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Mexico Violento

Seguridad Pública de Sonora denunciada por ocultar cifras de crímenes para venderse como “Estado seguro”

Seguridad Pública de Sonora intenta maquillar cifras de crímenes, para sostenerse como un estado seguro.

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Por Eduardo Ortiz León

Foto: noticiasdecaborca.com

CABORCA, Sonora, México.- Ante la urgencia por presentar resultados en la cruzada estatal contra la inseguridad, directivos de las diferentes corporaciones policiales ocultan y maquillan cifras para presentar gráficas con cifras alegres en reuniones mensuales de los mandos policíacos.
Aunque esto sólo ha trascendido como un rumor, lo cierto es que en las últimas fechas algunos medios han acusado extrañeza sobre la parquedad en la información que se emite de las corporaciones policíacas en los diferentes niveles, municipal, estatal y federal.

En este portal se denunció que por instrucciones del secretario de Seguridad Pública estatal, Ernesto Munro Palacios y, el entonces procurador, Abel Murrieta, quienes destacaron en su gestión por su prepotencia, altivez y fobia a los periodistas, se negaba el acceso a la información sobre crímenes de todo tipo. En ese tiempo se entrevistó a Eva María López Villa, encargada de Enlace y Vinculación con la sociedad de la Secretaría de Seguridad Púbica en esta región, quien nos contestó que las cifras publicadas en el informe trimestral de esa dependencia eran sólo sobre “delitos denunciados ante las diferentes agencias del ministerio público del fuero común en la entidad”.

Y hoy, de manera casual, al platicar entre colegas del gremio periodístico cada uno aportó información que confirmó esta sospecha. Por canales diferentes obtuvimos información distinta pero consistente que abonan a esta versión como veraz, creíble y que ya no se puede considerar como pura especulación o planteamiento sin sustento.

Los hechos y la realidad oficial

Estos hechos o sucesos de carácter violento tomados en si por separado no dicen nada para las personas comunes que lo ven como algo normal y frecuente. Pero tomados ya en su conjunto y relacionándolos, nos dan pie para afirmar que las autoridades están manipulando de manera dolosa tal información para beneficio de su imagen ante la sociedad y diciendo la verdad, mienten. El truco está en decir que durante un determinado trimestre, comparado con el mismo periodo del año anterior hubo una disminución en diferentes índices de los delitos según que modalidad, robo, robo de autos, crímenes dolosos, violaciones, secuestros y levantones o desapariciones.

Los datos son eso, datos. El sábado 2, aproximadamente a las 11:00 horas se recibió un reporte de que en un lote baldío se encontró el cuerpo de una persona el cual fue levantado de inmediato con autorización del agente del Ministerio Público del fuero común, sin que se tomarán la molestia siquiera de acordonar el área para recabar evidencias ni investigar si fue una muerte natural o violenta, por parte de los agentes estatales. Hasta el momento no se ha emitido ninguna información oficial al respecto.

Días después, el autor de este reporte, recibió la llamada de una persona de sobrada solvencia moral, relacionada de manera directa con cuestiones de seguridad, quien nos dijo iba a proporcionar una información confidencial, solicitando previamente una promesa de que su nombre sería guardado en el anonimato. Para finalizar dijo que si me servía la información, la podía manejar de acuerdo al interés que yo viera. La información confidencial consistía en decir que la muerte de esta persona no fue por causas naturales tal y como posteriormente lo manejaron las autoridades, aunque no oficialmente y que él estaba personalmente enterado de que un oficial de la policía municipal de nombre Mario Pino y otro agente realizaban indagaciones sobre este asunto.

Así que lo comenté con otros compañeros y salieron a la luz nuevos elementos de los cuales yo desconocía o tenía conocimiento. El primero de ellos es que el jueves primero de marzo, se informó al C-4 de que en la Región del Deseo, trabajadores de una paraestatal habían observado a una persona tirada a la orilla del camino y que temerosos ante la situación que priva en la zona rural no quisieron detenerse. Optaron por llegar a la ciudad y desde las oficinas de esa empresa se hizo el reporte sobre la persona que según esto fue acribillada a balazos. Esta información no se dio a conocer a ningún medio por parte de las autoridades locales y estatales, ese día. Cosa que sí sucede cuando se detiene a un pobre individuo que vende una dosis o dos de marihuana, o le encuentran un cuchillo, una pistola de juguete o real o a personas que no pagan sus cuotas de extorsión para trabajar sin ser molestados.

