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Investigaciones

Sobrevivir a Migración en México: tortura y detenciones ilegales a periodistas y migrantes

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A una persona migrante, ir en busca de una vida mejor cruzando por México, le implica graves riesgos.
A una periodista, informar sobre esta travesía, la llevó a prisión y a sufrir tortura.

Por Guadalupe Lizárraga

Detención ilegal y tortura a la periodista Cinthya Alvarado

El 6 de enero de 2022, en el Parque Ecológico de Tapachula, mientras grababa la persecución de militares a mujeres migrantes, la periodista Cinthya Alvarado Enríquez fue increpada por funcionarios del Instituto Nacional de Migración. La detuvieron arbitraria e ilegalmente, la metieron a un vehículo oficial por cinco horas y fue golpeada y amenazada por el Subdelegado del INM Frontera Sur, el general en retiro Hugo Salvador Cuéllar Fuentes. Posteriormente, la puso a disposición de la FGR donde estuvo retenida por 48 horas, y fue liberada con intimidaciones y tres carpetas de investigación en su contra, una por tráfico de personas, otra por homicidio en grado tentativa, y una tercera por supuesta venta de documentos falsos.

Las primeras horas de su desaparición forzada

En el ejercicio de su trabajo como corresponsal de Los Ángeles Press, Cinthya Alvarado antes de ser increpada y detenida de manera ilegal y arbitraria en Tapachula por agentes del Instituto Nacional de Migración, alcanzó a subir un video a la red de Facebook en el que registraba la interacción con los funcionarios del INM y agentes de la Guardia Nacional.

A partir de allí, en torno a las doce horas, se pierde contacto con la periodista; y es al final del día, después de varias gestiones en su búsqueda con organismos de derechos humanos, que se recibe un mensaje de manera no oficial de un asistente del gobernador del estado que «al parecer» había sido detenida, sin especificar los cargos. Sin embargo, el nombre de la periodista no estaba en el Registro Nacional de Detenciones.

El 7 de enero, el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos lanzó una «urgente Alerta Temprana», para solicitar la intervención inmediata del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Chiapas por la desaparición forzada de Cinthya Alvarado Enríquez.

La periodista había reportado sistemáticamente la situación de las caravanas de migrantes en la frontera sur de México, así como las agresiones de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Un día antes, por la mañana, en su registro videográfico se le vio pedir cuentas a funcionarios del INM que la increparon por grabar a militares persiguiendo a mujeres migrantes para su detención.

Su desaparición también se reportó a la organización de derechos humanos de periodistas Artículo 19 y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tras cinco horas de incomunicación, un servidor público del gobierno del estado de Chiapas confirmó a la dirección editorial de este medio que Cinthya Alvarado, «en efecto», había sido detenida en la Subdelegación de la Fiscalía General de la República.

Testimonio de tortura

Cinthya Alvarado estuvo retenida por servidores públicos durante un lapso de cinco horas bajo maltrato físico, verbal y psicológico, dentro de una camioneta oficial de Migración, que mantenían parada en el estacionamiento de la Subdelegación de la FGR. Abofeteada y lastimada de sus manos por el general en retiro Hugo Salvador Cuéllar Fuentes, subdelegado de Migración en la Frontera Sur de México, quien ostentaba el uniforme del INM con insignias de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre el maltrato le dijo:
“Ya estás aquí, te tenemos grabada… tú llamaste a un chingo de gente, … pollera».

«Sígueme diciendo y te voy a apoyar»: funcionario del INM a migrante

Los funcionarios del Instituto Nacional de Migración ofrecieron ayuda a migrantes para que declararan en contra de la periodista; y dieron falsos testimonios, tanto migrantes como servidores públicos, ante la Fiscalía General de la República.

Una de las carpetas de investigación estaba firmada con declaraciones de cuatro migrantes de nacionalidades peruana, haitiana y cubana, quienes afirmaron haber pagado a la periodista la cantidad de 3 mil pesos (150 dólares aproximadamente) para obtener un documento de libre tránsito en México. Este medio buscó a los migrantes para obtener directamente su versión, de quienes obtuvimos copia de su identificación y su declaración en la fiscalía, pero ya no se encontraron en el albergue. Migrantes con los que habían convivido en el mismo lugar dijeron que habían sido ayudados por los agentes a salir del estado, incluso algunos especificaron que salieron por vía aérea.

