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Justicia pendiente

Secretaría de Transportes del GDF desacata cumplir ejecutoria laboral

Rufino León, de la Secretaría de Transportes y Vialidad del GDF, interpone recurso de queja eludiendo la restitución de los derechos de trabajador despedido

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El jefe de Gobierno del DF, Miguel Mancera y su secretario de Transportes y Vialidad, Rufino León. Foto: yucatan.com.mx

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Transportes y Vialidad, Rufino León, desobedeció la orden del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera de cumplir la ejecutoria laboral dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo, el pasado 7 de febrero, en restitución de los derechos conculcados al trabajador José Manuel Guerrero Ramos, despedido injustamente por la administración en noviembre de 2003.

En un comunicado oficial, el jefe de Gobierno del Distrito Federal firmado por Héctor Serrano Cortés, ordenó “acatar sin dilación” lo ordenado por el Juez Sexto de Distrito, Máximo Ariel Torres Quevedo, de reinstalar al trabajador Guerrero Ramos en su mismo puesto en el que entonces se desempeñaba y de pagarle la cantidad de $935,200 pesos por salarios caídos y prestaciones en un plazo de diez días.

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El secretario de Transportes y Vialidad decidió, por su parte, solicitar al juez una ampliación del plazo para “para cumplir con la ejecutoria”, el cual fue concedido por autoridad judicial. Sin embargo, el funcionario aprovechó la ampliación del plazo para interponer un recurso de queja, en desacato a lo ordenado por su superior, Miguel Ángel Mancera y por el mismo Juez Sexto de Distrito.

Se trata de uno de los juicios laborales más importantes en la historia del Poder Judicial en la Ciudad de México que abre la posibilidad de generar un acto de justicia para un trabajador. No obstante, el desacato del secretario de Transportes y Vialidad hacia su propio superior como es el jefe de Gobierno del Distrito Federal y hacia el Poder Judicial, representa para el trabajador Manuel Guerrero Ramos, una situación de alerta que vulnera el Estado de Derecho. Ante ello, se hace varios cuestionamientos, sobre la orden soslayada por el alto funcionario que podría implicar la posibilidad de trasladar el caso ante la Suprema Corte de Justicia.

En entrevista a Los Ángeles Press, advierte las implicaciones para la justicia laboral el que un funcionario público desacate la orden de un juez y dilate la justicia que ya de por sí ha tardado diez años en llegar.

  Misiva a Los Ángeles Press por parte del trabajador Manuel Guerrero Ramos

Sra. Guadalupe Lizárraga

Directora de Los Ángeles Press

Lo expresado en el texto que le envío, refleja sólo una parte del viacrucis que un trabajador despedido injustamente tiene que padecer por años para que probablemente le sean restablecidos sus derechos. Le solicito atentamente la publicación del mismo, porque considero que el caso es de interés público y, asimismo, la experiencia que contiene puede ser aprovechada por cientos o miles de trabajadores.

Estoy consciente de que el texto es extenso y que un medio impreso lo descartaría o haría un resumen que le restara objetividad, además de que muy probablemente no publicarían algo que cuestione los actos gubernamentales. Por lo anterior, Los Ángeles Press y su lema “Las noticias que no se ven en tu país” se vuelven cada vez más necesarios para que miles de mexicanos puedan disfrutar del derecho de ser informados sobre asuntos que la prensa nacional (con honrosas excepciones) omite publicar por no afectar sus intereses. Consciente de la integridad, objetividad y valor que como periodista demuestra en sus textos, le solicito su punto de vista respecto del texto que le envío, así como si usted lo considera importante, el que Los Ángeles Press pueda entrevistar a los actores gubernamentales que el texto cita reiteradamente. Toda vez que el vacío de autoridad que el texto menciona, no tan sólo perjudica a un trabajador sino a todos los habitantes del Distrito Federal.

Por acciones ilegales efectuadas por autoridades laborales en el proceso de mi Juicio Laboral 2007/04, el suscrito inició el Juicio de Amparo 622/2013. En éste, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, con fecha 07 de febrero de 2014, ordenó al secretario de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, Lic. Rufino H. León Tovar, a que en el término de tres días, (después de ser notificado de la orden del Juez), el secretario reinstalara al suscrito en el puesto que venía desempeñándose antes de su despido injustificado, así como a cumplir con todo lo ordenado en la Ejecutoria (sentencia de un tribunal colegiado) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en su sesión plenaria (sesión donde deciden los tres magistrados que integran el tribunal) del día 20 de enero de 2010.

También el 07 de febrero, el Juez Sexto ordenó girar oficio al jefe de Gobierno del Distrito Federal (Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza), para que ordenara al secretario de Transportes y Vialidad cumplir con la ejecutoria, apercibido (advertido de una sanción) que de no probar que dio la orden al secretario, se le impondría una multa de cien días de salario, además de que incurriría en los mismas responsabilidades de su subalterno el secretario de Transportes y Vialidad.

