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Seguridad social se fortalecería con figura de ‘trabajador del espacio público’: María Rosete

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Zavianny Torres

CIUDAD DE MÉXICO.- El tema de reconocimiento de la figura del “trabajador del espacio público” debe preocuparnos y ocuparnos porque no ha existido voluntad para su solución. De reconocer constitucionalmente la figura del trabajador del espacio público es que su contribución vaya directamente al fortalecimiento de seguridad social.

Previo a abordar el vuelo que la llevará al encuentro interparlamentario del Parlatino, con sede en Panamá, la diputada María Rosete en conferencia de prensa apuntó: “Pocas veces nos ponemos a pensar en la cantidad de personas que trabaja en la llamada “economía informal” y en la forma en que contribuyen a la economía urbana de sus respectivas localidades mediante la venta de diversos productos o servicios. De acuerdo con cifras oficiales de 2018, México registró un total de 54 millones 68 mil 791 personas económicamente activas, de las cuales, un millón 900 mil se encuentran en el apartado de Población Desocupada, 30 millones 500 mil lo tienen en la informalidad, y 21 millones 668 mil 791 dentro de la formalidad”.

La también integrante en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en representación del Partido de Encuentro Social, precisó que ante la falta de oportunidades laborales dentro de la formalidad, mucha gente opta por el autoempleo en sus diversas vertientes , otros deciden emigrar hacia entidades o países con mejores oportunidades, y algunos eligen dedicarse o unirse a la delincuencia para obtener recursos inmediatos ante la debilidad de las instituciones de procuración e impartición de justicia para castigar los delitos.

El tema de reconocimiento de la figura del “trabajador del espacio público” debe preocuparnos y ocuparnos porque no ha existido voluntad para su solución ni se han creado las condiciones necesarias para generar empleos formales suficientes.

Deseo ser muy precisa en cuanto a objetivo de esta iniciativa, que a la letra dice: “Tenemos que crear las condiciones jurídicas mediante reformas a los artículos 5º y 123 de la Constitución Política, para transitar hacia la inclusión de los trabajadores informales en procesos formales y hacerlos partícipes del desarrollo del país. Mientras los trabajadores en el espacio público no sean reconocidos como actores legítimos, cualquier intento por regularizarlos es infructuoso porque, aunque son una realidad, los derechos y obligaciones que deberán regir para este sector que está conformado por más de 35 millones de trabajadores.

Totalmente falso que nuestra iniciativa pretenda cargarles más la mano a nuestros compañeros y representados que son los trabajadores del espacio público, nuestra propuesta gira en torno a la igualdad de derechos y obligaciones.

De ahí que hagamos un respetuoso llamado a los medios de comunicación -quienes con oficio y profesionalismo nos dan cobertura– a que nos ayuden a difundir y precisar el contenido de nuestra iniciativa, que incentiva un compromiso legal de derechos y obligaciones.

Diversos estudios y estimaciones señalan que el comercio en el espacio público aporta más del 23 por ciento al Producto Interno Bruto nacional, esto es, por cada 100 pesos generados del PIB, 24 pesos los generan el 58 por ciento de ocupados en la informalidad.

En días pasados diferentes publicaciones mencionaron que se trataba de pagar más impuestos por parte de los comerciantes. A pregunta expresa, la diputada Rosete contestó categórica “… no se trata de sumarle otro pago a los compañeros trabajadores del espacio público el objetivo de reconocer constitucionalmente la figura del trabajador del espacio público es precisamente que su contribución vaya directamente al fortalecimiento de seguridad social.”

Con la escases y precariedad del empleo, no es difícil ver a profesionistas laborando en tareas ajenas a sus expectativas y con salarios bajos; de estudiantes que una vez concluidos sus estudios no encuentran donde iniciar su vida laboral; de las limitaciones que existen para los jóvenes; de cómo personas mayores de 50 años, aún en edad productiva, no tienen oportunidades ni opciones de trabajo.

Debemos comenzar con reformar la legislación constitucional en materia laboral, establecer la figura legal del trabajador en el espacio público para, posteriormente, poder normar y regular las actividades de este sector mediante las leyes secundarias en la materia. De lo contrario, si no seguimos esta ruta los resultados seguirán siendo los mismos.

La también integrante en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en representación del Partido de Encuentro Social, indicó que “con estos niveles de desarrollo, será difícil crear los empleos necesarios con salarios que requiere la población para tener una vida digna, por lo que ya no es posible postergar esta problemática, es urgente ver las alternativas, estudiarlas, analizarlas, consensuarlas para demostrar que el comercio en vía pública no es un crimen, sino una opción de vida, un derecho humano. Ya se dio un primer paso a nivel constitucional en esta materia con la expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual fue aprobada en febrero de 2017 y entrará en vigor el 17 de septiembre de 2019. Sin embargo, como ya lo expresé e insisto, debe existir la figura jurídica del “trabajador en el espacio público” en la ley, es el primer paso, y no dejar esta calidad a interpretación.

