Justicia pendiente
Un año sin saber qué paso con los normalistas de Ayotzinapa
Aun existen dudas sobre el papel del ejército y la investigación llevada a cabo por la PGR a un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

GUERRERO.- Se cumple un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una herida latente en la historia de México que ha logrado ser altavoz de la grave crisis de Derechos Humanos que vive el país derivada de la situación de pobreza, la inestabilidad social y el narcotráfico. El atroz secuestro, posterior a un ataque retransmitido casi en el momento de los hechos, ha despertado la solidaridad a nivel internacional por la exigencia de la resolución y ha hundido la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto. Pero el crimen de Iguala no es tan distinto como el de otro levantón, ejecución o feminicidio de los que se dan a diario en las ciudades mexicanas: está manchado por la impunidad.
Tras un año, dos normalistas han sido identificados por un análisis de ADN obtenido de los restos óseos que encontró la PGR en el basurero de Cocula y el río San Juan. El mismo escenario donde el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana (CIDH) dijo que era «científicamente imposible» que incineraran a los estudiantes. La Asamblea de Padres de los 43 no confía en el verdadero origen de las muestras y la aparición de un quinto autobús en la hipótesis de la investigación enredan más la resolución: aún no se sabe todo lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre.
A las sospechas de la rapidez en la que el gobierno emitió sus conclusiones, se sumó a principios de septiembre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente, elaborado tras seis meses de trabajo. En sus conclusiones, se desmentía la «verdad histórica» ofrecida por el Procurador General de la Repúbloca, Jesús Murillo Karam y se criticó la forma en que se han llevaron las investigaciones por parte de las autoridades, así como la falta de seguimiento de algunas pruebas. Algunos padres han denunciado las trabajas que desde el gobierno han interpuesto para el esclarecimiento del caso y la prensa internacional se hizo eco de falta de creedibilidad de las autoridades.
Y son muchas más dudas aún. Parece que el ejército, según parece presente aquella noche, no hizo nada para evitar que fueran atacados y secuestrados, lo que aviva la sospecha de que de pudo haber intervenido en la desaparición de los normalistas. Sin embargo, la petición de que el 27 batallón de Infantería con sede en Chilpancingo -así como sus miembros- sean investigados, no ha sido atendida por el gobierno.
Por otra parte, no se sabe por qué aquella noche el grupo de jóvenes se encontraba a 250 km de Ayotzinapa. El jefe del cártel Guerreros Unidos (autores de la supuesta masacre), declaró que el director de la escuela normal, José Luis Hernández Rivera, trabajaba a las órdenes de sus rivales, el cártel de Los rojos, enviándolos a Iguala. El jefe de la banda declaró tras su detención que 17 de los normalistas desaparecidos pertenecían a este grupo delictivo, algo que aunque fuera falso, podría tener relación con las evidencias de la existencia de un quinto autobús que podría haber contenido un cargamento de droga aquella noche.
Además de todo esto, aún no se ha iniciado un juicio contra la clase política coludida con el crimen organizado en otros municipios de Guerero, así como tampoco existe una investigación contra el ex gobernador, Ángel Aguirre, ni el ex procurador del estado, Iñaky Blanco. Tampoco se ha investigado el asesinato de Julio César Mondragón, el normalista que fue desollado en los sucesos de Iguala.
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El EAAF considera que el trabajo realizado por el laboratorio de Innsbruck desde el inicio de esta investigación es de alta calidad científica.
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Sobre las 17 muestras enviadas por PGR y EAAF a dicho laboratorio en noviembre del 2014, Innsbruck intentó inicialmente producir perfiles genéticos de ADN nuclear de cada una de estas muestras ya que, en principio, este ADN es típicamente más poderoso en términos de identificación humana. El laboratorio de Innsbruck no consiguió obtener perfiles genéticos de ADN nuclear de 16 de estas 17 muestras debido al alto grado de deterioro por alteración térmica y fragmentación de las mismas. Sobre la 17° muestra, el laboratorio de Innsbruck obtuvo un perfil completo de ADN nuclear que dio como resultado una coincidencia genética fuerte y clara con la familia del joven Alexander Mora Venancio.
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Sobre las 16 muestras restantes, el laboratorio de Innsbruck no pudo producir resultados de ADN mitocondrial por métodos tradicionales e intentó hacerlo a través de un método experimental denominado de Secuenciación Masiva Paralela. Con la utilización de este método, Innsbruck pudo obtener resultados sobre el ADN mitocondrial en 9 de estas 16 muestras. De estas 9 muestras, el laboratorio informó que 7 corresponden a ADN mitocondrial que no es de origen específicamente humano y el laboratorio señaló que continuará analizándolos, tratando de identificar su origen.
Sobre la bolsa que la PGR recuperó supuestamente en el Río San Juan
Sobre el basurero de Cocula
El 7 de febrero del 2015, el EAAF emitió un comunicado de prensa en donde mostraba una fotografía sobre una prótesis parcial o puente superior y otra prótesis parcial o puente inferior (ambas realizadas con el mismo material y con coincidencia en la oclusión o mordida), así como una raíz de diente en hueso de mandíbula que se inserta en la prótesis o puente parcial inferior, confirmando como consistente la relación entre todas las piezas mencionadas.
El EAAF entrevistó a cada una de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, solicitándoles información física, médica y dental de cada uno de ellos. Ninguno de los jóvenes normalistas tiene puentes o prótesis parciales dentarias. Es decir, estas piezas (las prótesis parciales, el diente y el fragmento de mandíbula) confirman la presencia de restos humanos correspondientes al menos a un individuo que no pertenecen a ninguno de los normalistas entre los restos recuperados del Basurero de Cocula. Por lo tanto, estamos ante un caso abierto y no cerrado. Además, se suma a este contexto, el hecho de que existen cerca de 300 denuncias de desapariciones ocurridas en los últimos 4 a 5 años en Iguala. El valor entonces del resultado obtenido sobre la muestra que podría pertenecer al joven Jhosivani Guerrero de la Cruz disminuye significativamente y sólo puede ser considerada como una posibilidad.
Toda esta información coloca esta investigación en el marco de un caso abierto en donde restos de víctimas de distintos episodios de desaparición pueden encontrarse en los mismos lugares de depositación. Existen además serios interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas. Por lo anteriormente mencionado, la coincidencia genética mitocondrial entre la muestra ósea 16-29102014 y la madre del jovenJhosivani Guerrero de la Cruz, no es considerada por el EAAF como un resultado identificatorio definitivo.
Justicia pendiente
Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos
Por Ignacio García
Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.
Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.
Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.
Por si te lo perdiste: En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos
Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.
Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones.
Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.
También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.
Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.
Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.
Documento completo.
Justicia pendiente
Congreso de Nuevo León inicia juicio político contra Samuel García

