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Sigue siendo el Estado

La responsabilidad del Estado mexicano en crímenes de derechos humanos no se exime con el cambio de régimen ni de gobierno.

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Víctor Rogelio Caballero Sierra

La obsesión delirante del titular del Ejecutivo, el día de hoy en Tlapa, Guerrero, lo llevo a decir que “En el caso de Arnulfo (refiriéndose al activista Arnulfo Cerón, víctima de asesinato) y de los 43 estudiantes, y muchos otros casos, no se puede hablar de crímenes de Estado, porque ahora el representante del Estado mexicano, comandante supremo en jefe de las Fuerzas Armadas, el que les habla, el presidente de la República, no va a permitir ninguna injusticia, no va a permitir un acto autoritario”

Y decimos obsesión delirante, porque este sujeto, dejando a un lado sus responsabilidades constitucionales y legales, lanza la misma verborrea cuando trata de explicar “sus” razones para abstraer al régimen actual de lo ocurrido en el régimen anterior, al cual responsabiliza de todo lo malo que pasa en el país. Sin embargo, siempre olvida que fue él precisamente, quien extendió un manto de impunidad al criminal Enrique Peña Nieto y que además –por lo que se ve- ese manto también lo está extendiendo a las fuerzas armadas que han cometido no sólo excesos, sino violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Pero ¿Por qué el sedicente presidente de México hace tal aseveración? Es sencillo suponerlo, porque si bien el caso de la desaparición forzada por parte de elementos del Estado mexicano, de nuestros 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se verificó durante el régimen anterior, la desaparición y posterior hallazgo sin vida del compañero Arnulfo Cerón, abogado defensor de derechos humanos e integrante del Frente Popular de la Montaña, se verificó en el tiempo que corresponde al presente sexenio y la responsabilidad política, legal y constitucional del mismo, ya recaen sobre el propio titular del Ejecutivo, como recaen los 12 asesinatos de integrantes del CNI-CIG en lo que va de este año 2019, incluido el del compañero Samir Flores, activista del pueblo de Amilcingo, que sostiene una lucha contra el proyecto de muerte, llamado Proyecto Integral Morelos, que goza de la bendición del presidente.

Sin embargo, y respecto al caso de la desaparición forzada por parte de elementos del Estado mexicano de nuestros 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la cual seguimos considerando como un Crimen de Estado, de igual forma no podemos aceptar la abstracción que pretende hacer el presidente en su delirio, ya que hasta la fecha, estrictamente a nuestra forma de ver, tampoco hay un resultado tangible en las investigaciones y más aún, en algún indicio que nos diga en donde están nuestros 43 compañeros, ya que lo único que hemos escuchado son discursos y lo único que hemos visto son oportunistas fotografías del presidente con el digno movimiento de Madres y Padres de nuestros 43, pero nada de Verdad, ni de Justicia.

Adicionalmente, nos preocupan este tipo de declaraciones, además del despropósito, porque a nuestro juicio, con las mismas el titular del Ejecutivo también busca:

1.- Deslegitimar al Movimiento de Madres y Padres de los 43 y a las organizaciones colectivos y personas solidarias que lo acompañamos, ya que además de considerar más allá de una consigna (Fue el Estado), también creemos, por lo menos nuestros espacios, que el Estado mexicano sigue siendo el responsable directo de la desaparición forzada de nuestros 43, en donde cabe destacar que nuestro sistema jurídico está basado en el Derecho Positivo –lo que significa que el Estado está regulado por leyes y no por costumbres- y este Derecho Positivo indica que el Estado constituye un poder coactivo y normativo de la conducta humana, conformado por Territorio (en su significación geográfica), Pueblo (como unidad personal, en modo alguno territorial) y Poder (en su acepción vinculada pura y simplemente al Estado).

