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Mexico Violento

Reportero del Diario de Juárez amenazado por comandante de la policía

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México, 15 de noviembre 2011.- Daniel Domínguez, de El Diario de Ciudad Juárez,  y quien fue golpeado por policías municipales por tomar fotografías de un operativo policíaco, demandó a las autoridades garantías para su seguridad durante la demanda judicial que presentó contra sus agresores.

El pasado viernes 11 de noviembre, cerca de las 9:40 horas, Domínguez salió de la sede de su periódico hacia las oficinas de la Fiscalía del Estado ubicadas en Ciudad Juárez, municipio fronterizo de Chihuahua que colinda con El Paso, Texas, cuando se encontró con un considerable número de patrullas de la policía municipal que perseguía a una camioneta Jeep Comander dorada modelo 2010.

Domínguez narró a CEPET que en su vehículo se fue tras las patrullas, y en el camino se enteró que los policías trataban de interceptar la camioneta que con violencia había sido robada minutos antes al Secretario de Desarrollo Urbano del ayuntamiento, Servando Portillo, quien viajaba acompañado por otro funcionario municipal, Filiberto Terrazas.

Las patrullas policiacas pararon en un callejón en el cruce de las calles Aluminios y Azucenas, de la colonia Zacatecas de la misma ciudad, donde los ladrones abandonaron el vehículo.

“Las puertas de la camioneta estaban abiertas, y unos siete u ocho de los agentes estaban hurgando en su interior. Tenía tres impactos de bala en carrocería y una de sus llantas, quizá disparados por policías para hacer que se detuviera”, narró el reportero.

Indicó que con el gafete de periodista colgando del pecho se identificó ante los policías y empezó a tomar fotografías. Entonces, la mujer policía que iba en el grupo advirtió a los agentes que hurgaban dentro del vehículo que les estaban tomando fotos.

“A mí se dirigió un policía quien luego fue identificado como Miguel Ángel Santamaría Hernández, quien tiene el puesto de comandante del Distrito Babícora, cuya jurisdicción está a más de 20 kilómetros del lugar de los hechos, y me dijo que me retirara, a pesar de que me identifiqué ante él y le dije que la zona no estaba acordonada, como lo exige el protocolo. “Toma tu protocolo´, me dijo, y me dio una patada en la rodilla derecha. Ordenó a los otros policías que me detuvieran, y a golpes me llevaron hasta mi camioneta, estacionada a unos cien metros del lugar donde estaba el vehículo robado”, narró Domínguez.

Señaló el reportero que hasta su vehículo lo alcanzó el comandante Santamaría para amenazarlo con que si publicaba las fotografías que tomó de los policías hurgando en la camioneta de los funcionarios municipales, lo iba a “cargar la chingada”.

“Eso es lo que me preocupa, no los golpes que me dieron los policías, sino la amenaza en mi contra de parte del comandante Santamaría”, dijo Domínguez.

El mismo día de los hechos, Domínguez interpuso ante las autoridades una denuncia contra quienes resulten responsables de la agresión, la cual quedó archivada en el expediente con el número 2808-027774/2011.

“Solicité al jefe máximo de la policía municipal, el Secretario de Seguridad Pública Municipal Julián Leyzaola, que garantizara mi seguridad en el proceso de demanda contra sus subalternos, y me dijo que no podía, que fuera a la Fiscalía Especializada; entonces acudí a la Procuraduría General de la República (dependiente del gobierno federal), y tampoco me la dieron”, indicó Domínguez.

La preocupación del reportero agredido es porque este miércoles 16 de noviembre, a las 12:00 horas tiene que acudir a una audiencia en la Fiscalía en la que tiene que confrontar e identificar a los policías que lo golpearon, incluyendo a quien lo amenazó, el comandante Santamaría.

Sobre el caso, el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, ofreció que los agentes que golpearon a Domínguez serán sancionados por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Dijo que es muy difícil controlar a los dos mil 500 policías municipales, y los agentes que agredieron a Domínguez, “no le hicieron caso a nadie, se pasaron por el arco del triunfo todas las órdenes (del jefe de la Policía Julián Leyzaola) y además abusaron de la autoridad”.