Por ello, hemos trazado una hoja de ruta de foros para que podamos contribuir con una propuesta sólida que se genere desde la ciudadanía, de los comerciantes, con las sugerencias de la academia, de los especialistas, de los inversionistas y de las autoridades.

“Esta experiencia nos servirá para legislar en la materia, para reconocer la actividad del llamado “comercio ambulante” como un empleo lícito y como un sector que es parte de una economía, que está conformado por gente de trabajo que quiere ser parte del desarrollo y que está dispuesto a comprometerse con la Ley, a participar es su elaboración y funcionamiento, asumiendo las obligaciones que conlleve el marco jurídico y exigiendo, a su vez, los derechos y prestaciones establecidas por Ley”. Concluyó la legisladora.

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Mundo

Covid-19 ha afectado a 10 jefes de Estado en el mundo

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Por Ignacio García

La pandemia de Covid-19 ha afectado a 10 jefes de Estado en el mundo, siendo el más reciente el del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó ayer que dio positivo a la cepa viral, aunque presentó síntomas leves.

El primer jefe de Estado contagiado fue el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, quien enfermó en abril de 2020 tras minimizar el impacto de la pandemia y manifestó la importancia de reabrir los espacios públicos comerciales, por lo que Gran Bretaña ha sido una de las naciones más afectadas por el Covid-19.

Posteriormente, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también se contagió del nuevo coronavirus en julio pasado tras señalar que sólo se trataba de “una gripita”, por lo que también esa nación fue una de las más afectadas por la pandemia en el mundo.

En ese mismo mes el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien también minimizó los efectos del Covid-19 y recomendó a la población tomar Vodka, por lo que fue uno de los países más afectados por la pandemia en Europa del Este.

Posteriormente, en octubre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también comunicó que dio positivo a Covid-19, luego que de ese país fue el más afectado por la pandemia y por lo cual ha documentado la mayor cantidad de defunciones y padecimientos en el planeta.

También en los últimos meses se contagiaron el presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei; el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández; la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez; el príncipe de Mónaco, Alberto II; y el príncipe Carlos II de Reino Unido.

Aunque ya se han desarrollado diferentes vacunas contra el Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) refirió que todavía este año se observarán los estragos de la enfermedad, más con las nuevas variaciones del coronavirus que se han localizado.

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Justicia pendiente

Sandoval reconoce que Salvador Cienfuegos es asesor de la Sedena

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el ex responsable de esa dependencia federal, Salvador Cienfuegos, forma parte del equipo de asesores del Ejército mexicano.

El general dijo que las normativas del Ejército establecen que los ex titulares de la Sedena forman parte del equipo de asesores del secretario en turno, sin embargo, aseguró que Cienfuegos no es tomado en cuenta por la actual administración federal.

De acuerdo con Sandoval, únicamente cuando el secretario en turno desee consultar algún tema o situación en particular con los ex secretarios es cuando son considerados, por lo que en la actualidad el equipo de asesores está conformado por tres o cuatro ex secretarios de la Defensa Nacional.

Indicó que los ex secretarios forman parte del equipo de asesores hasta que fallecen, por lo que son los únicos integrantes de la milicia, quienes después de retirarse perciben el mismo sueldo que cuando estaban en activo, por lo que es una normativa que deben respetar.

Enfatizó que en la actualidad Salvador Cienfuegos no ha sido consultado para abordar algún tema relacionado con la Sedena, por lo que se encuentra en el mismo nivel que los otros ex secretarios de la Defensa Nacional que están retirados.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto, pero el gobierno de Estados Unidos lo acusó de estar vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva desde la administración de Felipe Calderón, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desistió de una orden penal en su contra al presuntamente no encontrar elementos suficientes contra el general.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Agencia Anti Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó el caso contra Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en la Unión Americana, pero que fue liberado tras su extradición a México.

 

 

 

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Con voz propia

Las coincidencias de dos casos en paralelo en las manos del fiscal de México: Isabel Miranda y el General Cienfuegos

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Guadalupe Lizárraga

La Fiscalía General de la República, bajo la administración de Alejandro Gertz Manero, ha llevado los casos judiciales del general Salvador Cienfuegos, acusado por la DEA en Estados Unidos de narcotráfico en octubre de 2020, y el de Isabel Miranda Torres, señalada por la investigación periodística El falso caso Wallace, desde diciembre de 2018.

Dos casos en paralelo en las manos del fiscal, que presentan ciertas coincidencias.

