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Justicia pendiente

Secretaría de Transportes del GDF desacata cumplir ejecutoria laboral

Rufino León, de la Secretaría de Transportes y Vialidad del GDF, interpone recurso de queja eludiendo la restitución de los derechos de trabajador despedido

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El jefe de Gobierno del DF, Miguel Mancera y su secretario de Transportes y Vialidad, Rufino León. Foto: yucatan.com.mx

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Transportes y Vialidad, Rufino León, desobedeció la orden del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera de cumplir la ejecutoria laboral dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo, el pasado 7 de febrero, en restitución de los derechos conculcados al trabajador José Manuel Guerrero Ramos, despedido injustamente por la administración en noviembre de 2003.

En un comunicado oficial, el jefe de Gobierno del Distrito Federal firmado por Héctor Serrano Cortés, ordenó “acatar sin dilación” lo ordenado por el Juez Sexto de Distrito, Máximo Ariel Torres Quevedo, de reinstalar al trabajador Guerrero Ramos en su mismo puesto en el que entonces se desempeñaba y de pagarle la cantidad de $935,200 pesos por salarios caídos y prestaciones en un plazo de diez días.

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El secretario de Transportes y Vialidad decidió, por su parte, solicitar al juez una ampliación del plazo para “para cumplir con la ejecutoria”, el cual fue concedido por autoridad judicial. Sin embargo, el funcionario aprovechó la ampliación del plazo para interponer un recurso de queja, en desacato a lo ordenado por su superior, Miguel Ángel Mancera y por el mismo Juez Sexto de Distrito.

Se trata de uno de los juicios laborales más importantes en la historia del Poder Judicial en la Ciudad de México que abre la posibilidad de generar un acto de justicia para un trabajador. No obstante, el desacato del secretario de Transportes y Vialidad hacia su propio superior como es el jefe de Gobierno del Distrito Federal y hacia el Poder Judicial, representa para el trabajador Manuel Guerrero Ramos, una situación de alerta que vulnera el Estado de Derecho. Ante ello, se hace varios cuestionamientos, sobre la orden soslayada por el alto funcionario que podría implicar la posibilidad de trasladar el caso ante la Suprema Corte de Justicia.

En entrevista a Los Ángeles Press, advierte las implicaciones para la justicia laboral el que un funcionario público desacate la orden de un juez y dilate la justicia que ya de por sí ha tardado diez años en llegar.

  Misiva a Los Ángeles Press por parte del trabajador Manuel Guerrero Ramos

Sra. Guadalupe Lizárraga

Directora de Los Ángeles Press

Lo expresado en el texto que le envío, refleja sólo una parte del viacrucis que un trabajador despedido injustamente tiene que padecer por años para que probablemente le sean restablecidos sus derechos. Le solicito atentamente la publicación del mismo, porque considero que el caso es de interés público y, asimismo, la experiencia que contiene puede ser aprovechada por cientos o miles de trabajadores.

Estoy consciente de que el texto es extenso y que un medio impreso lo descartaría o haría un resumen que le restara objetividad, además de que muy probablemente no publicarían algo que cuestione los actos gubernamentales. Por lo anterior, Los Ángeles Press y su lema “Las noticias que no se ven en tu país” se vuelven cada vez más necesarios para que miles de mexicanos puedan disfrutar del derecho de ser informados sobre asuntos que la prensa nacional (con honrosas excepciones) omite publicar por no afectar sus intereses. Consciente de la integridad, objetividad y valor que como periodista demuestra en sus textos, le solicito su punto de vista respecto del texto que le envío, así como si usted lo considera importante, el que Los Ángeles Press pueda entrevistar a los actores gubernamentales que el texto cita reiteradamente. Toda vez que el vacío de autoridad que el texto menciona, no tan sólo perjudica a un trabajador sino a todos los habitantes del Distrito Federal.

Por acciones ilegales efectuadas por autoridades laborales en el proceso de mi Juicio Laboral 2007/04, el suscrito inició el Juicio de Amparo 622/2013. En éste, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, con fecha 07 de febrero de 2014, ordenó al secretario de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, Lic. Rufino H. León Tovar, a que en el término de tres días, (después de ser notificado de la orden del Juez), el secretario reinstalara al suscrito en el puesto que venía desempeñándose antes de su despido injustificado, así como a cumplir con todo lo ordenado en la Ejecutoria (sentencia de un tribunal colegiado) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en su sesión plenaria (sesión donde deciden los tres magistrados que integran el tribunal) del día 20 de enero de 2010.

