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Mexico Violento

Sequía en Oaxaca, por sustancias químicas que rocían granjeros en nubes para evitar lluvias que enferman a sus animales

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Sequía en Oaxaca, por sustancias químicas que rocían granjeros en nubes para evitar lluvias que enferman a sus animales

 

Por Miguel Montesinos León

El pasado lunes ocho de agosto, autoridades y ciudadanos de la región del Distrito de Coixtlahuaca, Oaxaca, preocupados por la escasez de lluvias en este ciclo agrícola realizaron diversas manifestaciones después de enfrentar al gobernador del estado Ismael Alejandro Murat Hinojosa, a quien le solicitaron una audiencia desde el 19 de julio, hasta la fecha sin respuesta, para exigir que dejen de realizar bombardeos aéreos con químicos para dispersar las nubes cuando está por llover.

Se trata de avionetas que sobrevuelan y bombardean las nubes con sustancias tóxicas para dispersar las nubes evitando que con las lluvias se  enfermen sus animales de granja, pero con ello han provocado pérdidas totales de granos básicos como son, maíz, trigo, y frijol, en la región de la mixteca alta oaxaqueña debido a la escasez de agua.

Para leer más sobre el autor: El acaparamiento del agua en México: corrupción y concesiones

 

También le exigen a Murat la apertura de carpetas de investigación y aplicar la ley en contra de quien o quienes resulten responsables de esta contaminación ambiental.

En medios se ha documentado que desde hace dos décadas los empresarios avícolas y porcícolas en Oaxaca y otros estados del país son los responsables de estos vuelos clandestinos para evitar las lluvias bajo el argumento de que “al llover se enferman sus pollos y cerdos”.

Lamentablemente ninguna autoridad muestra interés para investigar de manera imparcial y urgente a estas granjas en relación con los vuelos de las avionetas que dispersan las nubes cuando está a punto de que caigan las lluvias. Incluso se sabe que lo hacen con yoduro de sodio, yoduro de plata y hondas ionizantes, es por ello que a simple vista se puede ver cómo cuando se dispersan las nubes.

El grupo que se ha instalado en inmediaciones de los distritos de Coixtlahuaca y Nochixtlán es el de Socorro Romero Sánchez (SRS) con el aval de las autoridades de estos distritos y autoridades municipales de las comunidades de Oaxaca, sin embargo, no hay una regulación sobre el impacto medio ambiental que generan las granjas en la cercanía de los sembradíos.

El editor recomienda: ¿A quién rinde cuentas la Fiscalía Anticorrupción en Oaxaca?

 

Con la instalación de estas granjas anunciaron que aportarán a las regiones empleos, lo que no hasta ahora no ha sucedido.

El impacto ambiental que se genera a los campesinos de Oaxaca y otras entidades es la pérdida de sus siembras, como está sucediendo en el presente ciclo agrícola, y que muchos se vieron imposibilitados de sembrar, mientras que otros que lo hicieron ven que sus siembras se están muriendo por la falta de lluvias.

En estos distritos de Oaxaca, la mayoría de las parcelas de siembra son tierras de temporal y sufren además alta erosión del suelo.

En un recorrido por las comunidades de Santa Cruz Capulalpan, San Miguel TequixtepecRío Blanco, Santa Maria Nativitas, pertenecientes al Distrito de Coixtlahuaca, los lugareños señalaron que han visto avionetas sobrevolando cuando está a punto de llover y en cuestión de minutos las nubes se dispersan. Señalan también que personas que trabajan en las granjas de pollos y cerdos denominadas Socorro Romero Sánchez o grupo Romero, han manifestado que por órdenes de estas empresas, las avionetas bombardean las nubes en temporada de lluvias y recorren los distritos de Teposcolula, Nochixtlán, Cuicatlan en la región de la Cañada y el Distrito de Coixtlahuaca hasta los límites con Tehuacán, Puebla, para evitar que con las lluvias mueran los animales de sus granjas.

También se realizaron entrevistas con ciudadanos de comunidades pertenecientes al distrito de Nochixtlán como son Santiago Amatlan, La Cumbre Ixtaltepec, Santiago Tillo, entre otras, y señalaron en el mismo sentido, que han visto las avionetas en el espacio aéreo durante la época de lluvias y rocían los químicos incluso cuando está empezando a caer la lluvia. Dijeron que en la comunidad de la Estancia Coixtlahuaca tienen una pista de aterrizaje clandestina donde aterrizan estas avionetas y no hay autoridad que investigue estos vuelos clandestinos.

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Justicia pendiente

Ayotzinapa: otra historia negra del ejército mexicano

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ayotzinapa manifestación campo militar 1

 

CIUDAD DE MÉXICO.- «No tenemos solución de nada. Sabemos que en este campo militar hay muchas cosas que pasan, hay mucha información, ¿por qué no la dan? ¿Qué esconden o a quién están defendiendo?», cuestionó doña Joaquina en las protestas del campo número uno por la historia negra que tiene el ejército mexicano.