El tercer asunto ocurrió el 2 de marzo por la tarde, donde se nos informó que aproximadamente a las 3 de la tarde por medio de la frecuencia policíaca se tuvo conocimiento de que del C-4 solicitaban una ambulancia a la Cruz Roja para acudir a un predio ubicado a unos dos kilómetros de Las cocheras, junto al ejido Emiliano Zapata. Se reportó que había una persona tirada y que una vez que acudieran los socorristas se les pedía que esperaran a unidades policiales, cortándose desde entonces la comunicación al aire al mudarse las comunicaciones al sistema nuevo de la policía municipal que supuestamente impide interferencias e intervenciones ajenas. En un intento al parecer de ocultar información sobre este hecho, de manera extraoficial se supo que el cuerpo de la víctima presentaba una gran cantidad de impactos de bala, que le causaron la muerte.

Foto: Ernesto Munro Palacios, Seguridad Pública de Sonora. "Maquillaje de cifras". arietecaborca.com

Éstos son tres episodios ocurridos en menos de una semana donde la información o parte de ella se ocultó y de momento no se sabe si estos serán incluidos en el informe trimestral respectivo. Sobre este ocultamiento o velo sobre incidentes violentos se dice que es debido a que el actual jefe de la policía y el segundo al mando, aspiran a un cargo en la policía estatal, aunque ha trascendido de manera también no oficial que los dos no lograron acreditar o pasar los exámenes de control y confianza a que fueron sometidos por la Secretaria de Seguridad Pública Federal. Se suma el interés de los funcionarios estatales aludidos en un principio de esta información.

El caso es que al conocer estos datos, sólo quedan dos hipótesis por establecer en base a razonamientos lógicos: o bien, los agentes del ministerio público sueltan a estos delincuentes por recibir a cambio un soborno; o lo hacen por instrucciones superiores, para que el gobierno presente cifras maquilladas acorde a su interés, en consonancia con sus declaraciones, de que los índices delictivos en Caborca van a la baja.

Llama la atención que en cada reunión mensual de los comités de Seguridad Pública municipales, en diversos puntos del territorio sonorense, se dan cifras a la baja, con sus semáforos en verde, proyectadas en pantalla a los “jefazos” por un asesor privado que cobra cifras millonarias por su estrategia.  Reuniones a las que les es negado el ingreso a la prensa “por razones de estrategia y seguridad”, dicen ellos, que sólo sirven para que los jefes policíacos bajen el estrés con su turismo pagado por el erario y las grandes comilonas con cerveza y licores en grandes cantidades.

Un ejemplo de cómo se manipulan los números en las estadísticas presentadas en esas reuniones, para el caso de Caborca, en los meses de junio y julio se tienen registrados sólo cuatro y dos robos a casas, respectivamente. Tres y cero robos a personas; ningún robo a comercios en estos dos meses; y tres y dos robos de vehículos.

En el mismo periodo del año pasado se tienen dos y cero en robo a casas, seis ysiete a personas, dos y cero a negocios y nueve y uno de vehículos. Estas cifras son realmente risibles, y apuntan una realidad que no existe más que en las mentes de los burócratas y directivos de la empresa privada que asesora a la Secretaría de Seguridad Pública, en el supuesto mapa delictivo que se elabora y actualiza cada mes para enfocar las baterías a los lugares con más incidencia delictiva y así acabar con la delincuencia organizada. Reuniones en las participan los jefes de todas las corporaciones policíacas del estado de Sonora y el ejército, para aparentar que están coordinados, aunque sólo en esas reuniones, nunca en los hechos.

Hablando de cifras es casi imposible por no asegurarlo tajantemente, saber cuántos robos se cometen en cualquier modalidad y cuántas personas llegan a pisar la cárcel por este delito, ya que la opacidad gubernamental es tremenda en estos casos, argumentando recovecos que la misma ley elaborada por el estado les permite.

