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Mexico Violento

Segalmex paga menos a agricultores de Oaxaca, y vende en la región maíz transgénico de Sudáfrica

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Por Miguel León Montesinos

Ante el cambio de nombre de lo que fue en su momento CONASUPO y posteriormente DICONSA, en el actual gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se le asignó el nombre de SEGALMEX: Seguridad Alimentaria Mexicana. Sin embargo, de seguridad alimentaria no parece tener nada, y es que al implementar los precios de garantía no se cumplen las expectativas.

En este ciclo de cosecha de los productos básicos en la Región Mixteca, específicamente en la región del Valle de Nochixtlán, en el Estado de Oaxaca, los campesinos y agricultores que se dedican a la siembra de frijol, trigo y maíz, y en esta región se encuentran decepcionados de SEGALMEX.

Aún cuando el presidente López Obrador en reiteradas ocasiones ha manifestado que al campo mexicano se le apoya ampliamente con los precios de garantía en los granos básicos, el almacén de Segalmex -ubicado en Santo Domingo Yanhuitlán- ha dejado mucho que desear en cuanto al apoyo a los productores del campo en esta región.

Los productores se lamentan que el gobierno manifieste el apoyo a este sector, cuando en la realidad, sus granos básicos no son bien pagados por Segalmex.

En esta región existe el coyotaje en granos básicos o, como se ha puesto de moda, el huachicoleo en este rubro, y es que existen «coyotes» que acaparan el maíz a gran escala y pagan a $ 7.70 pesos mexicanos el kilo, y Segalmex sólo paga a $ 6.65 pesos mexicanos el kilo. En tiempo de cosecha, y a unas semanas de concluir el ciclo agrícola, el kilo de maíz al menudeo está a diez pesos, y por tonelada a $ 8.50 pesos por lo que los productores prefieren entregar su maíz a los coyotes.

Además, los coyotes compran el maíz directamente en el campo, evitando gastos extras a los productores. Al estar cosechando, hasta las parcelas llegan los camiones y tractocamiones y desde las máquinas cosechadoras se cargan estos camiones evitando que los productores inviertan en transporte a sus domicilios, la inversión en la limpia del maíz y el envasado.

Lo mismo ocurrió con el frijol de esta tempora. El kilo de este grano está en Segalmex, según los precios de garantía, en $16 pesos el kilo, y los coyotes pagan al productor el kilo a $ 20 pesos o algunos hasta $ 22.00 pesos. Lo que significa que los coyotes tienen mayor valor adquisitivo en los granos básicos que el mismo gobierno de la república, y a unos meses de la cosecha de frijol el kilo se encuentra a 30 y 32 pesos el kilo al consumidor.

Lo lamentable, aparte de la gran diferencia en los precios entre el gobierno y los acaparadores en Oaxaca, es que los insumos como son los fertilizantes, insecticidas, herbicidas y demás productos empleados en el campo, han incrementado sus costos en más del 200%, al inicio de este gobierno. Por citar un ejemplo, el bulto de 50 kilos de fertilizante tenía un costo de 400 pesos y ahora tiene el costo de $1,200 pesos.

Lejos están los productores en esta región de Nochixtlán de recibir el apoyo del Gobierno Federal vía Segalmex, y lo más desleal es que algunos que entregan sus granos -como maíz- al almacén ubicado en Santo Domingo Yanhuitlán ven tristemente como este maíz es enviado a otros países por la calidad de grano, y Segalmex le vende a la región maíz importado de Sudáfrica, siendo un grano transgénico.

La otra contrariedad de lo manifestado por el jefe del Ejecutivo Federal es que el kilo de tortilla no tendrá incremento, sin embargo en la región de Nochixtlán aún siendo una región altamente productiva de maíz y frijol entre otros granos, el kilo de tortilla actualmente está a $16 pesos y no existe dependencia alguna que regule el precio. La Profeco brilla por su ausencia en esta región del estado de Oaxaca, y no hay quien verifique los precios de este producto básico.

Si alguien quiere poner alguna queja o reporte a las dependencias federales ni siquiera contestan los números telefónicos escudándose en las restricciones existentes generadas por la pandemia del Covid-19.

«Coyotes» comprando directamente en el campo el maíz

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Justicia pendiente

Juez de EUA sentencia a 9 años de prisión a hijo del Mayo Zambada

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El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.

Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.

De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.

Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.

El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.

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Justicia pendiente

Red Solidaria litiga en la Corte Interamericana contra México por caso Tzompaxtle, de detención arbitraria en 2006

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Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.

Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.

En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.

Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.

Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.

Con información de la CoIDH.

 

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Mexico Violento

Enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes deja 12 muertos en Jalisco

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Esta madrugada se produjo un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y policías municipales y estatales durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de El Salto, Jalisco, donde murieron 12 personas, de las cuales ocho fueron civiles y cuatro uniformados.

El gobernador del estado, Enrique Alfaro, informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, por lo que anunció que apoyarán a las familias de los efectivos abatidos.

El mandatario estatal señaló que los policías realizaban un operativo en una casa de seguridad, donde presuntos delincuentes mantenían secuestradas a personas, por lo que se produjo un enfrentamiento armado, ya que en el interior del inmueble localizaron armamento oculto y cuatro policías municipales de El Salto fallecieron.

Por su parte, el fiscal estatal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, sostuvo que la policía municipal recibió el reporte de sujetos armados que ingresaban a dos personas esposadas en una vivienda en la colonia San Lorenzo, por lo que los policías acudieron a verificar el lugar y fueron agredidos por los presuntos delincuentes.

En la refriega fallecieron los cuatro policías municipales, por lo que al sitio arribaron elementos de la policía municipal y estatal, por lo que en el sitio fallecieron ocho presuntos delincuentes, cuyos cuerpos quedaron a disposición del Ministerio Público.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía estatal que acordonaron la zona, por lo que después del enfrentamiento que duró más de una hora se localizaron los cuerpos de los presuntos delincuentes, aunado a que se liberaron a dos personas que habían sido reportadas como secuestradas.

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