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Mexico Violento

«Si te golpea o te humilla, no te ama»: activistas en Tlapa Guerrero

En la marcha contra la violencia hacias las mujeres en Tlapa Guerrero se hace conciencia sobre el maltrato de sus parejas

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Una de las últimas marcas de violencia que sufrió una joven por parte de su ex pareja. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Tan sólo en el mes de octubre la recién creada Secretaría Municipal de la Mujer del municipio de Tlapa Guerrero registró 138 solicitudes de apoyo o asesoría para mujeres. Entre las denuncias se registraron distintos tipos de violencia ejercida contra mujeres como dos casos de violaciones contra menores de 18 años perpetradas por padrastros.

De las denuncias o asesorías registradas 118 corresponden a mujeres de las distintas colonias de la cabecera municipal y el otro tanto a localidades como Atlamajac, Alpoyecancingo, Chiepetepec, Petlacala y algunas de los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Xalpatlahuacy Malinaltepec.

La secretaría municipal efectuó 69 asesorías jurídicas que incluyen asuntos de pensión alimenticia, custodia de hijos o reconocimiento de paternidad apoyándose con la Dirección de Asuntos Indígenas para la traducción de tu´un savi. 61 denuncias fueron por cuestiones de violencia familiar como es el maltrato a la mujer por parte de la pareja, un hermano o hijo.

Fueron 39 casos que se atendieron por violencia económica, 29 por violencia emocional, cuatro por física y dos por violación sexual. De los casos de agresión sexual se conoció que las jóvenes tienen entre 15 y 19 años y fueron ellas quienes realizaron la denuncia en contra de sus padrastros, pero acudieron al ayuntamiento ante la inacción de instancias judiciales.

Erika Jazmín Garrido, titular de la Secretaría de la Mujer municipal afirmó en entrevista que a las mujeres se les brinda terapia sicológica previa al proceso jurídico que realizarán para proporcionarles un empoderamiento para que tengan fuerza de soportar el proceso legal.

Dicha atención la proporcionaron tanto a varias mujeres como a dos hombres. Garrido aseguró que realizan pláticas preventivas sobre violencia en las colonias de Tlapa y pláticas para las escuelas en coordinación con fundaciones como el Bloque de Mujeres al Poder a pesar de registrar poco interés por parte de directivos de escuelas de nivel medio superior.

Aunque la secretaría de la mujer asegura que han recibido atención por parte del Ministerio Público del Fuero Común, el juez de paz y un abogado de oficio, existen otros testimonios que marcan la omisión o dilación del ministerio público de Tlapa tanto del fuero común como de la agencia especializada de delitos sexuales y violencia familiar.

A pesar de existir denuncias por parte de jóvenes cuyos padrastros las violaron instancias judiciales no han actuado para ejecutar justicia. Son varios casos remitidos ya sea al Ministerio Público del Fuero Común o a la Agencia Especializada de Delitos Sexuales que no han recibido atención adecuada.

Marcha en Tlapa por el Dia Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Foto: Sergio Ferrer

Un ejemplo es el de la joven “Elena” cuya ex pareja la ha golpeado en repetidas ocasiones en la calle, negándose a pagar la manutención de dos niños con el respaldo aparente de un familiar que labora en el ministerio público de Tlapa.

La última vez que el hombre en estado etílico la golpeó fue el martes 20 de noviembre relató la joven al reportero, esto a pesar de tener un acuerdo legal de no agresión y demandas interpuestas por golpes cuyos procesos se han visto congelados o viciados aunque la joven ya perdió un hijo al ser golpeada por el sujeto estando embarazada.

Este viernes, mujeres agrupadas en asociaciones civiles, adscritas al programa Oportunidades y personal de distintas instancias como el ayuntamiento municipal y personal convocado por la Jurisdicción 4 Montaña, realizaron en Tlapa una marcha en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante la marcha se gritaron consignas como: “Cuando una mujer dice no es no”, “escote si escote no, eso lo decido yo”, “no, no me da la gana ser una mujer sumisa y abnegada, sí, sí me da la gana ser una mujer consciente y liberada”, entre otras más que reclamaron por respeto y alto a las humillaciones y maltratos.

