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Mexico Violento

Suástegui, otra detención ilegal en Guerrero por oponerse a La Parota

El activista Marco Antonio Suástegui, detenido arbitrariamente por oponerse al proyecto La Parota, promovido por la CFE, partidos políticos y el gobierno de Guerrero

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Familiares de Marco Antonio Suástegui y activistas de ddhh en contra de su detención ilegal. Foto: Sergio Ferrer

Familiares de Marco Antonio Suástegui y activistas de ddhh en contra de su detención ilegal. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Campesinos integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP) ratificaron  en la Ciudad de México que no permitirán la imposición del Proyecto Hidroeléctrico La Parota. Habitantes de los bienes comunales de Cacahuatepec, Acapulco, exigieron también la liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo, detenido de manera arbitraria el pasado 17 de junio en Acapulco y trasladado de manera ilegal a una prisión federal en Tepic, Nayarit.

Luego de la detención del dirigente, algunos políticos de diversos partidos incluido el PRD como el senador Carlos Navarrete y Cuauhtémoc Cárdenas, se han mostrado a favor de la construcción de la presa cuyo proyecto el gobernador Ángel Aguirre Rivero se comprometió que no se haría. Sin embargo, ha recobrado proyección tras los anuncios de inversión de Enrique Peña Nieto al Plan Nuevo Guerrero.

En conferencia de prensa, asistieron campesinas y campesinos del CECOP y familiares de Suástegui Muñoz. Vicente, uno de sus hermanos narró la forma en que el dirigente fue detenido con violencia, “él no es un delincuente, le fabricaron un delito con la intención de golpear nuestra organización… es una injusticia que por defender la tierra haya estado en tres penales diferentes en un día, lo golpearon fuerte y ha sido víctima de tratos crueles”, declaró y exhortó a gobernador Ángel Aguirre Rivero dejar de presionar a los comuneros con la construcción de la Parota.

María de la Luz Benítez, mujer de la comunidad Salsipuedes e integrante del CECOP advirtió que defenderán sus tierras a toda costa, por lo que pidió al gobierno respetar los once años de lucha, la señora recordó que Aguirre Rivero fue a Aguacaliente a decir que se respetaría la decisión de los pueblos y se puso la playera de punto final a la Parota –aunque se negó a firmar un documento– y preguntó dónde estaba ese gobierno pero que le decían que están de pie y no permitirán la construcción de la presa.

De la Luz Benítez señaló  que cuando se desbordó la presa de La Venta a causa de los fenómenos naturales de septiembre de 2013, “nuestro pueblo se inundó, el gobierno no hizo nada para evitarlo ni para reconstruirlo. Con la presa La Parota el desastre hubiera sido fatal, por eso queremos recordarle al gobierno estatal y federal que la tierra no se vende, se ama y se defiende, y nosotras estamos dispuestas a defenderla hasta la muerte, si nos van a sacar de nuestras tierras para construir la presa La Parota, nos sacarán muertas”, sentenció.

Por su parte, en la nota informativa enviada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quienes llevan la defensa jurídica del CECOP, integraron también las palabras de Francisco Cabrera Morales, integrante del CECOP de la comunidad de Las Cruces que reprochó que a los pueblos indígenas los traten como delincuentes por defender a su tierra y ratificó que Suástegui Muñoz no es ni delincuente ni asesino.

En otro punto explicó que las 47 comunidades de Acapulco rural que son parte del CECOP siguen organizadas, “el gobernador de Guerrero firmó los Acuerdos de Cacahuatepec, en donde se comprometió a no imponer la presa La Parota, pero hoy buscan de nuevo imponer este proyecto y para hacerlo nos intimida mandando militares y policías estatales a nuestras comunidades… ya basta”, reclamó y pidió la salida de los militares hospedados en los pozos de CAPAMA.

Santiago Onofre, otro integrante del CECOP de la comunidad Bella Vista Papagayo, exigió al gobernador y a Enrique Peña Nieto la liberación de Suástegui Muñoz y aseguró que el Consejo esta de pie, “nosotros vivimos de nuestra cosecha, de la tierra vivimos, es el ejemplo que nos dejaron nuestros padres, cuidar la tierra ¿Pero qué es lo que hace Peña Nieto?, lo que le importa es tener su cartera llena mientras nosotros nos morimos de hambre”, reprochó.

Documento completo para descargar aquí.

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Justicia pendiente

Mujeres internas fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios del penal de Atlacholoaya

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Por Ignacio García

Familiares de ocho mujeres internas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, denunciaron que fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios de ese penal durante su reincorporación procedentes del penal de Cuautla.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, los custodios del penal agredieron física y sexualmente a ocho mujeres, quienes fueron impedidas de tener contacto con sus familiares durante 15 días, lo que permite que las lesiones causadas desaparezcan para evitar quejas de derechos humanos y denuncia penal.

Los parientes de las mujeres agredidas denunciaron que los custodios agredieron sexualmente de las víctimas durante las revisiones de rutina con el uso de toletes para determinar si portaban drogas y así denigrarlas tanto física como verbalmente.

Agregaron que constantemente los familiares son extorsionados para contactarse con las mujeres, aunado a que les pidieron 50 mil pesos para regresar a las mujeres el penal de Atlacholoaya, luego de haber sido golpeadas, por lo que han solicitado el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sin recibir respuesta.

Añadieron que en el penal existe un autogobierno en el que los custodios y la directora del penal exigen cantidades de dinero diferentes para obtener distintos beneficios, y por ello reclamó que las autoridades penitenciarias no han respondido a las exigencias de los familiares de las víctimas ante las constantes violaciones graves de derechos humanos.

Apenas el domingo se registró una presunta riña en el interior del Cereso de Atlacholoaya, en donde acudieron elementos de Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Seguridad para atender el incidente, luego del reingreso de las mujeres al penal, tras haber sido trasladadas a otros centros penitenciarios de la entidad.

El pasado 3 de marzo el Juez de lo penal de Morelos determinó que no hubo el presunto riesgo sanitario para la extracción de las ocho mujeres del penal de Atlacholoaya, por lo que fueron recluidas nuevamente en éste, lo que presuntamente causó un intento de amotinamiento por parte del resto de los reclusos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Mexico Violento

Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

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Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

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