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Mexico Violento

Salva a su hija de abuso sexual por parte de la nueva pareja de la madre, y ella lo acusa de violencia de género

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Acusado con falsos testimonios de maltrato familiar tras denunciar el abuso a su hija

  • Posible colusión entre la jueza y el acusado de abuso sexual en el Edomex

  • Le filtran al abusador que existe una orden de aprensión en su contra y se ampara

Por Zavianny Torres 

El doctor Honoris Causa Javier Avilez Martínez es un padre que ha peleado con todo lo que está a su alcance y posibilidades para procurar el bienestar de sus hijos. Hechos que hoy han servido para contar con la guardia y custodia provisional de sus dos hijos, de acuerdo con las decisiones que han tomado instancias del Poder Judicial del Estado de México. Dicho en sus palabras, su separación conyugal se convirtió en un episodio tortuoso para él y para ellos.

Antes, es necesario saber que el padre de familia que nos concedió esta entrevista es un profesionista exitoso venido de una familia solidaria y fuertes lazos con su comunidad. Es abogado deportivo, director legal de la Liga de Futbol Americano Profesional en México. Conferencista internacional en temas de Derecho deportivo en lugares como Ibiza, en Cali, Lima, Sao Paulo y Quito, entre otros. Premiado por sus aportaciones al deporte fue reconocido por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia de Derechos Humanos perteneciente a la OEA.

En el proceso de separación, hubo de rescatar a su hija, de 12 años, de una posible acción de ataque sexual por parte de Ricardo Enrique Lara Carpio, socio y pareja de la madre, Laiza Mabel Cabrera Barrientos. Todo inició con momentos de incomodidad ante la presencia del acusado, y que la niña relató. Hasta que todo derivó en una denuncia ante la fiscalía. Ahí la menor tuvo que pasar por difíciles momentos ante autoridades, a las que debió relatar una y otra vez los presuntos abusos sufridos.

Como resultado hubo un acuerdo provisional para que los dos menores de edad quedaran en manos del padre, mientras se impulsaba un juicio de pérdida de patria potestad contra la madre. Un acto seguido por evasión de la justicia por parte del acusado.

Para el atribulado padre es un caso de corrupción entre algunos representantes del Poder Judicial y la persona contra quien pesa una orden de aprehensión. Al mismo tiempo, Avilez Martínez ha presentado denuncia contra la jueza familiar que lleva parte del proceso legal, esto ante la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, por “los acuerdos tendenciosos que favorecen a su contraparte”.

¿Cómo resume la situación actual del proceso legal?

Complicado, ha sido difícil en la parte familiar y personal. A los niños se les cambió su mundo, de la noche a la mañana, un buen día regresaron de la escuela y supieron que su mundo no iba a ser el mismo.

Después de tiempo de la separación con mi esposa, mi hija que se fue a vivir con su madre, me empieza a reportar que la pareja de su madre la jaloneaba y la maltrataba. En las distintas veces que convivía con mi hija me decía, “oye, es que este señor me jalonea y mi mamá me deja todo el tiempo acá’ o ‘este señor va a todos lados conmigo y a mí me incomoda’.

La niña me decía ‘es que yo me siento incómoda porque el socio de mi mamá se queda en la misma habitación. Y entonces cuando me bañan o me cambian ahí está, y me siento muy incómoda. La niña me empezó a relatar una serie de cosas y yo la veía rara, Le dije: ‘¿ya lo hablaste con tu mamá?’ y me decía: ‘¡sí!, pero mi mamá dice que no es cierto’.

Y así, hasta que llegó un momento en el que me dice la niña: ‘¿sabes que este señor me jalonea y me obliga a besarlo? Dije, ah caray. Cuando mi mamá se mete al baño o no está, el señor me dice que por qué nunca lo saludó de beso y me agarra la cabeza y me besa, dice, pero me besa en la boca. Ya van dos veces que lo hace’. Le dije, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Y me dijo: ‘Sí, me hace así’. Y me describía la niña cómo.

