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Investigaciones

Sierra Negra de Puebla azotada por caciques y crimen organizado

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Por Claudia Martínez Sánchez

El viento en Coyomeapan huele a café, tabaco y miedo. En su verde espesura color esmeralda los cerros abrazan los espíritus y las almas de los indígenas en la región de la sierra negra, en un lugar cercano a los caprichosos colores azules de la naturaleza. Solo ellos son bendecidos en el buen vivir de la madre tierra: tan cerca del cielo, las nubes, la lluvia… y tan lejos de la justicia.

La madrugada del 6 de junio, el miedo y el espanto se escuchó desde las montañas de Coyomeapan: hombres encapuchados de procedencia nayarita y veracruzana con armas largas en mano comenzaron a azotar de terror las alfombras doradas de luciérnagas que incendian la oscuridad para amarse entre los bosques; todos en la sierra los identifican como “Los Celestinos”, los caciques del pueblo, autores de la inseguridad y la violencia en estas tierras.

Las familias indígenas que se internan en la sierra, son las que viven de lo que la tierra les da. Estas familias, que viven en chozas de tejamaní y madera, han sido las más acechadas desde hace 11 años, cuando llegaron “Los Celestinos”. Pero el 6 de junio, los abusos de “Los Celestinos” fueron desmedidos: hogares fueron irrumpidos durante la madrugada por este grupo delincuencial para obligarlos, a mano armada, a votar por el candidato que forma parte de esta mafia, Rodolfo García López, de origen nayarita –esposo de la recién electa diputada federal, Araceli Celestino Rosas–. A los que mejor les fue, fueron a aquéllos a los que les llegaron a ofrecer de mil a dos mil pesos por el voto y a aquellos a los que les arrebataron su credencial para votar.

Alcaldesa de Coyomeapan, por MORENA, Araceli Celestino Rosas.

Con el primer rayo de sol que iluminó el pino y el encino de los bosques en esa mañana luminosa del 6 de junio, el pueblo entero salió a votar. La indignación y el coraje rebasó el miedo del pueblo, su voto era a favor del partido que fuera, en su mayoría al Partido Revolucionario Institucional (PRI), no por su confianza al tricolor, sino porque el candidato es indígena como ellos y, para el pueblo, es el candidato que los representa, mas no el esposo de la diputada Araceli Rosas Celestino.

Los habitantes detectaron que, en muchas de las casillas, a temprana hora, ya habían hombres nunca vistos en Coyomeapan y ni el náhuatl sabían pronunciar. “Son gente ajena al pueblo, llegaron con credencial para votar –dijo Don Telésforo–, por allá por los cerros, ahí debió ver la fila de encapuchados armados que subieron a amedrentar a los más humildes, los que apenas viven de la tierra y tienen sus chocitas de madera. Eso no se vale que le hagan a nuestra gente, ya es mucho lo que nos hacen, ya es mucho”, recordó, secándose las lágrimas.

Si bien es cierto que la sierra negra es tierra de olvido, indiferencia, marginación, desigualdad y discriminación, también es cierto que nunca antes había sido azotada por grupos criminales como “Los Celestinos”, hasta que llegó la presencia de la minera Autlán a la región con el proyecto hidroeléctrico.

Desde hace 11 años, “Los Celestinos” han aplicado la ley del revolver: aquel que no se arrodille a su ley, o lo meten a la cárcel o los desaparecen o los matan. Los indígenas en esta zona de la Sierra Negra, enclavada en la región de Dios y del olvido de las autoridades, habían venido denunciando desde hace un par de años el despojo de grandes hectáreas de sus tierras para la construcción de cabañas y algunas otras hectáreas para disfrazar la exploración de la tierra con barrenos para el proyecto hidroeléctrico que pretende devastar toda la sierra negra.

Los medios de comunicación difícilmente entran a realizar, a conciencia, una radiografía periodística de los escenarios de marginación, pobreza y terror que en 11 años han sufrido los indígenas de Coyomeapan. Pocos son los que entran e investigan a fondo la corrupción que existe en la sierra negra en contubernio con la empresa hidroeléctrica de minera Autlán.

La Celestina y sus caciques

La Celestina es una novela literaria que bien le hace honor al juego de palabras con el que se le apodan “Los Celestinos” en la Sierra Negra de Puebla. La Celestina es una bruja meretriz, mañosa, alcahueta que practica la hechicería para lograr sus más siniestros y oscuros propósitos. En Puebla, Araceli Celestino Rosas, diputada federal electa, parece salida de la obra de Fernando de Rojas, pero en los tiempos actuales del narcotráfico y la simulación gubernamental. Araceli encaja en el estilo de «jefa de plaza» de la Sierra Negra por su operación al servicio de las empresas mineras y la organización de grupos criminales para someter y aterrorizar a todo el municipio. Actualmente hay más de 20 denuncias en contra de esta funcionaria pública por amenazas, persecución, despojo de tierras y diversas violaciones a los derechos humanos de los indígenas de Coyomeapan.

El origen de Los Celestinos

La historia de “Los Celestinos” comienza en 2010 con la llegada de David Celestino, un médico que no es originario de la sierra, pero que se fue ganando la confianza de las comunidades; es así que llegó a ser el presidente municipal de Coyomeapan, a base de mentiras, haciendo creer al pueblo que era generoso y buena persona; sin embargo, en el periodo municipal de David Celestino, comenzaron las balaceras, los actos de intimidación y la discriminación a los indígenas; desde entonces, los indígenas son obligados a hablar correctamente el español cuando llegan a las dependencias locales: son regañados por las autoridades municipales por hablar náhuatl, son objeto de burla y maltrato en el menor de los casos.

En 2014, David Celestino le cedió el cargo como presidenta municipal a su hermana Araceli Celestino Rosas, electa de igual manera, a base de compra de votos, intimidación y amenazas. Ahora, la señora ocupará un cargo federal como diputada; esta mujer ha manifestado a los habitantes de Coyomeapan, sin pudor y empacho alguno, que su emporio se lo debe a su compadre, el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Sicarios en la nómina del Ayuntamiento

Así pues, a los caciques “Los Celestinos” se les adhieren hasta los hijos de expresidentes municipales, los que cobran en la nómina del Ayuntamiento; después de terminar con su trabajo de servidores públicos, se ocupan como sicarios, gatilleros y golpeadores, como es el caso de los hijos del ex presidente municipal Marco Antonio Rojas Mendoza: Alfredo Rojas Arrollo y Sergio Rojas Arrollo, principales operadores de “la maña” en esta región.

Otros hijos de exalcaldes al servicio de “Los Celestinos”, que lavan los trapos sucios al interior de la administración celestina son: Omar Aguilar Bonilla, hijo del expresidente municipal Erasto Aguilar González, desde hace 11 años, cobra en la nómina del ayuntamiento con el cargo de secretario particular de David Celestino, Araceli Celestino Rosas, actualmente aparece en la planilla de Rodolfo García López como presidente municipal suplente.

Al servicio de “Los Celestinos”, también aparecen otros nombres de hijos de exalcaldes esperanzados en ser los próximos en la silla municipal: Giovanni Aguilar, Rodolfo Bolaños, Federico Avendaño, Everardo Arguelles, Édgar Nuño. Todos ellos con la fe ciega de la falsa promesa de Araceli Celestino: al que le eche ganas, lo harán presidente municipal en las próximas elecciones.

Para “Los Celestinos”, perder Coyomeapan es sinónimo de pérdidas millonarias entre la minera Autlán y sus operadores, que hacen exactamente lo mismo que en otras regiones del país, donde se pretenden instalar empresas eólicas, mineras e hidroeléctricas. Su operación principal es el resquebrajamiento social, el desplazamiento de las familias indígenas mediante la inseguridad y la violencia, la persecución, amenazas y encarcelamiento de indígenas.

Antonio Sandoval, encarcelado y acusado como autor intelectual y material de la desaparición del defensor de la tierra Sergio Rivera Hernández, en las elecciones de 2018 en Zoquitlán, Puebla, fue contratado hace unas semanas como guardaespaldas, y es uno de los gatilleros al servicio de “Los Celestinos”, tal como lo fue con Fermín González León, el exalcalde de Zoquitlán, también operador de la minera Autlán, acusado y encarcelado de igual manera, por la desaparición de Rivera Hernández.

