Padres de los estudiantes de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada en pie de lucha. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

CIUDAD DE MÉXICO.-Familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada por la policía de Iguala rechazaron tajantemente la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) que pretende cerrar el caso insistiendo en que los 43 jóvenes fueron calcinados en un basurero de Cocula.

Mientras el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la coadyuvancia, Vidulfo Rosales Sierra, en conferencia efectuada el martes por la noche en el Centro Pro Juárez, señaló que aún no existe certeza científica en el caso Ayotzinapa, por lo cual no puede cerrarse. Además, dijo, hay dos líneas pendientes de investigación: una incluye al ejército mexicano y otra al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Rosales Sierra aseguró que por parte del gobierno mexicano es clara la prisa para cerrar las investigaciones sobre Ayotzinapa por el periodo electoral tan próximo, ya que se niega a dar la verdad histórica de los hechos ocurridos en Iguala. Por otro lado, aseveró, que el mismo gobierno da visos de represión en Guerrero, entidad al que se han movilizado efectivos del ejército y la Policía Federal justo en la etapa del cierre de expediente, previendo la utilización de la fuerza para sofocar los movimientos de respaldo a normalistas.

Conferencia de prensa en la Cd de México con el apoyo de la organización de ddhh Tlachinollan. Foto: tlachinollan.org

Por qué no debe cerrarse el caso Ayotzinapa

También, el abogado Vidulfo Rosales enlistó una serie de razones del por qué no se debe cerrarse la averiguación previa del caso Ayotzinapa. Primero, dijo, no existe certeza jurídica, sólo con peritajes de tierra y maleza, los cuales debieron ser acompañados por la revisión de expertos independientes como con los peritos forenses argentinos, debido al historial de corrupción y fabricación de evidencias la PGR y ministerios públicos que han modificado a modo determinados peritajes.

“No se puede cerrar la investigación porque no son concluyentes las declaraciones del Cepillo, ya que su declaración nunca establece que estuviera durante todas las horas en las que presuntamente se efectuó el crimen contra los jóvenes detenidos desaparecidos”, dijo. Asimismo, refutó que la PGR busque dar conclusión al caso sólo basada en tres declaraciones venidas de delincuentes, las cuales no pueden tomarse con completa veracidad al ser parte de bandas del crimen organizado y no con testigos independientes.

El abogado originario de la Montaña de Guerrero señaló que existen evidencias de coacción por parte del gobierno mexicano que habría obtenido testimonios a la fuerza, por lo que ya existen denuncias de algunos detenidos que han presentado su situación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Rosales Sierra dijo que se ha dejado de lado y sin investigar el asesinato del normalista Julio César Ayala Mondragón. Por otra parte, a cuatro meses de los hechos de violencia faltan detenciones claves como las de Felipe Flores, Francisco Salgado, el “Cabo Gil” y más personas que pudieran cambiar el rumbo de la averiguación

Existen también inconsistencias en haber dado primero una línea de investigación que afirmó que los jóvenes fueron enterrados en fosas, y luego otra que ratificó que fue en Cocula. Hay restos de uno de los jóvenes, pero no hay pruebas científicas de los otros 42, precisó.

Tras calificar de grave que existan consignas sean por homicidio y no por desaparición forzada, el abogado señaló que “si no hay evidencias ¿cómo consignarán?” E insistió en las dos líneas pendientes de investigación que no se han querido seguir; la que vincula al ejército y la otra al ex gobernador Aguirre Rivero.

De la vinculación del ejército, el abogado aseguró que existe la declaración del policía Salvador Bravo Bárcenas, quien dijo que en 2013 les dieron información del actuar del grupo delictivo Guerreros Unidos y la Policía Preventiva Municipal de Iguala, a lo que hicieron caso omiso, por el contrario el ejército les dio protección. Por otra lado, en diciembre de 2011, ya el gobierno de Aguirre Rivero fue señalado como responsable del asesinato de dos normalistas.

