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Justicia pendiente

Secretaría de Transportes del GDF desacata cumplir ejecutoria laboral

Rufino León, de la Secretaría de Transportes y Vialidad del GDF, interpone recurso de queja eludiendo la restitución de los derechos de trabajador despedido

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El jefe de Gobierno del DF, Miguel Mancera y su secretario de Transportes y Vialidad, Rufino León. Foto: yucatan.com.mx

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Transportes y Vialidad, Rufino León, desobedeció la orden del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera de cumplir la ejecutoria laboral dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo, el pasado 7 de febrero, en restitución de los derechos conculcados al trabajador José Manuel Guerrero Ramos, despedido injustamente por la administración en noviembre de 2003.

En un comunicado oficial, el jefe de Gobierno del Distrito Federal firmado por Héctor Serrano Cortés, ordenó “acatar sin dilación” lo ordenado por el Juez Sexto de Distrito, Máximo Ariel Torres Quevedo, de reinstalar al trabajador Guerrero Ramos en su mismo puesto en el que entonces se desempeñaba y de pagarle la cantidad de $935,200 pesos por salarios caídos y prestaciones en un plazo de diez días.

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El secretario de Transportes y Vialidad decidió, por su parte, solicitar al juez una ampliación del plazo para “para cumplir con la ejecutoria”, el cual fue concedido por autoridad judicial. Sin embargo, el funcionario aprovechó la ampliación del plazo para interponer un recurso de queja, en desacato a lo ordenado por su superior, Miguel Ángel Mancera y por el mismo Juez Sexto de Distrito.

Se trata de uno de los juicios laborales más importantes en la historia del Poder Judicial en la Ciudad de México que abre la posibilidad de generar un acto de justicia para un trabajador. No obstante, el desacato del secretario de Transportes y Vialidad hacia su propio superior como es el jefe de Gobierno del Distrito Federal y hacia el Poder Judicial, representa para el trabajador Manuel Guerrero Ramos, una situación de alerta que vulnera el Estado de Derecho. Ante ello, se hace varios cuestionamientos, sobre la orden soslayada por el alto funcionario que podría implicar la posibilidad de trasladar el caso ante la Suprema Corte de Justicia.

En entrevista a Los Ángeles Press, advierte las implicaciones para la justicia laboral el que un funcionario público desacate la orden de un juez y dilate la justicia que ya de por sí ha tardado diez años en llegar.

  Misiva a Los Ángeles Press por parte del trabajador Manuel Guerrero Ramos

Sra. Guadalupe Lizárraga

Directora de Los Ángeles Press

Lo expresado en el texto que le envío, refleja sólo una parte del viacrucis que un trabajador despedido injustamente tiene que padecer por años para que probablemente le sean restablecidos sus derechos. Le solicito atentamente la publicación del mismo, porque considero que el caso es de interés público y, asimismo, la experiencia que contiene puede ser aprovechada por cientos o miles de trabajadores.

Estoy consciente de que el texto es extenso y que un medio impreso lo descartaría o haría un resumen que le restara objetividad, además de que muy probablemente no publicarían algo que cuestione los actos gubernamentales. Por lo anterior, Los Ángeles Press y su lema “Las noticias que no se ven en tu país” se vuelven cada vez más necesarios para que miles de mexicanos puedan disfrutar del derecho de ser informados sobre asuntos que la prensa nacional (con honrosas excepciones) omite publicar por no afectar sus intereses. Consciente de la integridad, objetividad y valor que como periodista demuestra en sus textos, le solicito su punto de vista respecto del texto que le envío, así como si usted lo considera importante, el que Los Ángeles Press pueda entrevistar a los actores gubernamentales que el texto cita reiteradamente. Toda vez que el vacío de autoridad que el texto menciona, no tan sólo perjudica a un trabajador sino a todos los habitantes del Distrito Federal.

Por acciones ilegales efectuadas por autoridades laborales en el proceso de mi Juicio Laboral 2007/04, el suscrito inició el Juicio de Amparo 622/2013. En éste, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, con fecha 07 de febrero de 2014, ordenó al secretario de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, Lic. Rufino H. León Tovar, a que en el término de tres días, (después de ser notificado de la orden del Juez), el secretario reinstalara al suscrito en el puesto que venía desempeñándose antes de su despido injustificado, así como a cumplir con todo lo ordenado en la Ejecutoria (sentencia de un tribunal colegiado) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en su sesión plenaria (sesión donde deciden los tres magistrados que integran el tribunal) del día 20 de enero de 2010.

