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Seguridad social se fortalecería con figura de ‘trabajador del espacio público’: María Rosete

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Zavianny Torres

CIUDAD DE MÉXICO.- El tema de reconocimiento de la figura del “trabajador del espacio público” debe preocuparnos y ocuparnos porque no ha existido voluntad para su solución. De reconocer constitucionalmente la figura del trabajador del espacio público es que su contribución vaya directamente al fortalecimiento de seguridad social.

Previo a abordar el vuelo que la llevará al encuentro interparlamentario del Parlatino, con sede en Panamá, la diputada María Rosete en conferencia de prensa apuntó: “Pocas veces nos ponemos a pensar en la cantidad de personas que trabaja en la llamada “economía informal” y en la forma en que contribuyen a la economía urbana de sus respectivas localidades mediante la venta de diversos productos o servicios. De acuerdo con cifras oficiales de 2018, México registró un total de 54 millones 68 mil 791 personas económicamente activas, de las cuales, un millón 900 mil se encuentran en el apartado de Población Desocupada, 30 millones 500 mil lo tienen en la informalidad, y 21 millones 668 mil 791 dentro de la formalidad”.

La también integrante en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en representación del Partido de Encuentro Social, precisó que ante la falta de oportunidades laborales dentro de la formalidad, mucha gente opta por el autoempleo en sus diversas vertientes , otros deciden emigrar hacia entidades o países con mejores oportunidades, y algunos eligen dedicarse o unirse a la delincuencia para obtener recursos inmediatos ante la debilidad de las instituciones de procuración e impartición de justicia para castigar los delitos.

El tema de reconocimiento de la figura del “trabajador del espacio público” debe preocuparnos y ocuparnos porque no ha existido voluntad para su solución ni se han creado las condiciones necesarias para generar empleos formales suficientes.

Deseo ser muy precisa en cuanto a objetivo de esta iniciativa, que a la letra dice: “Tenemos que crear las condiciones jurídicas mediante reformas a los artículos 5º y 123 de la Constitución Política, para transitar hacia la inclusión de los trabajadores informales en procesos formales y hacerlos partícipes del desarrollo del país. Mientras los trabajadores en el espacio público no sean reconocidos como actores legítimos, cualquier intento por regularizarlos es infructuoso porque, aunque son una realidad, los derechos y obligaciones que deberán regir para este sector que está conformado por más de 35 millones de trabajadores.

Totalmente falso que nuestra iniciativa pretenda cargarles más la mano a nuestros compañeros y representados que son los trabajadores del espacio público, nuestra propuesta gira en torno a la igualdad de derechos y obligaciones.

De ahí que hagamos un respetuoso llamado a los medios de comunicación -quienes con oficio y profesionalismo nos dan cobertura– a que nos ayuden a difundir y precisar el contenido de nuestra iniciativa, que incentiva un compromiso legal de derechos y obligaciones.

Diversos estudios y estimaciones señalan que el comercio en el espacio público aporta más del 23 por ciento al Producto Interno Bruto nacional, esto es, por cada 100 pesos generados del PIB, 24 pesos los generan el 58 por ciento de ocupados en la informalidad.

En días pasados diferentes publicaciones mencionaron que se trataba de pagar más impuestos por parte de los comerciantes. A pregunta expresa, la diputada Rosete contestó categórica “… no se trata de sumarle otro pago a los compañeros trabajadores del espacio público el objetivo de reconocer constitucionalmente la figura del trabajador del espacio público es precisamente que su contribución vaya directamente al fortalecimiento de seguridad social.”

Con la escases y precariedad del empleo, no es difícil ver a profesionistas laborando en tareas ajenas a sus expectativas y con salarios bajos; de estudiantes que una vez concluidos sus estudios no encuentran donde iniciar su vida laboral; de las limitaciones que existen para los jóvenes; de cómo personas mayores de 50 años, aún en edad productiva, no tienen oportunidades ni opciones de trabajo.

Debemos comenzar con reformar la legislación constitucional en materia laboral, establecer la figura legal del trabajador en el espacio público para, posteriormente, poder normar y regular las actividades de este sector mediante las leyes secundarias en la materia. De lo contrario, si no seguimos esta ruta los resultados seguirán siendo los mismos.

