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Mexico Violento

Río Tlapaneco contaminado con aguas residuales sin control ambiental

El Río Tlapaneco y las tierras de agricultores han sido contamidas con aguas residuales por el abandono de la planta tratadora en la Montaña Guerrero

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La planta tratadora de aguas residuales de Tlapa en abandono. Foto: Sergio Ferrer

La planta tratadora de aguas residuales de Tlapa en abandono. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- La planta tratadora de aguas residuales de Tlapa de Comonfort, promovida por la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) se encuentra actualmente abandonada. Los aparatos tecnológicos para su operación de la marca Siemens fueron saqueados, en tanto que el flujo de agua residual de la ciudad sigue llegando al río Tlapaneco sin control ambiental.

La planta que según el Manifiesto de impacto ambiental realizado a petición de Capaseg a FRO ingenieros en 2007, pretendía tener una capacidad de recepción de aguas residuales  y consiguiente expulsión de aguas tratadas de 8 mil 640 metros cúbicos, fue inaugurada  al final del periodo del anterior gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, sin embargo aunque dentro del protocolo la recibió el entonces edil Willy Reyes Ramos, se deslindó de la obra semanas después cuando ésta atrajo pérdidas a agricultores.

Pérdidas para los agricultores por el abandono de la planta. Foto: Sergio Ferrer

Pérdidas para los agricultores por el abandono de la planta. Foto: Sergio Ferrer

Un drenaje mal construido que pretendía llegar a la planta desbordó agua contaminada sobre terrenos de agricultores de Atlamajac quienes calcularon una pérdida de aproximadamenter 50 mil elotes, por lo que decidieron desviar los canales de desague al río Tlapaneco. Capaseg intentó antes de las tormentas de septiembre del año pasado un entubamiento y reparación la cual resultó en su mayoría fallida,  fragmentos de tubos de concreto aún están esparcidos en el afluente o en las inmediaciones del puente de Atlamajac.

Según estudios, las  descargas de aguas negras que se mezclan con las pluviales ubicadas en cinco puntos; cerca del Hospital General, la calle Añorve, la Preparatoria 11 que es la más importante en volumen y la de la barranca del Cbtis, sin adecuada regulación constituyen un riesgo de contaminación al ambiente y foco de infección para los habitantes ya que su descarga está cerca de los pozos que abastecen de agua potable a diversas colonias de la ciudad, además de que los mantos friáticos se encuentran a ocho metros de profundidad.

Otro aspecto del abandono de la planta tratadora de aguas residuales. Foto: Sergio Ferrer

Otro aspecto del abandono de la planta tratadora de aguas residuales. Foto: Sergio Ferrer

En entrevista, un campesino de Atlamajac señaló que en la actual administración ni la Comisión Nacional del Agua ni los gobiernos estatal ni municipal se han preocupado por arreglar la planta tratadora, «llegan ingenieros se van dicen que estan checando, llegaron de Puebla, la otra vez vino otra gente pero no arreglan nada» reprochó el hombre quien recordó cuando en la entrada del anexo de Tlapa se leía que se trataba de una obra de 50 millones de pesos, «ni funciona, solo vemos como el alcalde está guardando sus carros de volteo y pipas aquí donde parece que nadie ve, pa´ cuando ya termine su periodo, pero ni se paran por la planta», aseveró.

La planta ocupa según el manifiesto consultado en páginas de Semarnat, un área de 5 mil 939, 91 metros cuadrados, le fue calculada una vida útil de 30 años cuyo proceso de tratamiento de agua sería por medio de lodos residuales que pudiera ser avalado por una Norma Oficial Mexicana de la Semarnat, para que las aguas de la ciudad cumplieran con los lineamientos para poder ser  descargadas al río Tlapaneco, que forma parte de la microcuenca del Balsas.

Planta Tratadora de Aguas residuales de  Tlapa Foto: Sergio Ferrer

Oficinas de la Planta Tratadora de Aguas residuales de Tlapa Foto: Sergio Ferrer

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Justicia pendiente

Reunión entre líderes del CJNG provocó narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas en Jalisco y Guanajuato

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El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, informó que una reunión entre dos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “El Apá” y el “RR” que fue descubierta por las fuerzas armadas provocó los narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas de conveniencia.

El funcionario federal señaló que en Jalisco capturaron a cinco delincuentes con 13 vehículos y 31 armas, de las cuales dos eran calibre 50, mientras que en Guanajuato se detuvo a nueve personas con armas y bidones de gasolina, pero ninguno fue el líder de esas cédulas delictivas.

De acuerdo con el responsable de la Sedena, las labores de seguridad continuarán este día en las dos entidades para identificar a los jefes del CJNG que causaron los hechos violentos de ayer por la noche en distintos puntos de esos estados.

De la misma manera, reconoció que se produjeron enfrentamientos entre elementos del Ejército mexicano con sujetos armados que arribaron al municipio de Ixtlahuacán, por lo que fueron apoyados por la Guardia Nacional, por lo que en el incidente un presunto delincuente murió.

Debido al operativo que se implementó, en Jalisco se suscitaron ocho narcobloqueos con quemas de vehículos, mientras que en Guanajuato hubo seis bloqueos y la quema de tiendas de conveniencia.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que se mantiene un operativo de búsqueda de los responsables en Jalisco, donde arribaron 750 elementos castrenses para reforzar la seguridad en la entidad ante la presencia de los grupos delictivos.