También el 07 de febrero, el Juez Sexto ordenó girar oficio al jefe de Gobierno del Distrito Federal (Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza), para que ordenara al secretario de Transportes y Vialidad cumplir con la ejecutoria, apercibido (advertido de una sanción) que de no probar que dio la orden al secretario, se le impondría una multa de cien días de salario, además de que incurriría en los mismas responsabilidades de su subalterno el secretario de Transportes y Vialidad.

Lo ordenado por el Juez Sexto de D1strito en fecha 07 de febrero de 2014, fue informado por Los Ángeles Press en su edición del 14 de febrero de 2014. Después del 07 de febrero del presente, en el caso en cuestión ha sucedido lo siguiente:

I. Con fecha 10 de febrero de 2014, la instancia gubernamental en cuestión fue notificada del acuerdo del 07 de febrero de este mismo año. Por lo tanto, los tres días que tenían los funcionarios para dar solución a lo ordenado por el Juez Sexto en fecha 07 de febrero de 2014, se vencían el 13 de febrero de 2014.

II. En razón de lo ordenado por el Juez Sexto, con fecha 11 de febrero de 2014, se dictó un oficio por parte del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera Espinosa:

El Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal dictó sentencia en el juicio de amparo 622/2013. En ese sentido y en atención al acuerdo de fecha 07 de febrero del 2014, le ordeno por única ocasión para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo y la acate sin mayor dilación.

En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se dará vista a la Contraloría Interna para el inicio del procedimiento contemplado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por actualizarse la violación a la fracción VII del artículo 47 de dicho ordenamiento, cuya sanción puede llegar a significar la destitución del puesto que desempeña.

No omito manifestar, que para el caso de que la autoridad directamente obligada al cumplimiento no acate la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se procederá a la remoción.

Cabe señalar que el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo vigente, prevé lo siguiente:“Articulo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir” Sírvase remitir a la Dirección General de Servicios Legales, las constancias que acrediten el cumplimiento de la sentencia, acuse del escrito con anexos que se exhiban ante la autoridad federal , así como copia del acuerdo en que se declare cumplida. Por Ausencia del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Firma el C, Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Firma el C. Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés.

 

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III. Con fecha del 13 de febrero de 2014, el secretario de Transportes y Vialidad presentó al Juez Sexto de Distrito el OFICIO: DJ/SA/318/2014, en el cual expresa lo siguiente:

“…solicito a su Señoría, tenga a bien ampliar el plazo otorgado a esta autoridad dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, toda vez que para la realización del mismo se requiere el Visto Bueno de la Consejería Jurídica”. 

IV. Con fecha del 17 de febrero de 2014, el Juez Sexto de Distrito dictó un acuerdo en el cual (refiriéndose a la petición del secretario de Transportes y Vialidad), menciona lo siguiente:

“…con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le concede al secretario de Transportes y Vialidad un término de diez días, para que reinstale a José Manuel Guerrero Ramos, en el puesto que venía desempeñándose antes del cese injustificado […]”.

V. Con fecha 17 de febrero de 2014,  el secretario de Transportes y Vialidad interpuso un ‘recurso de queja’ en contra del acuerdo del Juez Sexto de Distrito en materia de Trabajo, de fecha 07 de febrero de 2014. No obstante, que cuatro días antes había solicitado mayor plazo para cumplir con lo ordenado en el citado acuerdo.

VI. Con fecha 19 de febrero de 2014, el Juez Sexto de Distrito tuvo por presentado el ‘recurso de queja’ que el Secretario de Transportes y Vialidad interpuso en contra del acuerdo de fecha 07 de febrero de 2014.

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Salvo una errónea apreciación del suscrito, la acción de interponer un ‘recurso de queja’ en contra del acuerdo del 07 de febrero del presente, después de haberle solicitado al mismo juez un mayor plazo para cumplir con ese acuerdo y, el juez haberle concedido ese plazo, podría tomarse como falta de seriedad en las palabras y acciones de un alto funcionario público. Sin embargo, también podría tomarse como la acción de un gobierno que desconoce a quien le ha resuelto favorablemente una solicitud. Asimismo, la acción del secretario genera una gran desconfianza hacia el Gobierno del Distrito Federal, ya sea porque el ‘recurso de queja’ lo realizó con la posible autorización de su superior, o porque no existe disciplina y obediencia hacia su superior, el jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera, quien en fecha 11 de febrero del presente le ordenó al secretario acatar sin dilación lo mandatado en el acuerdo de fecha 07 de febrero de 2014.