En el informe policial homologado, quienes declararon en contra de la periodista fueron José Daniel Rodríguez de León, Obed Ruiz Cordero y Jorge Alexis Camel Rabanales, todos agentes del Instituto Nacional de Migración, además de las dos agentes de la Guardia Nacional Sandra Ibeth Dimas Cruz y Vilma Jiménez López.

Jorge Alexis Camel Rabanales fue el agente que se presentó a la FGR como víctima de intento de homicidio. La declaración del agente sostiene que:

«Esta persona (Cinthya Alvarado Enríquez) que no se diera a la fuga y permitir la revisión del vehículo y sin importarle aceleró la unidad vehicular empujándolo hacia atrás por lo que pudo haberlo arrollado o atropellado el 6 de enero de 2022. Al momento de su detención me amenazó lo cual quedó plasmado en el informe policial homologado».

Tanto la periodista como los agentes grabaron la situación desde el momento en que ella bajó de su vehículo, al llegar al parque, y en ningún momento se escucharon amenazas por parte de ella a los agentes. El registro videográfico sobre el momento en que sube a su auto posteriormente acompañada de los migrantes, hace explícito de que se dirige a la fiscalía con la intención de poner una denuncia contra los agentes de Migración, contrario a lo que ellos señalan de «darse a la fuga».

Fabricación de delitos y exposición mediática, parte del patrón de hostilidad

Desde la frontera sur Chiapas y como enviada especial a Ciudad Acuña, Coahuila, Cinthya Alvarado ha informado periódicamente para Los Ángeles Press sobre las adversidades y el racismo que han sufrido migrantes especialmente afrodescendientes. Pero el cuestionar a las autoridades migratorias por el maltrato que daban a migrantes y grabar a militares persiguiendo a mujeres centroamericanas fue el motivo de su detención y tortura.

Mientras estuvo retenida por los servidores públicos dentro de un vehículo oficial del INM, a la misma hora se desplegaba una campaña mediática a nivel nacional en la que era exhibida como delincuente, con su fotografía y nombre, disociándola de su profesión de periodista. La transmisión fue iniciada por Milenio TV, y la conductora Azucena Uresti, del mismo medio, usó sus cuentas personales en Twitter para exponer de manera difamatoria y con calumnias a la reportera.

Tras las carpetas de investigación fabricadas en su contra por trata de personas, homicidio en grado tentativa y venta de documentos falsos, la FGR le requisó su celular, su bolso y su auto. El auto se lo entregaron una semana después y su celular se lo entregaron dos meses más tarde con un reporte de que no se había encontrado ninguna información relacionada a los hechos imputados por los agentes de Migración. Con su liberación, miembros del Ejército la obligaron a hacer el trato verbal de no volver a hablar sobre temas de Migración, advirtiéndole: “Te quieren matar, Cinthya”.

Admisión de queja en CNDH y denuncia por tortura ante la FGR

 

 

Infografía: La tortura a periodistas by Guadalupe Lizárraga

Torturas y maltrato a migrantes, la constante

Dos semanas después de la detención y tortura a Cinthya Alvarado, los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, acompañados de agentes de la Guardia Nacional, irrumpieron en la caravana de migrantes del 21 de enero, que salía a las 4:30 horas. Los agentes llegaron con equipo antimotines y les daban descargas eléctricas para disuadirlos de continuar hacia el norte del país. Entre las personas detenidas, de acuerdo a las cifras registradas por medios locales, unas 250 personas fueron retenidas con violencia, entre éstas mujeres y niños a quienes llevaron a la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula.

«Me golpearon con un tubo, me dieron patadas y me dijeron que era basura»

Dylan, de 24 años, y su amigo -que pidió reserváramos su identidad- fueron perseguidos y detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración.  Los golpearon con brutalidad y los amenazaron. De acuerdo con el testimonio del acompañante de Dylan, los servidores públicos detienen a las personas en tránsito para pedirles dinero en modalidad de rescate, especialmente a quienes tienen familias en los Estados Unidos.

Las mismas personas detenidas les han dicho a los agentes que les permitan irse, que lo único que quieren es reunirse con su familia del norte. «Pero es Migración la que secuestra, pide teléfonos de contactos en Estados Unidos y retiene a la gente hasta que pagan su liberación».