Más de 2 mil elementos del ejército y policías antimotines mantuvieron formación desde que llegaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos al campo militar número uno. Ahí exigieron a los militares que brinden toda la información sobre el paradero de los 43 normalistas.

A ocho años de la desaparición forzada, las madres y padres siguen con el dolor a flor de piel. En estas fechas les llega el recuerdo de la agresión contra sus hijos. Son incontenibles las lágrimas de tanto tormento, pues la espera se convirtió en una tortura. Sin embargo, lejos de que los militares sean sensibles al sufrimiento de las familias, las intimidan con los tambores de guerra del ejército.

A los militares no les importa la angustia de las familias, al contrario, ocultan información importante para dar con el paradero de los estudiantes. Lo peor es que integrantes del ejército participaron directamente en la desaparición de los jóvenes normalistas.

Las protestas que las madres y padres realizaron en el campo militar número uno es inédito. Es un lugar lúgubre de dolor, de desesperanza, desapariciones y torturas.

En el corazón de las infames violaciones a los derechos humanos en México, la voz de doña Joaquina hizo eco en la puerta enrejada de las instalaciones militares. «Nos encontramos en este campo militar ante tanto policía. Nosotros no venimos armados ni a pelear. Por eso les pedimos que si ellos tienen muchas pruebas que las demuestren. Nosotros nada más venimos para saber dónde están nuestros hijos y qué pasó con ellos. Lo que les pedimos a los militares es que den toda la información que tienen y que se cumplan las órdenes de aprehensión contra militares».

Por su parte, el padre Mario González relató que el ejército es una institución que admiran y respetan muchos, pero “fueron los militares quienes desaparecieron a nuestros 43 hijos. Los del 27 batallón de infantería son los asesinos” que se cubren con el manto de la impunidad. Sabían que los estudiantes estaban siendo atacados, pero no hicieron nada. Además, “tenían un infiltrado en la escuela que les iba pasando el reporte a sus jefes y tenían el control del C-4 en Iguala. Son unos criminales, dejaron al elemento que podría haber salvado a nuestros hijos”.

El ejército mexicano tiene un historial negro en Guerrero que tiene que ver con asesinatos y desapariciones. Algunos padres se sentían orgullosos de tener al ejército, pero a través de la lucha se dieron cuenta que son unos “asesinos”. “Mi hijo y sus 43 compañeros qué culpa tenían de que unos soldados asesinos con delirio de persecución piensen que los muchachitos son guerrilleros. Ahí están las líneas de investigación, donde 25 normalistas fueron llevados al 27 batallón”, dijo don Mario.

Las madres y padres se dirigieron a Andrés Manuel López Obrador para recordarle que dio su palabra para encontrar a sus hijos. “Señor presidente, se lo dicen los padres con su dolor que los queremos de regreso. Empeñó su palabra para dar con nuestros hijos”. Fueron las palabras de las familias que como un grito desesperado buscan más que voluntad, hechos de verdad y justicia.

Desaparición forzada: militares en la lupa

Las madres y padres de los 43 estudiantes han innovado formas de luchas para exigir el regreso de sus hijos. Con osadía han increpado al poder caciquil y a una clase política en el poder sin escrúpulos. Las protestas son legítimas y «ningún gobierno tiene derecho para decirnos cómo protestar». Esto viola los lineamientos del derecho a la libre expresión.

Este 23 de septiembre, las madres, padres y estudiantes realizaron pegas de carteles y pintas sobre la responsabilidad del ejército en la desaparición forzada de los 43 estudiantes.

En la opinión de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres, el ejército no es emanado del pueblo, más bien es un ejército de élites que sostiene a las oligarquías en el país. Fueron educados en las Escuelas de la Américas, en los años 60, para enfrentar la ola de protesta e inconformidad social que surgieron en aquellos años. Las innumerables violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y tortura en contra de líderes sociales que reclamaban por un cambio en este país.

El ejército con una visión contrainsurgente infiltró soldados en la normal rural de Ayotzinapa para controlar y vigilar a los estudiantes porque saben que ahí se forjaron luchadores sociales como Lucio Cabañas Barrientos, Othón Salazar Ramírez o Carmelo Cortés Castro y otros profesores que impulsaron grandes movimientos de inconformidad en 1960. A partir de ahí ven a un guerrillero en cada estudiante normalista.

Por las filtraciones se podría investigar a Cienfuegos y jerarquías militares. Hay responsabilidades penales del ejército mexicano, iniciando porque desarrollaron operaciones encubiertas ilegales. Estuvieron enterados de principio a fin de lo que ocurrió en Ayotzinapa.

Vidulfo Rosales dijo que el ejército acumuló “acervo probatorio, videos, fotografías, audios, testimonios de lo que pasó de principio a fin. Eso también es ilegal. Están obstruyendo una investigación que se despliega por una grave violación a los derechos humanos. Por ejemplo, la intervención telefónica que hicieron a las 10 de la noche del día 26 de septiembre, supuestamente a un miembro de la delincuencia organizada y a un miembro policiaco de Iguala. El GIEI encontró una hoja transcrita de esa intervención telefónica, pero el ejército se ha negado a corroborar esta información”. También se sabe que hay prueba objetiva que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 batallón de infantería en Iguala. En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia investigó que seis estudiantes habrían sido asesinados cuatro días después por el coronel José Rodríguez Pérez.

