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Justicia pendiente

Suprema Corte otorga amparo a periodista detenido y torturado en Yucatán

Edwin Canché fue detenido arbitrariamente y torturado por el entonces alcalde de Seyé, Ermilo Dzul Huchim y cinco policías municipales.

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El periodista yucateco Edwin Canché

Article19 / Equipo Indignación

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 1422/2015 sobre el caso del periodista Edwin Canché, del municipio de Seyé, Yucatán, cuyo proyecto fue elaborado en la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y aprobado por unanimidad de cinco votos, estableciéndose estándares trascendentes en materia de libertad de expresión y periodismo.

El 1° de enero de 2014, Edwin Canché fue detenido arbitrariamente y torturado por el entonces alcalde de Seyé, Ermilo Dzul Huchim y cinco policías municipales, al estar cubriendo un accidente de tránsito en el mismo municipio, en el cual se encontraba implicado un sobrino del ex alcalde, motivo por el cual fue trasladado sin orden ni motivo legal alguno a las oficinas del Ayuntamiento, donde fue torturado física y psicológicamente por dichos servidores públicos. El mismo ex alcalde le advirtió “ya estoy hasta la madre, me tienen cansado de que estén criticando mi administración”, que encabezaba en aquel entonces.

Ante esos hechos, ARTICLE 19 y Equipo Indignación asumimos la representación jurídica, siguiendo con el acompañamiento durante el proceso penal. El caso fue atraído e integrado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, sin embargo, ésta consignó el expediente por los delitos de lesiones y abuso de autoridad, no así por tortura y privación ilegal de la libertad, los cuales se configuraban por la naturaleza de los hechos.

Hasta la fecha, el proceso contra los servidores públicos agresores se sigue por aquellos delitos, los cuales no reflejan lo sucedido contra el periodista. Tanto el Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán, quien lleva el proceso, como el Tribunal Unitario de Yucatán, se han negado a reclasificar los delitos, tal como lo hemos solicitado reiteradamente.

Ante esta negativa de reclasificar los delitos, las organizaciones representantes promovimos un juicio de amparo que conoció el Tribunal Unitario de Campeche. Este tribunal otorgó el amparo al periodista en 2014, no sobre la reclasificación por tortura, sino que puso en duda la calidad de periodista de Edwin Canché. Según el Magistrado, Edwin no demostraba ser periodista con alguna credencial o contrato de algún medio de comunicación, lo cual implicaba que todo el proceso penal regresara al fuero común en Yucatán, donde la Fiscalía del Estado había mostrado total desdén por las violaciones a derechos humanos del periodista. Por ese motivo se impugnó la resolución, de la cual solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajera el asunto para pronunciarse al respecto, que finalmente se registró el amparo en revisión número 1422/2015.

Lo que resolvió ayer la Primera Sala de la SCJN en el amparo resulta trascendente para la libertad de expresión y periodismo en México, y sienta un precedente importante en estas materias, al reconocer la perspectiva amplia y funcional del periodismo, visto como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, sin que deba acreditarse la pertenencia a un medio de comunicación o contar con un título universitario, ya que en la función periodística participan una variedad de personas.

Esta resolución también impacta en los mecanismos de protección que se han establecido en los últimos años ante la situación de violencia y riesgo a la que se enfrentan las y los periodistas; obligando a brindar medidas de prevención y protección a quienes lo necesiten bajo parámetros amplios ahora reconocidos por la Suprema Corte en México. En enero de este año, el Pleno de la SCJN analizó la definición de periodista ante la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la CNDH contra la Ley de Protección Integral a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. En aquella ocasión no se invalidó la limitación de periodista aquellos que contaran con título universitario.

Por ello, ARTICLE 19 y Equipo Indignación reconocen la trascendencia de esta resolución para el caso particular de Edwin Canché en cuanto al reconocimiento de su labor, así como en su búsqueda de justicia y reparación, pero también lo que dicha resolución implica para el periodismo y las libertades de expresión e información en México, como un avance en reconocer su importancia dentro de una sociedad democrática.

Sin embargo, aún existen pendientes para Edwin Canché dentro de su proceso. Como ya se mencionó, se ha negado la acreditación de tortura, tanto por órganos jurisdiccionales como por la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (CODHEY) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes han soslayando los estándares más protectores en esta materia. Actualmente se encuentra en trámite un juicio de amparo contra la CNDH por este motivo.

