El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y Activistas pidió al gobierno federal que se salvaguarde la integridad de la comunidad indígena del municipio de Coyomepan, los cuales se encuentran en riesgo.

Por medio de una carta enviada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández; la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra; así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el colectivo solicitó su intervención para evitar algún riesgo para la población más vulnerable.

El organismo defensor de los derechos humanos denunció que defensores de derechos humanos indígenas han sido víctimas de despojos de tierras, fabricaciones de delitos, así como el encarcelamiento de los defensores Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar, Gómez, Gonzalo Martínez, Anastacio González Sanguinez y el abuso excesivo del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, para reprimir movimientos sociales.

De acuerdo con el colectivo, en los próximos días esta comunidad indígena podría ser reprimida de forma violenta por parte del gobierno estatal, así como del grupo armado conocido como “Los Celestinos”, a quienes responsabilizaron de cualquier agresión que padezcan.

De la misma manera, acusaron al gobierno de Puebla de fabricar 31 delitos del uso y manipulación para castigar la libertad de expresión, por lo cual consideraron que se encuentran en riesgo cinco mil familias indígenas, debido a que se permitirá a la familia de Celestino Rosas a través de Rodolfo García López seguir al frente del municipio de Coyomepan.

Por ello, pidieron la intervención del gobierno federal ante las constantes amenazas, agresiones y violaciones a los derechos humanos que han padecido los indígenas durante más de 15 años y que se seguirán presentando en los siguientes meses con la nueva administración municipal.

Carta Integra del Colectivo:

Andrés Manuel López Obrador.
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Adán Augusto López Hernández.
Secretario de Gobernación.

Alejandro Encinas Rodríguez.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y  Migración.

Enrique Irazoque Palazuelos.
Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación.

María del Rosario Piedra Ibarra.
Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Lorenzo Córdova Vianello
Titular del Instituto Nacional Electoral

A la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas

Instituto Nacional Electoral de los Pueblos Indígenas

CC: Carlos Armando Popoca Bermúdez.
Titular de la Oficina de la Representación SEGOB en el Estado de Puebla.

A las Organizaciones Nacionales e Internacionales encargadas de la Defensa de los Derechos Humanos

A la Organización de las Naciones Unidas

A la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Amnistía Internacional.

A los medios de comunicación nacionales e internacionales

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y Activistas lanza un llamado urgente de auxilio nacional e internacional para que se vigile y se garanticen conforme a derecho y como  lo marca el artículo segundo constitucional y el convenio 169 de la OIT la salvaguarda de hombres y mujeres indígenas del Municipio de Coyomepan quienes se encuentran en grave peligro.

Este Colectivo ha denunciado las amenazas a 26 defensores de derechos humanos indígenas, despojo de tierras, fabricaciones de delitos, el encarcelamiento de cuatro defensores: Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzálo Martínez, Anastacio González Sanguinez y el abuso excesivo de autoridad del Gobernador del Estado de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta para reprimir los movimientos sociales.

Se advierte que en los próximos días este pueblo indígena podría ser objeto de represión y violencia por parte del gobierno del estado y del grupo armado Los Celestinos, mismos a los que hacemos responsables de cualquier acto de violencia en el que se pudiera reprimir a cualquier habitante del pueblo indígena de Coyomepan.

Acusamos abiertamente al gobierno del estado de Puebla de las 31 fabricaciónes de delitos con el uso y la manipulación de las dependencias estatales como de la Fiscalía del estado para castigar la libertad de expresión de los pueblos indígenas, movimientos sociales, Defensores de la tierra, Activistas y periodistas.

La vida de más de 5 mil familias indígenas mujeres, hombres y niños se encuentran en grave peligro, esto derivado del último fallo que emitió el día de ayer el Tribunal Electoral que favorece de nueva cuenta la sucesión cacique del gobierno a cargo de la  familia Celestino Rosas para ocupar el cargo de Presidente municipal Rodolfo García López, esposo de la actual Diputada Federal Araceli Celestino Rosas ex alcaldesa de este municipio y hermana de David Celestino Rosas.

El pueblo de Coyomepan ha resistido 11 años de amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, asesinatos, despojo de tierras, delincuencia organizada aunado a la presencia de grupos armados amparados por la Diputada Araceli Celestino Rosas y David Celestino Rosas

Es de vital importancia la intervención de todas las instancias de gobierno federal responsables de la salvaguarda de la vida de defensores de derechos humanos y de los pueblos indígenas para que se brinde la seguridad Federal a los habitantes de Coyomepan como a los defensores indígenas encarcelados y la anulación de las 31 órdenes de aprehensión en contra de los defensores indígenas.

