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Mexico Violento

Suástegui, otra detención ilegal en Guerrero por oponerse a La Parota

El activista Marco Antonio Suástegui, detenido arbitrariamente por oponerse al proyecto La Parota, promovido por la CFE, partidos políticos y el gobierno de Guerrero

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Familiares de Marco Antonio Suástegui y activistas de ddhh en contra de su detención ilegal. Foto: Sergio Ferrer

Familiares de Marco Antonio Suástegui y activistas de ddhh en contra de su detención ilegal. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Campesinos integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP) ratificaron  en la Ciudad de México que no permitirán la imposición del Proyecto Hidroeléctrico La Parota. Habitantes de los bienes comunales de Cacahuatepec, Acapulco, exigieron también la liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo, detenido de manera arbitraria el pasado 17 de junio en Acapulco y trasladado de manera ilegal a una prisión federal en Tepic, Nayarit.

Luego de la detención del dirigente, algunos políticos de diversos partidos incluido el PRD como el senador Carlos Navarrete y Cuauhtémoc Cárdenas, se han mostrado a favor de la construcción de la presa cuyo proyecto el gobernador Ángel Aguirre Rivero se comprometió que no se haría. Sin embargo, ha recobrado proyección tras los anuncios de inversión de Enrique Peña Nieto al Plan Nuevo Guerrero.

En conferencia de prensa, asistieron campesinas y campesinos del CECOP y familiares de Suástegui Muñoz. Vicente, uno de sus hermanos narró la forma en que el dirigente fue detenido con violencia, «él no es un delincuente, le fabricaron un delito con la intención de golpear nuestra organización… es una injusticia que por defender la tierra haya estado en tres penales diferentes en un día, lo golpearon fuerte y ha sido víctima de tratos crueles», declaró y exhortó a gobernador Ángel Aguirre Rivero dejar de presionar a los comuneros con la construcción de la Parota.

María de la Luz Benítez, mujer de la comunidad Salsipuedes e integrante del CECOP advirtió que defenderán sus tierras a toda costa, por lo que pidió al gobierno respetar los once años de lucha, la señora recordó que Aguirre Rivero fue a Aguacaliente a decir que se respetaría la decisión de los pueblos y se puso la playera de punto final a la Parota –aunque se negó a firmar un documento– y preguntó dónde estaba ese gobierno pero que le decían que están de pie y no permitirán la construcción de la presa.

De la Luz Benítez señaló  que cuando se desbordó la presa de La Venta a causa de los fenómenos naturales de septiembre de 2013, «nuestro pueblo se inundó, el gobierno no hizo nada para evitarlo ni para reconstruirlo. Con la presa La Parota el desastre hubiera sido fatal, por eso queremos recordarle al gobierno estatal y federal que la tierra no se vende, se ama y se defiende, y nosotras estamos dispuestas a defenderla hasta la muerte, si nos van a sacar de nuestras tierras para construir la presa La Parota, nos sacarán muertas», sentenció.

Por su parte, en la nota informativa enviada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quienes llevan la defensa jurídica del CECOP, integraron también las palabras de Francisco Cabrera Morales, integrante del CECOP de la comunidad de Las Cruces que reprochó que a los pueblos indígenas los traten como delincuentes por defender a su tierra y ratificó que Suástegui Muñoz no es ni delincuente ni asesino.

En otro punto explicó que las 47 comunidades de Acapulco rural que son parte del CECOP siguen organizadas, «el gobernador de Guerrero firmó los Acuerdos de Cacahuatepec, en donde se comprometió a no imponer la presa La Parota, pero hoy buscan de nuevo imponer este proyecto y para hacerlo nos intimida mandando militares y policías estatales a nuestras comunidades… ya basta», reclamó y pidió la salida de los militares hospedados en los pozos de CAPAMA.

Santiago Onofre, otro integrante del CECOP de la comunidad Bella Vista Papagayo, exigió al gobernador y a Enrique Peña Nieto la liberación de Suástegui Muñoz y aseguró que el Consejo esta de pie, «nosotros vivimos de nuestra cosecha, de la tierra vivimos, es el ejemplo que nos dejaron nuestros padres, cuidar la tierra ¿Pero qué es lo que hace Peña Nieto?, lo que le importa es tener su cartera llena mientras nosotros nos morimos de hambre», reprochó.

Documento completo para descargar aquí.

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Mexico Violento

Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

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ayotzinapa manifestación campo militar 1

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes descartaron que exista justicia sobre el caso con las nuevas investigaciones, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) desistió en órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del crimen.