Este último, González León, en estas elecciones también operó para la empresa minera; para nadie es ajeno que, a mano armada con un grupo de hombres, la madrugada del 6 de junio ingresó violentamente en los hogares de las comunidades indígenas en Zoquitlán; pero, ¿quién arma a estos exalcaldes mañosos? ¿Quién les patrocina armas largas? ¿De dónde sale tanto dinero para comprarlas?  ¿Quiénes son los autores de esta nueva oleada de caciques modernos a la copia fantoche y barata de narcos series? La respuesta es: Minera Autlán. ¿Quiénes son los más fáciles de corromper?: Las autoridades municipales, por eso González León y “Los Celestinos”, así como los hermanos Hernández Hernández en Eloxochitlán, pelean porque nadie les arrebate el hueso.

A la minera Autlán no le conviene volver a hacer labor de convencimiento ni a volver a comprar conciencias con nuevas administraciones y menos con nuevos alcaldes; por eso Antonio Sandoval, el gatillero de Fermín González, es tan cercano a “Los Celestinos”, porque todos persiguen el mismo fin: cumplir pactos con la empresa minera: someter a los pueblos, despojar a los campesinos de sus tierras, lograr el desplazamiento de familias para abrir el paso a la hidroeléctrica a costa de la devastación de bosques, ríos y de la vida de los habitantes de Coyomeapan, Zoquitlán y Eloxochitlán.

El Estado se combate a sí mismo: la simulación contra el narcotráfico

Si bien es cierto que Luis Miguel Barbosa Huerta reconoce abiertamente que existe la presencia de grupos delincuenciales en la Sierra Negra como Zapotitlán Salinas, Tlacotepec de Porfirio Díaz, Zoquitlán, Altepexi y Coyomeapan, también es verdad que se ha protegido a estos alcaldes caciques al descartar investigaciones, pese a que se cuentan con suficientes denuncias en instancias federales y estatales; Barbosa Huerta ha descartado que estos alcaldes tengan nexos con bandas delincuenciales dedicadas al robo de hidrocarburo y narcomenudeo u otras actividades ilícitas.

Sin embargo, en el caso del municipio de Ajalpan, con el expresidente Ignacio Salvador, prófugo de la justicia, no le ha quedado más remedio que aceptar que sí hay alcaldes vinculados al crimen organizado en esta región del estado de Puebla:

“Sabemos quiénes son las bandas, y estamos encima de ellos, pero trabajamos junto con la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, para darle garantía a la ciudadanía”.

Para el investigador,  antropólogo y escritor de la casa editorial Grijalbo, el Dr. Edgar Morín, autor de La Maña, Crímenes de Cuello Blanco,Tinta y Carne, “quienes explotan los recursos naturales en estas comunidades son poderes fácticos. Cuando te hablo de usos y costumbres, lo manifiesto en un tono irónico porque ese es el pretexto para que el estado no llegue; una parte de la historia de México es también un historia de una serie de intermediarios parasitarios, y los caciques entran en esta categoría casi sociológica, son intermediarios parasitarios entre el estado mexicano –que está ausente totalmente en esas comunidades–, y cuando digo ausentes lo digo en términos históricos, porque cuando han estado, es sólo para saquear y explotar, y ese es el mecanismo histórico que se ha reproducido, justo como ocurrió en la relación entre el estado y los estudiantes  con la presencia de los porros en los movimientos estudiantiles.

No hay que olvidar que en Puebla históricamente han figurado cacicazgos terribles como el de Maximino Ávila Camacho o el más reciente en su intento de hacer un cacicazgo autoritario, poco democrático, bastante violento y corrupto, como el de Rafael Moreno Valle.

Desde su percepción en torno a los nuevos caciques modernos, el proceso de simulación no ha terminado, y menciona: “hay una simulación en lo hechos sobre distintos problemas que tiene el estado: delincuencia, corrupción, espionaje político, crimen organizado, el huachicol, y en esto de las mineras se tiene que investigar la relación de corrupción con figuras del poder, sin embargo, la ciudadanía no tiene confianza en las autoridades porque las autoridades no se han ganado la confianza de la ciudadanía, con estas relaciones perversas entre el crimen organizado, el poder político y el poder económico».

No son pocos los testimonios que dan cuenta de los problemas públicos de la comunidad:

“Tenemos el fenómeno de colusión y omisión, es decir, se traduce en que el crimen organizado le hace el trabajo sucio a funcionarios de mineras para eliminar a opositores, defensores de derechos humanos, ecologistas, defensores de la tierra ecologistas y me parece que allí hay un problema muy importante que se traduce en que el estado mexicano lo atiende, es decir, pareciera que el estado mexicano sí atiende este tema de manera simulada».

“Donde vemos este tipo de explotación hay una violencia importante contra los opositores a estos proyectos llámese defensa de la tierra mineras, hidroeléctricas y esto se ve en todo el país.

“El fenómeno no se esta combatiendo con eficacia, esa es la realidad porque la relación entre políticos y células de grupos criminales y caciques sigue vigente; mientras el estado no intervenga de verdad, el fenómeno seguirá creciendo.

“El gobierno de Miguel Barbosa también sigue simulando, lo que tendríamos que entender es que la corrupción y el crimen no se acaba por decreto, el estado que combate al crimen, se combate así mismo; Falcone lo decía: cuando el estado combate al crimen organizado, se combate así mismo.

“Lo que la ciudadanía poblana tendría que analizar es si el estado poblano se está combatiendo así mismo o si simula combatirse así mismo, o si utiliza la justicia y la ley para arreglar las cuentas en otras direcciones, porque, ¿dónde quedan todas las denuncias? Esto será la retorica y la simulación, los hechos nos muestran que no ha pasado de las buenas intenciones y en un estado con estas características como Puebla se trata de omisiones y simulaciones”.

La ley de Herodes: Eloxochitlán

Hablar de Eloxochitlán es hablar de pobreza, desigualdad y marginación. Este municipio se encuentra atrapado en el tiempo. Es el municipio más pobre del estado de Puebla; en 1999 ocupó el primer lugar a nivel nacional. Aquí los 14 mil habitantes hablan la lengua materna: el náhuatl. Las 29 inspectorías y la única junta auxiliar se encuentran en el abandono. Los usos y costumbres se violentan cada día más a partir de la llegada de los nuevos caciques: los hermanos Hernández, dos en el poder y 12 que operan parte del terror en estas tierras del olvido.

Los servicios de drenaje y agua potable no existen; la luz es apenas un suspiro para los pocos que cuentan con este privilegio que enciende y apaga como un breve relámpago. El rezago en la educación es alarmante y en materia de salud el abandono es infame, todos estos factores han coadyuvado a los señores Herodes, los Hernández.

En 2014, Delfino Hernández Hernández entró con la bandera del PRI. Se ganó la empatía del pueblo con el discurso repetido del progreso: luz, drenaje y agua –derecho humano universal que en este municipio no existe–. Desde hace 7 años, el pueblo de Eloxochitlán vive bajo la amenaza de Honor Hernández Hernández –actual presidente municipal– y Delfino Hernández Hernández –exalcalde, ahora por segunda ocasión presidente electo por el PT y PSI–.

A la llegada de Delfino Hernández, la presencia de grupos armados, la venta de drogas y el consumo de cristal ha sido escandaloso. Hace año y medio Joel Cortés, contralor de este municipio, fue detenido por elementos de la policía estatal con un cargamento de cristal, sin embargo, la mano de Honor Hernández intervino con una fuerte cantidad de dinero para que fuera puesto en libertad antes de ser trasladarlo a los separos. El municipio lo sabe y fue un escándalo a voces silenciadas, porque además fue a la vista de muchos testigos, testigos que también fueron amenazados.

El desplazamiento forzado de familias indígenas por el arrebato de tierras bajo amenazas es de igual manera pavoroso, la intimidación y el hostigamiento es el pan de cada día en este municipio. Obligan a los campesinos a malbaratar sus tierras. Su eslogan: construyendo el rumbo. Y así construyen su rumbo: sometiendo a su pueblo.