Mujeres de Tlapa escuchan a una activista que las convocó a defender sus derechos y no quedarse calladas Foto: Sergio Ferrer

Preocupante la situación de violencia contra la mujer: Ong Tlachinollan

A Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan le preocupa la situación de violencia perpetrada contra las mujeres a pesar de la reforma aprobada al artículo 1 constitucional a través de la cual tratados internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos del niño entre otras, cobran el mismo rango de atención que la Constitución.

Criticó que instituciones del Estado encargadas de la impartición y procuración de justicia no las conocen por lo que no se aplican los estándares internacionales en materia de derechos humanos y aunque existen acciones como la capacitación a algunos jueces y ministerios públicos en acatamiento a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las mujeres de la montaña esta lejos de alcanzar el ejercicio pleno de sus derechos.

“No se podrá erradicar la violencia si los funcionarios carecen de perspectiva de género -referente a la situación de las agresiones a mujeres- si en las instancias de procuración de justicia no se les cree o se les discrimina”, señaló la abogada.

Agregó que resulta necesario romper el círculo de violencia existente en lugares como Cochoapa el Grande o Metlatónoc donde autoridades del ayuntamiento han revictimizado a las mujeres que denuncian llegando incluso a encarcelarlas algo que calificó de grave al violentarse la Ley 553 de Acceso a una vida libre de violencia en Guerrero.

Y es que se vuelven letra muerta las medidas de prevención establecidas al no haber una correcta atención en la procuración y administración de justicia existiendo dilación en la integración de averiguaciones previas y el actuar ministerial en muchas ocasiones falto de trabajo de investigación o se pide dinero a familiares como ocurrió en la Agencia Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Familiar cuya titular fue removida.

La justicia no resultaba gratuita, ahora, a la abogada de Tlachinollan le preocupa la situación de la nueva titular de la agencia y otra trabajadora respecto a la sensibilidad que deben tener con las denunciantes ya que le informaron que se les pide mostrar su credencial de elector a las víctimas con un trato burocrático sin perspectiva de género que apoye a las mujeres víctimas de violencia.

Arias Vitinio, agregó que la violencia contra la mujer va más allá de su persona viéndose reflejado en la violencia familiar, juvenil, casos de suicidio o depresión.

En una visita previa a la agencia especializada su titular, Maria Natividad Juárez, indicó que no contaban con una base concisa de datos de las agresiones contra mujeres adultas y menores de 18 años al tener menos de dos semanas al frente de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar.

 

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Asesinato o fabricación de delitos, opciones que dan a periodista por revelar contratos ficticios de la CFE

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Despacho 14
El violento oficio de escribir

  • Audio-amenaza de muerte contra periodista

  • Cárcel o Panteón, la oferta del Residente de Obra y su mano derecha

  • Dama de compañía de nuevo entrevistada

“Mi única locura fue esperar tantos años. Pero no me arrepiento. Hice lo que tenía que hacer. Lo maté así porque yo quería que sufriera, que tuviera una muerte fea, quería vengarme por su infidelidad. Lo peor es que yo me conozco: si no lo mataba, me iba a quedar con él, porque yo lo quería, me parece”.
Marisa Gristein, autora de Mujeres Asesinas

 

Por Alfredo Griz

¡Alfredo, hijo de tu perra madre, ya te van a meter a la cárcel, el ingeniero Loya y Circe, pero si no los dejas en paz ni ahí, pues ahí mismo te van a matar, tenemos personal ahí adentro, perro culero, bájale huevos o ya sabes!, es la amenaza más reciente contra el periodista que ha revelado una serie de reportajes sobre la corrupción de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad a través de contratos ficticios en la residencia de obras de Yucatán en obras del Tren Maya.

El mensaje de audio por WhatsApp, directo y sin cortapisas, fue enviado el 12 de agosto y es explícito en el remitente. Se refiere a los servidores públicos Marco Antonio Loya Izaguirre y Circe Viridiana Palma Martínez, ambos imputados en varias carpetas de investigación por el hostigamiento y homicidio en grado tentativa a este periodista y señalados por contratos fraudulentos en la CFE, así como de hacer pagos de servicios sexuales con partidas presupuestales para viáticos que les provee la Comisión Federal de Electricidad a los funcionarios.