Los padres de los estudiantes desaparecidos dijeron que están lejos de la justicia por el caso en el que estuvieron involucrados agentes del Estado mexicano, por lo que reprocharon que la FGR sucumba ante las presiones de las instituciones militares para evitar el encarcelamiento de los efectivos que participaron en los hechos delictivos.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, el actual gobierno federal ha cometido las mismas prácticas que la administración anterior, pues únicamente ha simulado la investigación por la desaparición de los jóvenes, pero sin una respuesta significativa por parte de las autoridades federales.

Recordaron que la administración de Enrique Peña Nieto fabricó la versión oficial para evitar que se inculpara al Ejército mexicano que estuvo involucrado en el tema, por lo que en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador está lejos de entregar información completa sobre los hechos.

Añadieron que sólo se abren líneas de investigación sin que se conozca la verdad sobre el paradero real de los estudiantes normalistas, por lo que lamentaron que se haya politizado el caso para evitar el acceso a la justicia en un sistema e impunidad que se ha mantenido en dos gobiernos.

La FGR desistió en 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en la cual estaban involucrados elementos del Ejército mexicano que colaboraron en el delito.

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Justicia pendiente

Ayotzinapa: otra historia negra del ejército mexicano

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CIUDAD DE MÉXICO.- «No tenemos solución de nada. Sabemos que en este campo militar hay muchas cosas que pasan, hay mucha información, ¿por qué no la dan? ¿Qué esconden o a quién están defendiendo?», cuestionó doña Joaquina en las protestas del campo número uno por la historia negra que tiene el ejército mexicano.

Más de 2 mil elementos del ejército y policías antimotines mantuvieron formación desde que llegaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos al campo militar número uno. Ahí exigieron a los militares que brinden toda la información sobre el paradero de los 43 normalistas.

No te pierdas: Testigo presenció ejecución del activista Arturo Hernández Cardona a manos del exalcalde José Luis Abarca

A ocho años de la desaparición forzada, las madres y padres siguen con el dolor a flor de piel. En estas fechas les llega el recuerdo de la agresión contra sus hijos. Son incontenibles las lágrimas de tanto tormento, pues la espera se convirtió en una tortura. Sin embargo, lejos de que los militares sean sensibles al sufrimiento de las familias, las intimidan con los tambores de guerra del ejército.

A los militares no les importa la angustia de las familias, al contrario, ocultan información importante para dar con el paradero de los estudiantes. Lo peor es que integrantes del ejército participaron directamente en la desaparición de los jóvenes normalistas.

Las protestas que las madres y padres realizaron en el campo militar número uno es inédito. Es un lugar lúgubre de dolor, de desesperanza, desapariciones y torturas.

En el corazón de las infames violaciones a los derechos humanos en México, la voz de doña Joaquina hizo eco en la puerta enrejada de las instalaciones militares. «Nos encontramos en este campo militar ante tanto policía. Nosotros no venimos armados ni a pelear. Por eso les pedimos que si ellos tienen muchas pruebas que las demuestren. Nosotros nada más venimos para saber dónde están nuestros hijos y qué pasó con ellos. Lo que les pedimos a los militares es que den toda la información que tienen y que se cumplan las órdenes de aprehensión contra militares».

Por su parte, el padre Mario González relató que el ejército es una institución que admiran y respetan muchos, pero “fueron los militares quienes desaparecieron a nuestros 43 hijos. Los del 27 batallón de infantería son los asesinos” que se cubren con el manto de la impunidad. Sabían que los estudiantes estaban siendo atacados, pero no hicieron nada. Además, “tenían un infiltrado en la escuela que les iba pasando el reporte a sus jefes y tenían el control del C-4 en Iguala. Son unos criminales, dejaron al elemento que podría haber salvado a nuestros hijos”.

Para saber más del tema: José Luis Abarca y esposa en el foco de atención de CIDH por caso Arturo Hernández Cardona

El ejército mexicano tiene un historial negro en Guerrero que tiene que ver con asesinatos y desapariciones. Algunos padres se sentían orgullosos de tener al ejército, pero a través de la lucha se dieron cuenta que son unos “asesinos”. “Mi hijo y sus 43 compañeros qué culpa tenían de que unos soldados asesinos con delirio de persecución piensen que los muchachitos son guerrilleros. Ahí están las líneas de investigación, donde 25 normalistas fueron llevados al 27 batallón”, dijo don Mario.

Las madres y padres se dirigieron a Andrés Manuel López Obrador para recordarle que dio su palabra para encontrar a sus hijos. “Señor presidente, se lo dicen los padres con su dolor que los queremos de regreso. Empeñó su palabra para dar con nuestros hijos”. Fueron las palabras de las familias que como un grito desesperado buscan más que voluntad, hechos de verdad y justicia.

Desaparición forzada: militares en la lupa

Las madres y padres de los 43 estudiantes han innovado formas de luchas para exigir el regreso de sus hijos. Con osadía han increpado al poder caciquil y a una clase política en el poder sin escrúpulos. Las protestas son legítimas y «ningún gobierno tiene derecho para decirnos cómo protestar». Esto viola los lineamientos del derecho a la libre expresión.

