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Justicia pendiente

Un año sin saber qué paso con los normalistas de Ayotzinapa

Aun existen dudas sobre el papel del ejército y la investigación llevada a cabo por la PGR a un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Foto: José Martínez

GUERRERO.- Se cumple un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una herida latente en la historia de México que ha logrado ser altavoz de la grave crisis de Derechos Humanos que vive el país derivada de la situación de pobreza, la inestabilidad social y el narcotráfico. El atroz secuestro, posterior a un ataque retransmitido casi en el momento de los hechos, ha despertado la solidaridad a nivel internacional por la exigencia de la resolución y ha hundido la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto. Pero el crimen de Iguala no es tan distinto como el de otro levantón, ejecución o feminicidio de los que se dan a diario en las ciudades mexicanas: está manchado por la impunidad.

Tras un año, dos normalistas han sido identificados por un análisis de ADN obtenido de los restos óseos que encontró la PGR en el basurero de Cocula y el río San Juan. El mismo escenario donde el Grupo de Expertos  de la Comisión Interamericana (CIDH) dijo que era “científicamente imposible” que incineraran a los estudiantes. La Asamblea de Padres de los 43 no confía en el verdadero origen de las muestras y la aparición de un quinto autobús en la hipótesis de la investigación enredan más la resolución: aún no se sabe todo lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre.

A las sospechas de la rapidez en la que el gobierno emitió sus conclusiones, se sumó a principios de septiembre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente, elaborado tras seis meses de trabajo. En sus conclusiones, se desmentía la “verdad histórica” ofrecida por el Procurador General de la Repúbloca, Jesús Murillo Karam y se criticó la forma en que se han llevaron las investigaciones por parte de las autoridades, así como la falta de seguimiento de algunas pruebas. Algunos padres han denunciado las trabajas que desde el gobierno han interpuesto para el esclarecimiento del caso y la prensa internacional se hizo eco de falta de creedibilidad de las autoridades.

Y son muchas más dudas aún. Parece que el ejército, según parece presente aquella noche, no hizo nada para evitar que fueran atacados y secuestrados, lo que aviva la sospecha de que de pudo haber intervenido en la desaparición de los normalistas. Sin embargo, la petición de que el 27 batallón de Infantería con sede en Chilpancingo -así como sus miembros- sean investigados, no ha sido atendida por el gobierno.

Por otra parte, no se sabe por qué aquella noche el grupo de jóvenes se encontraba a 250 km de Ayotzinapa. El jefe del cártel Guerreros Unidos (autores de la supuesta masacre), declaró que el director de la escuela normal, José Luis Hernández Rivera, trabajaba a las órdenes de sus rivales, el cártel de Los rojos, enviándolos a Iguala. El jefe de la banda declaró tras su detención que 17 de los normalistas desaparecidos pertenecían a este grupo delictivo, algo que aunque fuera falso, podría tener relación con las evidencias de la existencia de un quinto autobús que podría haber contenido un cargamento de droga aquella noche.

Además de todo esto, aún no se ha iniciado un juicio contra la clase política coludida con el crimen organizado en otros municipios de Guerero, así como tampoco existe una investigación contra el ex gobernador, Ángel Aguirre, ni el ex procurador del estado, Iñaky Blanco. Tampoco se ha investigado el asesinato de Julio César Mondragón, el normalista que fue desollado en los sucesos de Iguala.

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Normalistas de Ayotzinapa marchan en Chilpancingo