También el 07 de febrero, el Juez Sexto ordenó girar oficio al jefe de Gobierno del Distrito Federal (Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza), para que ordenara al secretario de Transportes y Vialidad cumplir con la ejecutoria, apercibido (advertido de una sanción) que de no probar que dio la orden al secretario, se le impondría una multa de cien días de salario, además de que incurriría en los mismas responsabilidades de su subalterno el secretario de Transportes y Vialidad.

Lo ordenado por el Juez Sexto de D1strito en fecha 07 de febrero de 2014, fue informado por Los Ángeles Press en su edición del 14 de febrero de 2014. Después del 07 de febrero del presente, en el caso en cuestión ha sucedido lo siguiente:

I. Con fecha 10 de febrero de 2014, la instancia gubernamental en cuestión fue notificada del acuerdo del 07 de febrero de este mismo año. Por lo tanto, los tres días que tenían los funcionarios para dar solución a lo ordenado por el Juez Sexto en fecha 07 de febrero de 2014, se vencían el 13 de febrero de 2014.

II. En razón de lo ordenado por el Juez Sexto, con fecha 11 de febrero de 2014, se dictó un oficio por parte del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera Espinosa:

El Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal dictó sentencia en el juicio de amparo 622/2013. En ese sentido y en atención al acuerdo de fecha 07 de febrero del 2014, le ordeno por única ocasión para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo y la acate sin mayor dilación.

En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se dará vista a la Contraloría Interna para el inicio del procedimiento contemplado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por actualizarse la violación a la fracción VII del artículo 47 de dicho ordenamiento, cuya sanción puede llegar a significar la destitución del puesto que desempeña.

No omito manifestar, que para el caso de que la autoridad directamente obligada al cumplimiento no acate la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se procederá a la remoción.

Cabe señalar que el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo vigente, prevé lo siguiente:“Articulo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir” Sírvase remitir a la Dirección General de Servicios Legales, las constancias que acrediten el cumplimiento de la sentencia, acuse del escrito con anexos que se exhiban ante la autoridad federal , así como copia del acuerdo en que se declare cumplida. Por Ausencia del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Firma el C, Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Firma el C. Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés.

 

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III. Con fecha del 13 de febrero de 2014, el secretario de Transportes y Vialidad presentó al Juez Sexto de Distrito el OFICIO: DJ/SA/318/2014, en el cual expresa lo siguiente:

“…solicito a su Señoría, tenga a bien ampliar el plazo otorgado a esta autoridad dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, toda vez que para la realización del mismo se requiere el Visto Bueno de la Consejería Jurídica”. 

IV. Con fecha del 17 de febrero de 2014, el Juez Sexto de Distrito dictó un acuerdo en el cual (refiriéndose a la petición del secretario de Transportes y Vialidad), menciona lo siguiente:

“…con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le concede al secretario de Transportes y Vialidad un término de diez días, para que reinstale a José Manuel Guerrero Ramos, en el puesto que venía desempeñándose antes del cese injustificado […]”.

V. Con fecha 17 de febrero de 2014,  el secretario de Transportes y Vialidad interpuso un ‘recurso de queja’ en contra del acuerdo del Juez Sexto de Distrito en materia de Trabajo, de fecha 07 de febrero de 2014. No obstante, que cuatro días antes había solicitado mayor plazo para cumplir con lo ordenado en el citado acuerdo.

VI. Con fecha 19 de febrero de 2014, el Juez Sexto de Distrito tuvo por presentado el ‘recurso de queja’ que el Secretario de Transportes y Vialidad interpuso en contra del acuerdo de fecha 07 de febrero de 2014.

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Salvo una errónea apreciación del suscrito, la acción de interponer un ‘recurso de queja’ en contra del acuerdo del 07 de febrero del presente, después de haberle solicitado al mismo juez un mayor plazo para cumplir con ese acuerdo y, el juez haberle concedido ese plazo, podría tomarse como falta de seriedad en las palabras y acciones de un alto funcionario público. Sin embargo, también podría tomarse como la acción de un gobierno que desconoce a quien le ha resuelto favorablemente una solicitud. Asimismo, la acción del secretario genera una gran desconfianza hacia el Gobierno del Distrito Federal, ya sea porque el ‘recurso de queja’ lo realizó con la posible autorización de su superior, o porque no existe disciplina y obediencia hacia su superior, el jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera, quien en fecha 11 de febrero del presente le ordenó al secretario acatar sin dilación lo mandatado en el acuerdo de fecha 07 de febrero de 2014.