La también integrante en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en representación del Partido de Encuentro Social, indicó que “con estos niveles de desarrollo, será difícil crear los empleos necesarios con salarios que requiere la población para tener una vida digna, por lo que ya no es posible postergar esta problemática, es urgente ver las alternativas, estudiarlas, analizarlas, consensuarlas para demostrar que el comercio en vía pública no es un crimen, sino una opción de vida, un derecho humano. Ya se dio un primer paso a nivel constitucional en esta materia con la expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual fue aprobada en febrero de 2017 y entrará en vigor el 17 de septiembre de 2019. Sin embargo, como ya lo expresé e insisto, debe existir la figura jurídica del “trabajador en el espacio público” en la ley, es el primer paso, y no dejar esta calidad a interpretación.

Por ello, hemos trazado una hoja de ruta de foros para que podamos contribuir con una propuesta sólida que se genere desde la ciudadanía, de los comerciantes, con las sugerencias de la academia, de los especialistas, de los inversionistas y de las autoridades.

“Esta experiencia nos servirá para legislar en la materia, para reconocer la actividad del llamado “comercio ambulante” como un empleo lícito y como un sector que es parte de una economía, que está conformado por gente de trabajo que quiere ser parte del desarrollo y que está dispuesto a comprometerse con la Ley, a participar es su elaboración y funcionamiento, asumiendo las obligaciones que conlleve el marco jurídico y exigiendo, a su vez, los derechos y prestaciones establecidas por Ley”. Concluyó la legisladora.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Arteleaks

Sara Sefchovich, ¿absurdo nivel Dios?

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

En rigor, ¿realmente alguien en su sano juicio se plantearía como un instrumento contundente para combatir o eliminar el flagelo del crimen organizado en su modalidad de narcotráfico el hecho de solicitar apoyo educacional o moral a las madres de los delincuentes? ¿Las progenitoras regañando a sus vástagos para que dejen el mal y se conviertan al bien?

La connotada escritora y periodista Elena Poniatowska en entrevista con Sara Sefchovich (1949), quien se ostenta como socióloga, escritora, historiadora, catedrática, investigadora, traductora, comentarista y conferencista,  y que además es autora de más de una docena de libros y diversos artículos en periódicos y revistas, toman como hilo conductor de la misma el leitmotiv de la última novela de Sefchovich, Demasiado odio: la importancia de las madres en su papel de correctoras de sus hijos delincuentes. No por nada el título de la conversación se llama “Sin la complicidad de las madres el narco bajaría” (La Jornada, 10/01/21). Y como aquí no se comenta la novela desde el punto de vista estético-literario, sino sobre el asunto central, quien esto escribe realizará lo propio.

Como bien se observa, estamos frente a dos intelectuales de nivel que deben de dominar el tema en cuestión. Y aquí nos dice la entrevistada los orígenes de su proposición:

“Publiqué una novela: Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México (2014), que se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En ese libro yo hacía una propuesta a las madres de familia de bajarle la violencia en México diciéndole a sus hijos que si querían robar, robaran, pero no violaran, no mataran, no maltrataran (sic). Para escribirlo, viajé por todo México, me reuní con grupos de madres a quienes preguntaba cómo veían esta situación y pedirles que ayudaran; que su trabajo como madres era impedir que sus hijos entraran al mundo del narcotráfico. Para mi sorpresa, en todos los grupos con los que me reuní durante casi dos años encontré que las madres no estaban dispuestas a sacrificar los beneficios que reciben de la delincuencia aun a costa de que pueden encarcelar y hasta matar a sus hijos”. Y cabe añadir, por cierto, que esta situación no es el gran descubrimiento de Sefchovich, pues ya era conocido.

Y al percatarse que su exhorto caía en el vacío por parte de las jefas de familia, indica lo siguiente: “Incluso se lo escribí al presidente (Andrés Manuel) López Obrador. Él mismo pidió ayuda a las madres de familia y recuerdo que le dije: ‘Nos equivocamos, señor presidente, las madres no están dispuestas a ayudar’.” Y en efecto, es de todos conocido que el presidente de México hizo este llamado públicamente en más de una ocasión.