Las agresiones, el acoso incesante, la intimidación por parte de funcionarios de gobierno local, es una constante, sin embargo, bajo resguardo y con las medidas de protección federal, aun se respira el miedo y se siente el temor fundado de que en cualquier momento algo podría pasar.

En un ejercicio periodístico apegado a derecho, las revelaciones de corrupción y tráfico de influencias circulan desde hace varios meses en este espacio; sin embargo, los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad siguen en funciones sin que se les someta a auditoría por sus superiores. Tampoco nadie de los involucrados ha salido a dar una declaración al respecto, ni a pedir derecho de réplica, pese a que se les contactó para hacer valer su derecho. Solo ignoraron los mensajes y correos.

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Casandra, una de las damas de compañía que era contratada para dar servicios sexuales a los involucrados e imputados, reveló más datos e hizo más señalamientos directos sobre la empleada Circe Viridiana Palma Martínez, a quien se refiere como madrota o la poquianchis. En su testimonio, revela el pago de sus servicios con recibos de viáticos para los empleados.

La amenaza enviada en formato ahora de audio, con toda la intención de intimidar, es la insistencia para que este periodista deje de publicar sus correrías sexuales a cargo del erario y sus actos de corrupción, rayando en una escalada de violencia y agresiones que han sido reportadas a diferentes instancias internacionales.

Artículo 19, una de las organizaciones más reconocidas por la defensa de la libertad de expresión en el mundo y protección a periodistas, ha acompañado a quien esto escribe en todo el hostigamiento vivido durante los últimos tres meses; de igual manera lo ha hecho el Mecanismo de Protección Federal para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Asesinato o fabricación de delitos

En varias carpetas de Fiscalía General de la República, los imputados también han intentado manipular los hechos junto con autoridades locales con una serie de acciones legales para impedir que este periodista deje de escribir respecto a los negocios turbios que tienen en la Residencia de Obra y Transmisión en Mérida Yucatán. Sin embargo, no son pocas las evidencias que sustentan la corrupción en la CFE.

La intención de los servidores públicos imputados es clara: asesinar al periodista, silenciarlo para siempre. No obstante, el intento ha sido fallido por la incompetencia de los emisarios. De allí que la otra opción que buscan los funcionarios con tráfico de influencias en la fiscalía es la cárcel, a través de la fabricación de delitos, como sucedió en el caso del periodista Héctor Valdez Hernández, de Tulum en red. Valdez lleva casi dos años en un reclusorio de la Ciudad de México, acusado falsamente de abuso sexual, después de haberle pedido ayuda al presidente López Obrador en la conferencia mañanera por la persecución del exalcalde de Tulum tras revelar su corrupción.

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Por eso, con cada agresión, hay una nueva denuncia, un nuevo señalamiento, nuevos indicios y nuevas pruebas para demostrar de que tras el hostigamiento y atentados están los servidores públicos Circe Viridiana Palma Martínez y Marco Antonio Loya Izaguirre, y con el cúmulo de evidencias es la fiscalía quien tiene la responsabilidad en sus manos.

Ante esta situación y derivado de todas las demás agresiones sufridas, es que de nueva cuenta se hace la denuncia pública y de igual forma se agrega a la denuncia penal, para que obre en autos como dato de prueba.

La citada Circe Viridiana Palma Martínez ha tratado de utilizar a las autoridades para criminalizar la libertad de expresión, y meter a la cárcel a este periodista por publicar sus fechorías y sus escándalos sexuales dentro de la Comisión Federal de Electricidad, diciendo que son actos de intimidación o molestia hacia su persona. Se le olvida a la funcionaria que no sólo es una simple ciudadana imputada en varias carpetas de investigación, sino que es una servidora pública federal, y por los actos que se le denuncian es la malversación de fondos de la paraestatal CFE, tráfico de influencias y el uso indebido del servicio público. Adicional a ello, se le responsabiliza por los atentados contra este periodista, junto con el ingeniero Marco Antonio Loya Izaguirre.

