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Justicia pendiente

Sin certeza científica versión de PGR en caso Ayotzinapa: Tlachinollan

PGR no puede cerrar el caso Ayotzinapa sin certeza científica ni puede dejar líneas sin investigar como la del ejército y la del exgobernador de Guerrero dice abogado de ddhh

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Padres de los estudiantes de Ayotzinapa  víctimas de desaparición forzada en pie de lucha. Foto: Sergio Ferrer

Padres de los estudiantes de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada en pie de lucha. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

CIUDAD DE MÉXICO.-Familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada por la policía de Iguala rechazaron tajantemente la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) que pretende cerrar el caso insistiendo en que los 43 jóvenes fueron calcinados en un basurero de Cocula.

Mientras el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la coadyuvancia, Vidulfo Rosales Sierra, en conferencia efectuada el martes por la noche en el Centro Pro Juárez, señaló que aún no existe certeza científica en el caso Ayotzinapa, por lo cual no puede cerrarse. Además, dijo, hay dos líneas pendientes de investigación: una incluye al ejército mexicano y otra al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Rosales Sierra aseguró que por parte del gobierno mexicano es clara la prisa para cerrar las investigaciones sobre Ayotzinapa por el periodo electoral tan próximo, ya que se niega a dar la verdad histórica de los hechos ocurridos en Iguala. Por otro lado, aseveró, que el mismo gobierno da visos de represión en Guerrero, entidad al que se han movilizado efectivos del ejército y la Policía Federal justo en la etapa del cierre de expediente, previendo la utilización de la fuerza para sofocar los movimientos de respaldo a normalistas.

Conferencia de prensa en la Cd de México con el apoyo de la organización de ddhh Tlachinollan. Foto: tlachinollan.org

Conferencia de prensa en la Cd de México con el apoyo de la organización de ddhh Tlachinollan. Foto: tlachinollan.org

Por qué no debe cerrarse el caso Ayotzinapa

También, el abogado Vidulfo Rosales enlistó una serie de razones del por qué no se debe cerrarse la averiguación previa del caso Ayotzinapa. Primero, dijo, no existe certeza jurídica, sólo con peritajes de tierra y maleza, los cuales debieron ser acompañados por la revisión de expertos independientes como con los peritos forenses argentinos, debido al historial de corrupción y fabricación de evidencias la PGR y ministerios públicos que han modificado a modo determinados peritajes.

“No se puede cerrar la investigación porque no son concluyentes las declaraciones del Cepillo, ya que su declaración nunca establece que estuviera durante todas las horas en las que presuntamente se efectuó el crimen contra los jóvenes detenidos desaparecidos”, dijo. Asimismo, refutó que la PGR busque dar conclusión al caso sólo basada en tres declaraciones venidas de delincuentes, las cuales no pueden tomarse con completa veracidad al ser parte de bandas del crimen organizado y no con testigos independientes.

El abogado originario de la Montaña de Guerrero señaló que existen evidencias de coacción por parte del gobierno mexicano que habría obtenido testimonios a la fuerza, por lo que ya existen denuncias de algunos detenidos que han presentado su situación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Rosales Sierra dijo que se ha dejado de lado y sin investigar el asesinato del normalista Julio César Ayala Mondragón. Por otra parte, a cuatro meses de los hechos de violencia faltan detenciones claves como las de Felipe Flores, Francisco Salgado, el “Cabo Gil” y más personas que pudieran cambiar el rumbo de la averiguación

Existen también inconsistencias en haber dado primero una línea de investigación que afirmó que los jóvenes fueron enterrados en fosas, y luego otra que ratificó que fue en Cocula. Hay restos de uno de los jóvenes, pero no hay pruebas científicas de los otros 42, precisó.

Tras calificar de grave que existan consignas sean por homicidio y no por desaparición forzada, el abogado señaló que “si no hay evidencias ¿cómo consignarán?” E insistió en las dos líneas pendientes de investigación que no se han querido seguir; la que vincula al ejército y la otra al ex gobernador Aguirre Rivero.

De la vinculación del ejército, el abogado aseguró que existe la declaración del policía Salvador Bravo Bárcenas, quien dijo que en 2013 les dieron información del actuar del grupo delictivo Guerreros Unidos y la Policía Preventiva Municipal de Iguala, a lo que hicieron caso omiso, por el contrario el ejército les dio protección. Por otra lado, en diciembre de 2011, ya el gobierno de Aguirre Rivero fue señalado como responsable del asesinato de dos normalistas.