Por lo tanto, el Secretario de Transportes y Vialidad con el ‘recurso de queja’ intenta revertir el acuerdo del Juez Sexto de fecha 07 de febrero de 2014, incluso pese a que al mismo Juez Sexto le solicitó ampliación del plazo para cumplir con ése acuerdo. En este sentido, nos genera la reflexión que si eso le puede suceder a una alta autoridad del Poder Judicial como lo es el Juez Sexto de Distrito, un simple trabajador como lo es el suscrito, se encuentra en total indefensión y desmesurada desventaja frente al poder del Gobierno del Distrito Federal. Todo lo mencionado en cuanto a las actitudes ambivalentes del señalado secretario, al suscrito lo lleva a plantearse múltiples interrogantes de las cuales destacan las siguientes:

1. Ante la terminante orden que en fecha del 11 de febrero del presente le dio el jefe de Gobierno al secretario de Transportes y Vialidad para acatar sin dilación lo ordenado el 07 de febrero por el Juez Sexto de Distrito. ¿Fue real por parte del Dr. Miguel Mancera o sólo fue una encubierta estrategia del Gobierno del Distrito Federal para distraer y soslayar lo ordenado por el Juez Sexto de Distrito?

2. Para el caso que la orden que en fecha 11 de febrero del presente, le dio el Jefe de Gobierno al Secretario de Transporte y Vialidad, fuese real por parte del Dr. Miguel Mancera. Luego entonces, no se explica: ¿Cómo una orden del jefe de Gobierno del Distrito Federal puede ser soslayada por un secretario, exhibiendo el nulo caso que se le hace a la orden de un superior?

3. Asimismo, no se explica ¿cómo el nombrado secretario puede colocar al jefe de Gobierno en posición de que le sea impuesta una multa de cien días de salario y sea protagonista de un juicio de incidente de inejecución de sentencia, donde la Suprema Corte de Justicia puede separarlo del cargo que ocupa y consignarlo por los delitos que resulten? Todo por la contumaz e insensible negativa del secretario de Transportes y Vialidad, a cumplir la orden del Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo.

Las anteriores interrogantes para un ciudadano común son indescifrables. Sin embargo, los medios de comunicación sí pueden tener acceso a los personajes políticos y cuestionarlos al respecto. Es por lo anterior que sería muy positivo que Los Ángeles Press sea un importante detonante para encontrar esas respuestas.

Considero que el vacío de autoridad que se percibe con las nugatorias acciones del secretario de Transportes y Vialidad, en cuanto a soslayar la puntual orden de su superior jerárquico, el Dr. Miguel Mancera Espinoza, jefe de Gobierno del Distrito Federal. Este vacío de autoridad no tan sólo preocupa al suscrito como trabajador sino como ciudadano del Distrito Federal. Toda vez que esas acciones debilitan aún más el endeble Estado de Derecho que se vive en esta gran metrópoli que es la Ciudad de México.

Es importante recordar que el despido injustificado del suscrito, se dio por el hecho de haber denunciado en su cargo de Enlace Administrativo de la Dirección del Registro Público de Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad, actos probablemente constitutivos de delito ante la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Administración que prefirió separar injustificadamente de su cargo al suscrito, en lugar de iniciar una mínima investigación al respecto. Prueba de ello es el expediente que generó la nombrada denuncia, en donde en tres ocasiones con grotescas y parciales resoluciones se protegió a los responsables y se soslayaron los argumentos e indubitables pruebas aportadas por el suscrito.

Por las irrebatibles pruebas de insensibilidad gubernamental que existen en el juicio laboral del suscrito, se puede concluir que tanto en el gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador, como en el actual del Dr. Miguel Mancera Espinosa, la actitud de denunciar los actos de corrupción es considerada como un delito que se “castiga de oficio” en el gobierno de la “honestidad valiente” y de acuerdo a lo que se percibe en el Juicio de Amparo 622/2013, la señalada actitud también se persigue de oficio en el actual gobierno de: “decidamos juntos.”

Finalmente, el suscrito considera que son necesarias y urgentes, distintas reformas a la Constitución Política y a diferentes Leyes, las cuales permiten la impunidad a las autoridades que supuestamente atienden las transgresiones a los derechos de los trabajadores. Asimismo, esas obsoletas Leyes permiten que la Justicia se tarde años en llegar a un trabajador o nunca llegue.

Por el momento en los Tribunales Laborales se perciben dos tipos de justicia una tardada, severa, ortodoxa y decimonónica para el trabajador; y otra complaciente, permisiva, amable, pronta, solidaria y expedita para la clase gobernante.

Manuel Guerrero Ramos

mscysi@gmail.com

México, D. F. a 04 de marzo de 2014

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PVEM perdería registro por reincidencia en llamado a voto en elecciones

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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podría perder su registro como instituto político como una sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a la reincidencia en llamar al voto durante la jornada electoral del pasado 6 de junio como sucedió en 2015.