Tal situación es cada día mas peor, empezando desde la seguridad pública municipal, donde se tiene una política muy cerrada para dar información ya que anteriormente se permitía a la prensa siquiera leer, los partes informativos y tarjetas, sobre las denuncias recibidas en barandilla, sobre cualquier delito, así como los reportes de los policías y patrulleros en la calle, hoy esto se acabó, abonando así el terreno para la práctica de la corrupción policial, pues no hay quien sepa que hacen o dejan de hacer en sus turnos los agentes policíacos.
Hoy se informa, cuándo, cómo y dónde quieren, según el interés del subjefe de policía (quien cita a la prensa sólo cuando les interesa) dar a conocer detenciones que ellos consideran impactarán en la opinión público para dar una imagen positiva y sólo a contados medios no, a todos. Hay medios preferidos por los jefes y policías, dejando de lado a quienes informan sin seguir la línea dictadas por ellos.
Por lo tanto, para poder combatir el flagelo de la delincuencia las medidas a tomar no son más policías, más patrullas ni armas. Simple y sencillamente atajar las causas que hacen a la gente delinquir. La mayoría de ellas por falta de oportunidades, laborales o de educación, principalmente. Aún aquellos que tienen un trabajo, sus salarios son miserables, de hambre. Mientras no se atienda esto, de nada servirán las políticas represivas y sus mentadas reuniones para armar estrategias de combate a la delincuencia.

El cerco informativo oficial, intentos de censura y mordaza

Para finalizar sólo quiero decir que vivimos en una tierra donde la violencia y la impunidad para los asesinos, rateros, narcotraficantes es un distintivo. Sonora es un estado violento, muy por el contrario de lo que quiere hacer ver en declaraciones el gobernador, el procurador y el secretario de Seguridad Pública estatal, aprovechando la oportunidad en cada foro para afirmar, de manera contundente, que intereses ajenos pretenden “sacar raja” y “politizar el asunto de la seguridad pública para sus intereses políticos y quieren perjudicar la imagen del estado en aras de beneficios electorales”.

En una actitud de quien no esta conmigo o de acuerdo con lo que digo está contra mí, el gobierno desata agresiones y ataques constantes a la prensa, chantajes o la negativa de publicidad oficial, a pesar de la penetración que estos medios tienen en la comunidad sonorense. Las denuncias sobre ello hay muchas, y la más reciente ocurrió precisamente ayer, con el Dossier político, que sacó a la luz pública intentos de “hachear” su portal por sacarlos del espacio virtual, y otras presiones y amenazas para que dejen de lado su línea editorial.

Información: Noticias de Caborca

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Mexico Violento

Organización de Presos de México exige cese inmediato del director del Cefereso 17 por torturas y extorsión

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Por Guadalupe Lizárraga

La Organización de Lucha por la Dignidad, Justicia y Libertad de los Presos de México lanzaron un comunicado público en solidaridad con George Khoury Layón, preso político, quien por segunda vez fue torturado dentro del Cefereso #17, en Buenavista Michoacán, por custodios bajo órdenes del director del penal Julio César Pérez Ramírez.

El documento lo firman los dirigentes de la organización Antonio Barragán Carrasco y Cleofas Hernández Reyes, privados de su libertad en Atlacholoaya, Morelos, desde donde demandan el cese inmediato del director del penal de Michoacán por torturas y extorsión a los internos, y específicamente en este caso a Khoury Layón, quien además tiene reconocimiento de inocencia por parte de la Secretaría de Gobernación, desde noviembre de 2019, y la opinión de libertad inmediata de la Naciones Unidas desde el 18 de septiembre de 2017.

Khoury Layón ha liderado un amparo colectivo de 400 internos que piden la destitución del director del Cefereso y del titular de Seguridad pública por los tratos denigrantes y crueles, extorsiones y falta de atención médica, por lo que las torturas son para que se desista de los amparos concedidos por los jueces Quinto y Sexto de Distrito del estado de Michoacán y del estado de Sinaloa.

La primera tortura a Khoury en el Cefereso número 17 fue el 18 de julio de 2020, por promover los amparos contra los malos tratos. Esta segunda tortura fue el 29 de marzo de 2021 para que se desistiera de esos amparos concedidos. Además, denunció la extorsión del director del penal quien le exigía 500 mil pesos (26,315 dólares aprox) para dejar de golpearlo.

