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Justicia pendiente

San Luis Acatlán por la defensa del sistema de justicia comunitario

Policía comunitaria de San Luis Acatlán Guerrero clama por el fortalecimiento del sistema de justicia comunitario y se opone a divisiones y grupos

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Condicionan víveres a Policía comunitaria opositores a Cirino Plácido Valerio. Foto: despertardelsur.com

Condicionan víveres a Policía comunitaria opositores a Cirino Plácido Valerio. Foto: despertardelsur.com

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- En un ambiente de tensión por el embate violento de un grupo de habitantes de comunidades que pertenecían a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) que intentaron tomar la casa de justicia de San Luis Acatlán dirigidos por Cirino Plácido Valerio, integrantes pidieron respeto al reglamento interno.

El grupo que conforma diversas comisiones y reconoce que no es cuestión de grupos o intereses personales indicó, “quienes defendemos al sistema comunitario no estamos con Eliseo ni Cirino defendemos el reglamento y procedimiento propios de la CRAC que es tomar decisiones en asamblea, lo cual no hacen los dirigentes mencionados”, remarcaron.

En un video cargado en youtube se ven momentos cuando hay personas, identificadas por quien subió la grabación como familia de Plácido Valerio -uno de los fundadores junto con su hermano Bruno que ahora dirige la UPOEG- de la Policía Comunitaria-, señalar aparentes maniobras para la toma de la sede.

Estas acciones se han dado en un contexto de inconformidad en la pasada elección de autoridades comunitarias por parte de dirigentes como Apolonio Cruz, que fue alcalde de Malinaltepec, la creación de autodefensas de la UPOEG, las decisiones unilaterales del coordinador Eliseo Villar, así como la injerencia económica del gobierno del estado a partir de condicionamientos, represión a la casa de justicia de El Paraíso y la detención ilegal de Nestora Salgado y comunitarios, la intención de empresas mineras de explotar territorios comunitarios y la oposición abierta de la CRAC a dichas acciones contaminantes, principalmente.

Una fuente de San Luis señaló que luego del enfrentamiento entre policías comunitarios y disidentes, que derivó en cinco comunitarios lesionados de 26, comisarios rechazaron la propuesta de una asamblea el 20 de octubre por lo cual se supo que estaban en una mesa de diálogo las autoridades inconformes con los coordinadores de San Luis Acatlán.

Mientas que Cirino Plácido señaló que hay personas de la CRAC dirigida por Eliseo que son agentes del gobierno estatal, federal y que militares han puesto placas de metal en la noche mientras que por la mañana atienden la Cruzada contra el Hambre, la página de la Policía Comunitaria avisó, “lideres, autoridades y ciudadanos que pertenecen a la supuesta casa de justicia de Santa Cruz El Rincón”, la cual fue desconocida por una asamblea regional, realizaron actos de vandalismo.

El texto acusa que Cirino Plácido realiza estos actos porque “se acerca el término de su periodo de comisariado Ejidal de Buenavista y no quiere enfrentar a su pueblo que lo acusa por los saqueos de los ríos de su ejido, donde vendió la grava, arena y madera; de lo cual ya existen demandas en su contra” y presuntos desvío de recursos por parte de la esposa de Plácido Valerio.

Dentro de las reacciones que se pudieron recojer, autoridades municipales y agrarias de Tototepec adscritas a la casa de justicia de Espino Blanco respaldaron a “nuestros compañeros fundadores de la CRAC que solicitan el desconocimiento de Eliseo Villar y su grupo de choque autor intelectual de la división comunitaria porque no hay dos CRAC”, señalaron.

Las autoridades y un consejero de esta comunidad de donde es originario el padre Mario Campos, afín a la UPOEG pero también fundador de la CRAC, piden a las demás comunidades “convocar a una asamblea regional en un lugar neutral para sacar una propuesta única de revocación de mandato de los coordinadores regionales actuales de San Luis Acatlán y Espino Blanco por haber decidido la credencialización de los comunitarios hecha por el Estado y permitir retenes militares en territorio comunitario violando el reglamento interno”, señala el pronunciamiento.

 

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Justicia pendiente

Juez de EUA sentencia a 9 años de prisión a hijo del Mayo Zambada

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El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.

Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.

De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.

Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.

El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.

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Justicia pendiente

Red Solidaria litiga en la Corte Interamericana contra México por caso Tzompaxtle, de detención arbitraria en 2006

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Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.

Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.

En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.

Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.

Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.

Con información de la CoIDH.

 

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Fabricación de culpables

George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.

Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.

George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.

Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.

Denuncias por tortura en el Cefereso #17

12 de abril de 2021

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

19 de julio de 2020

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

22 de julio de 2020

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de julio de 2019

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de mayo de 2019

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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