Buscar asilo, legal

México suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en Asamblea General de Naciones Unidas, en 1948. Pero desde 1990, conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos como parte de los compromisos adquiridos en el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, los agentes de Migración y de la Guardia Nacional han pasado por alto el artículo 2, el cual estipula que:

«Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición».

Además del artículo 5 que especifica que «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes«. La Constitución mexicana también recoge estos principios de derechos humanos y los replica en leyes derivadas.

Migración y Guardia Nacional detuvieron la caravana con violencia

Encarcelamiento, golpes, amenazas y maltrato ha llegado a formar parte de la rutina de los agentes de Migración en la frontera sur de Chiapas para detener el tránsito de las familias migrantes a los estados del norte mexicano. Incluso toques eléctricos, jalones de cabello a las mujeres y patadas cuando ya están tirados en el piso, son parte de las agresiones de los servidores públicos contra las personas en tránsito.

Testimonio de un migrante que sufrió toques eléctricos

Agente de Migración en la persecución del día

Familias de migrantes separadas por la cárcel o la deportación

Familias de migrantes han sido separadas, pese a que a uno de los cónyuges haya obtenido su permiso para transitar por México. Los testimonios de migrantes señalan que las deportaciones se han hecho de noche y sin avisar a los familiares. Además de mantenerlos presos desde quince hasta 140 días, sin que medie ningún delito, sólo por ser migrantes. Esto es parte de la cobertura que estaba dando la periodista Cinthya Alvarado para Los Ángeles Press cuando la detuvieron, la torturaron y la encarcelaron por 48 horas.

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El Caso Wallace

Periodista hace precisiones sobre víctimas del caso Wallace a Salvador Leyva, exfuncionario de Defensoría pública

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salvador leyva morelos

 

 

Salvador Leyva Morelos Zaragoza, quien se desempeñó como secretario técnico de Combate a la Tortura Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, hizo pública su renuncia a la nueva titular de ese organismo Taissia Cruz Parcero. Sin embargo, en su referencia a las víctimas del caso Wallace, dice «sentir temor de que la defensa sea vulnerada».

En respuesta, la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de El falso caso Wallace, en una carta abierta al exfuncionario público, especifica las situaciones de vulnerabilidad que ya presentaba la defensa de las víctimas durante la gestión de Salvador Leyva como responsable de combatir la tortura desde Defensoría pública.

Aquí la carta abierta

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2023

Sr. Salvador Leyva Morelos Zaragoza
Exsecretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP

En su renuncia al Instituto Federal de Defensoría Pública presentada con fecha del 2 de febrero de 2023, hago las siguientes precisiones con respecto a las víctimas de la fabricación del caso Wallace, por mi compromiso ético con éstas y por el derecho que México tiene a estar informado, sobre todo cuando ha sido objeto de manipulación mediática y corrupción judicial por casi cuatro sexenios promovida por ustedes mismos, los servidores públicos.

Siendo secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, adscrito a la Dirección General del IFDP, usted ignoró a las víctimas de tortura relacionadas con este caso: César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, George Khoury Layón, y al abogado defensor de Jacobo, Alejandro Garduño Real, quien sufrió atentados con armas de fuego, además de la tortura psicológica por las amenazas a su familia.

Bajo su gestión, se le negó a César Freyre Morales practicarle el protocolo de Estambul por parte de la institución con el argumento de que ya estaba sentenciado. Incluso el defensor público que lleva el caso de esta víctima dijo tener miedo a represalias por tomar iniciativas en la defensa. Mi trabajo como periodista de investigación llegó a generar la evidencia documental para gestionar ante el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, adjunto a la CNDH, la aplicación del protocolo de Estambul a César Freyre, y el 1 de agosto de 2022, bajo la dirección del Dr. Emmanuel Santos Narváez, se le entregó el resultado positivo en tortura, siendo una de las víctimas con más eventos de estas violaciones de derechos humanos en las que participó directamente Isabel Miranda Torres, acompañada en 2015 por Renato Sales Heredia, excomisionado nacional de seguridad púbica, esposo de quien ahora es la titular del IFDP.

Usted, su director general y el defensor público de César Freyre ignoraron los resultados de ese protocolo de Estambul, sin darle el debido seguimiento.