  1. Con el proceso de Cienfuegos, el fiscal se sintió “linchado” por la prensa, mientras que con el de Isabel Miranda ni asomó la cabeza. En ambos, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal. La supuesta investigación judicial sobre el General duró dos meses. La de Miranda, dos años.
  2. En el primero, la DEA entregó parte de conversaciones que involucraban al General con el narcotraficante H2, del Cártel de los Beltrán Leyva, en un seguimiento de hace diez años; con la segunda le entregué una investigación que me ha llevado seis años de mi vida bajo riesgo, y una serie de hallazgos.
  3. Por una parte, en el caso Wallace, estos hallazgos revelaban que las personas privadas de su libertad eran inocentes; y por otra, las relaciones de Miranda y su hijo con el mismo cártel. En ningún de los dos casos, hubo un seguimiento riguroso a manera de investigación por parte de la FGR.
  4. Dos hechos relevantes a mi mirada: En febrero de 2017, el general Dauahare, asesor de Cienfuegos, visitó el Reclusorio Oriente para visitar a un miembro del Cártel de los Beltrán, en el dormitorio VIP, testigos de por medio. A la semana extraditaron al interno, y ejecutan en Nayarit al H2.El otro suceso, ocurrió en julio de 2019, cuando informé al fiscal Gertz Manero que el narcotraficante Héctor Huerta Ríos, alias “La Burra”, líder de una facción del mismo cártel, había confesado en su celda que él personalmente había asesinado a Hugo Alberto Wallace Miranda.
  1. Esto habría pasado tiempo después de que Hugo Wallace se negara a entregar cargamento de droga al mismo cártel, con el que se relacionaba en términos de tráfico y consumo. El día que yo hablé con Gertz fue el 4 julio 2019, por las 2 pm. Seis horas más tarde, Huerta Ríos era acribillado.
  1. Al día siguiente, a las 7hrs, me enviaron fotos a mi celular de Huerta acribillado en su auto. Fue cuando decidí regresar a California ese mismo día sin concluir mi trabajo en CDMX.
  1. Ahora, el Gral. Dauahare está en la Segob, el narcotraficante que podía aclarar lo de la supuesta muerte de Hugo Wallace está muerto, y Cienfuegos y Miranda, protegidos por la fiscalía. Todos con vínculos al mismo cártel.
  1. De acuerdo con el testimonio del narcotraficante Huerta Ríos, el cuerpo de Hugo Wallace habría sido enterrado en Nayarit. Y quien habría operado como intermediario del cártel de los Beltrán Leyva para que se lo entregaran a Isabel Miranda era el exfiscal Edgar Veytia, alias “El Diablo”.
  1. El exfiscal Veytia, actualmente en prisión estadounidense por narcotráfico, mantenía una relación muy cercana con Isabel Miranda, quien lo reconoció públicamente cuando estaba en funciones por su supuesta eficiencia en la disminución del secuestro en Nayarit.
  1. En entrevista para Aristegui, el fiscal Gertz Manero dijo con respecto a Cienfuegos, “que argumenten lo que les dé la gana, es una primera acción del proceso y es absolutamente combatible”. Refiriéndose a que podía ser impugnado.
  1. Lo que no dijo el fiscal es que el lapso de impugnación es de 10 días, si no dan por cerrado el caso. Con Miranda lo hice, pero entre Navidad y la pandemia, el proceso está detenido, igual que los amparos de las víctimas en busca de que se hagan valer sus derechos, mientras siguen sufriendo el maltrato, amenazas y extorsiones de los directores de penales.
  1. También señaló el fiscal que deben de impugnar con pruebas legales. De las pruebas de Isabel Miranda ninguna era legal, todas fueron fabricadas. En mayo de 2019, Gertz habló delante de mí con el padre biológico de Hugo, y yo le entregué el peritaje original de ADN femenino coincidente con José Enrique Wallace Díaz.
  2. También entregué los videos y documentos apócrifos que me presentaron agentes de la SEIDO cuando me quisieron secuestrar en noviembre 2016 y febrero 2018, bajo órdenes de Miranda por difundir una versión del caso “diferente a la oficial”.
  3. De la recopilación de evidencias por la DEA sobre Cienfuegos, entre otros diez generales, la FGR determinó que no había responsabilidad del General. De Miranda se determinó lo mismo. Lo curioso son las aparentes coincidencias: torturadores, con vínculos al mismo cártel.
  4. Gertz dijo que recurriría a instancias internacionales para que analicen la legitimidad, juridicidad, y el respeto a los derechos humanos con el caso de Cienfuegos, porque se cree que la fiscalía actuó de manera parcial. Y ese linchamiento no lo va a permitir, así lo advirtió.
  5. Sin embargo, en el caso de las víctimas de Isabel Miranda, Gertz no reparó en los factores que hoy menciona, mucho menos en la legalidad de las pruebas. Ni aludió a La Haya ni a CIDH, pese a 8 personas sobrevivientes de tortura, violencia sexual y encarcelamiento injusto.
  6. Concluye Gertz: “Todos somos inocentes hasta que se nos demuestre que somos culpables”. Frase elocuente, cuando las víctimas de Miranda no han tenido la misma suerte que el general Cienfuegos, traducido en un debido proceso y en el respeto a sus garantías constitucionales.
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