Justicia pendiente
El sexenio de las víctimas
No puede evadirse, negarse, una verdad troncal que ahí quedó bien clara: el que termina ha sido el sexenio de las víctimas. Una reflexión de Víctor Quintana de Chihuahua.
Marcha de madres en México Foto: red
Víctor Manuel Quintana Silveyra*
Podrán criticarse varios aspectos del diálogo entre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, y los candidatos y candidata a la Presidencia de la República, pero no puede evadirse, negarse, una verdad troncal que ahí quedó bien clara: el que termina ha sido el sexenio de las víctimas.
Nunca tantos habían sufrido tanto por las decisiones de tan pocos.
Víctor Quintana
Foto: Los Ángeles Press
Porque el sufrimiento humano de las víctimas de las violencias y de las víctimas de la necesidad es el resultado de decisiones políticas tomadas por unos cuantos: por quienes decidieron la estrategia de combate al crimen organizado. Y por quienes decidieron –prácticamente los mismos- continuar con la misma estrategia económica impuesta desde hace 30 años.
Víctimas de las violencias, en primer lugar. Háblese de las más de 60 mil muertes violentas, disparadas desde que, aunque ahora lo niegue, Felipe Calderón declaró la “guerra al narcotráfico”. Uno de cada cuatro de esos homicidios, acaecido en Chihuahua, por la impericia, negligencia o corrupción de los gobiernos estatales. Háblese de los diez mil huérfanos, tan sólo en Ciudad Juárez, de las 2 mil 600 desapariciones forzadas en el país; de las decenas de periodistas asesinados o asesinadas, de los miles de atropellos a los derechos humanos por parte de los cuerpos policíacos y del Ejército, de los pueblos incendiados, de las casas abandonadas, de los 230 mil desplazados de sus hogares o lugares de origen…
Todo esto no se soluciona ni con un “perdonen” ni con la invisibilización del dolor diciendo que se van a atacar sus causas sociales, lo que está bien, pero sin proponer políticas específicas para atender y en la medida de lo posible, resarcir a tanta víctima de tanta violencia.
Víctimas de la política macroeconómica, en segundo lugar. Y aquí el daño, sin ser tan profundo, tan en el corazón de la gente, es más masivo, más cotidiano. Son las decenas de millones de personas sacrificadas en el altar de la macroeconomía. Nos dicen quienes apoyan la continuidad –y que sólo ellos saben dónde diablos encontrar “la diferencia”- que el país va bien porque las finanzas públicas están sanas, porque la inflación está bajo control, porque el tipo de cambio se había mantenido –hasta que el golpe de realidad lo disparó a casi quince pesos- porque disminuye la deuda per cápita, porque “nos recuperamos” más rápido que los Estados Unidos de la crisis financiera de 2008…
Sería bueno que aliviaran con esos datos, la angustia de quien ya no pudo pagar su abono del INFONAVIT porque perdió el empleo y ahora va a perder su casa. En Juárez hay 110 mil hogares en esa situación. Que a quienes se quejan de que ahora necesitan ocho días de salario mínimo para llenar el tanque de su auto compacto, les espetaran que aquí la gasolina es más barata que en los Estados Unidos. Que les hablaran de “equilibrios macroeconómicos” a quienes, a principios de sexenio, podían comprar ocho kilos y medio de frijol con un salario mínimo y ahora no pueden comprar ni dos kilos y medio. Que les volvieran a hablar de presidencias o gubernaturas del empleo a los cien mil nuevos desempleados y desempleadas tan sólo en Ciudad Juárez.
Ni continuidad en la política económica, ni continuidad en la guerra que los Estados Unidos quieren que peleemos por ellos. En el centro dela política pública para el próximo sexenio deben estar todas las víctimas: las del terrorismo de Estado, como lo acaba de calificar el Tribunal Permanente de los Pueblos, reunido en Ciudad Juárez, y las de las políticas económicas concentradoras de la riqueza y excluyentes del bienestar de las mayorías.
*El autor es académico, activista de derechos humanos y de políticas públicas. Actualmente es candidato al Senado de la República Mexicana por la coalición de Izquierda en Chihuahua.
Facebook: Victor Quintana Silveyra
Twitter: @VictorQuintanaS
e-mail: victorsenador@gmail.com
El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.
Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.
De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.
El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.
Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.
El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.
Justicia pendiente
Red Solidaria litiga en la Corte Interamericana contra México por caso Tzompaxtle, de detención arbitraria en 2006
Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.
Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.
En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.
Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.
Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.
Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.
Con información de la CoIDH.
Fabricación de culpables
George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»
Por Guadalupe Lizárraga
George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.
De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.
Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.
George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.
Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.
Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.
Denuncias por tortura en el Cefereso #17
12 de abril de 2021
19 de julio de 2020
22 de julio de 2020
28 de julio de 2019
28 de mayo de 2019
Internos del Cefereso #15, en huelga de alimentos por incumplimiento de autoridad penitenciaria a órdenes de Judicatura
Fiscalía de Michoacán localiza 22 cadáveres en fosa clandestina
Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16
Intelectuales del CISEN que negaron infiltración del narcotráfico en 2001, hoy golpeadores de AMLO
Sobreprecio millonario en dólares de la Línea 12 del Metro, autorización de Mario Delgado en 2009
Secretario del Trabajo del expresidente Felipe Calderón y parte de SEDENA en la red del Cártel de Sinaloa
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