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El Caso Wallace

Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

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Caso Wallace: el 'pacto' entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

 

Por Guadalupe Lizárraga

Según Isabel Miranda Torres, alias Isabel Miranda de Wallace, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene un pacto con George Khoury Layón para liberar a los “secuestradores” de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Escuchar a Isabel Miranda de Wallace en Grupo Imagen, en su acostumbrado espacio, para insistir después de 17 años en el supuesto secuestro de su hijo, me evoca la frecuentada frase de Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la que cita a Hegel sobre su referencia a que la historia se repite dos veces, “pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. La idea básica de Marx en esta figura retórica es que con el paso del tiempo hay una falta de reconocimiento de las circunstancias y contexto, lo que antes eran acciones y creencias llenas de vitalidad, al repetirse se convierten en un circo de simuladores.

Para entender el caso: ¿Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace?

 

Y es lo que estamos viviendo con el falso caso Wallace. En tiempos de Felipe Calderón, el poder y la credibilidad de Isabel Miranda de Wallace eran fortalecidos por las autoridades y los medios de comunicación con recursos del erario, alimentados por la ignorancia de la sociedad.

Hoy sabemos que todo el caso fue fabricado y que el hijo de Isabel Miranda no fue secuestrado ni asesinado por quienes ella dice ni en las circunstancias que describe. Durante siete años, he investigado los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace y he dado voz a los testigos de su existencia que han sido intimidados y perseguidos por el propio gobierno mexicano. No obstante, ni con tres actas de nacimiento y dos actas de defunción que de manera corrupta ha pagado Isabel Miranda de Wallace a jueces para su legalidad imposible, la credibilidad sobre el caso está completamente fracturada.

Lo que antes se veía como la tragedia de una madre dolida, hoy se ve como la miserable farsa de un circo mediático, que acompañan todavía algunos personajes del poder público; mientras a las víctimas se les extingue la vida en prisión.

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En la actuación de entrevista de Isabel Miranda en Grupo Imagen, el 11 de agosto, el mismo día que la SCJN admite revisar su amparo contra la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, Miranda juega ahora el papel de “una simple ciudadana” contra “el enorme poder del presidente de la SCJN”.

La mujer que, a finales del gobierno de Salinas de Gortari, en 1994, de ser una secretaria recepcionista, de la noche a la mañana montó una empresa millonaria de publicidad exterior y un colegio bilingüe, usurpando funciones de pedagoga; que desde que inició el sexenio de Vicente Fox tenía injerencia en la PGR, en el área de secuestros, y se entrenaba para su montaje en 2005; que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo todo el apoyo de éste y de Genaro García Luna, para jugar el papel de víctima y, después, de experta en seguridad pública, imagen construida con recursos del erario; que con Enrique Peña Nieto siguió de la misma manera, protegida su impunidad hasta este sexenio de López Obrador, hoy se presenta en televisión como “una simple ciudadana” que se siente amenazada por el ministro que han sido parte de su montaje.

Isabel Miranda deja ver con Ciro Gómez Leyva, que la ha acompañado en toda la farsa, que ya le había dado con antelación el nombre de George Khoury Layón, y menciona la causa que lo mantiene injustamente preso, poniendo de manifiesto su propia injerencia con la juez Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25, de la Ciudad de México.

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Se trata de la causa 80/2012. Una aberración jurídica, a decir de los abogados defensores de los inculpados, que ha sostenido Isabel Miranda de Wallace de la mano de Eduardo Margolis Sobol, con la que han mantenido en prisión ilegal tras múltiples detenciones arbitrarias y torturas a George Khoury Layón, involucrado en un homicidio a confesión bajo tortura por Jacobo Tagle Dobín, quien también involucró a César Freyre Morales. El objetivo fue simularles una trayectoria delictiva a todos los inculpados del caso Wallace.

La jueza Hermelinda Silva sentenció a George Khoury a 20 años de prisión en 2014, con la confesión de Jacobo Tagle en 2010, sustraída de la causa penal 35/2006-II, diferente en hechos y circunstancias, y tras alegaciones de tortura de los tres inculpados que arrojaron tres protocolos de Estambul positivos en tortura de Tagle, uno de ellos del Consejo de la Judicatura de la Federación, otro de César Freyre Morales, aplicado por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y CNDH, y el de George Khoury Layón, quien además del protocolo positivo en tortura tiene una opinión de libertad inmediata del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y el reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación en 2019.