Asimismo, se encuentra pendiente la reparación integral del daño ocasionado a Edwin Canché, la cual seguiremos impulsando hasta que se reconozca e implemente por ser un derecho de toda víctima de violaciones a derechos humanos y de delito.

ARTICLE 19 y Equipo Indignación reconocen que la resolución representa un paso importante para la protección y reconocimiento del ejercicio periodístico en México. Los índices de impunidad de los delitos contra la libertad de expresión se encuentran en un 99.75% de los casos. Por ende, ante la crisis de derechos humanos que impera en el país, la labor de todas las autoridades, incluyendo a la Suprema Corte, deben partir de este grave contexto y cumplir a cabalidad con sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos.

 

Justicia pendiente

Senado aprueba eliminar el fuero presidencial

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Por Ignacio García

El Senado de la República aprobó en lo general la eliminación del fuero presidencial, por lo que serán enviados los dictámenes a los Congresos locales de los estados y se requieren que sea aprobado por 17 para que entren en vigor en el país y se establezca en la Constitución.

Los senadores de la bancada mayoritaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acordaron con la oposición impulsar la reforma para la eliminación del fuero presidencial, así como retirar la inmunidad procesal de los legisladores federales.

La minuta de la Cámara de Diputados que en el artículo 108 señala que el presidente de la República podrá ser juzgado en sus funciones por traición a la patria, delitos de corrupción y electorales, así como cualquier otro delito.

Con esta nueva modificación, también se contempla imputar por los mismos delitos a los diputados federales y senadores para que puedan ser castigados por cualquier irregularidad en sus servicios públicos.

La medida contempla la posibilidad de iniciar los procedimientos penales contra el jefe del Ejecutivo federal en caso de que se compruebe su presunta participación en actos ilícitos durante su ejercicio en la función pública, así como a los legisladores federales.

Con esta modificación se contemplan iniciar procedimientos contra el jefe del Ejecutivo federal en la actualidad, así como a los expresidentes de la República que han sido señalados por actos de corrupción como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.

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Justicia pendiente

UIF investiga a Luis Videgaray por corrupción

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Por Ignacio García

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación al ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, por presunta corrupción durante su gestión en el gobierno federal.

Luego de las acusaciones del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, sobre la presunta responsabilidad del exfuncionario federal en los actos de corrupción con la empresa Odebrecht, así como el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

La UIF, encabezada por Santiago Nieto, investiga las presuntas responsabilidades de Videgaray como principal orquestador de la triangulación de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en las que participó Rosario Robles, y quien ha manifestado su intención de colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR).

La unidad financiera busca determinar las irregularidades en las cuentas de Luis Videgaray, ya que ha sido señalado como uno de los principales responsables de los actos de corrupción cometidos en la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que la FGR integra una indagatoria correspondiente.

La UIF realiza indagatorias de los manejos financieros de Luis Videgaray desde hace diez años, periodo en el que el exfuncionario federal formaba parte de la administración de Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México para posteriormente situarse como uno de los personajes más cercanos a la gestión federal.

Luis Videgaray es uno de los personajes más cercanos a Enrique Peña Nieto y quien presuntamente fue el que ordenó sobornar a los legisladores federales para aprobar la reforma energética en 2013, para permitir el ingreso la empresa brasileña Odebrecht.

 

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Justicia pendiente

Rosario Robles acepta colaborar con la FGR para obtener beneficios

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Por Ignacio García

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para obtener beneficios en una sentencia condenatoria.

De acuerdo con la defensa legal de la exfuncionaria federal, busca acogerse a la figura legal de criterio de oportunidad que implica la extinción de la persecución penal a cambio de información.

La exservidora pública es señalada por su presunta responsabilidad en el ejercicio indebido del servicio público por el desvío de cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos en el esquema denominado como “La Estafa Maestra”.

Un juez giró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que este delito amerita prisión preventiva oficiosa y por ello pretende permanecer menos tiempo tras las rejas.

Según la defensa legal de Robles, no desea permanecer toda su vida en la cárcel y por ello manifestó sus intenciones de colaborar con la FGR para delatar a las personas que también estuvieron involucradas en el lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

Los abogados de Rosario Robles aseguraron que tanto el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, como el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, abandonaron a la exfuncionaria federal, por lo que accedió a convertirse en testigo colaboradora.

Rosario Robles fue responsable de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la administración de Enrique Peña Nieto, luego de haber militado en la izquierda con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido que encabezó y también fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

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