Es a raíz de eso que presenté una denuncia en la Fiscalía, en contra del sr. Ricardo Enrique Lara Carpio.

Y, bueno, pues la niña empezó a pasar por un proceso de peritaje de psicología, de victimología, y entrevistas a solas la niña con los peritos, con el Ministerio Público y pues la niña narró lo que me había contado, lo que había pasado. A raíz de eso, el Ministerio Público me concede los cuidados familiares de la niña.

¿Existe una sentencia de custodia?

Sí, de acuerdo provisional, me dan los cuidados familiares de la niña.

Presente en la entrevista, el abogado Eduardo Gonzaga y representante legal de Javier Avilez Martínez, menciona:

“El acuerdo se da cuando detectan que hay una situación que pone en riesgo a la niña. La otorga un Ministerio Público, tiene una cierta vigencia. Posteriormente, derivado del hecho delictivo y de la denuncia que se presentó, promovimos ante un juez competente un juicio de pérdida de patria potestad, en donde la primera medida que determina el juez se llama una audiencia de escucha de menor.

Dentro de esta audiencia y una vez que fue reunido el perito, Ministerio Público adscrito al juzgado, juez de la familia y psicóloga designada por el DIF, tuvieron una entrevista con los dos menores a solas, sacaron a las partes, a los abogados y a los padres y los ministerios públicos, jueces y psicóloga.

Los entrevistaron y es el primer momento en que podemos decir que es un periodo de prueba. Todavía no está en etapa probatoria, pero es para que determinen las medidas provisionales. En esa audiencia, la niña determina y lo manifiesta el hecho delictivo, la agresión que tienen en su contra y terminando la audiencia, la juez dicta las medidas precautorias y dentro de ello es que le otorguen la guardia y la custodia de manera provisional a mi cliente.

Hasta el día de hoy ¿Qué está dictaminado?

Ya hay una resolución, y es que a través de un juez de control que solicitó orden de aprehensión desde el año 2019, en contra del sr. Ricardo Enrique Lara Carpio. La orden de aprehensión consiste en que el juez primero el delito de abuso sexual está tipificado como un delito grave y alcanza prisión preventiva. Significa que durante el proceso que se le lleve para demostrar su inocencia, porque hoy todos se presumen inocentes.

Sin embargo, por ser un delito grave no permite que este sujeto siga su proceso en libertad, entonces para eso se otorgó una orden de aprehensión, para detenerlo. Y estando recluido se le sigue su proceso hasta que se determine una sentencia, si es culpable o no. Si no lo es, se ordena su inmediata libertad, pero si es culpable se le dice cuántos años de presión va a tener que pagar.

En diciembre se van a cumplir tres años. ¿Por qué no lo han detenido?

La pareja de mi exesposa tramitó un amparo en donde es raro que se tramite un amparo si no se sabe que hay un acto en contra de uno. Lo curioso es que en ese amparo, él en su narrativa, señala los datos precisos de la orden de aprehensión.

Aquí hay una orden de aprehensión cuya característica esencial es que debe estar en sigilo, en resguardo, no es pública. No todo el mundo tiene por qué enterarse, sin embargo, él señala que es la mamá de mis hijos quien le avisa que existe una orden de aprehensión en su contra. Lo que no sé es cómo es que ella, en calidad de imputada y acusada tiene acceso a esa información.

En ese punto, ¿podríamos presumir una colusión?

¿De corrupción? totalmente, ya sea de alguna autoridad. O la policía que está encargada de la búsqueda, localización y aprehensión de este sujeto se dejó extorsionar, se dejaron corromper o ellos mismos lo propusieron. De eso si tenemos certeza porque en la demanda de amparo que promueve el acusado sobre quien pesa una orden de aprehensión manifiesta textualmente que es su pareja, Laisa Mabel Cabrera Barrientos la que le da la información con lujo de detalles. ¿Cómo tiene ella la información? no lo sé.

