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Mexico Violento

Seguridad Pública de Sonora denunciada por ocultar cifras de crímenes para venderse como “Estado seguro”

Seguridad Pública de Sonora intenta maquillar cifras de crímenes, para sostenerse como un estado seguro.

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Por Eduardo Ortiz León

Foto: noticiasdecaborca.com

CABORCA, Sonora, México.- Ante la urgencia por presentar resultados en la cruzada estatal contra la inseguridad, directivos de las diferentes corporaciones policiales ocultan y maquillan cifras para presentar gráficas con cifras alegres en reuniones mensuales de los mandos policíacos.
Aunque esto sólo ha trascendido como un rumor, lo cierto es que en las últimas fechas algunos medios han acusado extrañeza sobre la parquedad en la información que se emite de las corporaciones policíacas en los diferentes niveles, municipal, estatal y federal.

En este portal se denunció que por instrucciones del secretario de Seguridad Pública estatal, Ernesto Munro Palacios y, el entonces procurador, Abel Murrieta, quienes destacaron en su gestión por su prepotencia, altivez y fobia a los periodistas, se negaba el acceso a la información sobre crímenes de todo tipo. En ese tiempo se entrevistó a Eva María López Villa, encargada de Enlace y Vinculación con la sociedad de la Secretaría de Seguridad Púbica en esta región, quien nos contestó que las cifras publicadas en el informe trimestral de esa dependencia eran sólo sobre “delitos denunciados ante las diferentes agencias del ministerio público del fuero común en la entidad”.

Y hoy, de manera casual, al platicar entre colegas del gremio periodístico cada uno aportó información que confirmó esta sospecha. Por canales diferentes obtuvimos información distinta pero consistente que abonan a esta versión como veraz, creíble y que ya no se puede considerar como pura especulación o planteamiento sin sustento.

Los hechos y la realidad oficial

Estos hechos o sucesos de carácter violento tomados en si por separado no dicen nada para las personas comunes que lo ven como algo normal y frecuente. Pero tomados ya en su conjunto y relacionándolos, nos dan pie para afirmar que las autoridades están manipulando de manera dolosa tal información para beneficio de su imagen ante la sociedad y diciendo la verdad, mienten. El truco está en decir que durante un determinado trimestre, comparado con el mismo periodo del año anterior hubo una disminución en diferentes índices de los delitos según que modalidad, robo, robo de autos, crímenes dolosos, violaciones, secuestros y levantones o desapariciones.

Los datos son eso, datos. El sábado 2, aproximadamente a las 11:00 horas se recibió un reporte de que en un lote baldío se encontró el cuerpo de una persona el cual fue levantado de inmediato con autorización del agente del Ministerio Público del fuero común, sin que se tomarán la molestia siquiera de acordonar el área para recabar evidencias ni investigar si fue una muerte natural o violenta, por parte de los agentes estatales. Hasta el momento no se ha emitido ninguna información oficial al respecto.

Días después, el autor de este reporte, recibió la llamada de una persona de sobrada solvencia moral, relacionada de manera directa con cuestiones de seguridad, quien nos dijo iba a proporcionar una información confidencial, solicitando previamente una promesa de que su nombre sería guardado en el anonimato. Para finalizar dijo que si me servía la información, la podía manejar de acuerdo al interés que yo viera. La información confidencial consistía en decir que la muerte de esta persona no fue por causas naturales tal y como posteriormente lo manejaron las autoridades, aunque no oficialmente y que él estaba personalmente enterado de que un oficial de la policía municipal de nombre Mario Pino y otro agente realizaban indagaciones sobre este asunto.

Así que lo comenté con otros compañeros y salieron a la luz nuevos elementos de los cuales yo desconocía o tenía conocimiento. El primero de ellos es que el jueves primero de marzo, se informó al C-4 de que en la Región del Deseo, trabajadores de una paraestatal habían observado a una persona tirada a la orilla del camino y que temerosos ante la situación que priva en la zona rural no quisieron detenerse. Optaron por llegar a la ciudad y desde las oficinas de esa empresa se hizo el reporte sobre la persona que según esto fue acribillada a balazos. Esta información no se dio a conocer a ningún medio por parte de las autoridades locales y estatales, ese día. Cosa que sí sucede cuando se detiene a un pobre individuo que vende una dosis o dos de marihuana, o le encuentran un cuchillo, una pistola de juguete o real o a personas que no pagan sus cuotas de extorsión para trabajar sin ser molestados.

El tercer asunto ocurrió el 2 de marzo por la tarde, donde se nos informó que aproximadamente a las 3 de la tarde por medio de la frecuencia policíaca se tuvo conocimiento de que del C-4 solicitaban una ambulancia a la Cruz Roja para acudir a un predio ubicado a unos dos kilómetros de Las cocheras, junto al ejido Emiliano Zapata. Se reportó que había una persona tirada y que una vez que acudieran los socorristas se les pedía que esperaran a unidades policiales, cortándose desde entonces la comunicación al aire al mudarse las comunicaciones al sistema nuevo de la policía municipal que supuestamente impide interferencias e intervenciones ajenas. En un intento al parecer de ocultar información sobre este hecho, de manera extraoficial se supo que el cuerpo de la víctima presentaba una gran cantidad de impactos de bala, que le causaron la muerte.