Lo ordenado por el Juez Sexto de D1strito en fecha 07 de febrero de 2014, fue informado por Los Ángeles Press en su edición del 14 de febrero de 2014. Después del 07 de febrero del presente, en el caso en cuestión ha sucedido lo siguiente:

I. Con fecha 10 de febrero de 2014, la instancia gubernamental en cuestión fue notificada del acuerdo del 07 de febrero de este mismo año. Por lo tanto, los tres días que tenían los funcionarios para dar solución a lo ordenado por el Juez Sexto en fecha 07 de febrero de 2014, se vencían el 13 de febrero de 2014.

II. En razón de lo ordenado por el Juez Sexto, con fecha 11 de febrero de 2014, se dictó un oficio por parte del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera Espinosa:

El Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal dictó sentencia en el juicio de amparo 622/2013. En ese sentido y en atención al acuerdo de fecha 07 de febrero del 2014, le ordeno por única ocasión para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo y la acate sin mayor dilación.

En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se dará vista a la Contraloría Interna para el inicio del procedimiento contemplado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por actualizarse la violación a la fracción VII del artículo 47 de dicho ordenamiento, cuya sanción puede llegar a significar la destitución del puesto que desempeña.

No omito manifestar, que para el caso de que la autoridad directamente obligada al cumplimiento no acate la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se procederá a la remoción.

Cabe señalar que el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo vigente, prevé lo siguiente:“Articulo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir” Sírvase remitir a la Dirección General de Servicios Legales, las constancias que acrediten el cumplimiento de la sentencia, acuse del escrito con anexos que se exhiban ante la autoridad federal , así como copia del acuerdo en que se declare cumplida. Por Ausencia del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Firma el C, Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Firma el C. Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés.

 

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III. Con fecha del 13 de febrero de 2014, el secretario de Transportes y Vialidad presentó al Juez Sexto de Distrito el OFICIO: DJ/SA/318/2014, en el cual expresa lo siguiente:

“…solicito a su Señoría, tenga a bien ampliar el plazo otorgado a esta autoridad dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, toda vez que para la realización del mismo se requiere el Visto Bueno de la Consejería Jurídica”. 

IV. Con fecha del 17 de febrero de 2014, el Juez Sexto de Distrito dictó un acuerdo en el cual (refiriéndose a la petición del secretario de Transportes y Vialidad), menciona lo siguiente:

“…con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le concede al secretario de Transportes y Vialidad un término de diez días, para que reinstale a José Manuel Guerrero Ramos, en el puesto que venía desempeñándose antes del cese injustificado […]”.

V. Con fecha 17 de febrero de 2014,  el secretario de Transportes y Vialidad interpuso un ‘recurso de queja’ en contra del acuerdo del Juez Sexto de Distrito en materia de Trabajo, de fecha 07 de febrero de 2014. No obstante, que cuatro días antes había solicitado mayor plazo para cumplir con lo ordenado en el citado acuerdo.

VI. Con fecha 19 de febrero de 2014, el Juez Sexto de Distrito tuvo por presentado el ‘recurso de queja’ que el Secretario de Transportes y Vialidad interpuso en contra del acuerdo de fecha 07 de febrero de 2014.

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Salvo una errónea apreciación del suscrito, la acción de interponer un ‘recurso de queja’ en contra del acuerdo del 07 de febrero del presente, después de haberle solicitado al mismo juez un mayor plazo para cumplir con ese acuerdo y, el juez haberle concedido ese plazo, podría tomarse como falta de seriedad en las palabras y acciones de un alto funcionario público. Sin embargo, también podría tomarse como la acción de un gobierno que desconoce a quien le ha resuelto favorablemente una solicitud. Asimismo, la acción del secretario genera una gran desconfianza hacia el Gobierno del Distrito Federal, ya sea porque el ‘recurso de queja’ lo realizó con la posible autorización de su superior, o porque no existe disciplina y obediencia hacia su superior, el jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera, quien en fecha 11 de febrero del presente le ordenó al secretario acatar sin dilación lo mandatado en el acuerdo de fecha 07 de febrero de 2014.

Por lo tanto, el Secretario de Transportes y Vialidad con el ‘recurso de queja’ intenta revertir el acuerdo del Juez Sexto de fecha 07 de febrero de 2014, incluso pese a que al mismo Juez Sexto le solicitó ampliación del plazo para cumplir con ése acuerdo. En este sentido, nos genera la reflexión que si eso le puede suceder a una alta autoridad del Poder Judicial como lo es el Juez Sexto de Distrito, un simple trabajador como lo es el suscrito, se encuentra en total indefensión y desmesurada desventaja frente al poder del Gobierno del Distrito Federal. Todo lo mencionado en cuanto a las actitudes ambivalentes del señalado secretario, al suscrito lo lleva a plantearse múltiples interrogantes de las cuales destacan las siguientes:

1. Ante la terminante orden que en fecha del 11 de febrero del presente le dio el jefe de Gobierno al secretario de Transportes y Vialidad para acatar sin dilación lo ordenado el 07 de febrero por el Juez Sexto de Distrito. ¿Fue real por parte del Dr. Miguel Mancera o sólo fue una encubierta estrategia del Gobierno del Distrito Federal para distraer y soslayar lo ordenado por el Juez Sexto de Distrito?