El abogado Rosales Sierra explicó que este contexto no debe deslindarse del entorno de corrupción que alcanza a figuras como el ex gobernador, el ex procurador Iñaki Blanco Cabrera, los alcaldes de Cocula, Tepecuacuilco, Taxco, todos señalados en el marco político como funcionarios públicos que propiciaron la desaparición forzada de los estudiantes.

Ayotzinapa, uno de los casos más dramáticos de 26 mil desapariciones forzadas por el gobierno mexicano. Foto: tlachinollan.org

Más de 26 mil desapariciones forzadas en 2014 por el gobierno mexicano

Vidulfo Rosales alertó que haya una tendencia a la impunidad en el caso, por lo cual los abogados acudirán a diversos organismos internacionales. Los días dos y tres de febrero presentarán una denuncia formal contra el gobierno mexicano ante el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tendrá su evaluación a México.

En cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de las medidas cautelares, vendrán expertos a indagar los hechos. Rosales Sierra afirmó que no se trata de casos únicos sino de una generalidad en las desapariciones perpetradas por autoridades coludidas con el crimen organizado, según cifras oficiales hubo al menos 26 mil desaparecidos en 2014.

El defensor de derechos humanos recordó que están exigiendo una investigación exhaustiva que dé certeza a los padres, que están firmes en la lucha de la presentación con vida de sus hijos, así como en el esfuerzo para transformar un país plagado de corrupción.

Madres y Padre de normalistas; con enojo, piden la renuncia de Murillo

Epifanio Álvarez, padre de familia de uno de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada señaló que el gobierno mexicano les ha pisoteado la dignidad y pretender engañarlos, primero diciendo que estaban en las fosas, luego que en Cocula,

“Lucharemos hasta el final para que se aclaren las cosas. Ellos dicen que los quemaron con todo y celulares, ¿cómo es posible que a los 15 días el celular de uno de los muchachos timbró dos veces?”, cuestionó el padre de familia.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, exigió al gobierno que les entreguen a sus hijos, y atajó que la gente que dice que están molestando si les pasara lo mismo estuvieran con ellos. La mujer de origen indígena dijo que si lloran, no es porque aceptan que están muertos sino porque los extrañan. “Que Peña los entregue, que los presenten con vida, nosotros hemos dado la vida para que ellos realicen sus sueños”.

Carmen Cruz, madre de Jorge Aníbal, recordó que a ella le dijo la subprocuradora que su hijo se conectó a Facebook el 19 de octubre. “Que tengan sangre en la cara Murillo, Osorio Chong, y toda esa gente que por tener el poder no les importa que les digan cosas, ya que se larguen, que renuncien, porque no pueden con el caso, que no se hagan mensos”, dijo.

Cruz ratificó que sí hubo participación en los hechos de Iguala de los militares del 27 Batallón, quienes cerraron calles y salidas. “No proporcionaron auxilio a los muchachos, ¿por qué? Si a los asesinos los encarcelan, porque si los muchachos hicieron mal tratarlos así. Los soldados ya los habían amenazado que si regresaban los mataban”.

La señora afirmó que un padre llamó a su hijo y el celular sonó en el Batallón, “si se acostumbraron a que las cosas se quedaran sin que pasara nada esta vez no”, advirtió. Otros padres de familia señalaron los soldados queman su terreno cada año y que en las visitas al panteón se dieron cuenta que no fueron llevados a ese lugar para ser quemados.

El vocero Felipe de la Cruz acusó a Enrique Peña Nieto de violentar acuerdos en el punto de que primero se avisaría a los padres de familia de la información del caso; sin embargo, las prisas políticas del gobierno impiden que se respete a las víctimas

Lo anterior fue visto como respuesta a la concentración efectuada el 26 de enero en México y otros países ante un crimen de lesa humanidad por el cual se han manifestado de manera pacífica por el respeto a la vida y la integridad física.

Por parte del Comité Estudiantil de la Normal Rural asentada en Tixtla Guerrero, el secretario general del comité indicó que no permitirán que se cierren las investigaciones sin una respuesta real a las familias.