Foto: Ernesto Munro Palacios, Seguridad Pública de Sonora. "Maquillaje de cifras". arietecaborca.com

Éstos son tres episodios ocurridos en menos de una semana donde la información o parte de ella se ocultó y de momento no se sabe si estos serán incluidos en el informe trimestral respectivo. Sobre este ocultamiento o velo sobre incidentes violentos se dice que es debido a que el actual jefe de la policía y el segundo al mando, aspiran a un cargo en la policía estatal, aunque ha trascendido de manera también no oficial que los dos no lograron acreditar o pasar los exámenes de control y confianza a que fueron sometidos por la Secretaria de Seguridad Pública Federal. Se suma el interés de los funcionarios estatales aludidos en un principio de esta información.

El caso es que al conocer estos datos, sólo quedan dos hipótesis por establecer en base a razonamientos lógicos: o bien, los agentes del ministerio público sueltan a estos delincuentes por recibir a cambio un soborno; o lo hacen por instrucciones superiores, para que el gobierno presente cifras maquilladas acorde a su interés, en consonancia con sus declaraciones, de que los índices delictivos en Caborca van a la baja.

Llama la atención que en cada reunión mensual de los comités de Seguridad Pública municipales, en diversos puntos del territorio sonorense, se dan cifras a la baja, con sus semáforos en verde, proyectadas en pantalla a los “jefazos” por un asesor privado que cobra cifras millonarias por su estrategia.  Reuniones a las que les es negado el ingreso a la prensa “por razones de estrategia y seguridad”, dicen ellos, que sólo sirven para que los jefes policíacos bajen el estrés con su turismo pagado por el erario y las grandes comilonas con cerveza y licores en grandes cantidades.

Un ejemplo de cómo se manipulan los números en las estadísticas presentadas en esas reuniones, para el caso de Caborca, en los meses de junio y julio se tienen registrados sólo cuatro y dos robos a casas, respectivamente. Tres y cero robos a personas; ningún robo a comercios en estos dos meses; y tres y dos robos de vehículos.

En el mismo periodo del año pasado se tienen dos y cero en robo a casas, seis ysiete a personas, dos y cero a negocios y nueve y uno de vehículos. Estas cifras son realmente risibles, y apuntan una realidad que no existe más que en las mentes de los burócratas y directivos de la empresa privada que asesora a la Secretaría de Seguridad Pública, en el supuesto mapa delictivo que se elabora y actualiza cada mes para enfocar las baterías a los lugares con más incidencia delictiva y así acabar con la delincuencia organizada. Reuniones en las participan los jefes de todas las corporaciones policíacas del estado de Sonora y el ejército, para aparentar que están coordinados, aunque sólo en esas reuniones, nunca en los hechos.

Hablando de cifras es casi imposible por no asegurarlo tajantemente, saber cuántos robos se cometen en cualquier modalidad y cuántas personas llegan a pisar la cárcel por este delito, ya que la opacidad gubernamental es tremenda en estos casos, argumentando recovecos que la misma ley elaborada por el estado les permite.

Tal situación es cada día mas peor, empezando desde la seguridad pública municipal, donde se tiene una política muy cerrada para dar información ya que anteriormente se permitía a la prensa siquiera leer, los partes informativos y tarjetas, sobre las denuncias recibidas en barandilla, sobre cualquier delito, así como los reportes de los policías y patrulleros en la calle, hoy esto se acabó, abonando así el terreno para la práctica de la corrupción policial, pues no hay quien sepa que hacen o dejan de hacer en sus turnos los agentes policíacos.
Hoy se informa, cuándo, cómo y dónde quieren, según el interés del subjefe de policía (quien cita a la prensa sólo cuando les interesa) dar a conocer detenciones que ellos consideran impactarán en la opinión público para dar una imagen positiva y sólo a contados medios no, a todos. Hay medios preferidos por los jefes y policías, dejando de lado a quienes informan sin seguir la línea dictadas por ellos.
Por lo tanto, para poder combatir el flagelo de la delincuencia las medidas a tomar no son más policías, más patrullas ni armas. Simple y sencillamente atajar las causas que hacen a la gente delinquir. La mayoría de ellas por falta de oportunidades, laborales o de educación, principalmente. Aún aquellos que tienen un trabajo, sus salarios son miserables, de hambre. Mientras no se atienda esto, de nada servirán las políticas represivas y sus mentadas reuniones para armar estrategias de combate a la delincuencia.

El cerco informativo oficial, intentos de censura y mordaza

Para finalizar sólo quiero decir que vivimos en una tierra donde la violencia y la impunidad para los asesinos, rateros, narcotraficantes es un distintivo. Sonora es un estado violento, muy por el contrario de lo que quiere hacer ver en declaraciones el gobernador, el procurador y el secretario de Seguridad Pública estatal, aprovechando la oportunidad en cada foro para afirmar, de manera contundente, que intereses ajenos pretenden “sacar raja” y “politizar el asunto de la seguridad pública para sus intereses políticos y quieren perjudicar la imagen del estado en aras de beneficios electorales”.

En una actitud de quien no esta conmigo o de acuerdo con lo que digo está contra mí, el gobierno desata agresiones y ataques constantes a la prensa, chantajes o la negativa de publicidad oficial, a pesar de la penetración que estos medios tienen en la comunidad sonorense. Las denuncias sobre ello hay muchas, y la más reciente ocurrió precisamente ayer, con el Dossier político, que sacó a la luz pública intentos de “hachear” su portal por sacarlos del espacio virtual, y otras presiones y amenazas para que dejen de lado su línea editorial.

Información: Noticias de Caborca

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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