Los integrantes de la comisión Anticorrupción del Congreso local de Nuevo León aprobaron el inicio del procedimiento de juicio político en contra del gobernador de esa entidad, Samuel García Ruíz, por no haber presentado antes del 20 de noviembre el Presupuesto de Egresos de 2023.
El organismo legislativo local determinó que el mandatario estatal tiene hasta el próximo 10 de febrero para que comparezca ante la comisión o responda por escrito sobre las irregularidades en el cumplimiento de las disposiciones legales.
En el acuerdo avalado por los legisladores locales se establece que el gobernador de Nuevo León deberá comparecer para explicar sobre las irregularidades conformadas en el cumplimiento de la disposición de las instancias.
De la misma manera, solicitaron al jefe del Ejecutivo de la entidad que informe sobre su defensor o si será designado uno del Instituto de la Defensoría Pública, aunado a que reclamó al gobernador de Nuevo León no publicar 56 decretos en el Diario Oficial del Estado que fueron aprobados por el Congreso local.
La propuesta fue avalada por los diputados locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN), aunque fue rechazada por Movimiento Ciudadano (MC) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena.
Los legisladores de MC acusaron revanchismo político de la oposición en contra del gobernador, ya que aseveraron que los decretos ya fueron publicados en el Diario Oficial del Estado, aunado a que la constitución local establece que al no entregarse el Presupuesto se aprobará el mismo un año antes.
Justicia pendiente
Corte invalida “Ley Nahle” que impide que sea candidata a gobernadora de Veracruz

Con ocho votos a favor, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron la denominada “Ley Nahle”, la reforma a la constitución de Veracruz que reconocía como veracruzanos a quienes tienen hijos nacidos en esa entidad y con lo cual podría contener por la gubernatura.
De acuerdo con la mayoría de los ministros, esta reforma local se contraponía a la constitución política mexicana que establece que sólo podrá ser gobernador de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de esa entidad.
Con ello, se desechó la reforma a la constitución política local de Veracruz que consideraba como veracruzanos a aquellas personas no nacieron en esa entidad pero que tienen hijos nativos en ese estado, con lo cual la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, pretendía competir por la gubernatura del estado en 2024.
El ex presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, sostuvo que se buscaba defraudar a la constitución federal, ya que se trata del documento máximo del país que regula los derechos de la ciudadanía y que no puede ser contrapuesto con la constitución local de Veracruz.
En tanto, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, comentó que no puede ser desvinculado el término “nativo” al nacimiento de una persona como lo contempla la carta magna en el país, por lo cual se debe privilegiar el derecho básico para quienes buscan gobernar una entidad.
En agosto de 2022 el Congreso de Veracruz, encabezado en su mayoría por diputados locales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aprobó la reforma constitucional que permitía a la funcionaria federal contender por la gubernatura de ese estado, tras el sexenio de Cuitláhuac García.
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