Jael Malagón Uscanga, quien fue torturado dentro de la celda en mayo de 2010 y que el ataque le provocó el desprendimiento de la retina del único ojo que tiene, tampoco fue atendido por el IFDP como víctima de tortura en el tiempo de su gestión como secretario técnico, siendo la acusadora Isabel Miranda Torres la que participó directamente en la detención de Jael, a quien también se le ha negado realizar un protocolo de Estambul y aún se encuentra sin sentencia. La defensora pública que lleva el caso de Jael ha expresado a la familia “el pánico que le tiene a Isabel Miranda”, por lo que tampoco ha hecho una defensa correcta.

Jacobo Tagle, como usted bien sabe, con protocolos de Estambul positivos en tortura y sin sentencia, además de la acusación del falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, fue acusado del homicidio de Eduardo Bracamontes Salazar, causa 80/2012, perpetrado en 2004. La confesión de Jacobo bajo tortura fue parte de las fabricaciones del exagente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, con la complicidad de la jueza de la CDMX Hermelinda Silva Meléndez, para sentenciar culpables a George Khoury Layón y a César Freyre Morales.

George Khoury ha sido víctima de cuatro detenciones arbitrarias y tortura ordenadas por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, y ha sido acusado reiteradamente en los medios por Isabel Miranda de ser el autor intelectual del supuesto secuestro de su hijo y de otros crímenes.

Sin embargo, George ha sido absuelto de cinco procesos, y solo tiene la causa mencionada por la corrupción del Juzgado Vigésimo Quinto Penal de la Ciudad de México. La tortura más reciente a George Khoury fue el 12 de junio de 2022, en el Cefereso #17 de Michoacán, y en su traslado arbitrario al Cefereso #12 de Guanajuato, cuatro días antes de su audiencia de preliberación por haber compurgado el 50 por ciento de la condena por el delito que no cometió. La misma acusadora, los mismos torturadores y la misma indiferencia de usted en estos casos en su responsabilidad de combatir la tortura, los tratos crueles e inhumanos en el sistema penitenciario.

Por último, el exdefensor público Alejandro Garduño Real fue despedido injustificadamente del IFDP, después de 20 años de trabajar en el Poder Judicial y de tomar la defensa de Jacobo Tagle en 2019, cuando presenté ante la FGR y al Senado de la República al padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien daba la prueba superveniente con la muestra de ADN, el acta de matrimonio con su prima Isabel Miranda y el de nacimiento de su hijo con sus apellidos. Tras una serie de amenazas y atentados, el abogado Alejandro Garduño fue obligado a pedir refugio político a Estados Unidos, debido a la falta de protección institucional y a las torturas psicológicas por las amenazas a su familia ignoradas bajo su gestión en la secretaría para combatir la tortura.

Por lo anterior, la realidad de las víctimas contradice sus palabras sobre el temor que dice sentir a que la defensa de éstas sea vulnerada, puesto que en su propia gestión -bajo la dirección de Netzaí Sandoval Ballesteros– ya lo era.

Usted mismo fue parte del tráfico de influencias promovido por Ricardo Raphael con Alejandro Gertz Manero, en la FGR, y con el expresidente de la SCJN Arturo Zaldívar. Usted mismo promovió la entrada ilegal de Ricardo Raphael al Cefereso #16, de Morelos, para entrevistar a una de las víctimas, usurpando la función de un servidor púbico y dando armas judiciales y mediáticas a Isabel Miranda Torres para sus ataques.

Desde el IFDP se manipuló la defensa de las víctimas, y se ignoraron mis denuncias por tortura y secuestro en grado tentativo contra Isabel Miranda Torres interpuestas en 2018 y ratificadas en 2019.

No señor Leyva, usted no dice la verdad a México, y es responsable de la defensa vulnerada de miles de víctimas de tortura que fueron ignoradas por su gestión, no solamente el de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, no seis, por cierto, como usted dice, una imprecisión que demuestra su ignorancia o su manipulación.

Las víctimas y nuestro país merecen la verdad. No los subestime.

Atentamente

Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente
Los Ángeles Press

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Investigaciones

Las violaciones constitucionales de Javier Corral y Jenaro Villamil a personas privadas de libertad

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Caso Duarte y el caso Miroslava, temas manipulados por el exgobernador de Chihuahua en SPR, un medio del Estado

Por Guadalupe Lizárraga

El 11 de enero, el exgobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado visitó los estudios del Sistema Público de Radio y Televisión del Estado mexicano (SPR) que dirige Jenaro Villamil Rodríguez. Dos personajes de la vida pública que se presentan -al menos- como enterados de las leyes y la comunicación.

