Por Juan Ricardo Montoya

La madrugada del sábado 25 de marzo, pobladores de la localidad de San Juan Tepa, municipio de Francisco I Madero, retuvieron y lesionaron a tres agentes de la Policía del estado de Hidalgo para evitar la captura de los presuntos ladrones de combustible de ductos de Petróleos Mexicanos -conocidos como huachicoleros. Los agresores causaron daños a la patrulla en que viajaban y les robaron sus armas de cargo (dos pistolas y un rifle AR-15).

Ulises Pérez Aldana, Cuitláhuac Ramírez Cuellar y José Guadalupe Nava, son los policías estatales que fueron gravemente heridos, y trasladados a un hospital.

La agresión se suscitó luego de que los policías, abordo de la patrulla HG-245 A1, perseguían una camioneta con contenedores y bidones con combustible robado. El vehículo circulaba sobre el camino vecinal que une a localidad de Vicente Guerrero, municipio de Ajacuba con San Juan Tepa, del ayuntamiento de Francisco I. Madero, población a menos de 35 kilómetros al poniente de la capital Pachuca.

Los presuntos huachicoleros que iban en la camioneta, al notar la presencia de la patrulla de la Policía estatal, aceleraron rumbo a San Juan Tepa, lo que originó la persecución durante la cual hubo un tiroteo. Los individuos que iban en la camioneta se desviaron del camino hacía un entronque cerca del paraje conocido como El Puerto, hasta donde fueron seguidos por los policías.

En ese lugar los uniformados fueron emboscados por grupo de quienes se presume son unos 50 pobladores, algunos con armas de fuego y otros con palos, tubos y piedras que, tras permitir el paso de la camioneta, arrojaron «poncha llantas» en el camino con las cuales lograron reventar los neumáticos de la patrulla.

Los policías fueron sacados por la fuerza de la patrulla, golpeados y pateados por la turba. Antes de marcharse, los sujetos estrellaron los vidrios del medallón, parabrisas y puertas de la patrulla y le causaron daños a la carrocería.

Horas después, la mañana del sábado policías estatales, con apoyo del Ejército mexicano y Guardia Nacional realizaron un operativo en San Juan Tepa. Al momento de redactar estas líneas no se ha informado del resultado del operativo.

Por Ignacio García

Luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, otorgara la suspensión al ‘Plan B’, de la reforma electoral impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Consejería Jurídica de la presidencia de la república anunció que impugnará dicha decisión al considerar que viola la Constitución Política Mexicana.

Por medio de un comunicado, la Consejería refirió que el ministro Laynez Potisek cometió una serie de arbitrariedades para impedir que se implemente el ‘Plan B’, como se ha identificado a la propuesta de reforma electoral de López Obrador. Y según el comunicado, estas irregularidades fueron aprobadas por el Poder Legislativo federal. De acuerdo con la Consejería, los ministros del Poder Judicial deben actuar de forma congruente y garantizar el orden constitucional, además de proteger los derechos y libertades.

Apenas el viernes pasado la Suprema Corte de Justicia suspendió la implementación del ‘Plan B’ electoral que fue solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual fue criticado por el presidente de México, quien acusó que los ministros defienden intereses de los consejeros electorales con elevados sueldos, superiores a los del titular del Poder Ejecutivo federal.

Asimismo, el INE dio a conocer la quinteta de las personas que podrían ocupar las cuatro consejerías electorales pendientes, de las cuales están relacionadas en su mayoría con el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

Para encabezar el INE se encuentra considerada Bertha Luján, hermana de la actual titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Luján, situación que ha provocado inconformidad por parte de diferentes representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos. Así también el hermano de la Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, quien estaba al frente del Instituto Federal de Defensoría Pública y durante su gestión despidió de manera masiva a abogados defensores con hasta 20 años de servicio en e Poder Judicial, cometiendo irregularidades y dejando en indefensión a personas privadas de libertad.

Al tiempo que operaba con Los Zetas, tenía dos plazas de maestro

Por Juan Ricardo Montoya

El 3 de diciembre de 2010, en la colonia Magisterio del municipio de Huejutla de Reyes, enclavado en el corazón de la Huasteca Hidalguense, fuerzas federales lograron la captura  de Eduardo Ramírez Valencia El Profe, peligroso lugarteniente de Heriberto Lazcano Lazcano, antiguo líder de Los Zetas y quien tenía dos plazas de maestro de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).

Al igual que Servando Gómez Martínez La Tuta, líder de lo que era el grupo delictivo Caballeros Templarios, quien también cobraba como maestro en Michoacán, Ramírez Valencia, pese a estar ocupado la mayor parte de su tiempo en organizar y ejecutar plagios, levantones y asesinatos ordenados por Lazcano, se las ingeniaba para cubrir sus dos plazas de maestro de secundaria y telesecundaria en Hidalgo, por las que percibía un sueldo neto de 20 mil pesos mensuales.

En lo que es un capítulo más del surrealismo en que viven los miembros de algunos grupos criminales en México, al ser capturado, el nombre de Eduardo Ramírez Valencia aparecía en la nómina de la SEPH correspondiente al primer trimestre de 2010.