El abogado Rosales Sierra explicó que este contexto no debe deslindarse del entorno de corrupción que alcanza a figuras como el ex gobernador, el ex procurador Iñaki Blanco Cabrera, los alcaldes de Cocula, Tepecuacuilco, Taxco, todos señalados en el marco político como funcionarios públicos que propiciaron la desaparición forzada de los estudiantes.

Ayotzinapa, uno de los casos más dramáticos de 26 mil desapariciones forzadas por el gobierno mexicano. Foto: tlachinollan.org

Ayotzinapa, uno de los casos más dramáticos de 26 mil desapariciones forzadas por el gobierno mexicano. Foto: tlachinollan.org

Más de 26 mil desapariciones forzadas en 2014 por el gobierno mexicano

Vidulfo Rosales alertó que haya una tendencia a la impunidad en el caso, por lo cual los abogados acudirán a diversos organismos internacionales. Los días dos y tres de febrero presentarán una denuncia formal contra el gobierno mexicano ante el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tendrá su evaluación a México.

En cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de las medidas cautelares, vendrán expertos a indagar los hechos. Rosales Sierra afirmó que no se trata de casos únicos sino de una generalidad en las desapariciones perpetradas por autoridades coludidas con el crimen organizado, según cifras oficiales hubo al menos 26 mil desaparecidos en 2014.

El defensor de derechos humanos recordó que están exigiendo una investigación exhaustiva que dé certeza a los padres, que están firmes en la lucha de la presentación con vida de sus hijos, así como en el esfuerzo para transformar un país plagado de corrupción.

Madres y Padre de normalistas; con enojo, piden la renuncia de Murillo

Epifanio Álvarez, padre de familia de uno de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada señaló que el gobierno mexicano les ha pisoteado la dignidad y pretender engañarlos, primero diciendo que estaban en las fosas, luego que en Cocula,

“Lucharemos hasta el final para que se aclaren las cosas. Ellos dicen que los quemaron con todo y celulares, ¿cómo es posible que a los 15 días el celular de uno de los muchachos timbró dos veces?”, cuestionó el padre de familia.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, exigió al gobierno que les entreguen a sus hijos, y atajó que la gente que dice que están molestando si les pasara lo mismo estuvieran con ellos. La mujer de origen indígena dijo que si lloran, no es porque aceptan que están muertos sino porque los extrañan. “Que Peña los entregue, que los presenten con vida, nosotros hemos dado la vida para que ellos realicen sus sueños”.

Carmen Cruz, madre de Jorge Aníbal, recordó que a ella le dijo la subprocuradora que su hijo se conectó a Facebook el 19 de octubre. “Que tengan sangre en la cara Murillo, Osorio Chong, y toda esa gente que por tener el poder no les importa que les digan cosas, ya que se larguen, que renuncien, porque no pueden con el caso, que no se hagan mensos”, dijo.

Cruz ratificó que sí hubo participación en los hechos de Iguala de los militares del 27 Batallón, quienes cerraron calles y salidas. “No proporcionaron auxilio a los muchachos, ¿por qué? Si a los asesinos los encarcelan, porque si los muchachos hicieron mal tratarlos así. Los soldados ya los habían amenazado que si regresaban los mataban”.

La señora afirmó que un padre llamó a su hijo y el celular sonó en el Batallón, “si se acostumbraron a que las cosas se quedaran sin que pasara nada esta vez no”, advirtió. Otros padres de familia señalaron los soldados queman su terreno cada año y que en las visitas al panteón se dieron cuenta que no fueron llevados a ese lugar para ser quemados.

El vocero Felipe de la Cruz acusó a Enrique Peña Nieto de violentar acuerdos en el punto de que primero se avisaría a los padres de familia de la información del caso; sin embargo, las prisas políticas del gobierno impiden que se respete a las víctimas

Lo anterior fue visto como respuesta a la concentración efectuada el 26 de enero en México y otros países ante un crimen de lesa humanidad por el cual se han manifestado de manera pacífica por el respeto a la vida y la integridad física.

Por parte del Comité Estudiantil de la Normal Rural asentada en Tixtla Guerrero, el secretario general del comité indicó que no permitirán que se cierren las investigaciones sin una respuesta real a las familias.

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Justicia pendiente

Por ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan, organizaciones exigen destitución del gobernador Barbosa

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Los Ángeles Press

Un grupo de 35 organizaciones y defensores de derechos humanos, encabezados por la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, lanzaron una carta pública de extrañamiento al gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en la que se exige su destitución, por las recientes ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan.