Sin embargo, no se puede tomar como desinformación o descuido el contenido de la entrevista que Jenaro hace a Corral en su programa “Versiones públicas”, en el Canal 14. Villamil, desde hace décadas, se ha mostrado como un experto en comunicación televisiva y manejo de medios. Incluso con obra publicada en la materia.

Corral, por su parte, cuenta con una cédula profesional como licenciado en Derecho de una universidad sinaloense expedida en 2006, y su perfil de Wikipedia dice ser “catedrático” de la UNAM, “institución que le otorgó el Premio Nacional de Derecho a la Información, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas”, un extraño premio que sólo se ha otorgado una vez y ha sido a él, aunque no se encuentra registrado en el sitio digital del instituto.

De cualquier manera, ninguno de los dos ignora lo que es una violación a las garantías constitucionales, a los derechos humanos ni las implicaciones del grave daño moral que ocasiona la violencia de su narrativa, más tratándose de un medio del Estado; por lo que el proceder de ambos parecería responder más que a un ejercicio de la libertad de expresión, a un ejercicio de violencia institucional deliberadamente planeado.

Dos elementos de la entrevista: Por un lado, la docilidad de un periodista como Jenaro Villamil, que antes era un feroz crítico de las televisoras por sus contenidos tendenciosos y sesgos ideológicos, hoy hace lo mismo, utiliza los recursos públicos para una promoción política y empresarial de Javier Corral. Y dos, la grandilocuencia de Corral se traduce a una burda táctica bajo los principios de Goebbels: negar, distorsionar y banalizar los asuntos de la agenda pública que lo incomodan: El gobierno de Maru Campos, la debilidad jurídica del caso César Duarte, y las irregularidades en la investigación del homicidio de Miroslava Breach.

Para el recuento de las violaciones observemos en primer lugar el escenario del estudio. La fotografía en primer plano de César Duarte Jáquez como fondo de la entrevista representa un grave daño moral no sólo para él y su familia, sino para la sociedad en su conjunto. César Duarte aún no tiene sentencia. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, lo cual significa que al momento de esa entrevista es todavía inocente.

La violación a su derecho a la presunción de inocencia, en el que la presunción es un principio jurídico estipulado en el artículo 20, apartado B de la Constitución mexicana, se está dando desde el Estado, por un organismo público responsable de garantizar el derecho a la información, un derecho fundamental que va de la mano con el derecho humano a la libertad de expresión.

Sin embargo, César Duarte ya fue juzgado por SPR, este sistema nacional de radio y televisión que dirige Jenaro Villamil, y que se paga con recursos públicos, es decir, de los impuestos de la ciudadanía. Por tanto, se incrementa la gravedad de la conducta del servidor público Jenaro Villamil Rodríguez, no nada más por desviar recursos del erario para vendettas políticas, sino porque un representante del Estado mexicano es el que está promoviendo las violaciones de derechos humanos a personas privadas de libertad.

Al tratarse de un medio público su capacidad corruptora es incalculable, porque la fractura es la del Estado de derecho. De acuerdo con estadísticas del INEGI, existen más de cien mil personas que se encuentran en la situación jurídica similar a la de César Duarte, con una prisión preventiva prolongada -hay casos hasta de 26 años sin sentencia- y que, independientemente de si son culpables o no, sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso son violentados.

El principio de presunción de inocencia “es un derecho fundamental que garantiza a toda persona, contra la que se haya dirigido un proceso, ser inocente hasta que no se declare lo contrario mediante una sentencia judicial firme”. Esto es a través de un juicio. En este caso, el Estado no está garantizando este derecho fundamental a César Duarte, a quien no sólo expuso públicamente su fotografía, con los ojos cubiertos con una cinta negra, sino el mismo servidor público hace elocuciones del tipo “los cómplices de Duarte”.