Eloxochitlán nuevamente vivirá bajo el miedo y la incertidumbre, los Hernández seguirán violentando los derechos humanos de los indígenas. No hay autoridad federal ni estatal que entre a auditar a esta familia y a constatar toda la sarta de atrocidades que aquí ocurren. Las familias han denunciado, pero no hay respuesta de las autoridades.

Los Hernández Hernández fueron de cuna muy pobre, los padres nunca tuvieron riquezas y menos vehículos, hasta hace 7 años los hermanos Hernández vivían en una de las comunidades más humildes, en Atexcapa, al igual que sus padres tampoco tenían propiedades y menos vehículos; en 7 años su riqueza ha crecido de manera descomunal: compra de carros de volteo, maquinaria de trascabos, y pipas; la construcción de tres casas en Atexcapa, una tienda tipo bodega de abarrotes que la administra el padre de los Hernández en esta comunidad, y una tienda más de abarrotes en la cabecera municipal, además de un negocio de utensilios de cocina y una farmacia donde mandan a todas las familias indígenas que solicitan ayuda médica al municipio, allí pagan consulta, pagan medicamentos y también se les condiciona el servicio bajo empeños y prendas o propiedades, depende de la gravedad de la enfermedad. No puede faltar la empresa constructora y bloquera, misma que se autocompra para la construcción de pequeñas obras del ayuntamiento.

De acuerdo con los trabajadores cercanos a su administración municipal, en estos siete años han comprado residencias en Tehuacán, una en Puebla y un departamento en la zona de Angelópolis, más tres casas en la cabecera del municipio. Los trabajadores de este ayuntamiento han manifestado a este medio que viven y trabajan con miedo: “En qué andarán metidos, porque ni Andrés Manuel López Obrador anda con tantos hombres armados, aquí tienen en su poder cuatro vehículos tipo Chevrolet con blindaje del 7. A qué y a quiénes le tienen miedo, debería de ver cuántos guaruras andan resguardando a los dos hermanos y ni son guaruras, son sus matones, todos son foráneos, no son de la sierra. La familia de los Hernández es numerosa. Son catorce hermanos y los 12 hermanos restantes se dedican a administrar una flota de taxis piratas en toda la sierra negra, como en Tehuacán”, son taxis que operan como halcones.

Justo en el mes de enero el secretario particular de Honor Hernández, de nombre Carlos Aguas Balderrama, perdió la vida en un accidente por circular a alta velocidad, el vehículo salió de carretera, pero a abordo iba acompañado de un elemento del Ejército del estado de Veracruz, compañeros del militar llegaron al rescate y llevaron al gendarme a un hospital en la ciudad de Puebla. Los testigos manifiestan que dentro del vehículo llegaron a sacar maletas de dinero y armas, mismas que fueron a parar al domicilio particular de los Hernández.

El 6 de junio, fueron evidenciadas dos casas de seguridad donde se tenían acumuladas credenciales para votar, una de esas casas le pertenece al suegro del candidato electo Delfino Hernández Hernández, y de acuerdo a declaraciones de los habitantes, estas credenciales fueron acumuladas mediante engaños. En cada trámite que se gestiona en el ayuntamiento –como actas de nacimiento, constancias de vivienda y demás gestiones–, las autoridades municipales a base de mentiras les retenían las credenciales, de esa manera, antes de las elecciones se les fue a condicionar hasta el domicilio de cada persona la devolución del plástico siempre y cuando comprobaran que el voto iba a ser para Delfino Hernández, la Fiscalía tiene acumuladas varias denuncias por este delito electoral.

Salud privada y falsa educación sin límites, negocio redondo

Educación sin límites para todos los niños de Eloxochitlán es una más de las mentiras de estos caciques. La instalación de dos antenas para el servicio de internet gratuito sirvió para el uso personal de la gente de los Hernández Hernández, hasta el momento los estudiantes siguen esperando el servicio gratuito de internet para tomar clases a distancia. Los aparatos móviles que se entregaron en septiembre del año pasado fueron aparatos de desecho que sirvieron para ser tirados a la basura casi al mes, sin embargo, educación sin límites ha servido para desviar recursos.

Al no haber hospitales ni clínicas en este municipio, se instaló una farmacia municipal con equipamiento y presupuesto público; sin embargo, las consultas, así como el medicamento, se les cobra a las familias indígenas. Los servicios médicos para los caciques ha sido un negocio redondo en esta pandemia.

Y sí, también la empresa minera Autlán tiene presencia en esta parte de la sierra negra de Puebla. Justo en este punto es donde convergen los tres ríos más importantes que pretende entubar el proyecto hidroeléctrico, justo aquí inicia el río Tonto, que podría ser entubado en cualquier momento. La sierra negra peligra y las familias indígenas también.

Persecución política y amenazas de Los Celestinos

De acuerdo con el Censo del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, las amenazas a familias de Coyomeapan se potencializaron con el despojo de tierras desde hace dos años; a la fecha, suman 4 mil familias amenazadas y 50 defensores perseguidos y otros encarcelados.

Estos casos ya los atiende la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración, a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, en conjunto con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México; dichas dependencias elaboran acciones para intervenir y velar por los derechos humanos de las comunidades indígenas en Coyomeapan.

De igual manera, la Fiscalía Estatal de Derechos Humanos fue inmediata en su atención y en la salvaguarda de los defensores amenazados con las medidas de protección. Un número considerable del personal de esta dependencia se trasladó hasta la Casa de Justicia en el municipio de Tehuacán para levantar las denuncias de los defensores, esto derivado de la desconfianza de los indígenas en las autoridades de la región. Lo cierto es que el miedo y el terror prevalece en los defensores y muchos de ellos decidieron denunciar en instancias federales y otra parte en la Fiscalía Estatal en materia de derechos humanos.

En esta región algunos defensores que encabezaron luchas ejemplares, han mandado mensajes a los que lideran la defensa de la tierra en el sentido de que se deben alinear porque los van a matar, advierten mensajes catastróficos. “Hay vidas de por medio”, y es que algunos de estos defensores en tiempos de campaña recibieron canonjías de Araceli Celestino Rosas, por eso es que se escudan y lanzan advertencias en el intento de controlar a los defensores de estos pueblos, incluso se ha comenzado a hacer una campaña negra en contra de los que en este momento están trabajando en favor de las comunidades indígenas de la sierra negra. Mensajes como “ los van a matar”, son avisos que finalmente son amenazas. Lo terrible es que los mismos defensores se presten a ser portavoces o mensajeros de “Los Celestinos”, Araceli Celestino se encargó de amarrar también las luchas de defensores a través de compadrazgos.

De Coyomeapan a Palacio Nacional

Era domingo seis de la tarde, habitantes de las comunidades indígenas bajaron a pie para llegar en punto de las diez de la noche a Coyomeapan, hora marcada para la salida a la Ciudad de México con dirección a Palacio Nacional y arribar a las 5:30 am. La Urvan blanca cargaba en el techo las lonas con consignas en contra de los caciques de Coyomeapan. Todos apretujados y abordo, tomaron camino por la sinuosa carretera de la sierra.

Con la oscuridad que aún no ve el clarear del alba, llegaron a Palacio Nacional, la esperanza de ver al presidente Andrés Manuel López Obrador los despertó en cuanto pusieron el primer pie en la capital. Inseguros, tímidos y con mucha pena comenzaron a colocarse frente a Palacio Nacional, estirando sus lonas; por fin alguien se animó y comenzó a gritar: “¡Fuera los caciques de Coyomeapan! Y la gente se pregunta, y esos quiénes son: somos campesinos defendiendo la nación. Y la gente se pregunta y esos quiénes son: ¡somos campesinos exigiendo solución! ¡Obrador, escucha a tu pueblo!”.