Dudas sobre el origen de las pruebas

El día 15 de septiembre, la Procuradora Arely Gómez González, presentó en conferencia de prensa nuevos resultados obtenidos por el laboratorio de genética forense de Innsbruck a los que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), tuvo acceso vía la Procuraduría General de la República (PGR) un par de horas antes del anuncio público.
Para la Asamblea de Padres de los 43, existen serios interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas, y la coincidencia genética mitocondrial entre la muestra ósea 16-29102014 y la madre del joven Jhosivani Guerrero de la Cruz, no es considerada por el EAAF como un resultado identificatorio definitivo.
¿Por qué la Coincidencia genética con Jhosivani Guerrero de la Cruz, es baja en términos estadísticos?
  • El EAAF considera que el trabajo realizado por el laboratorio de Innsbruck desde el inicio de esta investigación es de alta calidad científica.
  • Sobre las 17 muestras enviadas por PGR y EAAF a dicho laboratorio en noviembre del 2014, Innsbruck intentó inicialmente producir perfiles genéticos de ADN nuclear de cada una de estas muestras ya que, en principio, este ADN es típicamente más poderoso en términos de identificación humana. El laboratorio de Innsbruck no consiguió obtener perfiles genéticos de ADN nuclear de 16 de estas 17 muestras debido al alto grado de deterioro por alteración térmica y fragmentación de las mismas. Sobre la 17° muestra, el laboratorio de Innsbruck obtuvo un perfil completo de ADN nuclear que dio como resultado una coincidencia genética fuerte y clara con la familia del joven Alexander Mora Venancio.
  • Sobre las 16 muestras restantes, el laboratorio de Innsbruck no pudo producir resultados de ADN mitocondrial por métodos tradicionales e intentó hacerlo a través de un método experimental denominado de Secuenciación Masiva Paralela. Con la utilización de este método, Innsbruck pudo obtener resultados sobre el ADN mitocondrial en 9 de estas 16 muestras. De estas 9 muestras, el laboratorio informó que 7 corresponden a ADN mitocondrial que no es de origen específicamente humano y el laboratorio señaló que continuará analizándolos, tratando de identificar su origen.
Jhosivani Guerrero de la Cruz, segundo de los 43 normalistas cuyos restos han sido identificados

Jhosivani Guerrero de la Cruz, segundo de los 43 normalistas cuyos restos han sido identificados

Las dos muestras restantes de las que el laboratorio de Innsbruck pudo obtener resultados de ADN mitocondrial, presentaron coincidencias iniciales con familiares maternos (el ADN mitocondrial se hereda por línea materna) de los normalistas Jhosivani Guerrero de la Cruz y nuevamente de Alexander Mora Venancio. Estas dos muestras provienen de la bolsa que según PGR fue recuperada del Rio San Juan, en las afueras de Cocula. No provienen de restos recuperados en el basurero de Cocula.
 La nueva coincidencia genética, esta vez por vía mitocondrial, entre una muestra ósea recuperada de la bolsa que según PGR proviene del Rio San Juan y los familiares de Alexander Mora Venancio es complementaria y refuerza el dictamen de genética emitido en diciembre del 2014 por el laboratorio de Innsbruck. En esa ocasión, la coincidencia genética se obtuvo por ADN nuclear, con un resultado claro y con alta probabilidad de parentesco biológico. Hasta la fecha, es el resultado más importante de esta identificación.
 
La coincidencia genética por vía mitocondrial hallada por el laboratorio de Innsbruck entre la muestra recuperada de la bolsa que según PGR proviene del Rio San Juan y los familiares de Jhosivani Guerrero de la Cruz, es baja en términos estadísticos (una razón de verosimilitud de 73 indica que la coincidencia es 73 contra 1 más probable si se trata de Jhosivani Guerrero de la Cruz que otro individuo de la población general).
Sin embargo, en un contexto de caso cerrado (por ejemplo, un accidente de avión con un listado claro de pasajeros que serían los únicos a encontrar en el sitio de recuperación de restos) y considerando que el laboratorio de Innsbruck estableció que cada una de las familias de los 43 normalistas desaparecidos tienen perfiles mitocondriales distintos entre sí, ese resultado podría tener un significado muy importante. No obstante, por el momento, nos encontramos ante un caso abierto, en donde los dos sitios de recuperación de restos (el río San Juan y el Basurero de Cocula) son inciertos y problemáticos por las razones que se describen a continuación:
 

 Sobre la bolsa que la PGR recuperó supuestamente en el Río San Juan

Según los testimonios de los inculpados sobre la desaparición de los estudiantes, luego de haber incinerado a los 43 jóvenes en el Basurero de Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, habrían colocado parte de sus restos en bolsas de plástico y las habrían arrojado al Río San Juan, Cocula, Guerrero. Tal como señalamos en el comunicado de prensa del 7 de febrero del 2015, el EAAF no estuvo presente en el momento en que buzos y peritos de PGR mencionan haber recuperado el 29 de octubre del 2014 una de estas bolsas del Río San Juan.
El EAAF tampoco participó en el hallazgo del fragmento de hueso que PGR indicó haber recuperado dentro de dicha bolsa, fragmento del cual se obtuvo una identificación positiva con los familiares del joven Alexander Mora Venancio por vía de ADN nuclear. El EAAF fue convocado por la PGR al lugar cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras sobre un área de limpieza. La muestra que culminó en la identificación mencionada, se distinguía por su tamaño mayor al resto y especialmente por estar muy poco alterada térmicamente. El EAAF sí participó en la limpieza y análisis de estos restos. Los resultados presentados el día de ayer por la Procuradora provienen de dos muestras recuperadas de esa misma bolsa.
El EAAF ha solicitado en diversas oportunidades a la PGR la cadena de custodia de la bolsa de restos, que según indica la PGR les fue entregado por buzos de la Marina, sin que por el momento se nos entregara copia.
 