Así entonces, la responsabilidad del Estado en los crímenes que ha cometido, no se eximen por los cambios de régimen o de gobierno, ya que los elementos se mantienen sin cambios, máxime si consideramos que el actual titular del ejecutivo, llegó al poder, con las mismas reglas constitucionales y legales que lo hicieron los anteriores. El presidente actual, no tomó el gobierno por las armas, mediante una revolución (aunque no les guste esta afirmación a sus feligreses), ni en la transición del poder público se verificó la interrupción del orden constitucional (artículo 136 CPEUM).

2.- Mantener la impunidad para los elementos del Ejército que participaron en la desaparición forzada de nuestros 43, porque a pesar de que se asume “Comandante Supremo en Jefe de las Fuerzas Armadas”, hasta la fecha nada se sabe de la integración de alguna línea de investigación seria, efectiva y real, tendiente a esclarecer la participación de elementos del Ejército en la terrible noche de Iguala, del 26 de septiembre de 2014, en la que fueron asesinadas seis personas y 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos forzadamente por el Estado mexicano, en la que los medios masivos y tradicionales de comunicación, el clero, los intelectuales reaccionarios pero, sobre todo, el gobierno, han insistido una y otra vez en que estos crímenes fueron cometidos exclusivamente por fuerzas policiacas municipales.

El poder coactivo del Estado y que regula la conducta humana, se ejerce de manera conjunta de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en forma absoluta para todo el territorio nacional y sobre toda organización social. Así, podemos afirmar y concluir que toda la represión, toda la violencia y corrupción del gobierno es, desde luego, responsabilidad del Estado. Lo falaz de las afirmaciones del día de hoy por parte del titular del Ejecutivo también se ha confirmado con las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde se detallan las acciones y omisiones del Ejército y de la Policía Federal Preventiva (PFP) en estos hechos, lo cual infiere una participación directa de todas las fuerzas armadas al servicio del Estado.

Creo que todas y todos aquellos seguidores y simpatizantes del régimen actual, con la declaración de hoy del titular del Ejecutivo, deberían avergonzarse de haber estado posteando en redes sociales durante la campaña presidencial de 2018 y el propio 1° de julio, “que se debía votar por él” para lograr verdad y justicia en el caso Ayotzinapa, pues con aquella vemos, a nuestro juicio, esa posibilidad cada vez más lejana.

En fin.

¡NI PERDÓN, NI OLVIDO!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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México de conciencia

Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky dan positivo a Covid-19

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Por Ignacio García 

El diputado federal y aspirante a la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, y la exdirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, informaron que dieron positivo a Covid-19, por lo que permanecerán recluidos en sus respectivos domicilios.

Por medio de su cuenta de Twitter, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados dio a conocer que decidió aislarse al presentar síntomas leves y dar positivo a Covid-19, sin embargo, enfatizó que dio seguimiento a la probación del paquete económico de ingresos.

De acuerdo con el aspirante a la dirigencia de Morena, seguirán preparándose para el futuro, por lo que permanecerá aislado durante los siguientes días para evitar contactar a más personas en tanto padece la enfermedad.

Por su parte, la ex lideresa de Morena también dio a conocer que dio positivo a Covid-19, por lo que permanecerá recluida en su vivienda y en breve informará sobre su situación en los próximos días.

Aunque Polevnsky participó en la contienda para la renovación de la dirigencia nacional de Morena, en la encuesta elaborada por el Instituto Nacional Electoral (INE) estuvo fuera de los primeros lugares entre la militancia, por lo que únicamente la disputarán Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo.

La pandemia de Covid-19 ha afectado a diferentes servidores públicos y actores políticos a nivel nacional, sin embargo, las actividades presenciales se mantienen en varios espacios públicos que representan un riesgo de nuevos contagios.

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Fabricación de culpables

Fabricación de delitos: el riesgo de combatir la corrupción

Susana Enríquez Silva

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Jorge López vivió dos años recluido en un centro penitenciario acusado de un delito que no cometió; fue torturado por las autoridades que lo detuvieron, dejándole secuelas físicas y psicológicas. En México, el 64% de personas encarceladas sufre algún tipo de violencia al ser arrestada*.