Los paisanos que allí trabajan, al ver en redes sociales que había gente de su pueblo a las afueras de la mañanera, dejó todo a un lado para unirse a las protestas; muchos de ellos pidieron permiso en sus trabajos, otros llegaron con enormes ollas de café y pan para su gente. Habían trascurrido tres horas y media y sus consignas no cesaban: “¡abusados, allí viene la prensa!, que escuchen como se grita justicia en Coyomeapan: ¡justicia, justicia, justicia! ¡Fuera Los celestinos”!

La agenda programada marcaba una rueda de prensa a las once de la mañana para los habitantes de la sierra, al unísono se sumó Los Ángeles Press para ceder el uso de la palabra en su evento que se relacionaba con las víctimas de tortura: “son muchas familias las amenazadas, son campesinos muy humildes a los que les han arrebatado sus tierras, se han aprovechado de la ignorancia de las familias, han encarcelado a algunos, nosotros estamos amenazados”, dijeron en entrevista, “lo único que queremos es que se nos haga justicia y que se vayan ‘Los Celestinos’, le han hecho mucho daño a nuestro pueblo. Nuestra gente es de paz, no queremos violencia”.

 INE y los indígenas de Coyomeapan 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, abrió su agenda para escuchar a la comunidad indígena. Allí en la mesa de diálogo, se expusieron las anomalías: la problemática con cuatro casillas, la constancia que el IEE le había otorgado al candidato de “Los Celestinos” y la toma de las instalaciones del consejo municipal del IEE por el pueblo, así como otras incoherencias en las que incurrió el IEE. Los habitantes sabían de antemano que el INE les diría que no era de su competencia por tratarse de un tema local, pero escucharon lo que necesitaban saber para tomar el camino indicado en torno a sus demandas en el tribunal electoral. De inmediato, Lorenzo Córdova tomó su teléfono para poner a los indígenas en manos de la defensoría de los pueblos indígenas del instituto electoral.

Casi con el corazón de fuera y los ojos cercenados sin dormir, hombres y mujeres permanecieron de pie en espera de la respuesta de la comisión que había entrado con Lorenzo Córdova. A las tres de la tarde, con una sonrisa alentadora resumida en buenas noticias para el pueblo, la comisión se encontró con un nuevo grupo solidario de paisanos que llegaron a sumarse allí afuera del INE, igual de adheridos y con residencia en la Ciudad de México, habían llevado cajas enormes de alimentos y refrescos para que la gente pudiera almorzar y comer.

A las seis de la tarde, la Secretaría de Gobernación abrió las puertas para los coyomeapeños afectados, particularmente a las víctimas de amenazas de muerte y persecución. El cansancio vencía a algunos, pero en cuanto tuvieron a las autoridades frente a sus ojos, un impulso de voluntad y resistencia los volvía a poner en pie; expusieron sobre la mesa todas las injusticias y su preocupación por que las cosas se fueran a salir de control, el miedo se sentía a flor de piel y sus emociones también, algunos fueron vencidos por el sentimiento: la voz se les quebraba y en seguida las lágrimas de sus ojos humedecían sus rostros.

Al salir de la Secretaría de Gobernación, las porras y las palabras reconfortantes para todos los que esperaban afuera se desbordaron en llanto; por fin alguien los había escuchado, por fin las autoridades intervendrían para que la paz nuevamente arropara a los indígenas de la sierra negra. “Pero no hay que confiarnos, falta que cumplan las autoridades, tenemos que darles el voto de confianza, pero también de desconfianza, esperemos que de verdad este gobierno no nos falle”.

Radios disfrazadas de comunitarias al servicio de la minera

Una nueva estrategia para dividir a los pueblos es justamente a través de las radios en poder de los caciques para romper con las verdaderas radios comunitarias de la sierra negra que pertenecen a la RED de Radios Comunitarias de Puebla, Oaxaca y Veracruz. Mientras las radios comunitarias mantienen una programación cultural y educativa, pero también de resistencia en contra de los proyectos de muerte, “Los Celestinos” como el presidente actual de Zoquitlán, Claudio Hernández Cabanzo, y Fermín González, exalcalde de Zoquitlán como los caciques de Eloxochitlán, los Hernández Hernández, le han apostado a la programación radiofónica de la narco-cultura, con corridos y bandas, además de la desinformación para posicionar la entrada del proyecto Hidroeléctrico, Atzalan-Coyomeapan del Grupo Ferrominero Mexicano; estas estaciones tienen la finalidad de golpear a los defensores de la tierra, la división de familias, el resquebrajamiento social y la apología del delito, una de esas estaciones lleva por nombre La Llegadora en Zoquitlán, que se escucha en la 107.1 FM, esta estación le pertenece al expresidente municipal Fermín González, quien además utiliza su propia estación de radio para promocionar a sus candidatos y a la administración de Claudio Hernández Cabanzo. En Coyomeapan, “Los Celestinos” son dueños de la estación de radio La Triunfadora 103.1 y en Eloxochitlan los trabajadores del ayuntamiento tienen conocimiento que con la llegada de Delfino entrará una estación de radio FM. Que de igual manera va operar en favor de la empresa hidroeléctrica.

Rearticulación de defensores de la tierra en Zoquitlán

Este fin de semana, defensores de la tierra en Zoquitlán se rearticularon en Coyolapa, después de tres años de la desaparición de Sergio Rivera Hernández. Habitantes de varias comunidades de la sierra negra denunciaron severas amenazas; la empresa minera ahora está operando mediante funcionarios que se hacen pasar por catedráticos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y como gente cercana a defensores de otras causas, para entrar a las comunidades con mentiras y promover la consulta en favor de la hidroeléctrica.

Tal es el caso de Zoilo Guzmán, quien se hace pasar por activista en San José Miahuatlán, y Paula Rosales Bravo, representante de BIENESTAR en Zoquitlán, funcionaria que fue denunciada este fin de semana por los defensores luego de que esta mujer ha estado maniobrando en la sierra negra para que se lleve a cabo una consulta, pese a que el pueblo ya fue consultado en 2017 y como resultado fue el rotundo rechazo al proyecto hidroeléctrico; sin embargo, Rosales Bravo continúa promoviendo la consulta de la mano con Zoilo Guzmán, mismo que de acuerdo a la versión de Rosales Bravo, es trabajador del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI).

La sierra negra hoy se ve más oscura que en los años porfiristas, el tiempo se encuentra atrapado, la justicia es nula para los indígenas y seguirá siendo así mientras el gobierno no haga algo al respecto.

Los indígenas brillan en esas montañas y en los caudales de los ríos, como luciérnagas nos hacen señales de luz pero nadie los ve.

Investigaciones

México, inoperante ante creciente contaminación marítima

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México cae en la omisión ante la contaminación marítima de sus mares

México carece de mediciones de la polución atmosférica y del agua proveniente de la industria marítima

Por Emilio Godoy

VERACRUZ, México – México tiene más de 11 000 kilómetros cuadrados de litoral continental y un intenso tráfico marítimo. Este país latinoamericano acogió 12 045 embarcaciones durante julio, comparadas con las 11 971 en el mismo mes de 2021.

En el puerto de la ciudad de Veracruz, el segundo mayor de México por carga recibida, atracan al menos cinco barcos diarios, según datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercantes de la Secretaría de la Marina (Semar) en 2022.

En este estado del sureste mexicano, la circulación marítima se expandió 5% en julio, al recibir  254 naves frente a las 1192 en el mismo mes de 2021. Pero México carece de mediciones de la polución atmosférica y del agua proveniente de la industria marítima.

A nivel mundial, este sector representa cerca de 3 % de los gases de efecto invernadero (GEI), un porcentaje similar al del sector de la aviación. Si fuera una nación, sería la sexta en el mundo por su contribución a la crisis climática. La meta actual internacional consiste en la reducción de GEI en al menos 50 % en 2050.

En 2020, la Organización Marítima Internacional (OMI) dispuso que los barcos limiten el contenido de azufre en los combustibles a 50 % m/m (la masa del soluto dividida entre la masa de la solución, por 100), en una disminución significativa desde el límite previo de 3,5 %.

Sin embargo, México tampoco tiene hoja de ruta para su contracción o planes concretos para producir combustibles marítimos con menor contenido de azufre, elemento nocivo para la salud humana y el ambiente.

