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Justicia pendiente

Suprema Corte otorga amparo a periodista detenido y torturado en Yucatán

Edwin Canché fue detenido arbitrariamente y torturado por el entonces alcalde de Seyé, Ermilo Dzul Huchim y cinco policías municipales.

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El periodista yucateco Edwin Canché

Article19 / Equipo Indignación

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 1422/2015 sobre el caso del periodista Edwin Canché, del municipio de Seyé, Yucatán, cuyo proyecto fue elaborado en la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y aprobado por unanimidad de cinco votos, estableciéndose estándares trascendentes en materia de libertad de expresión y periodismo.

El 1° de enero de 2014, Edwin Canché fue detenido arbitrariamente y torturado por el entonces alcalde de Seyé, Ermilo Dzul Huchim y cinco policías municipales, al estar cubriendo un accidente de tránsito en el mismo municipio, en el cual se encontraba implicado un sobrino del ex alcalde, motivo por el cual fue trasladado sin orden ni motivo legal alguno a las oficinas del Ayuntamiento, donde fue torturado física y psicológicamente por dichos servidores públicos. El mismo ex alcalde le advirtió “ya estoy hasta la madre, me tienen cansado de que estén criticando mi administración”, que encabezaba en aquel entonces.

Ante esos hechos, ARTICLE 19 y Equipo Indignación asumimos la representación jurídica, siguiendo con el acompañamiento durante el proceso penal. El caso fue atraído e integrado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, sin embargo, ésta consignó el expediente por los delitos de lesiones y abuso de autoridad, no así por tortura y privación ilegal de la libertad, los cuales se configuraban por la naturaleza de los hechos.

Hasta la fecha, el proceso contra los servidores públicos agresores se sigue por aquellos delitos, los cuales no reflejan lo sucedido contra el periodista. Tanto el Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán, quien lleva el proceso, como el Tribunal Unitario de Yucatán, se han negado a reclasificar los delitos, tal como lo hemos solicitado reiteradamente.

Ante esta negativa de reclasificar los delitos, las organizaciones representantes promovimos un juicio de amparo que conoció el Tribunal Unitario de Campeche. Este tribunal otorgó el amparo al periodista en 2014, no sobre la reclasificación por tortura, sino que puso en duda la calidad de periodista de Edwin Canché. Según el Magistrado, Edwin no demostraba ser periodista con alguna credencial o contrato de algún medio de comunicación, lo cual implicaba que todo el proceso penal regresara al fuero común en Yucatán, donde la Fiscalía del Estado había mostrado total desdén por las violaciones a derechos humanos del periodista. Por ese motivo se impugnó la resolución, de la cual solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajera el asunto para pronunciarse al respecto, que finalmente se registró el amparo en revisión número 1422/2015.

Lo que resolvió ayer la Primera Sala de la SCJN en el amparo resulta trascendente para la libertad de expresión y periodismo en México, y sienta un precedente importante en estas materias, al reconocer la perspectiva amplia y funcional del periodismo, visto como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, sin que deba acreditarse la pertenencia a un medio de comunicación o contar con un título universitario, ya que en la función periodística participan una variedad de personas.

Esta resolución también impacta en los mecanismos de protección que se han establecido en los últimos años ante la situación de violencia y riesgo a la que se enfrentan las y los periodistas; obligando a brindar medidas de prevención y protección a quienes lo necesiten bajo parámetros amplios ahora reconocidos por la Suprema Corte en México. En enero de este año, el Pleno de la SCJN analizó la definición de periodista ante la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la CNDH contra la Ley de Protección Integral a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. En aquella ocasión no se invalidó la limitación de periodista aquellos que contaran con título universitario.

Por ello, ARTICLE 19 y Equipo Indignación reconocen la trascendencia de esta resolución para el caso particular de Edwin Canché en cuanto al reconocimiento de su labor, así como en su búsqueda de justicia y reparación, pero también lo que dicha resolución implica para el periodismo y las libertades de expresión e información en México, como un avance en reconocer su importancia dentro de una sociedad democrática.

Sin embargo, aún existen pendientes para Edwin Canché dentro de su proceso. Como ya se mencionó, se ha negado la acreditación de tortura, tanto por órganos jurisdiccionales como por la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (CODHEY) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes han soslayando los estándares más protectores en esta materia. Actualmente se encuentra en trámite un juicio de amparo contra la CNDH por este motivo.