Por Susana Enríquez Silva

Jorge López Pérez inició su carrera en 1982 cuando ingresó a la Dirección Federal de Seguridad, años después lo comisionaron al Estado Mayor Presidencial donde laboró cuatro años en el sexenio de Ernesto Zedillo y otros cuatro en el sexenio de Vicente Fox. En el 2007 lo nombraron Director de la Policía Ministerial de Tabasco y en el 2014 lo invita el entonces Comisionado Estatal de Seguridad, Orlando May Zaragoza, a trabajar en Tlaxcala como director de la Policía Estatal Acreditable.

La situación en dicho estado era preocupante, tan sólo del año 2011 al 2013 había más de 150 denuncias por delito de trata de personas con fines de prostitución y únicamente tres sentencias respecto a esos casos. Además, un mes antes de que Jorge López iniciara su periodo, el narcomenudeo ya era considerado uno de los delitos con mayor incidencia delictiva.

La tarde del 21 de enero del año 2015 transcurría de manera normal para Jorge López, después de 30 años de servicio era común recibir avisos sobre asaltos, robos, detenciones, y como en esa ocasión, linchamientos. Se encontraba comiendo en su casa cuando recibió una notificación por radio en la que se solicitaba su presencia en el poblado de Santa Apolonia Teacalco en el municipio de Nativitas. Fue a las cinco de la tarde que junto a elementos de la Policía Estatal Acreditable comenzaron la recuperación de una persona que estaba a punto de ser linchada por presuntamente haber intentado robar un auto.

Horas más tarde, la vida del exdirector de la PEA cambió de manera drástica cuando fue llamado a la oficina de la que en ese entonces era la Procuradora General de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez. Al llegar al lugar, Fragoso Sánchez ordenó que fuera detenido sin tener orden de aprehensión; fue en ese momento que comenzó una historia de impunidad y corrupción, historia que hoy en día no ha terminado, pues Jorge López continúa exigiendo al estado de Tlaxcala que le reparen el daño causado por la fabricación de un delito que jamás cometió.

«Somos oficiales que nos debemos al ciudadano»

Jorge López sabe la razón por la que lo detuvieron: intentó cambiar el sistema de policía en Tlaxcala. Desde que obtuvo su puesto en la Policía Estatal Acreditable, López Pérez notó que algunos de sus elementos estaban involucrados en los delitos como narcomenudeo o corrupción, e incluso que recibían órdenes de autoridades de rango mayor por lo que comenzó una estrategia para homologar el sistema de policía y poder garantizar la seguridad al ciudadano.

Su objetivo era transformar la estructura y comenzó a dar cursos propedéuticos a cada municipio, pues había notado que, además, los protocolos de actuación eran ineficientes. Sabe también que los aseguramientos que realizó desde que comenzó su labor al día de su detención, pegaron en el ámbito de autoridades corruptas lo cual molestó a los altos mandos. “Somos oficiales que nos debemos al ciudadano, servimos, no nos servimos de él, desafortunadamente toqué fibras que nunca se habían tocado en el estado y pagué con la cárcel”, afirma con un tono de voz seguro de que él hizo lo que correspondía a su labor.

El día de la detención del director, también fueron acusados por el delito de secuestro exprés, el exdelegado de Apizaco y cinco elementos más de la policía, quienes además fueron obligados a firmar una declaración que jamás dieron. Jorge López fue el único que se negó a hacerlo y asegura que fue el detonante para que en todo el proceso sufriera tortura y maltrato por parte de las autoridades. “Desde el momento que me detuvieron comenzaron a agredirme, me decían de todo: a ver hijo de tu pinche madre, aquí mandamos nosotros”, narra. Lo único que podía hacer era esquivar los golpes y cubrirse la cabeza: “me sentía impotente, no sabía cómo responder”.