Por supuesto que es un fenómeno demostrado que ciertas familias han incursionado en el narcomenudeo. E incluso a un grado mayor. Recordemos a Delia Patricia Bustos Buendía, quien no sólo recibía de sus hijas y yernos enormes cantidades de dinero y enseres, sino que era ella misma quien lidereaba a la organización criminal que se denominó el Cártel de Neza, siendo ella la temible Ma Baker. Extendió su poder en buena parte del valle de México, a sangre y fuego. Puso en jaque a la extinta Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), asesinando ministerios públicos federales e incluso a un alto funcionario de dicha dependencia, fiscalía perteneciente a la antigua Procuraduría General de la República (José Antonio Caporal, El cártel de Neza, 2012).

Evidentemente nos encontramos con un problema de orden multifactorial. Y todo indica, al parecer, que nuestra socióloga realizó su investigación de esa manera: vivió en Michoacán, Reynosa y en zonas de migrantes, donde abordaría “el deterioro del medio ambiente, el descuido, la ignorancia, la indiferencia, la corrupción… (Y) lo mismo me sucedió en otros países. Recorrí siete ciudades del mundo para hacer un paralelismo entre el narcotráfico y el terrorismo y también me encontré con madres de familia que solapan a sus hijos”. Y no obstante su amplio y diverso estudio llegó a la misma conclusión.

Inmutable, tropezándose una y otra vez con la complicidad materna, reitera: “Yo pensaba que las madres podían ayudar a que sus hijos aprendieran a vivir de otra manera, pero después de escribir adquirí la certeza de que no quieren cambiar… Ese es mi tema: la complicidad de las madres y la de los familiares. Estoy convencida que sin ella bajaría el narcotráfico y el terrorismo”.

No obstante, al final Sefchovich apunta sobre el origen de todo ello: “Las carencias rigen nuestro funcionamiento social. Cuando una familia descubre que puede vivir mejor, es lógico que acepte dádivas. No sólo en México, en todos los países hay narco”. Pero bajo la lógica simplista de la pobreza significaría que miles de mexicanos en situación de miseria todos serían narcomenudistas. Y esto no es así.

 Resulta francamente impensable que una académica como Sefchovich reduzca de manera absurda el grave asunto del narcotráfico a la complicidad de madres e hijos viviendo en la pobreza. Y que Poniatowska no la haya cuestionado en su enfoque al entrevistarla. Lamentablemente ya no hablamos de un binomio, como nos quiere indicar nuestra socióloga, sino de una unidad. Existen familias enteras que participan en el narcomenudeo, desde el abuelo hasta los nietos. Basta revisar la nota roja de cualquier periódico para comprobarlo.

 Por lo tanto, ningún llamado a la congruencia moral dirigido a las madres o familiares del narcomenudista va a funcionar de manera alguna. Existe tal descomposición social que hasta suben fotografías en redes sociales luciendo armas y dinero como parte de su inserción a un grupo criminal. No, en lo absoluto es una solución.

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Mundo

OMS estima que vacunación contra Covid-19 se concentra sólo en 10 países

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Por Ignacio García

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 95 por ciento de las vacunas aplicadas en el mundo se concentran sólo en 10 países, los cuales en su mayoría se ubican en Europa.

El organismo internacional lamentó que existe poca solidaridad de las naciones más ricas para permitir que los demás países también puedan aplicar de forma eficiente los programas de vacunación en sus respectivas poblaciones.

Los países con más vacunas aplicadas son Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá, por lo que la OMS pidió mayor solidaridad para que se apliquen a otras naciones que no cuentan con la misma riqueza.

Asimismo, enfatizó que en más de un mes se han vacunado a 28 millones de personas en el mundo, distribuidas en apenas 46 países, pero también advirtió que la nueva cepa viral localizada por primera vez en Reino Unido también se propagó por 25 naciones.

Sin embargo, la OMS es optimista con el comportamiento de la pandemia y aunque reconoció que durante este año continuará con presencia en el mundo, será más controlable, debido a la aplicación de la vacuna en la mayor parte del planeta.

México se ubica en el lugar 13 de los países con más vacunas aplicadas en el mundo, aunque muy rezagado con respecto a Estados Unidos que ha vacunado a más de 3 millones de personas en el último mes.

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