líderes de la comunidad, Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzalo Martínez, y Anastacio González Sanguinez, a quienes les fabricaron delitos y los encarcelaron.

Adicionalmente, en el acta administrativa levantada en contra de la periodista señala que, además de difundir las notas referidas, se ausentaba de su labor como docente e incurrió en seis faltas injustificadas los días 7, 13, 10 y 21 de septiembre y el 4 y 5 de octubre de este año, “lo que afectó el desarrollo de la comunidad escolar a su cargo”.

Quien presenta las pruebas en su contra es Ana Isabel Coriche Ramírez, funcionaria sindical y de la SEP, quien es hija de Jorge Luis Coriche Avilés, ex diputado federal, dueño de una mina a cielo abierto en Zacatlán, que entregó varias tierras a transnacionales y sería uno de los primeros beneficiados, de concretarse la presa hidroeléctrica en Coyomeapan y Zoquitlán.

El despojo de estas tierras de la comunidad indígena ha sido parte de las revelaciones periodísticas de Claudia Martínez Sánchez, incluyendo testimonios y evidencias de las agresiones de las autoridades después de protestar por la presencia de grupos delictivos tolerados por el gobierno de Barbosa Huerta.

Además, un reportaje de Claudia Martínez Sánchez desmintió acusaciones del presidente municipal electo David Celestino contra los indígenas de Coyomeapan de haber incendiado inmuebles y robado patrullas. El trabajo de la periodista demostró que los inmuebles estaban intactos y las patrullas bajo resguardo de las mismas autoridades, sin embargo, los líderes indígenas que fueron acusados por esos supuestos delitos siguen encarcelados.

Otros casos de acoso

No es la primera denuncia por represión del gobierno de Miguel Barbosa Huerta. Otro maestro, del que nos reservamos su identidad, quien había denunciado a «aviadores» en su escuela, personas que cobraban sueldo sin trabajar, fue reprimido con el uso de la fuerza pública y cesado de su plaza laboral. Él mismo señala que «no paran hasta destruirte», y que es una característica del actual gobierno de Puebla.

Preocupado por las amenazas contra la periodista Claudia Martínez Sánchez, le envía un audio para prevenirla de agresiones mayores.

Por otra parte, la exalcaldesa de Puebla Claudia Rivera Vivanco también denunció el acoso del que fue víctima durante su gestión pública, directamente por el gobernador Miguel Barbosa. Incluso, el gobernador intentaba imponerle personajes cercanos al ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, para puestos de seguridad en el municipio, y la instaba a atacar a la exgobernadora del PAN Martha Erika Alonso.

Una denuncia adicional ha sido también la de la diputada federal Inés Parra Juárez, quien ha dado varias conferencias de prensa para denunciar los agravios a los indígenas de Coyomeapan, Puebla, y quien ha señalado reiteradamente de represor y cacique al gobernador Barbosa, por lo que ha sufrido también campañas de odio y violencia de género.

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