Asimismo, se encuentra pendiente la reparación integral del daño ocasionado a Edwin Canché, la cual seguiremos impulsando hasta que se reconozca e implemente por ser un derecho de toda víctima de violaciones a derechos humanos y de delito.

ARTICLE 19 y Equipo Indignación reconocen que la resolución representa un paso importante para la protección y reconocimiento del ejercicio periodístico en México. Los índices de impunidad de los delitos contra la libertad de expresión se encuentran en un 99.75% de los casos. Por ende, ante la crisis de derechos humanos que impera en el país, la labor de todas las autoridades, incluyendo a la Suprema Corte, deben partir de este grave contexto y cumplir a cabalidad con sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos.

 

Justicia pendiente

Juez niega amparo a exsecretario de Seguridad Pública de Tapachula acusado de tortura y abuso contra indígenas de Pavencul

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Los indígenas de pavencul, torturados por servidores públicos, obtuvieron un amparo contra ellos, en un caso que se denominó el lunes negro

Por Cinthya Alvarado Enríquez

TAPACHULA, Chiapas. El Juzgado Tercero de Distrito de Justicia Federal negó el amparo solicitado por Pedro Enock García Palazuelos Domínguez, ex secretario de Seguridad Pública y protección ciudadana, así como a Iván Inocente Morales Barrios, ex Jefe de la Policía municipal por su participación y coautoría en la tortura, detención ilegal y abusos de autoridad infligidos contra 42 campesinos indígenas de Pavencul y Toquian y de la periodista Cinthya Alvarado Enríquez, el 27 de enero se 2020, el llamado Lunes Negro.

Con esto, se reestablece de nueva cuenta el proceso penal conducido por la FEADLE (Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión) clamado por la periodista C.E.A.E., mismo que se encuentra en su etapa intermedia pero que ha tenido varios lapsus debido a la influencia de la actual presidente municipal Rosa Urbina Castañeda, quien en el tiempo en que sucedieron los hechos fungía como titular de la Sindicatura.

Para saber más del caso: Cómo el INM intentó fabricar delitos a una periodista: el caso de Cinthya Alvarado Enríquez

Así mismo Urbina Castañeda estuvo al frente de la querella a nombre del Ayuntamiento de Tapachula donde las víctimas fueron llevados ante la FGE (Fiscalía General del Estado) mediante abuso, imputados en carpeta de investigación y fabricándoles delitos, misma que ya quedó sobreseída por no haber elementos de cargo.

Cómo el INM intentó fabricar delitos a Cinthya Alvarado Enríquez

Cinthya Alvarado, en pleno conocimiento de sus derechos constitucionales y en su calidad de periodista, el 6 de enero grababa a miembros de la Guardia Nacional persiguiendo a mujeres migrantes para detenerlas en un parque público de Tapachula. Grupos de migrantes habían llegado al parque por la información que había trascendido de que se les estarían dando códigos QR para la regularización de su estancia por el país.  Mientras ella reportaba la situación, funcionarios del Instituto Nacional de Migración la increparon y le pidieron que se retirara, a lo que ella se negó.

No te pierdas: Alerta Temprana de Periodistas reporta presunta desaparición forzada de Cinthya Alvarado cubriendo temas de Migración

Uno de los funcionarios del INM citó un artículo del reglamento local que prohibía el libre tránsito a extranjeros, con total desconocimiento de la Constitución mexicana, la cual invocó la periodista por el artículo 1, de que la entrada de extranjeros por el solo hecho de estar en territorio mexicano alcanzarán el mismo derecho respeto y garantía de sus derechos humanos.

Por lo que ella decidió poner una denuncia ante la fiscalía del estado sobre los que estaba pasando y se hizo acompañar de los migrantes en su auto. Por lo que fue interceptada por autoridades federales y detenida de manera arbitraria.

Una información extraoficial llegó a la dirección de este medio, señalando que se le pretendía imputar el cargo de “tráfico de migrantes”, porque había subido a tres personas extranjeras a su auto particular, y que necesitaba un abogado urgente para que se amparara.

 

 

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Justicia pendiente

Grupo de la ONU pide garantizar seguridad de familias buscadoras de desaparecidos

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El Grupo de desapariciones forzadas de la ONU pidió protección para familiares de desaparecidos

El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias buscadoras de personas desaparecidas en el país.