En esa nómina, Ramírez Valencia tenía dos claves, que corresponden a una plaza distinta. La primera estaba foliada con el número 78613EO3636.00130541, que lo acreditaba como profesor de secundaria y la segunda con el folio 78679E278130.00132434, como profesor de telesecundaria.

De acuerdo con el documento, Ramírez Valencia, en el primer trimestre de 2010 (enero a marzo) cobró la cantidad de 63 mil 502 pesos. En el desglose de la nómina, prestó 36 horas de servicio durante esos tres meses, 30 como maestro de una telesecundaria foránea y seis más en secundaria. Por la de docente de telesecundaria recibió, en tres meses, 54 mil, 817 pesos: 21 mil 315 en enero; 15 mil 717 en febrero y 17 mil 784 en marzo de 2010.

Por la plaza de maestro de secundaria foránea, cobró en el primer trimestre de 2010 sólo ocho mil 65 pesos: tres mil 343 en enero; dos mil 516 en febrero y dos mil 825 en marzo.

En la nómina se especificaba que Ramírez Valencia no había participado en concurso de plazas, pero sí se beneficiaba de la llamada carretera magisterial. Se ignora en qué planteles escolares dio clases y qué materias impartía. Tampoco se sabe si siguió dando clases de abril a la primera semana del 2010 en que fue capturado.

Entérate: Expedientes Hidalgo: Frustrado secuestro evidenció complicidad de policías ministeriales con Los Zetas – (losangelespress.org)

En aquel entones, con 44 años de edad, y originario del municipio huasteco de Huejutla, en esa región, la gente aseguraba que Ramírez Valencia era maestro jubilado.

Era parte del grupo de maestros del círculo cercano de Mirna García, exdirigente de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación (SNTE) detenida, en 2014, por un supuesto fraude de 123 millones de pesos y luego liberada. Actualmente se encuentra prófuga de la justicia.

A tal grado era la cercanía de Ramírez Valencia con el SNTE que el también profesor Darío Badillo Ramírez, en 2010, diputado local del Partido Nueva Alianza por el XIII distrito, con sede en la región huasteca reconoció que era amigo del narcotraficante. «Sí, es amigo mío de toda la vida, oriundo de La Huasteca», se limitó a decir el legislador cuestionado por reporteros días después de la detención de Eduardo Ramírez.

«Es un profesor al que conozco de toda la vida; ignoro las situaciones de las que lo acusan, hay otras personas que han sido detenidas, un comerciante que se llama Rubén Monterrubio, una persona que hasta donde yo lo conozco es una persona dedicada al comercio, a los abarrotes», abundó. Sobre las actividades de Ramírez Valencia, el legislador comentó:»desconozco a qué se dedicaba él, fuera del magisterio».

No obstante, el entonces diputado local puso en duda la veracidad de la información con la que contaban los soldados y policías federales que mediante operativos lograron la captura de los presuntos narcos. Dijo, en su momento, «hubo otros operativos donde se llevaron a otras personas, incluso uno en Huejutla; entiendo que algunos de ellos fueron liberados. Es el mismo caso que ocurrió en Michoacán. Qué feo es que el área de inteligencia no haga su papel como corresponde, porque eso que digan, a final de cuentas, ‘usted perdone’ como que es una situación que apena mucho y la imagen que deja en las personas», remató.

El entonces legislador denunció en aquel entonces que los soldados habían irrumpido en la casa de su sobrino, Darío Humberto Badillo Zúñiga, se lo llevaron a un cuartel y lo mantuvieron incomunicado por más de una hora; al no tener más elementos para mantenerlo detenido, lo liberaron. En el comunicado de prensa que se emitió por la captura de Ramírez Valencia, se informó que había sido detenido en un operativo conjunto realizado por la Policía Federal Preventiva y el Ejército en Huejutla de Reyes.

Era considerado como responsable de las negociaciones para el tráfico de droga desde Panamá. También del envío de armas, venta y distribución de drogas en los estados de Veracruz y Tamaulipas, y también de administrar las finanzas y realizar los pagos a los miembros de la organización en el estado de Hidalgo.

Supuestamente, Ramírez Valencia brindaba seguridad a Heriberto Lazcano, cuando éste visitaba Huejutla de Reyes, para descansar y tratar asuntos de venta y distribución de droga.

Durante el operativo en el que fue detenido Ramírez Valencia, también fue aprehendido Rubén Barragán Monterrubio, alias El Montes y fueron incautadas cuatro armas largas, una pistola, 288 cartuchos, seis cheques por 430 mil pesos, así como 32 mil 500 pesos en efectivo y cuatro vehículos.

Para la captura se utilizaron tres helicópteros del tipo Mil Mi-17 y UH-60 Blackhawk de la Policía Federal. Las aeronaves estuvieron sobrevolando a baja altura por toda la ciudad en respaldo a las fuerzas de tierra que llevaban a cabo cateos y detenciones en la colonia Magisterial, donde residen muchos miembros del SNTE y fue capturado Ramírez Valencia y otros de sus cómplices.

Tras el arresto fueron conducidos e introducidos  de inmediato a uno de los helicópteros el cual los llevó a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). El 9 de diciembre de 2010 Ramírez Valencia fue trasladado al CERESO de Pachuca.