Sin embargo, la agresión de los policías contra Daniel Domínguez es la tercera similar que ocurre en Ciudad Juárez en los últimos 15 días contra periodistas locales.

El 1 de noviembre, policías municipales golpearon y detuvieron al reportero gráfico Christian Torres, también de El Diario, al fotógrafo Ramiro Escobar, de RadioNet, y maltrataron físicamente al fotoperiodista de Diario TV Omar Chávez Limón, cuando cubrían una marcha de ciudadanos que protestaban por los asesinatos de alto impacto que han ocurrido en los últimos años en la ciudad.

Días después, un periodista de una estación de radio del municipio de Parral, Chihuahua, fue detenido por la policía municipal por entrevistar, sin tener el permiso del jefe policiaco, Julián Leyzaola, a familiares de los detenidos en la marcha del 1 de noviembre.

En esos casos las autoridades municipales han ofrecido sancionar a los policías agresores. Sin embargo, a la fecha ninguno de los responsables ha sido al menos identificado por las mismas autoridades.

El CEPET lamenta los sucesos y adhiere al criterio de la Relatoría para que las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación por motivo de su trabajo periodístico, sean consideradas un ataque en contra de la sociedad porque vulneran su derecho a estar informada.

Al mismo tiempo, exhorta a las autoridades a que se realice una investigación a profundidad para que estos hechos no queden impunes y garantice que el funcionario policiaco no pueda cumplir sus amenazas en contra del periodista Daniel Domínguez.

Información de:

CEPET/Programa Libertad de Expresión

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

El colombiano, operador político del gobernador de Quintana Roo, con vínculos al narcotráfico

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Los Ángeles Press/CDMX Press

Gerardo Ortega Otero, conocido como “El Colombiano” es uno de los mejores amigos y asesores del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien también se ha desempeñado como uno de los operadores políticos más cercanos al mandatario estatal, ha sido señalado reiteradamente de estar coludido con el crimen organizado.

El Colombiano comenzó su carrera como vendedor de comida a unas cuadras del palacio de Solidaridad, donde se relacionó con el ahora gobernador de Quintana Roo, quien fue postulado como candidato a alcalde de esa demarcación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En esa campaña electoral, Gerardo Ortega inició su trayectoria como operador político y desempeñó diferentes cargos como asistente, coordinador de logística, y recolector de las “aportaciones” voluntarias de los empresarios locales, quienes enfocaron sus intereses en la campaña de Carlos Manuel Joaquín.

Debido a que el hoy mandatario estatal posee la Playa del Carmen, el destino turístico más importante del sur del país, los empresarios apoyaron su campaña, mientras que el Colombiano adquirió distintas propiedades, aunque no correspondían con sus ingresos económicos como funcionario municipal.

El ex servidor público por medio de influencias y del apoyo del entonces alcalde pedía contribuciones económicas a comerciantes, empresas y grupos de la delincuencia organizada para establecerse en la región.

Como candidato de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el Colombiano buscó recaudadores de su campaña a la gubernatura de Quintana Roo, por lo que al acceder al Poder Ejecutivo estatal impuso a su esposa Samaria Angulo Sala como regidora del municipio de Solidaridad.

Entre Estados Unidos y Colombia

Gerardo Ortega es también operador financiero de las avionetas del gobernador Joaquín González. Por lo menos realiza cinco viajes por mes a Colombia o a Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, también ha permitido el arribo de los grupos de la delincuencia organizada en la entidad al ser el encargado de repartir los territorios entre los cuatro cárteles que tienen presencia en el estado, por lo que posee varias residencias que funcionan como casas de seguridad.

Construcción de muelles

Entre las excentricidades, el operador del gobernador de Quintana Roo, ha construido muelles en lugares estratégicos de Playa del Carmen. Sin embargo, los mismos trabajadores de la construcción se quejaron que no les pagó sus honorarios y fueron amenazados.

Gerardo Ortega tiene una influencia directa en las decisiones del gobierno estatal, pues funge como organizador de las fiestas privadas del gobernador, por lo que incluso la revista Forbes señaló que Quintana Roo se ha convertido en un paraíso perdido que está al borde del colapso.

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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