Corral también usó las expresiones como “cogobierno de Duarte” y “corruptos del PRIAN”, entre otros, implicando a la gobernadora Maru Campos, a quien acusa de tener un “control de medios de comunicación”. En este sentido, Corral asevera que no hay libertad de expresión en Chihuahua y que la sociedad está siendo manipulada por la corrupción de los medios. No obstante, no da más elementos ni analíticos ni seguimiento de casos o evidencias para sostener su dicho.

De tu interés: Carta al gobernador de Chihuahua por crimen contra Miroslava Breach – Los Ángeles Press

 

Por otra parte, las garantías constitucionales de César Duarte no fueron las únicas que se violaron en ese ejercicio mediático. Javier Corral acusó directamente a “Los Salazar” al habar del asesinato de la periodista Miroslava Breach y fue enfático en sus sentencias. Algunas de sus afirmaciones en la entrevista fueron:

“Larry es el autor intelectual del asesinato” (59:15), “Por parte de las mismas bandas delictivas se ejecutó al pistolero” (50:47), “Jaciel Vega Villa es el otro autor intelectual” (50:57), “Jaciel como El Chueco son protegidos de Los Salazar” (51:23); “Al pistolero lo ejecutaron ellos mismos porque lo habían contratado para eso” (51:43); “El Chueco está estrechamente vinculado al cártel de Los Salazar” (52:01), entre otras frases temerarias del exgobernador.

De acuerdo con la versión de Corral, habría varios autores intelectuales del asesinato de Miroslava, además de los dos que mencionó por sus nombres o alias específicos ante las cámaras de SPR. Pero su entrevistador no le preguntó al exgobernador ¿quiénes son los Salazar a los que se refiere -en plural- como responsables del crimen? ¿Por qué insiste en la acusación mediática ambigua años después de que tuvo en sus manos la investigación criminal del caso? ¿Por qué inmediatamente después del crimen señaló como responsable al narcotraficante Carlos Arturo Quintana, alias El 80, del grupo delictivo La Línea, y se sintió amenazado por él, y horas más tarde -sin aclarar la situación- cambió su versión contra “Los Salazar”? ¿Por qué se alteró la escena del crimen de plantando una cartulina con un supuesto narco-mensaje de amenazas hacia él? ¿Por qué entró a la casa de Miroslava un par de horas después del asesinato y se llevó su computadora? ¿Por qué en mayo de 2017 mantuvo privado de libertad a Hugo Amed Schultz en su oficina de Palacio de Gobierno por más de seis horas, en presencia del fiscal César Peniche y cuatro agentes del Ministerio Público, para obtener una declaración bajo coacción que incriminara a Los Salazar?

Más información: Preguntas abiertas al fiscal de Chihuahua sobre el presunto asesino de Miroslava Breach – Los Ángeles Press

Hay muchas más cuestiones que tendría que responder el exgobernador en una comparecencia pública, pero con respecto a sus calumnias televisivas, solo quedan en eso, porque hasta el momento, confirmado por su abogado, no hay una denuncia judicial por el homicidio de Miroslava en contra de Jesús Alfredo Salazar Ramírez ni de Adán Salazar Zamorano, quienes se encuentran en prisión preventiva por más de diez años acusados de delitos contra la salud, lo cual significa que bajo los principios del Estado de derecho, son inocentes.

Con respecto a Crispín Salazar Zamorano, Corral ha filtrado a los medios que hay una orden de aprehensión en contra de esta persona, y en la entrevista con Jenaro Villamil lo vuelve a sugerir sin ser explícito. No obstante, cuando tuvo a su cargo la investigación criminal del homicidio de Miroslava no tuvo pruebas para ejecutarla. Y una vez que atrajo el caso la FEADLE, los agentes Iris Gabriela Santoyo Cuervo y Jean Paul Rodríguez detuvieron de manera arbitraria al hijo de Crispín, Edgar Salazar Gaxiola, el 22 de enero de 2019, dado a conocer en los medios hasta el 9 de febrero como si hubiera sido detenido este día y no quince días antes. Primero, los medios lo presentaron como presunto autor intelectual del crimen y después como hijo del presunto autor intelectual, y finalmente, meses más tarde, como el testigo protegido Apolo.