2. Para el caso que la orden que en fecha 11 de febrero del presente, le dio el Jefe de Gobierno al Secretario de Transporte y Vialidad, fuese real por parte del Dr. Miguel Mancera. Luego entonces, no se explica: ¿Cómo una orden del jefe de Gobierno del Distrito Federal puede ser soslayada por un secretario, exhibiendo el nulo caso que se le hace a la orden de un superior?

3. Asimismo, no se explica ¿cómo el nombrado secretario puede colocar al jefe de Gobierno en posición de que le sea impuesta una multa de cien días de salario y sea protagonista de un juicio de incidente de inejecución de sentencia, donde la Suprema Corte de Justicia puede separarlo del cargo que ocupa y consignarlo por los delitos que resulten? Todo por la contumaz e insensible negativa del secretario de Transportes y Vialidad, a cumplir la orden del Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo.

Las anteriores interrogantes para un ciudadano común son indescifrables. Sin embargo, los medios de comunicación sí pueden tener acceso a los personajes políticos y cuestionarlos al respecto. Es por lo anterior que sería muy positivo que Los Ángeles Press sea un importante detonante para encontrar esas respuestas.

Considero que el vacío de autoridad que se percibe con las nugatorias acciones del secretario de Transportes y Vialidad, en cuanto a soslayar la puntual orden de su superior jerárquico, el Dr. Miguel Mancera Espinoza, jefe de Gobierno del Distrito Federal. Este vacío de autoridad no tan sólo preocupa al suscrito como trabajador sino como ciudadano del Distrito Federal. Toda vez que esas acciones debilitan aún más el endeble Estado de Derecho que se vive en esta gran metrópoli que es la Ciudad de México.

Es importante recordar que el despido injustificado del suscrito, se dio por el hecho de haber denunciado en su cargo de Enlace Administrativo de la Dirección del Registro Público de Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad, actos probablemente constitutivos de delito ante la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Administración que prefirió separar injustificadamente de su cargo al suscrito, en lugar de iniciar una mínima investigación al respecto. Prueba de ello es el expediente que generó la nombrada denuncia, en donde en tres ocasiones con grotescas y parciales resoluciones se protegió a los responsables y se soslayaron los argumentos e indubitables pruebas aportadas por el suscrito.

Por las irrebatibles pruebas de insensibilidad gubernamental que existen en el juicio laboral del suscrito, se puede concluir que tanto en el gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador, como en el actual del Dr. Miguel Mancera Espinosa, la actitud de denunciar los actos de corrupción es considerada como un delito que se “castiga de oficio” en el gobierno de la “honestidad valiente” y de acuerdo a lo que se percibe en el Juicio de Amparo 622/2013, la señalada actitud también se persigue de oficio en el actual gobierno de: “decidamos juntos.”

Finalmente, el suscrito considera que son necesarias y urgentes, distintas reformas a la Constitución Política y a diferentes Leyes, las cuales permiten la impunidad a las autoridades que supuestamente atienden las transgresiones a los derechos de los trabajadores. Asimismo, esas obsoletas Leyes permiten que la Justicia se tarde años en llegar a un trabajador o nunca llegue.

Por el momento en los Tribunales Laborales se perciben dos tipos de justicia una tardada, severa, ortodoxa y decimonónica para el trabajador; y otra complaciente, permisiva, amable, pronta, solidaria y expedita para la clase gobernante.

Manuel Guerrero Ramos

mscysi@gmail.com

México, D. F. a 04 de marzo de 2014

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Sandoval reconoce que Salvador Cienfuegos es asesor de la Sedena

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el ex responsable de esa dependencia federal, Salvador Cienfuegos, forma parte del equipo de asesores del Ejército mexicano.

El general dijo que las normativas del Ejército establecen que los ex titulares de la Sedena forman parte del equipo de asesores del secretario en turno, sin embargo, aseguró que Cienfuegos no es tomado en cuenta por la actual administración federal.

De acuerdo con Sandoval, únicamente cuando el secretario en turno desee consultar algún tema o situación en particular con los ex secretarios es cuando son considerados, por lo que en la actualidad el equipo de asesores está conformado por tres o cuatro ex secretarios de la Defensa Nacional.

Indicó que los ex secretarios forman parte del equipo de asesores hasta que fallecen, por lo que son los únicos integrantes de la milicia, quienes después de retirarse perciben el mismo sueldo que cuando estaban en activo, por lo que es una normativa que deben respetar.

Enfatizó que en la actualidad Salvador Cienfuegos no ha sido consultado para abordar algún tema relacionado con la Sedena, por lo que se encuentra en el mismo nivel que los otros ex secretarios de la Defensa Nacional que están retirados.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto, pero el gobierno de Estados Unidos lo acusó de estar vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva desde la administración de Felipe Calderón, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desistió de una orden penal en su contra al presuntamente no encontrar elementos suficientes contra el general.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Agencia Anti Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó el caso contra Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en la Unión Americana, pero que fue liberado tras su extradición a México.

 

 

 

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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