La Organización de Lucha por la Dignidad, Justicia y Libertad de los Presos de México, fundada el 22 de febrero de 2021, por Barragán Carrasco y Hernández Reyes, surgió con el objetivo de detener el maltrato y las violaciones de derechos humanos a la población carcelaria. Asimismo, tiene como objetivo la denuncia sobre el abandono jurídico y la indefensión en el que se encuentran miles de presos, con enfermedades crónico-degenerativas sin atención médica y la negación de beneficios de ley como las preliberaciones.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, víctima de fabricación de culpables, volvió a ser torturado dentro del Cefereso #17, el 29 de marzo, por custodios bajo las órdenes del director del penal Julio César Pérez Ramírez, para que se desistiera de los amparos concedidos en contra de los tratos crueles e inhumanos y confinamiento injustificado de las autoridades carcelarias.

“Todavía son visibles las lesiones en la cara, frente y ojos, y apenas puede caminar porque le patearon la columna”, denunció su abogada a Los Ángeles Press, quien tenía un mes sin verlo, y estaba en espera de entrar a locutorios. En la notificación de queja al Poder Judicial del estado de Michoacán, interpuesto el 9 de abril de 2021, se describe que “presenta una hematoma pronunciado en la frente y otro en el pómulo derecho… diversos golpes en la espalda los cuales se ven inflamados y bastante marcados al igual que un hematoma en el costado izquierdo y una abertura en la cabeza…”

Abundó la abogada, de quien nos reservamos su identidad por seguridad, que habían ya interpuesto las denuncias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se están haciendo a la Secretaría de Gobernación, sin embargo, en la anterior vez que lo golpearon, el 18 de julio de 2020, las autoridades no dieron seguimiento a sus denuncias contra el director del Cefereso, quien le pedía 500 mil pesos para dejarlo de golpear.

George Khoury señaló que el titular de Seguridad penitenciaria y el director del penal no acataron la suspensión de malos tratos y ordenaron que lo golpearan. Lo tuvieron ocho días sin atención médica, desangrándose en el área del comedor donde fue golpeado y obligado a dormir durante esos días.

George Khoury ha liderado un amparo colectivo de 400 internos para la destitución del director del Cefereso, quien en un franco desacato a la Ley de Amparo, artículo 262, al ordenar de nueva cuenta la tortura contra Khoury viola el amparo 107/2021 del Juez Quinto por el Juez Quinto de Distrito en el estado de Michoacán y 134/2021 y 185/2021 del Juez Sexto de Distrito en el estado de Sinaloa.

El caso de Khoury Layón se ha presentado ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina el 7 de diciembre de 2020, y en otras ocasiones en 2019 por violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades del sistema penitenciario.

Tiene una opinión de libertad inmediata desde el 18 de septiembre de 2017 por el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y el reconocimiento de inocencia en 2019 por la Secretaría de Gobernación. No obstante, sigue retenido ilegalmente por el Estado mexicano.

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Justicia pendiente

México aceptó enviar más de 10 mil tropas en la frontera sur para evitar paso de migrantes

Ignacio García

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La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que México acordó con Estados Unidos enviar más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México para evitar el paso de migrantes centroamericanos que pretenden ingresar a la Unión Americana.

La funcionaria norteamericana dijo que con esta medida se logrará contener el paso de los migrantes centroamericanos que buscan arribar a Estados Unidos, medida que ya se había implementado desde el gobierno de Donald Trump para impedir una mayor cantidad de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala.

De acuerdo con la representante del gobierno de Estados Unidos, con estas medidas han detenido a más del doble de las personas que intentaban cruzar México para arribar a esa nación, por lo que manifestó que también Guatemala accedió a reforzar su seguridad con más de 15 mil elementos.

En el caso de Honduras se desplegarán más de 70 mil efectivos de seguridad para evitar la salida de los migrantes que buscan radicar en Estados Unidos, por lo que buscan evitar que ingresen más personas de forma ilegal a la Unión Americana, continuando con una política de deportaciones masivas implementada desde el gobierno de Barack Obama.

En mayo de 2019 el entonces presidente de Donald Trump amenazó a México con incrementar las tarifas de los aranceles, por lo cual el gobierno federal aceptó aumentar la seguridad en la frontera sur para evitar el ingreso de migrantes centroamericanos al país.

Al respecto, Amnistía Internacional (AI) refirió que existe una crisis humanitaria implementada por el gobierno de Estados Unidos para marginar a las personas de escasos recursos económicos que radican en Centroamérica y que buscan nuevas oportunidades de desarrollo económico.

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