En el único testigo que se basó la jueza para sentenciar a George Khoury fue Jaime Rivera Ocaña, con contradicciones en sus declaraciones y coaccionado, según su propia confesión, por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, brazo derecho en la SIEDO de Isabel Miranda de Wallace.

Nada de esto desconoce el ministro Arturo Zaldívar, puesto que estos hechos son parte de los casos fabricados que ya eran mediáticos cuando él fue designado por Felipe Calderón en 2009 como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

 

George Khoury Layón, el 12 de junio, a cuatro días de su audiencia de preliberación como beneficio de ley por haber compurgado el 50 por ciento de la condena, fue golpeado en prisión, quemado con toques eléctricos y trasladado ilegalmente del cefereso #17, de Michoacán, al cefereso #12, de Guanajuato, junto con otras siete personas, quienes fueron marcados con una señal para indicar que iban bajo consigna. A la llegada al penal de Guanajuato, volvieron a ser golpeados, toques eléctricos con la pistola taser y rociados con gas lacrimógeno. Actualmente, Khoury sigue aislado, sin suficiente agua ni comida.

La situación es clara: si Khoury tuviera un pacto con el poderoso presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿habría sido torturado de esa forma? ¿Seguiría en prisión, pese a tener compurgado el 50 por ciento de la pena sin haber cometido el delito?

Todos sabemos quién es María Isabel Miranda Torres. Su credibilidad es nula y su corrupción absoluta, al igual que los periodistas que le han dado voz, ocultando los verdaderos hechos como el mismo Ciro Gómez Leyva.

Más aún, que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México haya admitido para revisión un amparo interpuesto por Isabel Miranda Torres contra la atracción del caso de Juana Hilda González por la SCJN, después de estar imputada por tortura, secuestro y detenciones ilegales, sin ninguna acción de investigación o jurídica en su contra, revela el verdadero pacto.

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Autoridades de Cefereso de Chiapas golpean a Luis Díaz Pantoja, preso político por 37 días de protesta pacífica

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Autoridades de Cefereso de Chiapas golpean a Luis Díaz Pantoja, preso político por 37 días de protesta pacífica

TAPACHULA.- Luis Díaz Pantoja, preso político del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 15 de Chiapas, denunció que fue víctima de agresiones físicas e intento de homicidio por parte del director de seguridad y sus subordinados, después de mantener 37 días de protesta pacífica por la falta de atención médica, alimentos, higiene y las violaciones de derechos humanos contra los reos del penal.

A través de una carta a Los Ángeles Press, el preso político relató que por la mañana agentes de la Guardia Nacional arribaron a las instalaciones del penal federal, sin embargo, esto provocó que las autoridades penitenciarias agredieran a los reos, principalmente contra su persona, aunado a que le arrojaron gas lacrimógeno que también lo intoxicó.

Para entender el caso: Preso político Luis Díaz Pantoja pide intervención de la ONU por 9 años de detención arbitraria del Estado mexicano

 

 

De acuerdo con Luis Díaz Pantoja, padece problemas para respirar después de haber inhalado el gas lacrimógeno que le rociaron, pero enfatizó que en ningún momento se opusieron a las agresiones de las autoridades penitenciarias, que su protesta ha sido pacífica, pese a que de forma permanente han violado los derechos humanos de los reos.

De la misma manera, las autoridades penitenciarias solicitaron el apoyo de sujetos armados que desde la azotea del penal les apuntaron, especialmente a él, por lo que reiteró que en varias ocasiones entregó un pliego petitorio para que el comité de preliberación sesione el decreto presidencial.

Asimismo, Luis Díaz Pantoja solicitó a su abogado que interponga una denuncia contra todos los directivos del Cefereso de Chiapas, incluyendo a la directora del penal Ericka Adriana Tenopala Chausse y a su director de Seguridad, de apellido Guillén, por intento de homicidio, aunado al abuso de la fuerza pública, debido a que mantiene una resistencia civil pacífica para garantizar la accesibilidad de los derechos humanos de los reos.

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Desde hace varios días, los presos del penal federal, incluido Luis Díaz Pantoja han acusado que se han suscitado constantes violaciones de derechos humanos, por lo que refirieron que no ha existido algún tipo de atención de las autoridades penitenciarias y que les permitan mejores servicios en el centro de reclusión federal.

 

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