Por ello, el país enfrenta desafíos para alcanzar los objetivos de la estrategia de la OMI para disminuir las emisiones en el área marítima.

Lee más del autor: Mineras canadienses y mexicanas acaparan el agua en Dolores Hidalgo, Guanajuato, con concesiones hasta 2029

 

En 2023, esta organización revisará el plan mundial, para avalar uno nuevo, que examinará cada cinco años, porque estimó que las emisiones procedentes del transporte marítimo crecieron de 977 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) en 2012 a 1 076 millones en 2018 –una aumento de 9,6 %–,  y podrían aumentar 90-130 % a 2050.

El peso global de sus emisiones pasó de representar 2,76 % a 2,89 % del total en ese lapso.

Las emisiones de dióxido sulfúrico (SO2) por la quema de combustibles con alto contenido de azufre derivan en partículas sulfurosas en el aire, que pueden desatar asma y empeorar males cardíacos y pulmonares, además de amenazar ecosistemas marinos y terrestres, según la estadounidense Agencia de Protección Ambiental (EPA).

En el agua, los hidrocarburos bloquean la entrada de luz y limitan la fotosíntesis de algas y otras plantas, y en la fauna pueden ocasionar envenenamiento, alteraciones de ciclos reproductivos e intoxicación, de acuerdo con la EPA.

El SO2, que no es uno de los GEI pero sí altamente contaminante, permanece solo unos días en la atmósfera, pero al disolverse en el agua genera ácidos que le confieren su peligrosidad para la salud humana.

Mientras, las emanaciones de dióxido nitroso (NOx), derivadas de la quema de hidrocarburos, mezcladas con ozono a nivel de suelo, desembocan en smog. El NOx permanece 114 años en la atmósfera, según varios estudios científicos.

Problema menospreciado

El reportero constató la problemática que ocasiona este tipo de contaminación, al analizar los datos obtenidos a través de 30 solicitudes de información pública a varias dependencias gubernamentales y la consulta de imágenes satelitales de derrames de hidrocarburos provenientes de embarcaciones ocurridos en varias zonas del país entre 2019 y 2022.

Con colaboración exclusiva de la empresa española Orbital EOS (Earth Observation Solutions) –especializada en el hallazgo de este tipo de contaminación en alta mar–, IPS identificó mediante imágenes satelitales cuatro vertidos en zonas marinas mexicanas ocurridos entre 2019 y 2021.

El 14 de diciembre de 2021, una embarcación no identificada derramó 3,14 metros cúbicos de una sustancia que se sospecha es un hidrocarburo, en un área de casi 79 kilómetros cuadrados, a 147 kilómetros de la costa mexicana, frente a Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, según consta en una toma realizada por el satélite Sentinel-1, de la Agencia Espacial Europea.

Otro accidente petrolero monitoreado por el Sentinel-2, sucedió el 14 de abril de 2019, cuando un ferry lanzó entre 0,81 y 6,08 m3 de combustible ligero y entre 17,65 y 176,6 m3 de combustible pesado, a 35 kilómetros de tierra, en el mar de Cortés una zona de gran biodiversidad y amenazada por el desarrollo inmobiliario, frente a la costa del nororiental estado de Sinaloa.

El hidrocarburo ligero cubrió 20,26 km2 y el restante, 3,53 km2, según el análisis de Orbital EOS.

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La embarcación, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones legales, se libró de sanciones de las autoridades mexicanas, pues no aparece en los listados de incidentes de Semar ni de naves sancionadas por la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección Ambiental.

El barco fue construido en 2001, y cambió de nombre y de bandera en mayo de 2019, semanas después del vertido. Su última ubicación se reportó en un puerto del centro de Italia.

El Sentinel-1 detectó otro derrame el 8 de diciembre de 2021, cuando un barco no identificado botó 1,15 m3 de probable hidrocarburo sobre 28,6 km2, a 180 kilómetros de la costa, frente a Veracruz.

Además, este satélite registró el 27 de septiembre de 2021 otro vertido de 0,28 m3 de probable hidrocarburo en 7,1 km2, a 390 kilómetros de la costa, en el golfo de México, en las occidentales costas del Atlántico.

El accidente más reciente ocurrió el 21 de agosto, cuando un yate privado se hundió y soltó combustible en Balandra, en el estado noroccidental de Baja California Sur, un área de protección especial por su biodiversidad.

Asimismo, la no gubernamental estadounidense SkyTruth, dedicada principalmente a rastrear derrames, registró 11 descargas de aguas residuales aceitosas en aguas mexicanas entre julio de 2020 y diciembre de 2021.

Ian McDonald, académico del Departamento de Ciencias Terrestres, Oceánicas y Atmosféricas de la estadounidense Universidad Estatal de Florida, resaltó la presencia persistente de petróleo en el agua debido a la operación de plataformas y pozos; fugas naturales del suelo submarino y movimiento marítimo en zonas marinas mexicanas.

“Ha faltado mantenimiento preventivo (de las instalaciones). El problema es el impacto acumulativo sobre una zona. Las actividades de los barcos, como el dragado y la generación de residuos. El impacto potencial puede ser muy grande”, dijo desde la ciudad de Miami.

La investigación “Derrames petroleros crónicos en los océanos globales”, de la cual McDonald es coautor y divulgada en junio, halló que 97 % de los rastros petroleros provienen de embarcaciones y descargas terrestres y 3 % de escapes naturales del fondo marino en costas aztecas.

Un portavoz de la OMI dijo, desde su sede en Londres, que la organización no puede comentar sobre la situación de un país e informó que realizará una revisión sobre México en 2024. Mientras, la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo declinó comentar para este reportaje y Semar no respondió a una consulta.

La polución por hidrocarburos en alta mar depende del volumen y lugar, y la contaminación crónica tiene efectos a largo plazo.

“Cualquier derrame va a tener un impacto. Donde es menos directo es en aguas abiertas, porque hay más dilución, pero tiende a acumularse en la profundidad del océano y afecta a algunos organismos. El impacto es mayor cuando el derrame llega a las playas, porque tiene menos movimiento allí», explicó a IPS el investigador Adolfo Gracia, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Desde Ciudad de México destacó un factor importante: la importancia de analizar la contaminación crónica, proveniente de la industria, la agricultura y el transporte marítimo, como una amenaza creciente para la flora y la fauna marinas.

Un accidente petrolero, detectado por el satélite Sentinel-2, sucedió el 14 de abril de 2019, cuando un ferry botó combustibles ligero y pesado –el color azul corresponde al primero–, a 35 kilómetros de tierra, en el Mar de Cortés, una zona sensible de gran biodiversidad y amenazada por varios factores, frente a la costa del nororiental estado mexicano de Sinaloa. El barco quedó impune y el suceso no aparece en los registros públicos de las autoridades mexicanas, como otros incidentes identificados por IPS. Imagen: Emilio Godoy-Orbital EOS / IPS

Incompletos

De 819 incidentes que Semar rastrea desde 2017, solo 16 los cataloga de contaminación marina, de estos dos consistieron en derrames de hidrocarburos y uno en “daños graves al ambiente”, sin pormenorizar su causa, según datos obtenidos vía transparencia. Semar solo sancionó en dos casos, pero no especificó las penas.

De esos 819 incidentes, un vertido de hidrocarburos y un suceso de polución ocurrieron en Veracruz.

Semar también contabilizó 42 incendios a bordo y 13 hundimientos que tenían potencial contaminante.

“Existe la legislación (Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas), pero nadie la vigila. No hay medición precisa. Petróleos Mexicanos (Pemex) no investiga el tema”, dijo a IPS Rodolfo Navarro, director de la no gubernamental Comunicar para Conservar.

Navarro trabaja en el municipio de Cozumel, la mayor isla del Caribe mexicano, en el sudoriental estado de Quintana Roo, y uno de los mayores receptores de cruceros del mundo, que ha atestiguado el impacto del transporte marítimo sobre los ecosistemas.

Semar, responsable de la administración de los puertos desde 2017–incluyendo el control de la contaminación–, dijo que carece de registros de violaciones a la Ley de Vertimientos.

Semar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y las administraciones portuarias de las instalaciones situadas en el golfo de México, adolecen de registros de contaminación en zonas portuarias.