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron sanciones menores al PVEM por llamar al voto en la contienda electoral de 2015.

El INE determinó que el Verde Ecologista pagó a varios “influencers” para promocionar el voto a favor a su causa durante la jornada electoral, lo que representó un delito electoral, como ocurrió en las elecciones federales intermedias de hace seis años, donde también pagó para que distintos artistas promocionaran el voto.

Varios consejeros electorales del INE señalaron que como una sanción adecuada debería retirarse el registro al PVEM, debido a que es la segunda ocasión en la que incurre en estas prácticas para obtener ventaja durante el proceso electoral, por lo que ignoró a las autoridades electorales.

Al respecto, diferentes colectivos y organizaciones civiles pidieron a las autoridades electorales retirar el registro del PVEM, ya que ha incurrido en estas ocasiones en dos ocasiones influyendo en el voto durante dos procesos electorales, por lo que demandaron que sea sancionado de forma eficiente.

En la contienda electoral de 2015 el PVEM pagó a varios artistas y deportistas miles de pesos para promocionar en sus respectivas redes sociales el voto a favor del Verde Ecologista, sin embargo, el INE no retiró el registro al partido y sólo impuso una multa económica, por lo que en esta jornada electoral volvió a proceder de la misma forma.

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Líder de la mafia rumana es vinculado a proceso

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El juez federal de control de Quintana Roo vinculó a proceso a Florian Tudor, identificado como el líder de la mafia rumana por el delito de asociación delictuosa.

El juzgador determinó que tanto Florian Tudor como Adrián “N” y Alin Gabriel “S” incurrieron en el delito de asociación delictuosa y realizaron operaciones irregulares en disposición de dinero en efectivo en la Ciudad de México, Quintana Roo, Estado de México e Hidalgo, en las cuales se retiraban más de 14 mil pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Tudor de incurrir en la comisión de diferentes delitos asociados al lavado de dinero, por lo que el juez vinculó a proceso con una investigación complementaria de cuatro meses, por lo que deberá permanecer en reclusión.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, refirió que Tudor fue recibido como cualquier otro ciudadano y aunque rechazó haber formado parte de la mafia rumana, enfatizó que recibió la mayor cantidad de apoyos posibles.

Según el acusado, las autoridades mexicanas fabricaron su delito, sin embargo, la investigación fue complementada con las autoridades rumanas que solicitaron la extradición del presunto delincuente para que sea procesado por esos delitos.

Florian Tudor fue detenido en Quintana Roo por la FGR, después de ser acusado de diferentes hechos ilícitos, en los cuales incurrió en lavado de dinero con dinero con procedencia desconocida y por ello fue procesado por ese ilícito.

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Internos del penal de Atlacholoaya piden libre acceso a familiares

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Internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, pidieron a las autoridades penitenciarias permitir el libre acceso a los familiares de los reos para las labores de trabajo social que en la actualidad están restringidas.

Por medio de una carta enviada a la directora del penal de Atlacholoaya y firmada por varios reos, los inconformes solicitaron que se conceda a sus familiares el acceso a trabajo social para renovar y realizar sus trámites para obtener sus folios durante su horario laboral, debido a que varios de sus parientes radican en regiones alejadas.

De acuerdo con la misiva, al acotarse la entrega de las fichas, muchos de sus familiares no tienen posibilidad de obtenerlas, ya que en la actualidad sólo asignan 40 fichas de este tipo, por lo que pidieron que no existan restricciones para la entrega de las mismas.

Los internos señalaron que de esta manera se les garantiza la accesibilidad a sus derechos humanos, pues muchos de los reos no han tenido oportunidad de reunirse con sus familiares ante las restricciones para la entrega de las fichas de trabajo social.

Enfatizaron que para la sobrepoblación interna que existe en el penal de Atlacholoaya, la asignación de apenas 40 fichas para sus familiares es insuficiente, por lo que recalcaron que se trata de un derecho humano que debe tener apertura para la población penitenciaria.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estableció que hubo distintas irregularidades al momento de garantizar derechos humanos en el interior del penal de Atlacholoaya, donde persiste una elevada sobrepoblación y hacinamiento en el interior del centro de reclusión.

Por otra parte, también familiares de los internos denunciaron recientemente que autoridades penitenciarias les pedían compensaciones para dejarlos entrar al penal, incluso para dejar entrar a menores a la visita familiar. Por lo que el abogado especialista en ejecución penal Gerardo Manrique señaló que se trata de una violación de derechos humanos contra los internos, porque la visita familiar e incluso con menores de edad es un derecho constitucional y humano.

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