Lo estuvieron paseando por horas, primero con el fiscal, pero al no querer declarar lo trasladaron a los separos y lo metieron en un cuarto donde fue violentado física, emocional y psicológicamente. “Me pidieron que me encuerara, me aventaron al suelo y me echaron agua. Yo tenía los ojos vendados pero veía como bolas rojas, me ordenaron que abriera las piernas y es cuando me dan toques en el cuerpo, en todas partes, y yo sólo gritaba el nombre de mi hijo que falleció, ese momento se me hizo eterno”.

«Se te acaba el mundo»

En Tlaxcala no está tipificado el delito de secuestro exprés, así que se buscó meter a la demanda la legislación federal para que procediera. En el momento de la detención no existía ninguna denuncia en contra de Jorge López ni de las otras seis personas detenidas, estas se hicieron hasta las 22:35 y 23:45 de ese día, otra el 26 de enero, después el 27 de enero, y la última el 3 de febrero. “¿Cómo es posible que me detuvieran por algo que nadie había denunciado?”; pregunta López Pérez, todavía sorprendido por lo absurdo de la situación que vivió.

«¿Cuándo acaba la tortura?». Audio: .Susana Enríquez.

Fue ingresado a la zona de alta peligrosidad del Centro de Reinserción Social (Cereso) en Apizaco. La celda en la que lo metieron era pequeña, con un baño, la cama de piedra y un pedazo de zotehuela. “Estuve dos meses incomunicado, lo poco que entraba de luz era por unos barrotes que había pero estaban muy altos, y no los alcanzaba”, narra mientras su voz cambia de tono al recordar los hechos.

El trato que vivió fue inhumano, le pasaban la comida en bolsas de plástico y lo mantuvieron sin tener comunicación con sus familiares hasta por dos meses. “Estar ahí era la muerte para uno, de los barrotes alcanzaba a ver unas como cuerdas y yo decía no pues me voy a ahorcar, se te acaba el mundo al estar ahí, yo pensaba lo peor”. Solamente cuando Jorge López salía a audiencias es cuando veía a su esposa, quien siempre estuvo acompañando el proceso y luchando por su libertad.

Sin embargo Jorge López no fue la única víctima, su madre, y su esposa Sandra Reyes, también sufrieron vejaciones cuando iban a visitarlo al CERESO; las hacían desvestirse, hacer sentadillas para hacer revisión y las tocaban, todo con la justificación de ser necesariopara poder accesar a realizar las visitas. Sandra Reyes siempre estuvo presente buscando pruebas para demostrar la inocencia de su esposo, “yo tampoco me la creía, mi hijo llegó con el licenciado, amá, ahora tú te vas a hacer cargo, yo tengo que trabajar, me puse a llorar pero yo sabía que así no iba a resolver nada”.

En las declaraciones que fabricaron hubo muchos errores, en una de ellas la persona afirmó que reconocía a los detenidos por haber estado presentes en el secuestro, sin embargo el director Jorge López junto al delegado que también fue detenido arbitrariamente, estuvieron juntos en el conflicto de linchamiento que se dio en Santa Apolonia Teacalco. Así que al darse cuenta de que con esa declaración se iba a caer la denuncia, cambiaron la versión de los hechos y acusaron a López Pérez de ser el líder de la banda.

Fotografía que muestra al delegado Juan Carlos Yáñez, el 21 de enero de 2015 en el poblado de Santa Apolonia Teacalco, lugar donde se encontraba con el ex director de la Policía Estatal Acreditable, Jorge López, realizando la recuperación de una persona que estaba a punto de ser linchada por presuntamente haber intentado un auto.

“Una vez hablé con una de las personas que llamaron a notificar, me dijo que había firmado su denuncia por un robo a su casa y que vio un espacio en blanco pero le dijeron que era para otras firmas, yo tenía copia de la denuncia porque en ese espacio en blanco habían puesto el nombre de mi esposo y los demás acusados”, cuenta la señora Sandra.