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Sobre el basurero de Cocula

El 7 de febrero del 2015, el EAAF emitió un comunicado de prensa en donde mostraba una fotografía sobre una prótesis parcial o puente superior y otra prótesis parcial o puente inferior (ambas realizadas con el mismo material y con coincidencia en la oclusión o mordida), así como una raíz de diente en hueso de mandíbula que se inserta en la prótesis o puente parcial inferior, confirmando como consistente la relación entre todas las piezas mencionadas.

El EAAF entrevistó a cada una de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, solicitándoles información física, médica y dental de cada uno de ellos. Ninguno de los jóvenes normalistas tiene puentes o prótesis parciales dentarias. Es decir, estas piezas (las prótesis parciales, el diente y el fragmento de mandíbula) confirman la presencia de restos humanos correspondientes al menos a un individuo que no pertenecen a ninguno de los normalistas entre los restos recuperados del Basurero de Cocula. Por lo tanto, estamos ante un caso abierto y no cerrado. Además, se suma a este contexto, el hecho de que existen cerca de 300 denuncias de desapariciones ocurridas en los últimos 4 a 5 años en Iguala. El valor entonces del resultado obtenido sobre la muestra que podría pertenecer al joven Jhosivani Guerrero de la Cruz disminuye significativamente y sólo puede ser considerada como una posibilidad.

Toda esta información coloca esta investigación en el marco de un caso abierto en donde restos de víctimas de distintos episodios de desaparición pueden encontrarse en los mismos lugares de depositación. Existen además serios interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas. Por lo anteriormente mencionado, la coincidencia genética mitocondrial entre la muestra ósea 16-29102014 y la madre del jovenJhosivani Guerrero de la Cruz, no es considerada por el EAAF como un resultado identificatorio definitivo.

Justicia pendiente

Mujeres internas fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios del penal de Atlacholoaya

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Por Ignacio García

Familiares de ocho mujeres internas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, denunciaron que fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios de ese penal durante su reincorporación procedentes del penal de Cuautla.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, los custodios del penal agredieron física y sexualmente a ocho mujeres, quienes fueron impedidas de tener contacto con sus familiares durante 15 días, lo que permite que las lesiones causadas desaparezcan para evitar quejas de derechos humanos y denuncia penal.

Los parientes de las mujeres agredidas denunciaron que los custodios agredieron sexualmente de las víctimas durante las revisiones de rutina con el uso de toletes para determinar si portaban drogas y así denigrarlas tanto física como verbalmente.

Agregaron que constantemente los familiares son extorsionados para contactarse con las mujeres, aunado a que les pidieron 50 mil pesos para regresar a las mujeres el penal de Atlacholoaya, luego de haber sido golpeadas, por lo que han solicitado el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sin recibir respuesta.

Añadieron que en el penal existe un autogobierno en el que los custodios y la directora del penal exigen cantidades de dinero diferentes para obtener distintos beneficios, y por ello reclamó que las autoridades penitenciarias no han respondido a las exigencias de los familiares de las víctimas ante las constantes violaciones graves de derechos humanos.

Apenas el domingo se registró una presunta riña en el interior del Cereso de Atlacholoaya, en donde acudieron elementos de Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Seguridad para atender el incidente, luego del reingreso de las mujeres al penal, tras haber sido trasladadas a otros centros penitenciarios de la entidad.

El pasado 3 de marzo el Juez de lo penal de Morelos determinó que no hubo el presunto riesgo sanitario para la extracción de las ocho mujeres del penal de Atlacholoaya, por lo que fueron recluidas nuevamente en éste, lo que presuntamente causó un intento de amotinamiento por parte del resto de los reclusos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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