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Justicia pendiente

Secretaría de Educación en Jalisco elimina expediente de maestro fallecido en alianza con aseguradoras

MET LIFE y FORTE en alianza con la SEP niega los pagos de marcha y seguros de vida a la familia de maestro disidente en el estado de Jalisco

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 Por Guadalupe Lizárraga

Cirilo Virgen (al centro) con José Luis Pérez y Alberto Pintor Foto: Manuel Amezcua

 

GUADALAJARA.- Silvia Gómez es maestra en Guadalajara, Jalisco. Hace casi un año murió su esposo, Cirilo Virgen Ramos, quien también era maestro y dirigente del Grupo de Bases Magisteriales en el estado. Pese a que estaba enfermo, no había dejado de trabajar ni de manifestarse en contra de los atropellos al magisterio. Sin embargo, las empresas aseguradoras Met life y Forte, en alianza con la Secretaría de Educación, desaparecieron el expediente del maestro fallecido.

En reiteradas ocasiones, Cirilo Virgen Ramos desafió a la Secretaría de Educación y al Gobernador del Estado en exigencia de dignidad laboral para los maestros y mayor presupuesto a educación. Sin embargo, su propio sueldo fue suspendido desde los dos últimos años de su vida. Ahora, a un año de su fallecimiento, le siguen negando a la familia las pensiones que le corresponden por derecho después de haber servido al magisterio durante veinte años.

Para la maestra Gómez, la situación económica se volvió insostenible para mantener a sus dos hijos menores y atender la enfermedad de su esposo cuando aún estaba con vida. Aún así, con muchas restricciones y tensión, nunca dejó de apoyar a sus ideales.

Cirilo Virgen, como disidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Educación (SNTE) dirigido por Elba Esther Gordillo, no tuvo apoyo para sus demandas, pese a los varios cientos de maestros que lo seguían. Los maestros opositores a este sindicato magisterial denuncian constantemente el hostigamiento del que son víctimas a través de su sueldo o amenazas a su integridad, y pese a que muchas de las denuncias han llegado hasta tribunales, son gritos en el desierto que aún soportan los maestros mexicanos.

El esposo de Silvia Gómez no fue la excepción, y con argucias burocráticas, además del sueldo, sus derechos y prestaciones fueron suspendidos también, sin que el sindicato interviera en el caso.

La maestra Gómez, después de pasar su dolor por la ausencia de su esposo, se presentó a solicitar las pensiones que se entrega a la familia del trabajador cuando fallece. Se trata del seguro institucional Met-Life, el pago Forte, el pago de marcha, y las pensiones del ISSSTE. Llevó los documentos a las instancias administrativas, y le confirmaron que “todo estaba en orden”, que el trámite ya había sido iniciado. Le dieron fecha nuevamente para que volviera a concluir la gestión. Sin embargo, cuando regresó a la Secretaría de Educación Pública del Estado se encontró con la sorpresa de que su esposo había sido eliminado del sistema, y su expediente ya no existía.

En entrevista para Los Ángeles Press, desde Guadalajara, narra el hostigamiento de la que su familia y ella siguen padeciendo por no someterse al apoyo político del SNTE y del partido gobernante en esa entidad.

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Foto: Milenio.com

El maestro Cirilo Virgen Ramos (al centro con cachucha roja), en 2008, intentando entrar al Palacio de Gobierno para exigir al gobernador mayor presupuesto  a educación y atención a las demandas laborales. Lo apoyan profesores de La Barca, Jalostotitlán, Ameca, Cuquío, Ciudad Guzmán y la zona metropolitana de Guadalajara.

 

Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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El Caso Wallace

ONU resuelve libertad inmediata a Brenda Quevedo, el segundo caso de los inculpados por Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de Naciones Unidas, resolvió pedir la libertad inmediata y el resarcimiento del daño al Estado mexicano en el caso de Brenda Quevedo Cruz, bajo la Opinión 45/2020, como resultado de la gestión de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), dirigido por el abogado Netzaí Sandoval.

Se trata del segundo caso de los inculpados por Isabel Miranda Torres, que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha resuelto por la petición de libertad inmediata al Estado mexicano, después del análisis de graves violaciones de derechos humanos. El primero fue el caso de George Khoury Layón, vinculado al caso Wallace en diciembre de 2010, por Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura, señalado como autor intelectual del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, y exhibido como secuestrador y narcotraficante por medios y periodistas, mientras sufría su cuarta detención arbitraria y tortura el 2 de septiembre de 2009.

En el caso de Brenda Quevedo, este Grupo de Trabajo adoptó la Opinión 45/2020, el 22 de septiembre de 2020, relativa la detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras violaciones a los derechos humanos, de las cuales fue víctima Brenda para que se incriminara por el mismo falso secuestro y homicidio de Wallace Miranda.

Quevedo Cruz fue detenida y encarcelada en septiembre de 2009, después de que se autorizó su extradición a México, ya que se encontraba  en Chicago, internada en un Centro Correccional. La primera tortura con violencia física y sexual fue el 27 de noviembre de ese año, en el penal de Santiaguito, Estado de México. La segunda tortura fue el 27 de noviembre de 2010, días antes de que Isabel Miranda recibiera el Premio Nacional de Derechos Humanos a manos de Felipe Calderón.

De acuerdo con la información aportada por Defensoría Pública, el análisis del Grupo de Trabajo concluyó que:

  • La detención de Brenda Quevedo Cruz es arbitraria, pues existen graves violaciones a su derecho a un juicio justo.
  • Independientemente de las actuaciones de la defensa en el proceso penal, el Estado mexicano “no ha explicado por qué después de 11 años no se ha concretado el juicio”.
  • Si bien la privación de libertad pudo ser razonable, necesaria y proporcional en 2009, “no puede describirse como tal después de un retraso injustificado en el enjuiciamiento del asunto”, y la demora en el enjuiciamiento es “inaceptablemente larga”, lo que ha hecho que las actuaciones contra Brenda Quevedo sean “fundamentalmente injustas”.
  • Se presentó un caso, a primera vista, creíble sobre los actos de tortura y malos tratos que sufrió Brenda Quevedo, que afectaron su capacidad de participar en su propia defensa.

Además, el Grupo de Trabajo se refirió al caso de Brenda Quevedo “preocupante” al ser uno de los muchos que se le han presentado relacionados a la privación arbitraria de la libertad en México, “lo que podría indicar un problema sistémico que, de continuar, podría constituir una grave violación al derecho internacional, incluso constitutiva de crímenes de lesa humanidad”.

El Grupo de Trabajo pidió –a través de un reconocimiento de inocencia– el 18 de septiembre de 2017, la libertad inmediata de Khoury, y lo ratificó en 2019. De manera similar, en el caso de Brenda Quevedo pide su liberación inmediata y la garantía de su derecho a una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional.

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