Tampoco cuentan con hojas de ruta para materializar los objetivos de la Estrategia Inicial que, en 2018, adoptó la OMI para reducir las emisiones de CO2 en al menos 40 % a 2030, para todo el transporte marítimo internacional, y aspirar a 70 % en 2050 comparado con los niveles de 2008.

buques contaminantes Veracruz

En Veracruz, la actividad diaria de arribo de barcos y movimiento de carga es incesante, lo que genera emisiones contaminantes. Pero el gobierno mexicano carece de mediciones de esa polución atmosférica y marina, así como de medidas para su acotamiento. Foto: Emilio Godoy / IPS

Un convenio determinante

El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (Marpol, en inglés), vigente desde 1978, constituye una de las herramientas vitales para cumplir con los objetivos de la OMI, el cual está integrado por el Anexo I sobre la prevención de la polución por hidrocarburos, II sobre sustancias líquidas nocivas transportadas a granel y III sobre las transportadas en bultos.

Consta también de los anexos IV sobre residuos, V sobre basura y VI sobre la contaminación atmosférica de los buques. México pertenece a los anexos I, II y IV, pero no al III, V y VI.

A partir de 2020, la OMI aplica regulaciones que limitan el contenido de azufre utilizado en buques de carga a 0,5 %. El organismo busca su abatimiento en 77 %, equivalente a 8,5 millones de toneladas de SO2.

La omisión sobre el manejo de la polución por hidrocarburos supone una violación al Anexo I del Marpol. Al pertenecer a OMI, cada país debe alcanzar sus metas.

Además, el capítulo 24 del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec) vigente desde 2020 y que sustituyó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), estipula el control de la producción, consumo y comercio de sustancias que dañen la capa de ozono, así como la disminución de la contaminación atmosférica.

Este apartado estipula prioridades de calidad del aire, incluyendo la reducción de emisiones del tráfico marítimo.

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Pero México carece de regulaciones para acotar las emisiones navieras y tampoco suscribió en noviembre de 2021 durante la cumbre climática de Glasgow la “Declaración de Clydebank para corredores marítimos verdes”, que aspira a la creación de al menos seis rutas de bajas emisiones en 2025 y que solo firmaron 24 países.

La omisión en el control de la contaminación implica la dificultad de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS13 y 14, adoptados por la comunidad internacional en 2015 y que deben alcanzarse en 2030.

El 13 de los 17 ODS trata del combate a la crisis climática y sus efectos, mientras que el 14 se centra en la conservación y uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

buques mercantes

Buques mercantes esperan su entrada al puerto de Veracruz. La Organización Marítima Internacional ha estipulado metas de reducción de contaminantes a mediano y largo plazos, para que el transporte marítimo mundial tenga operaciones más limpias, pero este país carece de planes para alcanzar esos objetivos. Foto: Emilio Godoy / IPS

Muelles ocupados

El sistema portuario mexicano manejó 169,77 millones de toneladas de carga en julio, un crecimiento de 3 % en comparación con el mismo periodo de 2021, según cifras de Semar.

La carga de exportación totalizó 66,4 millones de toneladas, 2,6 % menos que en julio de 2021 –68,19 millones–, mientras que la importación creció 8,8 %, de 66,51 millones a 72,36.

En el Puerto de Veracruz, con 17 muelles, esta viene en alza desde 2008. Frente a la costa se observa la hilera de embarcaciones en espera de entrar al puerto. Una línea de faros y boyas rojas y verdes señala la ruta a los muelles.

Dentro del recinto portuario, el ajetreo no para. Vehículos, camiones, trenes y grúas van y vienen para sacar y meter la carga, de la que depende la actividad económica de la zona y también en parte del país y segunda economía latinoamericana.

En sus entrañas, los barcos trasladan combustibles, mercancías, vehículos o materias primas, y también conllevan una amenaza ambiental, de la cual hay evidencias.

En 2020, la instalación gestionó 26,2 millones de toneladas, cantidad que aumentó 22 % al año siguiente –32 millones–. En julio último, movilizó 19,97 millones, 7,6 %  más que en mismo mes de 2021.

El rubro marítimo representa 5 % del producto interno bruto (PIB) mexicano.

Para México, la urgencia radica también en la proyectada expansión de las emisiones, como calcula el informe de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) “Reduciendo emisiones del movimiento de bienes vía transporte marítimo en América del Norte”, centrado en 35 puertos mexicanos, entre 2011 y 2030 debido al aumento del tránsito marítimo.

Por la borda

El Anexo VI del Marpol, vigente desde 1997, encierra relevancia para México, pues, al dirigirse al control de emisiones de SO2, NOx y material particulado (PM), implica la creación de un área de control de emisiones (ECA, en inglés) en su zona marítima.

Las ECA determinan la adopción de métodos especiales obligatorios para la prevención de polución marina de barcos, por petróleo, residuos líquidos o basura, como combustible de bajo azufre, incineradores de lodos y un sistema de limpieza del gas quemado, según las condiciones oceanográficas y ecológicas de la zona y las particularidades del tráfico marítimo.

Semarnat y la EPA de Estados Unidos argumentan que el establecimiento de la ECA tendría efectos positivos sobre la salud pública y el ambiente, sin costos exorbitantes para México.

Entre 2009 y 2018, Estados Unidos y México, con el apoyo de la CCA –instituida por el Tlcan–, colaboraron para que este país latinoamericano se adhiriese al Anexo VI y creara la ECA.

Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) no envió esa petición al Senado ni la actual administración de Andrés Manuel López Obrador parece interesada en hacerlo. Entre 2010 y 2019, el Senado mexicano votó seis exhortos para que el Ejecutivo remita la solicitud de incorporación al Anexo VI del Marpol.

En la Cumbre de Líderes de América del Norte de junio de 2016, los entonces gobernantes de Estados Unidos, Barack Obama; de México, Enrique Peña Nieto, y de Canadá, Justin Trudeau, acordaron el trabajo conjunto para concluir el diseño de la ECA mexicana y enviarla a la OMI, Pero ello nunca se concretó.

Navarro, el conservacionista de Cozumel, enfatizó desde allí que México no está en camino de alcanzar las metas. “Podría hacerlo, pero no hay la mínima voluntad. Y en aguas internacionales nadie vigila nada”, denunció.

El académico McDonald urgió a la atención del problema. “El gobierno debe abordarlo. México tiene enormes recursos marinos y es una lástima que no los proteja. Hay beneficios económicos en la conservación de los ecosistemas marinos. Los barcos son buenos para los gobiernos porque representan ingresos, pero los daños ambientales pueden ser cuantiosos”, estimó.

El investigador Gracia cuestionó la eficacia de la vigilancia en alta mar. «Depende de la buena conciencia de todos. Es un poco complicado. En México, el control exclusivo existe cuando un barco entra en puerto. No hay un plan general de vigilancia”, dijo.

Ante un México inoperante, las embarcaciones proseguirán con su arribo y su estela de contaminación.

***

Fuente: IPS elaboró este artículo con el apoyo de la Earth Journalism Network de Internews.

 

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El Caso Wallace

Ciro Gómez Leyva revictimiza a falsos culpables del caso Wallace, en complicidad con Isabel Miranda desde 2006

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Ciro Gómez leyva sabía desde el 2006 que había pruebas fabricadas en el caso Wallace

 

El periodista Ciro Gómez Leyva, titular del noticiero de Imagen Noticias por la noche, presentó el pasado 16 de noviembre un antiguo reportaje de las supuestas pruebas del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda Torres, quien ha sido denunciada penalmente por tortura y fabricación de pruebas. En el reportaje de Grupo Imagen, se muestra el departamento en el que la supuesta víctima «llegó secuestrado y salió en pedazos», según el mismo comunicador juzgó en su cuenta de Twitter.