Hubo un movimiento que se organizó mientras Jorge López se encontraba privado de la libertad. Su esposa realizó dos marchas para exigir justicia y buscó a medios de comunicación de Tlaxcala como Radio Universidad o Línea de Contraste, con el objetivo de dar a conocer todas las irregularidades que estaban sucediendo en el caso. “Por eso digo que mi esposa es una guerrera, porque creyó en mí, sabe quién soy y empezó su lucha desde afuera”, afirma Jorge López mientras presume que lleva más de 30 años en matrimonio con Sandra Reyes.

Después de muchos meses de no presentarse a las audiencias la ministerio público, Jorge López y sus compañeros fueron absueltos de todas las averiguaciones previas: “eran nueve averiguaciones,todas las personas que llamaron a declarar dijeron que no sabían porque estaban ahí o que las habían obligado a firmar, es inverosímil lo que fabricaron, de verdad inverosímil”, narra el ex director de la PEA.

«Los derechos humanos no existen en Tlaxcala«

Es hasta dos años después, el 2 de febrero del 2017, que un juez decide dar la libertad a Jorge López, sin embargo eso no significó el fin, sino el inicio de una lucha para obtener justicia por lo que vivió, pues además de la tortura física, fue exhibido en medios nacionales e internacionales, y perdió la oportunidad de continuar con su carrera laboral. “Yo lucho por reparar el daño moral que nos hicieron a mí ya mi familia, quedé estigmatizado y eso te destruye, pierdes todo”, cuenta.

En el lapso de tiempo que López Pérez estuvo privado de su libertad, encarcelaron a un agente de la policía ministerial, quien le confirmó que las personas que lo torturaron lo hicieron por orden de la ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez. Es el 2 de abril de 2018, que el ex director de la Policía Estatal Acreditable, presentó una denuncia penal en contra de Fragoso Sánchez y del ex subprocurador, Víctor Pérez Dorantes, además de integrar a elementos policíacos que participaron en los actos de tortura; un año más tarde de haber ratificado la denuncia, no hay detenidos, los policías continúan laborando para la PEA en Tlaxcala y Fragoso Sánchez no ha sido siquiera llamada a declarar por los hechos.

Jorge López también interpuso una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las violaciones que sufrió desde su detención, y fue el 30 de abril de 2018 que se emitió la recomendación 02/2018 contra el Estado de Tlaxcala. El 29 de mayo fue acatada por el Estado sin embargo hasta la actualidad no ha sido cumplida de manera idónea siendo que el artículo 51 de la ley de la CEDH se establece que una vez aceptada, se deberá realizar su total cumplimiento. Por causa de esto ha realizado dos huelgas frente al Palacio de Gobierno para exigir que le sea reparado el daño realizado. La recomendación emitió que se debía dar una disculpa pública, pagar los sueldos correspondientes que no recibió debido a su detención, recibir tratamiento psicológico para él y su familia, así como ser indemnizado por el tratamiento médico que hasta ahora lleva debido a las lesiones que le dejaron por la tortura, sin embargo únicamente se le otorgó la disculpa pública y el pago de su sueldo por los dos años que estuvo privado de la libertad.

“Para mí los derechos humanos no existen en Tlaxcala, pero creo en la justicia, siempre confié en las leyes y sé que México ya debe de cambiar”, afirma López Pérez quien lucha por algo más que dinero, busca recuperar lo perdido, re dignificar su nombre y el de su familia. Él sabe que sólo un juez podrá determinar quiénes son los responsables por su detención pero su exigencia es que su historia no quede sólo en una más de impunidad. «Quiero encontrarme nuevamente con mi familia y recuperar todo lo que perdimos, pero no voy a dejar pasar esto, voy a seguir luchando para que se reconozca que también existimos policías que somos víctimas de un sistema corrupto. Soy un servidor público que sirvió a su país por 35 años y no permitiré ser pisoteado”, afirma con la mirada fija, seguro de que no descansará hasta lograr su objetivo.

 

Esta historia periodística es resultado del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), auspiciado por USAID. 

Nuevo Periodismo para la Justicia

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