La represión tuvo lugar en la comunidad de Zoquitlán, el 9 de mayo, en torno a las 17 horas, donde policías de estado rafaguearon a indígenas que caminaban de regreso a su casa, dejando tres muertos, uno de ellos menor de edad, y siete heridos.

El conflicto data de junio 2021, tras un fraude electoral en la comunidad de Coyomeapan, donde la familia Celestino Rosas, impuso al presidente municipal, siendo esposo de la diputada federal Araceli Celestino Rosas. La protesta de la comunidad ha tenido como represalia el encarcelamiento de defensores de derechos humanos, como Basilisa Montaño Gutiérrez y Gonzalo Martínez, y el hostigamiento a la periodista Claudia Martínez Sánchez, quien ha reportado sistemáticamente las agresiones a la comunidad y la restricción de las libertades constitucionales de los indígenas.

Ciudad de México, a 13 de mayo 2022

CARTA PÚBLICA

Los y las abajo firmantes integrantes de la sociedad civil, manifestamos nuestro extrañamiento por la represión contra la comunidad indígena de Coyomeapan, realizada por integrantes de la policía estatal del estado de Puebla, y exigimos la inmediata intervención de las autoridades federales e organismos internacionales para resolver las demandas de verdad y justicia.

El pasado 9 de mayo al rededor de las 17:00 hrs., algunos activistas indígenas nahuas de Coyomeapan, Puebla, que se encuentran en resistencia pacifica, por la defensa de sus derechos políticos, civiles y de la tierra y su territorio, caminaban de regreso a su hogar, cuando al pasar por la comunidad de Zoquitlán, Coyomeapan, fueron emboscados y rafagueados por integrantes de la policía estatal misma que haciendo uso excesivo de su fuerza pública, ejecuta a los activistas indígenas; Teofilo Barrera Herrera, de 24 años, Marcelo Carrera Reyes de 45 años y a un menor de 15 años de edad de nombre Omar Herrera Raymundo, y dejando a 7 heridos entre los que se encuentra el profesor Lauro Gil Arguelles, todos ellos integrantes del Movimiento Unidad por Coyomeapan.

Por lo que manifestamos por este medio nuestro extrañamiento al Estado mexicano por la omisión a estos hechos, y solicitamos a la ONU y a la CIDH, solicten información a el gobierno por estos lamentables hechos.

Recordando que 4 activistas de Coyomeapan se encuentran en el penal de Tehuacán, Puebla, criminalizados por la defensa a sus derechos humanos, entre ellos la defensora de derechos humanos y teóloga Basilisa Montaño Gutirrez, integrantes también del Movimiento Unidad por Coyomeapan, y que la periodista Claudia Martínez Sánchez, fuera desplazada de su hogar en Puebla, por ejercer su derecho difundir la criminalización social que sufre la comunidad indígena de Coyomeapan.

Ante este contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de esta comunidad y sus habitantes;

¡Exigimos la destitución del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta!
¡Solicitamos la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República!
¡Condenamos la criminalización de la protesta social!
¡Exigimos el alto al uso excesivo de la fuerza publica!
¡Libertad inmedita a la defensora de derechos humanos y teóloga Basiliza Montaño
Gutierrez y los tres activistas que se encuentran en prisión, desde el 21 de septiembre del
2021!
¡Responzabilizamos al Estado de los hechos del 9 de mayo 2022!

FIRMAS
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC)
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los
Derechos Humanos en México (AFADEM)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
Los Ángeles Press
Centro de Derechos Humanos Esteban (Puebla)
Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos
Desarrollo Humano Internacional AC
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMEXDEHU)
Mujeres Co_Incidiendo con Mujeres AC
Colectiva Radial Poder Político de las Mujeres
Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC
Senderos Para el Desarrollo Comunitario
Voz del Anahuac
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Cdmx
Zenzontle
Casa de los Pueblos México
Nueva Constituyente Ciudadana Popular (NCCP- Coahuila)
Colectivo Viva Voz
25 Día Naranja A.C.
Madres Exigiendo Justicia
CAM-CAI
Colectiva Brujas Zapateras
Colectiva Lilith Violeta
Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
FIAC A.C.
FUNDACION ARTE Y MUNDO SOSTENIBLE A.C.
FINASBIH A.C.
Colectivo para la Equidad y la defensa de los derechos de las mujeres «Techiyaliztli»
33 Mujeres A.C.
Organización Jugestes-Cnpa
Colectivo de Mujeres por la Equidad la Salud y la Educación A.C.
Asociación para el Desarrollo Integral de Comunidades y Colonias A.C
Fray Julián Cruzalta Aguirre
Dramaturgo Humberto Robles
Senador José Narro Céspedes
Jackie Campbell)
Olimpya Jaimes López
Hilda Pérez Vázquez
Leticia López Zamora
Cynthia Bravo Moore
Vanessa Klainer Berkowitz
Dulce Mildret Sainz Torres
Isaura Contreras
Beatriz Salas Martínez
Claudia Magaña Lugo
Daniela Flores
Adriana Díaz González