Elaborado por el reportero Humberto Padgett, se exhiben declaraciones de Jacobo Tagle y César Freyre en el que relatan cómo manejaron supuestamente el cuerpo de Hugo Alberto Wallace. Sin embargo, la investigación de la periodista de Guadalupe Lizárraga, en Los Ángeles Press, revelaron que tanto Tagle como Freyre fueron torturados por agentes de la SIEDO, y por la misma Isabel Miranda, por lo que ambos tienen protocolos de Estambul positivos en torturas, además de que el propio Ciro Gómez Leyva sabía desde el 2006 de la fabricación de pruebas en el caso Wallace.

A continuación compartimos el reportaje íntegro, publicado el pasado 9 de septiembre de 2020, en el que se demuestra como Gómez Leyva sabía de la fabricación de pruebas del caso Wallace:

Por Guadalupe Lizárraga

El periodista Ciro Gómez Leyva sabía desde 2006 que José Enrique Wallace no era padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, y por tanto la “prueba maestra” con la que Isabel Miranda sostenía el caso Wallace era falsa, de acuerdo con lo revelado por el investigador privado y asesor de Transparencia José Luis Moya, en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press.

El investigador señaló que Laura Domínguez, vecina e íntima amiga de Hugo Alberto Wallace Miranda, lo acompañó a la entrevista con Gómez Leyva para aportar su testimonio de que el hijo de Isabel Miranda Torres no era hijo biológico de Enrique Wallace, por lo que el ADN de la gota de sangre, supuestamente hallada siete meses después en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, había sido plantada por los agentes de la PGR.

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Sin embargo, en el programa radiofónico, Miranda de Wallace los acusó de extorsión desacreditando el testimonio de Domínguez y Moya, quienes ya antes habían declarado que Hugo Alberto se había cruzado la barda de la casa de Domínguez para esconderse de los agentes de la AFI, en 2004, cuando tenía una orden de aprehensión por contrabando.

José Luis Moya también señaló en entrevista que él puso en contacto a Miranda de Wallace con un diputado de Guerrero, a fin de que les ayudara en la búsqueda en Acapulco, donde otras dos personas ya habían dado su testimonio de haber visto a Hugo Alberto, tiempo después de la fecha de supuesta muerte. Pero al enterar a Miranda, señala Moya, que empezaron a percatarse de las inconsistencias y mentiras de la señora Wallace, por lo que decidieron mantenerse al margen de la situación.

Después de la detención de Brenda Quevedo Cruz en Estados Unidos, durante el proceso judicial en Chicago para para su extradición a México, José Luis Moya fue requerido como testigo protegido, pero a raí de esas diligencias empezó a ser calumniado en los medios y acosado por Miranda de Wallace.

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Domínguez, por su parte, decidió no volver a hablar del tema por miedo, después de reencontrarse con Hugo Alberto en un hotel frente al aeropuerto de la Ciudad de México, después de la supuesta fecha de muerte.

El periodista Ciro Gómez Leyva sabía de todos estos detalles desde 2006, sin embargo, decidió guardar silencio pese a que su testimonio podría haber influido en el desarrollo del proceso judicial de los inculpados.

 

 

 

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Investigaciones

Mineras canadienses y mexicanas acaparan el agua en Dolores Hidalgo, Guanajuato, con concesiones hasta 2029

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Las mineras canadienses y mexicanas están apropiándose del agua en Guanajuato hasta 2029

Nacional de Cobre, filial del privado Grupo Elementia -del Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, cuenta la concesión de aguas subterráneas por 98 928 m3 al año, hasta 2029.

Por Emilio Godoy

DOLORES HIDALGO, México – Ante la escasez existente en la zona, la mexicana Fausta Márquez se considera a sí misma “una guardiana del agua” en su comunidad, pues almacena el líquido, reutiliza el agua de la lavadora y del enjuague de los utensilios de cocina, y tiene un baño seco en su casa.

“Recibimos agua cada tres días y cuando cae, la echan tres veces al día. Pero en época de sequía, la situación empeora”, porque el recurso escasea aún más, relató Márquez, quien compatibiliza la agricultura con el cuidado del hogar,  mientras enseñaba los visibles beneficios de contar con el recurso en el patio de su casa.

Esta madre de tres hijas y un hijo y ya con dos nietos vive en la comunidad de Santa Bárbara, en el municipio de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, a unos 337 kilómetros al norte de Ciudad de México.

Su jardín muestra las bondades del agua en una zona semidesértica, pues abundan plantas variadas, y el suelo aún está verde, ante la inminencia del frío al que seguirá  la temporada seca.

Márquez, integrante del colectivo Hermandad de la Cuenca de Independencia, posee un sistema de captación de lluvia, que consta de un depósito de unos 12 000 litros y otro de menor capacidad, que alcanza para un año. Un pozo abastece a Santa Bárbara y otras tres comunidades vecinas desde 1994.

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A la sobreexplotación, especialmente por la agricultura de exportación, y la sequía, otra amenaza se cierne en el horizonte. La Minera Cerro del Gallo, propiedad de la canadiense Argonaut Gold Inc, posee siete concesiones hídricas por 1 240 millones de metros cúbicos (m3) anuales, cuyo uso supondría un golpe devastador al inventario hídrico de la zona y la generación de contaminación.

“No teníamos mucha información. Y luego obtuvimos más. Se va a acabar el agua, se gasta mucho en el lavado de oro, y las enfermedades por todo lo que contamina”: Fausta Márquez.

La mina de tajo a cielo abierto, la primera de su tipo en Guanajuato, dista cinco kilómetros de Santa Bárbara, habitada por unas 600 personas, con sus familias dedicadas a la agricultura.

Su extracción implica la voladura del cerro mediante cargas de dinamita y la separación de los minerales, grandes volúmenes de agua y cianuro, cuyos desechos lodosos contaminan el suelo, el aire y el agua. Ello acarrea riesgos para la salud de la población cercana.

El proyecto extractivo, situado en un área de 20 000 hectáreas y que confina 70 millones de reservas probadas de oro, plata y cobre, encierra riesgos para la llamada Cuenca de la Independencia, que abarca a seis municipios, 21 comunidades, una extensión de 7 000 kilómetros cuadrados y una población que totaliza 569 369 personas, dentro de un estado que tenía más de seis millones de habitantes en 2020 y 46 municipios.

“No teníamos mucha información. Y luego obtuvimos más. Se va a acabar el agua, se gasta mucho en el lavado de oro, y las enfermedades por todo lo que contamina”, señaló Márquez, quien ella sola cultiva maíz y frijol, a la vez que cría cerdos.

apicultor Hidalgo Gto

El apicultor Salvador García asegura que la mina de tajo a cielo abierto Cerro del Gallo, situada en el municipio de Dolores Hidalgo, en el estado mexicano de Guanajuato, representa una amenaza para sus colmenas por el daño a la vegetación y la contaminación del agua que supone esa explotación. Foto: Emilio Godoy / IPS

Para el apicultor Salvador García, el temor estriba en la devastación territorial, que también amenaza a sus colmenas.

“Si van a madrear (golpear) toda esta parte, afecta la vegetación y eso afecta todo”, explicó García, miembro de la asociación ganadera local y que agrupa a 13 productores, mientras revisaba distancia un lote de 25 colmenas en su terreno, en La Colmena, otra comunidad de Dolores Hidalgo.

Él y su familia poseen unos 350 panales, que aportan aproximadamente 10 toneladas de miel anuales, mientras que la asociación suma unas 2500 colmenas, que generan unas 20 toneladas.

Las abejas se mueven en un radio de tres kilómetros para beber el néctar de las flores y agua, y polinizar las plantas circundantes. La polución puede ser letal para estos insectos.

A la distancia, los tajos deforman la silueta del cerro. En su vecindad, los campesinos ya recogieron el maíz, base de la dieta local, y quedaron los esqueletos de los matojos, a la espera de su recolección o su integración al suelo, para continuar con el proceso de fertilidad necesario para la siguiente siembra. Ignorantes de los riesgos, unas mariposas revolotean, a la espera de alimento o de un depredador.