Este 23 de septiembre, las madres, padres y estudiantes realizaron pegas de carteles y pintas sobre la responsabilidad del ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la opinión de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres, el ejército no es emanado del pueblo, más bien es un ejército de élites que sostiene a las oligarquías en el país. Fueron educados en las Escuelas de la Américas, en los años 60, para enfrentar la ola de protesta e inconformidad social que surgieron en aquellos años. Las innumerables violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y tortura en contra de líderes sociales que reclamaban por un cambio en este país.

 

El ejército con una visión contrainsurgente infiltró soldados en la normal rural de Ayotzinapa para controlar y vigilar a los estudiantes porque saben que ahí se forjaron luchadores sociales como Lucio Cabañas Barrientos, Othón Salazar Ramírez o Carmelo Cortés Castro y otros profesores que impulsaron grandes movimientos de inconformidad en 1960. A partir de ahí ven a un guerrillero en cada estudiante normalista.

Por las filtraciones se podría investigar a Cienfuegos y jerarquías militares. Hay responsabilidades penales del ejército mexicano, iniciando porque desarrollaron operaciones encubiertas ilegales. Estuvieron enterados de principio a fin de lo que ocurrió en Ayotzinapa.

Vidulfo Rosales dijo que el ejército acumuló “acervo probatorio, videos, fotografías, audios, testimonios de lo que pasó de principio a fin. Eso también es ilegal. Están obstruyendo una investigación que se despliega por una grave violación a los derechos humanos. Por ejemplo, la intervención telefónica que hicieron a las 10 de la noche del día 26 de septiembre, supuestamente a un miembro de la delincuencia organizada y a un miembro policiaco de Iguala.

El GIEI encontró una hoja transcrita de esa intervención telefónica, pero el ejército se ha negado a corroborar esta información”. También se sabe que hay prueba objetiva que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 batallón de infantería en Iguala. En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia investigó que seis estudiantes habrían sido asesinados cuatro días después por el coronel José Rodríguez Pérez.

La editora recomienda: Gobierno federal denuncia a juez del caso Ayotzinapa por dejar libres a 120 implicados

No hay disposición del ejército para una investigación exhaustiva donde se deslinde responsabilidades. Las fuerzas armadas es un poder aparte que no tiene controles y no rinde cuentas a las autoridades civiles. No reconocen que participaron en la desaparición de los estudiantes, ni siquiera en el ocultamiento de la información. Nadie dice nada.

Es increíble que un juez federal librara órdenes de aprehensión contra militares, sin embargo, este 24 de septiembre en la revista Proceso fue filtrada información sobre la cancelación de 21 órdenes de aprehensión de las 83, 16 corresponden a integrantes del ejército mexicano. Es preocupante lo que está pasando con el caso Ayotzinapa.

El dolor, la angustia y la incertidumbre de las madres y padres va más allá de las posturas políticas-ideológicas, más bien, su protesta o sus movilizaciones es porque tienen la esperanza  de acariciar el rostro de sus hijos.

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Fuente: tlachinollan.org

 

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Justicia pendiente

Gobierno federal denuncia a juez del caso Ayotzinapa por dejar libres a 120 implicados

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El juez Samuel Ventura Ramors fue denunciado por absolver a implicados en el caso Ayotzinapa

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) denunciaron penalmente al juez de distrito de procesos penales federales de Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, por ordenar dejar en libertad a 120 personas implicadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

Las áreas jurídicas de ambas dependencias federales interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del juzgador que llevó el caso Ayotzinapa, por lo que lo acusaron de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte.

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Apenas hace unos días el juez absolvió de forma definitiva a 24 sujetos que presuntamente estuvieron involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El juez dictó absolución definitiva para el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien presuntamente colaboró con el cártel de “Guerreros Unidos” para el tránsito de droga, por lo cual la FGR solicitó nuevamente de la reaprehensión del ex edil.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, informó que darán a conocer un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, después de reconocer públicamente que fueron los elementos del Ejército mexicano los que colaboraron con la desaparición de los estudiantes normalistas.

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La FGR solicitó una nueva orden de aprehensión contra el juzgador por impedir que se garantice el acceso a la justicia por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, aunado a que ha ordenado la libertad de 120 personas que originalmente habían sido relacionadas con ese delito.

Giran nuevas órden de aprehensión contra Abarca

La semana pasada, el juez segundo de Distrito de Procesos Penales del Estado de México giró nuevas órdenes de aprehensión contra el ex alcalde de IgualaJosé Luis Abarca; su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y el ex jefe de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez, por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El juzgador ordenó la captura del ex edil y sus colaboradores más cercanos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

 

 

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