La situación mediática fue fabricada por la FEADLE, y Édgar Salazar Gaxiola fue torturado. Durante los primeros quince días que lo tuvieron retenido le negaron la visita a su madre, quien entrevistada por Los Ángeles Press, confirmó que aún después de dos semanas su hijo presentaba las secuelas físicas de la tortura. El encarcelamiento de Édgar por dos años y la amenaza latente de volver a golpearlo sirvió a la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo para coaccionarlo de aceptar declaraciones elaboradas previamente para que incriminara a su padre Crispín Salazar, y a los sentenciados Juan Carlos Moreno Ochoa ‘El Larry’, y Hugo Amed Schultz.

Javier Corral, licenciado en Derecho, lo que ha hecho es acusar de nueva cuenta en los medios del Estado, sin pruebas y sin denuncia judicial, a personas que no han sido sentenciadas y que tienen todo el derecho a que se respete su presunción de inocencia y tengan un debido proceso.

En tanto él, lo que debería de responder con transparencia ante una sociedad democrática que se apega al Estado de derecho es por qué, si tiene pruebas de quién más es la responsabilidad del crimen perpetrado contra Miroslava Breach, obstaculizó la investigación con torturas, coacciones, fabricación de declaraciones y contaminó la escena del crimen al momento siguiente de los hechos.

Entrevista Jenaro Villamil a Javier Corral.

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El Caso Wallace

‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

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La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace1, es el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

Cómo surge el poder de impunidad de quien fabricó culpables y los torturó en prisión reiteradas veces, con sentencias de hasta de 131 años de cárcel

Los Ángeles Press

La vida impune: Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace es el nuevo libro de no ficción de la periodista Guadalupe Lizárraga, con el que cierra la Trilogía Wallace, sobre el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, que ha mantenido por más de quince años en prisión a ocho personas inocentes, víctimas de torturas.

La biografía de Isabel Miranda aborda desde las condiciones de pobreza en las que nació y cómo fue escalando con estudios en una academia comercial para ayudar a su familia hasta llegar al poder político y económico para influir en las políticas de Seguridad pública del país. Este camino fue labrado con el apoyo del Estado, escribe Guadalupe Lizárraga, desde 1994.

Con el apoyo de seis presidentes, “a lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía, custodia, en ningún caso con facultad jurídica”, dice la periodista en el prólogo del libro.

Para saber más del tema: Isabel Miranda de Wallace admite responsabilidad en las torturas de sus inculpados

 

La periodista hace énfasis en dos personajes púbicos que han sido clave para la red Wallace, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario de Tecnología en Inteligencia, y Genaro García Luna, que materializaron el poder de Isabel para aterrorizar a las familias de sus inculpados.

Un prólogo, 39 capítulos, un epílogo, las referencias bibliográficas y documentos oficiales es el cuerpo que da a La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace, libro con el que cierra la trilogía: El falso caso Wallace y La lucha por la verdad.

Prólogo:

Escribir sobre los 70 años de la vida de una persona supone un amplio grado de conocimiento de ella o de sus acciones. Podría pensarse una tarea complicada cuando se está a la distancia, especialmente si ha sido flanqueada por el poder en las dos terceras partes de esos años. Este libro, sin embargo, pretende ser evidencia de que esta tarea no es imposible, porque desde el Estado no hay crímenes privados. El impacto público de éstos es inocultable. Sólo los calla, quien quiere callarlos.

Lee también: PGR ayudó a fabricar pruebas a Isabel Miranda de Wallace

 

La vida de María Isabel Miranda Torres, a quien por su propia insistencia le decían ‘La señora Wallace’, nos da la oportunidad de conocer cómo un Estado con vocación criminal es capaz de construir el mal a nivel de lesa humanidad a través de la simbólica sencillez de una madre ordinaria, convertida en icono de justicia con el supuesto secuestro y homicidio de su hijo, para el consumo mediático de las masas. El caso Wallace, desde el periodismo independiente, lo reportamos como emblema de la corrupción judicial en México, y la observación prolongada y minuciosa nos llevó a revelar el patrón de hostilidad diseñado como política de gobierno durante los mandatos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Así, la oscura entelequia del Estado –con su doble cara de Jano– distorsionaba macabramente los hechos con los que se incriminaba de manera sistemática a personas inocentes para simular eficiencia policial y justificar estratosféricos presupuestos para una seguridad pública a modo con la que verdaderos responsables de los crímenes eran protegidos. Mientras, miles de personas sufrían torturas y agresiones sexuales dentro de las cárceles obligándolos a aceptar crímenes que no habían cometido. A lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía o custodia, en ningún caso con facultad jurídica.