Ciudad de México a 14 de Octubre 2021

Claudia Martínez Sánchez
Presidenta del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas Defensores de Derechos Humanos y Activistas.

Los abogados del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, aseguraron que el ex funcionario federal no se encuentra en arraigo domiciliario, pues ninguna autoridad judicial determinó esta medida cautelar en su contra por la comisión de delitos asociados a la corrupción.

Por medio de un comunicado, la defensa legal de Lozoya refirió que las publicaciones en redes sociales en contra del ex servidor público son falsas, pues no tiene restricciones para realizar actividades al aire libre y las acusaciones en su contra no corresponden al proceso legal que desarrolla.

De acuerdo los juristas, se debe garantizar la certeza jurídica de Lozoya, quien ha sido señalado por haber recibido sobornos millonarios por parte de la empresa brasileña Odebrecht cuando estuvo al frente de Pemex para impulsar la reforma energética que permitió la participación de la empresa sudamericana en México.

Enfatizaron que Emilio Lozoya colabora con las autoridades federales para continuar con las indagatorias por los actos de corrupción cometidos en la administración de Enrique Peña Nieto que ha involucrado a otros personajes como Luis Videgaray, el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); así como diferentes senadores y diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN).

Emilio Lozoya acusó que recibió ordenes de Videgaray para sobornar a legisladores federales para aprobar la reforma energética impulsada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, situación por la cual ha seguido su proceso penal en libertad, mientras que su ex compañera de gabinete, Rosario Robles ha seguido este proceso en prisión.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que Lozoya ha mostrado la disposición de colaborar para acusar a otros políticos implicados en los actos de corrupción involucrados con la empresa Odebrecht, no obstante, la mayoría de los señalados continúan en libertad.

La ex alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, denunció que durante los tres años en los que estuvo al frente de la capital de Puebla sufrió constantes actos de acoso del gobernador Miguel Barbosa, quien incluso designó a personajes cercanos al ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, para puestos de seguridad en el municipio.

En entrevista con Los Ángeles Press, la ex edil emanada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue instada para atacar a la ex gobernadora electa de Puebla, Martha Erika Alonso, impulsada del Partido Acción Nacional (PAN) y al negarse a realizar ataques de género, desde entonces fue constantemente amenazada por Miguel Barbosa.

De acuerdo con la ex munícipe, todas sus decisiones de gobierno fueron cuestionadas por incluir en su gabinete a personas que no tenían una trayectoria política en la entidad, intentando frenar sus acciones en el gobierno municipal.

Refirió que al ser la primera mujer al frente del gobierno de la capital de Puebla fue constantemente atacada tanto por su actuación como por aspectos superficiales como su forma de vestir, por lo que en varias ocasiones denunció la violencia de género que padeció, así como los delitos contra las mujeres.

Por ello, también evidenció que el gobierno de Miguel Barbosa trató de demeritar su labor en el gobierno municipal por ser mujer, pues se ha caracterizado por ser un gobernador indolente para atender las necesidades de las mujeres de Puebla.

Relató la principal causa de los ataques de Barbosa a su administración ocurrieron con la estrategia de seguridad, pues decidió implementar estas acciones que se adoptaron a nivel nacional, aunado a que las personas que propuso para cargos de seguridad municipal eran personas cercanas a Genaro García Luna, con una trayectoria de violación de derechos humanos en casos como los de Atenco en el Estado de México.

Al impedir que sean nombrados en cargos de la seguridad pública municipal, Barbosa eligió a estas personas en puestos estatales, aunque meses después reconoció que cometían diferentes ilícitos, por lo que el gobierno estatal comenzó a utilizar a medios de comunicación locales para atacarla constantemente.

Aunque intentó reelegirse como alcaldesa, refirió que fue víctima de 130 ataques de violencia política de género durante la campaña electoral a diferencia de su adversaria, por lo que no hubo condiciones parejas para la contienda electoral en la alcaldía de Puebla.

Además, enfatizó que no hubo endeudamiento adicional en el gobierno municipal, aunado a que implementaron acciones para atender a la población afectada por la pandemia de Covid-19, y se logró una mayor vigilancia en el municipio con la policía local al permitir una reducción de delitos del fuero común y profesionalizando a los cuerpos de seguridad municipales.