También sabemos de las investigaciones que se han hecho en la búsqueda del acusado, tiene en su haber una investigación en la Fiscalía General de la República por robo de hidrocarburos, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Amparo contra la orden de aprehensión del acusado

¿Han corroborado esa información? Igualmente son acusaciones muy graves de la misma persona…

Sí. De hecho, también las de las investigaciones ministeriales que se dan una vez que él tiene la orden de aprehensión, es que arroja el dato que además de la orden de aprehensión, que la tiene por este delito que ya está probado hay una secuela procesal que también se le sigue por estos delitos. Lo que estamos buscando es que nuestras autoridades, tanto la Fiscalía General de la República como de aquí en el Estado de México, podamos coadyuvar con ellos.

Por parte de su exesposa, hay un señalamiento también muy grave contra Usted, lo que se conoce como violencia vicaria…

Primero, la violencia vicaria, para bien o para mal, en el Estado de México todavía no está tipificada, no existe. Es un tipo de violencia de género. Y, sin embargo, si ella está tratando de insinuar que esta situación sucede, es totalmente falsa, es una difamación. La violencia de este tipo implica que el padre de los hijos los maltrata e incluso llega a asesinarlos para causarle daño a la madre que no los tiene.

Hoy no sé qué tipo de intereses tenga la madre de mis hijos al mantener esta relación ni tengo la certeza de que ella sepa o no los antecedentes penales de su pareja.

¿Cómo ha sido el papel que han desempeñado las instancias de impartición de Justicia del Estado de México?

Muy complicado, en el sentido de que han perdido de vista que el juicio no es en contra la madre de mis hijos. Es por proteger a los menores, a mis hijos.

En el último año, la madre ha emprendido acciones de la mano con una asociación feminista para victimizarse. Y no había un momento que, ante cualquier autoridad, fuera juzgado o Ministerio Público no se presentara para mostrarse como víctima. Incluso levantó por ahí dos o tres denuncias falsas por violencia familiar que no prosperaron y que al momento no ha logrado demostrar absolutamente nada.

Y, bueno, pues al final a la jueza familiar que conoce del asunto la tengo denunciada ante la judicatura del Poder Judicial del Estado de México. Es la jueza del séptimo familiar, Amalia Marroquí. En su momento le hice notar en el expediente, que muchos de sus acuerdos eran tendenciosos en favor a la señora Cabrera Barrientos.

¿Estaríamos hablando de una violencia de género a la inversa?

Creo que sí, ella ha hecho con falsos testimonios que a mí se me vea como un agresor. No ha podido probarlo. Al día de hoy no tiene ni una sola carpeta que haya prosperado porque no existen argumentos, elementos o prueba alguna que yo la violentaba.

¿Tiene debidamente documentado sus dichos, todo lo que este momento ha dicho en esta entrevista?

Sí tengo pruebas, tengo documentos oficiales en juzgados y el Ministerio Público que acreditan todo.

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Internos del Cefereso #15, en huelga de alimentos por incumplimiento de autoridad penitenciaria a órdenes de Judicatura

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Por Guadalupe Lizárraga

Internos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15, en Comaltitlán, Chiapas, harán una huelga pacífica en la que se abstendrán de comer y de realizar actividades en protesta contra el incumplimiento de la directora general Ericka Adriana Tenopala Chaussee ante las controversias judiciales ganadas por los internos.

La huelga en la prisión iniciará el lunes 4 de julio por la mañana hasta que sean atendidas sus demandas y se restituya el trato digno. Entre las principales exigencias, además del cumplimiento de sus controversias, denuncian la falta de atención médica, espacios de visita insalubres, negativa de acceso a amistades en zonas de visita familiar, alimentos en descomposición y pésima calidad, así como el maltrato sistemático por los agentes de seguridad y custodia.