No hay disposición del ejército para una investigación exhaustiva donde se deslinde responsabilidades. Las fuerzas armadas es un poder aparte que no tiene controles y no rinde cuentas a las autoridades civiles. No reconocen que participaron en la desaparición de los estudiantes, ni siquiera en el ocultamiento de la información. Nadie dice nada.

Es increíble que un juez federal librara órdenes de aprehensión contra militares, sin embargo, este 24 de septiembre en la revista Proceso fue filtrada información sobre la cancelación de 21 órdenes de aprehensión de las 83, 16 corresponden a integrantes del ejército mexicano. Es preocupante lo que está pasando con el caso Ayotzinapa.

El dolor, la angustia y la incertidumbre de las madres y padres va más allá de las posturas políticas-ideológicas, más bien, su protesta o sus movilizaciones es porque tienen la esperanza  de acariciar el rostro de sus hijos.

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Justicia pendiente

Gobierno federal denuncia a juez del caso Ayotzinapa por dejar libres a 120 implicados

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La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) denunciaron penalmente al juez de distrito de procesos penales federales de Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, por ordenar dejar en libertad a 120 personas implicadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

Las áreas jurídicas de ambas dependencias federales interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del juzgador que llevó el caso Ayotzinapa, por lo que lo acusaron de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte.

Apenas hace unos días el juez absolvió de forma definitiva a 24 sujetos que presuntamente estuvieron involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El juez dictó absolución definitiva para el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien presuntamente colaboró con el cártel de “Los Guerreros Unidos” para el tránsito de droga, por lo cual la FGR solicitó nuevamente de la reaprehensión del ex edil.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, informó que darán a conocer un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, después de reconocer públicamente que fueron los elementos del Ejército mexicano los que colaboraron con la desaparición de los estudiantes normalistas.

La FGR solicitó una nueva orden de aprehensión contra el juzgador por impedir que se garantice el acceso a la justicia por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, aunado a que ha ordenado la libertad de 120 personas que originalmente habían sido relacionadas con ese delito.

 

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Mexico Violento

Líder de SutNotimex presentará amparo contra sentencia por supuesto desvío de 2400 pesos

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líder SutNotimex se ampara contra sentencia por desvío de recursos

Se presentará amparo contra sentencia por desvío de recursos contra secretaria general

Por SutNotimex

El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) informa que este día recibió la notificación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en la que se confirma la sentencia sobre desvío de recursos contra la secretaria general de esta organización sindical, Adriana Urrea, por la cantidad de dos mil 400 pesos.

Ante ello, se tomarán las acciones legales correspondientes y se interpondrá la demanda de amparo, toda vez que nunca se cometió tal delito, sino que forma parte de la estrategia de criminalización y persecución política por encabezar la huelga en Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que esta semana cumplió 31 meses vigente.

Te puede interesar: Tras 31 meses de huelga de Notimex, Sanjuana Martínez convoca a reunión conciliatoria y no asiste

En abril de este año, el SutNotimex conoció la resolución del TFJA en la que se determinó la existencia de la falta administrativa grave de desvío de recursos atribuida a la secretaria general del sindicato, por lo que se impuso una “sanción administrativa consistente en la suspensión del empleo, cargo o comisión por treinta días naturales y una sanción económica por la cantidad de $2,416.03 pesos (dos mil cuatrocientos dieciséis pesos con tres centavos moneda nacional) más 1.00 (un peso con ceros centavos moneda nacional)”.

Sin embargo, toda vez que nunca se cometió tal falta, se recurrió al recurso de apelación; no obstante, el tribunal confirmó esta sentencia. Por ello, ahora se procederá a la demanda de amparo, debido a que no existen los elementos que comprueben que se cometió dicha falta.

La cantidad que se atribuye al desvío de recursos corresponde a unos viáticos de apoyo otorgados a la secretaria general, en su cargo de reportera, los cuales no se le permitieron comprobar porque fue despedida al asumir la representación sindical; se trata de una persona de base que nunca tuvo acceso al manejo financiero de la empresa o que tomara decisiones sobre el uso del recursos, por lo que la acusación es falsa y confirma la estrategia de criminalización y persecución política contra la dirigente con motivo de la huelga.

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La huelga de Notimex estalló el 21 de febrero de 2020; en tanto, las acusaciones contra la secretaria general se presentaron en septiembre de ese mismo año.

Hay que recordar que ésta es una de las dos demandas administrativas que la empresa presentó contra Urrea Torres. En enero de 2022, la Secretaría de la Función Pública determinó que no había responsabilidad administrativa sobre una de ellas y queda pendiente esta demanda que fue turnada al TFJA.

 

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