Desde 2017, García registra la cantidad de lluvia en la zona y que cayó de 500 mililitros anuales a 275 en septiembre. “Del agua que cae, solo aprovechamos 30 %, el resto se pierde o se evapora”, lamentó, mientras escrutaba el cielo sobrado de sol.

agua Dolores Hidalgo Gto

Vista de la mina de tajo a cielo abierto Cerro del Gallo, de la canadiense Argonaut Gold, en el municipio de Dolores Hidalgo, la primera de su tipo en el estado de Guanajuato. Contiene reservas de oro, plata y cobre, para cuya extracción tiene siete concesiones hídricas por 1240 millones de metros cúbicos anuales, en una región con escasez del recurso. Foto: Emilio Godoy / IPS

Botín minero

Históricamente, Guanajuato, fraccionado en siete distritos de minería metálica, ha sido un territorio minero. En 2019, contribuyó con 0,07 % de la producción minera mexicana, para ocupar el puesto 19, según el estatal Servicio Geológico Mexicano (SGM).

La extracción de oro se ha duplicado en años recientes, al pasar de 2374 kilogramos en 2016 a 4118 en 2020, pero la de plata se ha derrumbado de 142 toneladas a 40 en ese periodo. Mientras, el cobre se ha mantenido alrededor de 0,9 toneladas.

Hace dos años, las empresas mineras poseían 631 concesiones sobre un área de 309 209 hectáreas, prácticamente 10 % del territorio del estado, de 3,06 millones de hectáreas, según el SGM. Entre 1995 y 2020, el sector público apoyó a 10 proyectos de oro y plata.

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México se ha transformado en este siglo en un fuerte escenario minero debido a las riquezas del subsuelo, lo que ha generado conflictos sociales y ambientales con comunidades locales.

En 2021 había 316 proyectos en exploración, 84 en producción, 44 en construcción, 757 postergados y nueve en cierre, cinco en 2017 y en 2019. Además, nueve empresas estaban en proceso de cierre.

“Primero, (llega) la exploración de minerales y luego un diagnóstico del agua. Así se apropian de todo. Hay impactos, como que la gente se pelee. La fractura comunitaria es el más obvio. Los daños son permanentes y por eso la gente prefiere que no se instale la mina”; Verónica Vázquez.

Este país, la segunda economía latinoamericana, con 1,96 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental, ha entregado en concesión 10 % del territorio a compañías mineras.

México es actualmente el principal productor mundial de plata y también es un actor importante en el mercado de 12 minerales.

Pero esa misma actividad ha provocado al menos 374 conflictos ambientales por contaminación del agua, deforestación y generación de residuos.

Verónica Vázquezacadémica del público Colegio de Posgraduados, destacó que el modus operandi y los efectos de la minería son muy conocidos.

“Primero, la exploración de minerales y luego un diagnóstico del agua. Así se apropian de todo. Hay impactos, como que la gente se pelee. La fractura comunitaria es el más obvio. Los daños son permanentes y por eso la gente prefiere que no se instale la mina”, indicó desde Texcoco, en el estado de México, vecino a Ciudad de México, donde se ubica el centro universitario.

mapa de concesiones

Captura del mapa de concesiones mineras en Guanajuato, elaborado por Global Forest Watch. De tradición minera, ese territorio al norte de Ciudad de México hospeda concesiones mineras metálicas de oro, plata y cobre. Imagen: Emilio Godoy / IPS

Agua que no han de beber

Mientras la mitad del país enfrenta falta de agua por escasez o acaparamiento, 100 empresas mineras atesoran concesiones por 250 millones m3 anuales, de los cuales 174 millones corresponden a agua subterránea y 73 millones, a superficial, según la gubernamental Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los estados de Sonora, Zacatecas y Durango, todos en el norte, concentran el mayor volumen: 200 millones.

En Guanajuato, la canadiense Guanajuato Silver Company Ltd posee una concesión de aguas subterráneas por 513 760 m3 anuales, sin vigencia definida, y cuatro permisos de descarga de residuos líquidos por 7 395 m3 y que vencen entre 2023 y 2040.

La Minera Las Torres tiene una licencia de aguas subterráneas por 480 609 m3 hasta 2026, mientras que San Antón de las Minas, la que desarrolla Cerro del Gallo, propiedad de Argonaut Gold, cuenta siete títulos por 1240 millones de m3, con su  expiración entre 2023 y 2029.

Nacional de Cobre, filial del privado Grupo Elementia -del Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, cuenta una concesión de aguas subterráneas por 98 928 m3 al año, hasta 2029.

A estas entregas se han aunado la agroexportación y la expansión inmobiliaria.

En la zona “hay un grave problema de agua, pues solo hay subterránea y de lluvia. La población recibe reparto de agua. De estilo de vida campesino pasó a la agricultura extensiva para exportación, que ha agravado la extracción”, explicó Gustavo Lozano, director de la no gubernamental Acción Colectiva.

“Con la mina, la población afectada no tendría agua”, dijo en León, otro municipio guanajuatense.

De los 18 acuíferos de Guanajuato, al menos 11 sufren un déficit conjunto de 531 millones de m3 anuales, debido a que la extracción excede a la recarga, según datos de Conagua.

mapa

Las minas necesitan depósitos de residuos, o jales, para colocar los residuos provenientes de la explotación, pero esos amontonamientos de desechos contaminantes representan riesgos para el ambiente y la salud humana. En la imagen captura del mapa del Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales en el estado de Guanajuato, en el centro de México. Foto: Emilio Godoy / IPS

Relaciones peligrosas

Los depósitos de desechos, llamados localmente jales, acompañan a las minas, requieren de agua y significan riesgos sanitarios y ambientales, por la contaminación que causan.

El primer Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales, elaborado por la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente (Semarnat) enlista 585 depósito, de las cuales 301 funcionan, 275 inactivos, dos inactivos con posibilidades de reactivación, uno inconclusa, cuatro pasivos ambientales y dos temporales.

Los jales consisten en apilamientos de material molido (lodos) derivado de la extracción de minerales de las rocas, que contienen sustancias nocivas y que quedan al aire libre como pequeñas montañas muertas.

El listado revela que el mineral más relacionado con esos depósitos tóxicos –tanto de compañías mexicanas como extranjeras– es el oro, con 131 de esos apilamientos o presas como se las conoce en México. Le siguen la plata, con 40, el cobre, con 17; el hierro y el plomo, con seis.

En Guanajuato existen 12 jales, de los cuales operan seis, uno correspondiente a Cerro del Gallo. Ante esta situación, Conagua podría acotar la entrega del recurso a las mineras y así dejarlo para las poblaciones locales. Esa dependencia y la minera Peñasquito, propiedad de la estadounidense Newmont Corporation, acordaron en 2020 la devolución de cinco millones de m3 del líquido, para permitir la recuperación de un acuífero en Zacatecas. Además, en 2023 la empresa cederá otros cuatro millones.

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Un problema añadido es que la vigilancia de Conagua sobre operaciones hídricas del sector es baja. De los 176 procedimientos administrativos que Conagua ha iniciado desde 2017, 35 ocurrieron en Guanajuato. De ellos, el organismo clausuró un aprovechamiento de 130 000 m3 anuales a San Antón de las Minas y le multó con unos 13 500 dólares por otros dos expedientes. Márquez y García están dispuestos al bloqueo permanente de la mina.

“Esperamos que les quiten las concesiones de agua. Con eso estaríamos salvados”, expresó la activista. A su vez, García planteó “exigirle al Estado que atienda el problema de fondo, tenemos que lograr que nos escuche”.

Para Vázquez, el gobierno debe aumentar su capacidad de vigilancia. “Hay que preguntarse por qué Conagua no retira concesiones hídricas a mineras, dijo.

“La solución pasa por la organización local y demandas legales para rechazar proyectos. Es un modelo que ha dado algunos resultados, como las declaratorias de zonas libres y la aplicación del ordenamiento territorial municipal. Lo segundo es más duradero, es una herramienta legal viable”, sugirió.

 

***

Fotogradía portada: La agricultora Fausta Márquez delante del tanque de agua de lluvia con el que logra tener agua potable en su casa, en medio de la escasez del recurso en su comunidad, Santa Bárbara, y otras vecinas del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Foto: Emilio Godoy / IPS

Este reportaje se publicó originalmente en IPS con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll y las organizaciones integrantes del Índice de Transparencia de los Recursos Naturales.
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