Por lo tanto, el Secretario de Transportes y Vialidad con el ‘recurso de queja’ intenta revertir el acuerdo del Juez Sexto de fecha 07 de febrero de 2014, incluso pese a que al mismo Juez Sexto le solicitó ampliación del plazo para cumplir con ése acuerdo. En este sentido, nos genera la reflexión que si eso le puede suceder a una alta autoridad del Poder Judicial como lo es el Juez Sexto de Distrito, un simple trabajador como lo es el suscrito, se encuentra en total indefensión y desmesurada desventaja frente al poder del Gobierno del Distrito Federal. Todo lo mencionado en cuanto a las actitudes ambivalentes del señalado secretario, al suscrito lo lleva a plantearse múltiples interrogantes de las cuales destacan las siguientes:

1. Ante la terminante orden que en fecha del 11 de febrero del presente le dio el jefe de Gobierno al secretario de Transportes y Vialidad para acatar sin dilación lo ordenado el 07 de febrero por el Juez Sexto de Distrito. ¿Fue real por parte del Dr. Miguel Mancera o sólo fue una encubierta estrategia del Gobierno del Distrito Federal para distraer y soslayar lo ordenado por el Juez Sexto de Distrito?

2. Para el caso que la orden que en fecha 11 de febrero del presente, le dio el Jefe de Gobierno al Secretario de Transporte y Vialidad, fuese real por parte del Dr. Miguel Mancera. Luego entonces, no se explica: ¿Cómo una orden del jefe de Gobierno del Distrito Federal puede ser soslayada por un secretario, exhibiendo el nulo caso que se le hace a la orden de un superior?

3. Asimismo, no se explica ¿cómo el nombrado secretario puede colocar al jefe de Gobierno en posición de que le sea impuesta una multa de cien días de salario y sea protagonista de un juicio de incidente de inejecución de sentencia, donde la Suprema Corte de Justicia puede separarlo del cargo que ocupa y consignarlo por los delitos que resulten? Todo por la contumaz e insensible negativa del secretario de Transportes y Vialidad, a cumplir la orden del Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo.

Las anteriores interrogantes para un ciudadano común son indescifrables. Sin embargo, los medios de comunicación sí pueden tener acceso a los personajes políticos y cuestionarlos al respecto. Es por lo anterior que sería muy positivo que Los Ángeles Press sea un importante detonante para encontrar esas respuestas.

Considero que el vacío de autoridad que se percibe con las nugatorias acciones del secretario de Transportes y Vialidad, en cuanto a soslayar la puntual orden de su superior jerárquico, el Dr. Miguel Mancera Espinoza, jefe de Gobierno del Distrito Federal. Este vacío de autoridad no tan sólo preocupa al suscrito como trabajador sino como ciudadano del Distrito Federal. Toda vez que esas acciones debilitan aún más el endeble Estado de Derecho que se vive en esta gran metrópoli que es la Ciudad de México.

Es importante recordar que el despido injustificado del suscrito, se dio por el hecho de haber denunciado en su cargo de Enlace Administrativo de la Dirección del Registro Público de Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad, actos probablemente constitutivos de delito ante la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Administración que prefirió separar injustificadamente de su cargo al suscrito, en lugar de iniciar una mínima investigación al respecto. Prueba de ello es el expediente que generó la nombrada denuncia, en donde en tres ocasiones con grotescas y parciales resoluciones se protegió a los responsables y se soslayaron los argumentos e indubitables pruebas aportadas por el suscrito.

Por las irrebatibles pruebas de insensibilidad gubernamental que existen en el juicio laboral del suscrito, se puede concluir que tanto en el gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador, como en el actual del Dr. Miguel Mancera Espinosa, la actitud de denunciar los actos de corrupción es considerada como un delito que se “castiga de oficio” en el gobierno de la “honestidad valiente” y de acuerdo a lo que se percibe en el Juicio de Amparo 622/2013, la señalada actitud también se persigue de oficio en el actual gobierno de: “decidamos juntos.”