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Justicia pendiente

Presunción de Inocencia denuncia boicot de diputados cercanos a Eruviel Ávila para evitar revisión del sistema penal penitenciario

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La organización civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunció la intromisión de los diputados locales de diferentes fuerzas políticas para evitar la revisión de las irregularidades del Sistema Penitenciario del Estado de México desde 2009.

De acuerdo con el organismo defensor de los derechos humanos, el pasado 23 de febrero los diputados Silvia Maldonado del Partido del Trabajo (PT), Nazario Gutiérrez del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Fernando González, Iván de Jesús Cruz y Braulio Jasso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfonso Adrián Juárez Jiménez y Enrique Vargas del Villar del Partido Acción Nacional (PAN) violaron facultades legislativas.

El organismo civil refirió que la visita del presidente de la Comisión de Seguridad y Tránsito, Alfonso Juárez Jiménez, y Enrique Vargas del Villar, presidente del grupo legislativo del PAN, al penal de Chiconautla pretendió invisibilizar las violaciones graves de derechos humanos que se cometen en los centros de reclusión, aunado a que obstaculizaron las denuncias de los familiares por las agresiones que han padecido los reos.

PIDH cuestionó el por qué no se ha brindado del derecho a la libertad del 45 por ciento de los reos de los penales del Estado de México, aunado a que criticó que el ahora coordinador del grupo legislativo blanquiazul colaboró con el ex gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, que avaló el desvío de recursos económicos para campañas electorales de las LVI hasta la LIX Legislatura local.

Acusó que el ex mandatario estatal contó con el apoyo de diputados locales del PRI, PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para desviar recursos millonarios, lo que causó el fracaso del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

De la misma manera, se desviaron siete mil 779 millones 516 mil pesos que tuvieron que destinarse al Sistema Penitenciario del Estado de México, por lo que llamaron a los legisladores locales a dejar de sabotear las labores de la comisión especial del Sistema Penitenciario y conozcan el destino final de los recursos públicos que no se aplicaron para este sector.

También reclaman el destino de los recursos del Fideicomiso FC-3 que desde 2012 a 2022 se etiquetaron mil 751 millones 118 mil 137 pesos para la construcción de nuevos centros penitenciarios, por lo que los diputados locales debieron vigilar el futuro de los recursos económicos.

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El Caso Wallace

Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

César Freyre Morales es el principal acusado del supuesto secuestro y homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace, difundido desde 2005 como “caso Wallace”. Fue detenido el 23 de enero de 2006 directamente por la madre de la supuesta víctima, María Isabel Miranda Torres, conocida como “la señora Wallace” o “Isabel Miranda de Wallace”. En la detención ilegal a Freyre, estuvo acompañada por los agentes del Ministerio Público de la Federación Braulio Robles Zúñiga y Osvaldo Jiménez Juárez.

Tres días después de su detención César Freyre fue presentado a la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Ésa fue su primera tortura para que se incriminara por el caso Wallace, a la que siguieron otras con la detención de su madre María Rosa Morales y su hermana Julieta Freyre, el 8 de febrero de ese mismo año, mientras se encontraban en la visita a la casa de arraigo.

Para entender el caso Wallace: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

 

Isabel Miranda Torres (Isabel Miranda de Wallace) tuvo acceso indiscriminado a los centros federales de readaptación social donde torturaban a Freyre; primero con el apoyo de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y después con el de Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad Pública, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Durante los primeros cuatro años de encarcelamiento, de enero de 2006 a octubre de 2010, César Freyre Morales negó ser responsable del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, pese a las torturas y al encarcelamiento de sus familiares por año y medio. Sin embargo, el 2 de octubre de 2010, después de una de las más brutales torturas, previo a una audiencia judicial decide incriminarse e incriminar a sus coprocesados, primero por escrito y después ante el juez, cuando escucha a su madre por teléfono llorando que la tienen encañonada en su casa. En ese momento, Freyre firma la declaración que le presentó el MP Braulio Robles Zúñiga.

Después de esa tortura, el 22 de octubre de 2010, los mismos agentes de la SIEDO volvieron a sacarlo ilegalmente del CEFERESO No. 1, para torturarlo de nuevo, con la misma brutalidad, a fin de que ratificara su confesión incriminatoria. Horas más tarde, le dieron la noticia de la muerte de su hermana Julieta, a quien le dio un infarto cerebral en la oficina de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, pidiendo ayuda para su hermano. Julieta falleció en el hospital.

No te pierdas: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

 

César Freyre, después de sus confesiones incriminatorias, fue sentenciado a 131 años de cárcel por la presión a jueces por parte de Isabel Miranda. Sin embargo, las torturas continuaron para mantener su silencio, con traslados frecuentes de un penal a otro, donde era golpeado tanto en la salida como en la llegada al nuevo CEFERESO. Durante los trayectos, solo a él en jet, era golpeado, le daban toques eléctricos y al llegar al penal le echaban gas lacrimógeno, además de las amenazas de matar a su familia. El mayor tiempo en prisión lo ha pasado en aislamiento, otra forma de tortura, además de negarle el medicamento por el síndrome de Renaud que se le desarrolló a raíz de las golpizas.

El 1 de agosto de 2022, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en coordinación con la CNDH, bajo el peritaje del médico psiquiatra Emmanuel Santos Narváez y la visitadora adjunta Yuritzia López Gómez, certificó que César Freyre Morales había sido sometido a múltiples traumatismos con lesiones físicas y psicológicas que le han dejado graves secuelas en su salud. Se trata del Protocolo de Estambul positivo en tortura.

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