En un comunicado a este medio, los internos señalaron que “con esta directora, el centro se fue en declive”, y el 2 de marzo de este año, a través de un amparo colectivo otorgado a 197 internos, el Consejo de la Judicatura de la Federación le ordenó la suspensión de plano para que cesen de inmediato -“bajo la más estricta responsabilidad” de las autoridades penitenciarias- los actos de tortura, tortura psicológica, coacción, aislamiento, segregación y golpes al solicitar atención médica, u otro pedimento que por derecho constitucional tienen los internos.

Por lo que con esta huelga, los internos quieren poner de manifiesto ante el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como a la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos, y al presidente de la república, que la directora general del cefereso número 15, Ericka Adriana Tenopala Chausse, está cometiendo actos alevosos y premeditados en contra de los internos e incumpliendo las órdenes de la Judicatura. Sus peticiones:

-Dé cumplimiento a todas las controversias que se ganaron, ya que esta servidora pública no cumplimiento a ningún ordenamiento judicial.

-Que se suspenda el maltrato, la tortura y tratos crueles e inhumanos de todo tipo, como lo indica la suspensión de plano de la Judicatura.

-Que se nos dé atención médica.

-Que los alimentos estén en buen estado, sean porciones normales de acuerdo con los reglamentos penitenciarios.

-Que resuelva la falta de oficiales en cada módulo, ya que como no hay personal nos dejan afuera de la celda y tenemos que hacer nuestras necesidades fisiológicas en las regaderas del comedor.

-Que nos entreguen la correspondencia en tiempo y forma, y se envíe de la misma manera la correspondencia a nuestros familiares.

-Que nos den actividades físicas y laborales orientadas a la salud psicológica y física de los internos.

-Que los familiares nos depositen para la tienda sin tantos requisitos que nos obstaculizan el acceso al recurso.

-Que el área técnica haga reclasificaciones en todos los módulos porque nos están juntando procesados y sentenciados, y gente del fuero común y federal. Lo que genera conflictos y extorsiones entre los internos.

-Que nos respeten nuestro derecho constitucional a la información a través de noticieros nacionales.

-Que haya variedad y calidad en los productos de la tienda.

-Que haya higiene en la sala de visitas familiares, en los módulos de locutorios y pasillos.

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Fiscalía de Michoacán localiza 22 cadáveres en fosa clandestina

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán informó que fueron localizados 22 cuerpos humanos en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Villamar, Michoacán, que podrían pertenecer a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinados por el grupo criminal “Los Pájaros de la Sierra”.

De acuerdo con la fiscalía estatal, esta fosa clandestina fue hallada desde el pasado 19 de marzo en un terreno de la comunidad de “Los Negritos” que colinda con una presa, donde recientemente las autoridades federales y estatales localizaron dos osamentas humanas más para un total de 22 cuerpos recuperados.

Las autoridades estatales refirieron que estos cuerpos corresponden en su totalidad a varones, quienes formarían parte del CJNG, y habrían sido abatidos por el grupo criminal que controla la región, aunque hasta el momento no han sido identificados.

En total de los 22 cuerpos recuperados, 17 corresponden a varones y cinco mujeres, por lo que continúan con las labores de peritajes forenses para conocer la identidad de los asesinados, por lo que esta zona es acordonada por elementos de la Guardia Nacional que se encarga del resguardo del sitio.

Michoacán es uno de los estados más afectados por la violencia ocasionada por la disputa de los diferentes grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas, por lo que las bandas escindidas de la Familia Michoacana buscan retomar el control del estado, mientras que el CJNG pretende apoderarse del mismo.

Aunque el gobierno federal se comprometió a reforzar la seguridad en la entidad, hasta el momento los niveles de inseguridad en ese estado no han disminuido, por lo que persiste el riesgo de nuevas agresiones entre las organizaciones delictivas que pretenden controlar el trasiego de estupefacientes.

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Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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