Sin escrúpulos y ambiciosa, Isabel Miranda era incapaz de sentir compasión por el dolor ajeno. Ante el poder de los demás se mostraba arrogante, y con su propio poder se volvía impulsiva; una fiel representante de la ignominia política, se empeñó en construir el espejismo de amor maternal, la mentira jaspeada de madre dolida. De la apariencia de sufrimiento insoportable por la supuesta tragedia del hijo brincó rápidamente a la imagen de empresaria y política exitosa, fuerte y extravagante. La escala de su popularidad fue inflada por la voracidad de los medios, y de la crueldad de las torturas a sus víctimas nadie daba cobertura.

Intencionalmente se mostraba “perseguida” por supuestos delincuentes y armaba montajes de atentados que seguían los medios amansados desde el erario. Exhortaba a las autoridades judiciales a responder con violencia contra la amenaza magnificada del crimen organizado, y compensaba jueces por dar condenas a perpetuidad con delitos fabricados de secuestro, tema en el que la vistieron de experta, desde los servicios de Inteligencia del Estado para el desvío de recursos públicos bajo el membrete de su asociación Alto al secuestro.

De la niñez de Isabel Miranda, poco se sabe, excepto las historias que ella misma contaba con gran imaginación a los medios y los datos personales que quedaron registrados en documentos oficiales y que también llegó a alterar. La realidad se ha ido develando poco a poco. Se supo que sus padres eran Elfega Mónica Torres y Fausto Miranda Romero, y su fecha de nacimiento, el 27 de mayo de 1951. Pero cuando los medios se mostraron interesados en su historia, dijo a TV Azteca y a la Revista Quién que su padre se llamaba Heriberto Miranda Romero, y que ella había nacido en 1955. En su libro El caso Wallace (Aguilar, 2010), afirmó que el año de su nacimiento había sido 1949 y que se había casado siendo todavía adolescente con José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Para el diario El Universal manejó como fecha de nacimiento el 17 de enero de 1951. Un día dijo que tenía cinco hermanos; otro, nueve. Así iba dejando falsas pistas tras de sí, a través de los años, tratando de difuminar el pasado y de soltarse de la cadena familiar imposible de desatar.

También manejaba diferentes domicilios, incluso en un mismo documento. En 1969, dejaba en los registros oficiales que sus padres vivían en la avenida Jalisco 66, sin especificar la colonia, en la Ciudad de México. Para 1975, indicaba que vivían en Villa Coapa, en el Andador 67, de la avenida El riego. Y para 1978, cuando registraba su segunda acta de matrimonio, declaraba vivir en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán; ella, junto con sus padres, en el número 1042; y dos de sus hermanos, que fueron testigos de la boda, en el número 1083. Nada de esto sería relevante, sino fuera por las múltiples identidades con las que jugaba, las de su hijo, las de sus esposos y la de sus padres, con las que pudo fabricar las pruebas que aún, al momento de escribir estas líneas, mantienen en prisión a ocho personas inocentes que sufren enfermedades y estrés postraumático por las torturas ordenadas por ella.

Isabel Miranda se inventaba vidas como familiares, se aumentaba o disminuía la edad en documentos oficiales, cambiaba los nombres de sus padres, y a sus hermanos los desaparecía o los crecía según la necesidad literaria del momento. Brincaba de una clase social a otra, obsesionada por la exageración, mientras cubría los delitos de su hijo, quien, a los 25 años, en 1994, según sus propias palabras, ganaba 200 mil pesos mensuales en su empresa recién creada. Pero quienes crecieron cerca de ella, recuerdan a una familia integrada por sus padres, varios hermanos bravucones, y mujeres sometidas por la violencia doméstica. Una familia ordinaria de Texcoco, decían, que quería sobrevivir a la pobreza, como todas.

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Podemos volver la vista atrás y –con la reconstrucción de los eventos más significativos políticamente en esos años– entender, sin que se justifique, la crueldad de un Estado autoritario y corrupto con el irisado anuncio de “democracia emergente” como terreno fértil para conseguir el dominio sobre las masas y reducirlas a su condición manipulable. Pero lo que nunca entenderemos, es el enigma de una madre que decidió desaparecer a su hijo por el macabro gozo del poder.

 

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