El organismo internacional alertó sobre estas medidas después del asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija desaparecida, Betzabé Alvarado, el pasado mes de enero de 2021.

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El Grupo de la ONU condenó el asesinato de la madre buscadora y pidió que se investigue y sancione a los responsables, debido a que se trata de un delito que puede permanecer en la impunidad.

Blanca Esmeralda Gallardo fue asesinada ayer por la mañana cuando esperaba el transporte público en la lateral de la carretera México-Puebla, cerca de la unidad habitacional Villa Frontera, donde sujetos armados le dispararon en siete ocasiones y falleció en el lugar.

La víctima refirió que uno narcomenudista fue el responsable de la desaparición de su hija, por lo que diferentes organizaciones civiles han señalado que debe ser detenido ese individuo de forma inmediata por parte de las autoridades federales y estatales.

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La ONU ha alertado sobre los elevados niveles de violencia que persisten en México, donde los familiares de las víctimas de delitos como la desaparición se encuentran en un grado mayor de vulnerabilidad, la cual no obtuvo respuesta por parte de las autoridades federales.

 

ONU-DH condena homicidio del activista Arnulfo Cerón Soriano, de La Montaña Guerrero

Ante la localización del cuerpo sin vida del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido el día 11 de octubre en Tlapa, Guerrero, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena su asesinato y exhorta a las autoridades competentes a investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores.

Arnulfo Cerón Soriano, con una amplia y reconocida trayectoria en la defensa de derechos humanos, era uno de los principales activistas del Frente Popular de la Montaña, organización que lucha por los derechos de los pueblos indígenas de la región de la Montaña de Guerrero. Previo a su desaparición y homicidio, el Señor Cerón había recibido amenazas vinculadas con su labor de defensa de derechos humanos.

Con el homicidio del Cerón Soriano, ya son al menos 18 las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en México durante 2019[1]. Además, siguen desaparecidos desde el día 3 de agosto Aarón Méndez y Alfredo Castillo, defensores de migrantes de Tamaulipas.

 

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Sedena identificó a 20 alcaldes de Guerrero con el narcotráfico tras caso Ayotzinapa

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La Sedena identificó a 20 alcaldes vinculados con el caso Ayotzinapa; Morena, PAN, PRI son los institutos políticos a los que pertenecen estos ediles

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó a 20 alcaldes de Guerrero vinculados con el crimen organizado, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un informe elaborado por la Subjetafura de Inteligencia del Estado Mayor que fueron difundidos por Guacamaya Leaks.

El informe reveló que estaban involucrados con el crimen organizado alcaldes de los municipios cercanos a Iguala, como César Miguel Peñaloza de Cocula, Saúl Beltrán Orozco de San Miguel Totolapan, Taurino Vázquez Vázquez de Arcelia, Efraín Peña Damasio de Apaxtla, Rey Hilario Serrano de Coyuca.

Para saber más del tema: Hackeo a SEDENA: lo que se sabe de la salud de López Obrador y el grupo de hackers ‘Guacamaya’

También fueron señalados los alcaldes de Tlapehuala, Everardo Wences; Pungarabato, Reynel Rodríguez; de Taxco, Salomón Majul González, de Huitzuco, Norberto Figueroa Almanzo; Buenavista, Elías Salgado; de General Canuto Neri, Eleuterio Aranda; Tlacotepec, Mario Alberto Chávez; Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares; Ixcateopan, Filiberta Hornelia Barrera, así como de Pilcalaya, Sandra Velázquez.

De la misma manera, la Sedena identificó a José Luis Abarca por su cercanía con el cártel de “Guerreros Unidos” en el municipio de Iguala, por lo que enfrenta un proceso penal por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los ediles señalados forman parte de todos los partidos políticos, pues siete son del Partido de la Revolución Democrática (PRD), otros siete del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido del Trabajo (PT).

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La mayoría de los ediles tenían relación con Guerreros Unidos, con los cuales estaban vinculados ocho alcaldes y “La Familia Michoacana” con otros ocho munícipes en 2014, pero la configuración de estas organizaciones criminales se modificó en 2020.

La Sedena estimó la presencia del Cártel del Pacífico, los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia, Caballeros Templarios y Guerreros Unidos que se disputan el control y el tráfico de las drogas en Guerrero.

 

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