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Justicia pendiente

Autoridades de DDHH ignoran caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, con tortura y fabricación de delitos

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Por Guadalupe Lizárraga

El caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga fue expuesto de nuevo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se denunció cómo las autoridades responsables de impartir justicia y reparar el daño han ignorado a la víctima de tortura y fabricación de delitos en 2013, además de ocultar documentos de su expediente y estar sin sentencia, por lo que se pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema corte de Justicia de la Nación.

La primera vez que se presentó este caso, por la representación de Los Ángeles Press, fue en 2019. Sin embargo, desde entonces, es muy poco lo que se ha avanzado, pese a que su defensa ha demostrado su inocencia, así como el haber sido torturada y mutilada en el penal de El Rincón, Nayarit, a donde llegó con cinco meses de embarazo. Tuvo a su hija en una clínica con atención de emergencia, ambas discriminadas en atención médica, por ser un caso de consigna de la “sociedad civil” contra el tráfico de mujeres, conocido como «Solid Gold».

En la intervención del reportero Ramón Flores, se expuso que la Unidad de Transparencia y la de Contraloría interna de la Fiscalía General de la República han ignorado la instrucción presidencial y que las nuevas conclusiones de la fiscalía, “vuelven a ser una burda fabricación criminal sin pruebas, que incluye el encubrir la tortura a la que sometieron” a Sánchez Mayorga.

La denuncia del reportero enfatizó que servidores públicos que operaban en red con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, han ocultado a la Fiscalía de Asuntos Internos y a CONAPRED, los videos de las cámaras de seguridad y el expediente médico que evidencian la tortura sufrida por la víctima.

Por lo que pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema Corte de Justicia y que el Consejo de la Judicatura, con la jueza por Ministerio de Ley, revise y resuelva su caso.

También se denunció que la Defensoría pública federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han ignorado -del mismo modo- este caso, pasando por alto las graves violaciones de derechos humanos, igual que otros miles de casos similares, y enfatizó el reportero en las condiciones en que se encuentran las internas del penal de Santa Martha Acatitla, además del abandono jurídico para su defensa.

Finalmente, se pidió una libre audiencia pública al interior del reclusorio femenil y varonil, con autoridades de derechos humanos, entre éstas el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que se investiguen los suicidios y los maltratos a las reclusas.

Testimonio desde la cárcel de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga

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Justicia pendiente

Seguridad Pública detiene a presunto operador de “Guerreros Unidos”, vinculado en caso Ayotzinapa

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El subsecretario de Seguridad Pública (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que elementos de seguridad detuvieron a Salvador “N”, presunto operador del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El funcionario federal explicó que este individuo contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada que se cumplimentó con Jardines de Cuernavaca en Guerrero, por lo que también es conocido como parte del brazo armado conocido como “Los Peques” o “Los Titos” vinculados a la desaparición de los normalistas.

De acuerdo con el representante del gobierno federal, se solicitó su vinculación a proceso penal, por su presunta responsabilidad en los hechos delictivos que ocurrieron en septiembre de 2014.

Añadió que es señalado por ser uno de los responsables de la violencia que se presenta en la zona sur de Guerrero, por lo que había sido señalado por haber trabajado para la organización delictiva que ordenó la desaparición de los estudiantes normalistas.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que es una prioridad de la actual administración federal esclarecer los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, hace casi ocho años, por lo que manifestó que continuarán con las investigaciones con la comisión de la Verdad.

Desde que inició la actual administración federal, se han desarrollado diferentes investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en Ayotzinapa, por lo que se demostró que hubo intervención de agentes del Estado mexicano para colocar presuntamente los restos de los normalistas en el basurero de Cocula.

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