Finalmente, el suscrito considera que son necesarias y urgentes, distintas reformas a la Constitución Política y a diferentes Leyes, las cuales permiten la impunidad a las autoridades que supuestamente atienden las transgresiones a los derechos de los trabajadores. Asimismo, esas obsoletas Leyes permiten que la Justicia se tarde años en llegar a un trabajador o nunca llegue.

Por el momento en los Tribunales Laborales se perciben dos tipos de justicia una tardada, severa, ortodoxa y decimonónica para el trabajador; y otra complaciente, permisiva, amable, pronta, solidaria y expedita para la clase gobernante.

Manuel Guerrero Ramos

mscysi@gmail.com

México, D. F. a 04 de marzo de 2014

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Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

Ignacio García

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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Justicia pendiente

INAI obliga a la SEP transparentar documentos sobre historial académico de Alfredo Jalife

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Los Ángeles Press

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) a entregar los documentos de aval sobre los estudios profesionales de Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien se ha ostentado con distintas especialidades en instituciones públicas.

Por medio de una notificación, el INAI estableció que la SEP realizó una incorrecta clasificación de datos sensibles sobre la petición que solicitó Los Ángeles Press sobre los documentos que respalden los estudios profesionales de Alfredo Jalife, ya que entregó los informes tachando las fechas, el examen profesional, número de título profesional, incluso su lugar de nacimiento, entre otros.

De acuerdo con el INAI, la dependencia federal clasificó mal la información sobre el acta de examen profesional, ya que no cae en ningún supuesto previsto en el artículo 116 de Ley, mientras que en las enmendaduras también clasificó erróneamente la información confidencial el número de acta de nacimiento, pues es un documento público y no recae en ninguna prohibición establecida en el artículo 113 de la Ley.

El 18 de septiembre de 2020, este espacio informativo solicitó en la plataforma de transparencia a la SEP la documentación sobre la cédula profesional como médico cirujano a nombre de Alfredo Jalife Rahme Barrios y la autoridad responsable que validó las documentales para otorgar esos certificados académicos.

Posteriormente, el 14 de octubre la SEP respondió con el oficio de los documentos solicitados pero con datos eliminados como la firma de los particulares, el nombre de los particulares y el interesado, fotografía, número de libro y floja de folio, género y sexo, lugar, fecha y entidad de nacimiento, domicilio particular, nacionalidad, Registro Federal del Contribuyente (RFC), número de folio y de expediente, teléfono, fecha de inicio y terminación de estudios, fecha de examen profesional, servicio social, estado civil y trayectoria académica.

Después el 23 de octubre se interpuso el recurso de revisión por la respuesta emitida por la SEP y el 30 de octubre la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información del INAI y el 4 de noviembre se acordó tanto a las autoridades educativas como a este espacio informativo sobre la admisión del recurso.

Después del proceso interno, el INAI determinó el pasado 2 de febrero emitir una nueva notificación que ordenó a la SEP la resolución a favor de transparentar los documentos solicitados, pues no vulnera los datos personales del señalado y por ende deberá entrar la información pedida.

 

Documento de Transparencia, primera y última página.

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Defensa de Rosario Robles inicia negociación con FGR para recuperar libertad

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Por Ignacio García

Los abogados de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, iniciaron las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para que recupere su libertad.

Los representantes legales de la ex funcionaria federales entablaron los primeros acercamientos con las autoridades judiciales para que se desarrolle una negociación en la que provea de información en torno a los esquemas de corrupción de la anterior administración federal a cambio de su libertad.

Debido a que Robles es acusada por la FGR de haber desviado más de cinco mil millones de pesos, ha sido procesada penalmente desde hace un año y medio, por lo cual pretende recuperar su libertad como lo hizo su ex compañero de gabinete, Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), que colaboró con las autoridades federales en el caso Odebrecht.

La también ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México manifestó que está dispuesta a declararse culpable de las acusaciones que se la imputan a cambio de obtener beneficios jurídicos para aportar datos sobre la identificación y sanción de todas las personas involucradas en la denominada “Estafa Maestra”.

Con esta medida, la ex servidora pública estaría dispuesta a declarar en contra de otros ex funcionarios de alto nivel de la anterior administración, aunque la defensa legal ha señalado que hasta el momento no se ha contemplado el nombre del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Rosario Robles fue titular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Enrique Peña Nieto, después de haber sido militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual dirigió a nivel nacional, fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México y diputada local.

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